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“Destrozos” y botellón en la garita del vigilante: la otra desgracia del Tarajal

Los empresarios del polígono Fase 2 vuelven a reclamar a la Ciudad que reubique a estas personas conflictivas lejos de su recinto que, recuerdan, es privado

La comunidad de propietarios del polígono del Tarajal Fase 2 ha reiterado su denuncia pública sobre los actos “delictivos y destrozos” que, advierte, viene sufriendo en sus instalaciones desde poco después del traslado de los transfronterizos del pabellón de La Libertad a una nave acondicionada en la Fase 1 de la misma zona comercial.

Estos empresarios con negocios junto a la frontera entre Ceuta y Marruecos identifican a las personas detrás del vandalismo como los alojados por la Ciudad Autónoma en el almacén transformado en albergue para los varados tras el cierre del paso fronterizo.

“Nos están rompiendo poco a poco todas nuestras instalaciones”, declaran. Primero fueron las fugas saltando el vallado de los polígonos, después las pintadas en las fachadas de los establecimientos y, ahora, le ha tocado el turno a las casetas de los vigilantes de seguridad: se han convertido en dormitorios improvisados, en lugares donde matar el tiempo bebiendo o en contenedores, dada la cantidad de basura que los empresarios han encontrado dentro de una de las garitas.

Uno de estos grupos de jóvenes fue pillado hace unos días in fraganti cuando entró arrollador en los polígonos y uno de ellos, que portaba una botella de cristal en la mano, la reventó en un tramo de escaleras que conecta distintas zonas del polígono. Un episodio que trae a la memoria las peleas multitudinarias del pasado agosto entre marroquíes, tanto adultos como menores, en las que se emplearon palos de grandes dimensiones e incluso machetes. El Gobierno anunció que trabajaría para que no se volviesen a repetir altercados como aquellos, pero la atmósfera en los polígonos vuelve a enrarecerse, según el testimonio de los comerciantes.

Como en ocasiones anteriores, los empresarios han alzado la voz para exigir a la Ciudad Autónoma la reubicación de estas personas problemáticas lejos de su recinto comercial que, insisten, es privado. Esta situación les empujará a tener que afrontar una serie de gastos en reparaciones que, puntualizan, no les corresponde a ellos porque los daños vienen derivados de la acogida por parte del Gobierno en los polígonos.

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