Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas por defraudar televisión digital mediante “cardsharing”. Por medio de esta modalidad -la más lucrativa y moderna de “pirateo” de contenidos televisivos de pago a través de Internet- los arrestados redistribuían la señal a su red de usuarios a cambio de una cuota mensual por el acceso a sus servidores. Hay ocho personas detenidas y otras imputadas, y se han practicado cinco registros en los que se han intervenido 18 descodificadores, ordenadores y otro material informático y electrónico.
La investigación se centró en un grupo de servers que operaban en las provincias de Ciudad Real, Huelva, Málaga, Murcia, Sevilla, Valladolid, Alicante, Castellón y A Coruña, y que redistribuían de forma ilícita la señal de las plataformas digitales. Captaban a sus clientes mediante la publicación en foros de mensajes en los que ofertaban completos contenidos audiovisuales de pago, sin autorización de sus titulares legítimos, a cambio de una cuota mensual de 15 euros.
La primera fase de esta investigación culminó en el mes de julio con la detención e imputación de más de un centenar de personas, en un macrooperativo coordinado por la BIT de la Comisaría General de Policía Judicial.
¿Qué es el cardsharing?
Esta expresión inglesa alude a la distribución a través de Internet de señales de televisión de pago sin la autorización de su titular, a cambio de cuotas económicas mensuales que cobran a cada uno de los usuarios suscritos. Mediante una tarjeta legítima adjunta a un ordenador personal o dreambox conectado a Internet se proporciona la palabra de control legítimamente descifrada otros receptores que solicitan la información. De este modo tienen acceso a los contenidos de pago como si estuvieran empleando su propia tarjeta de abonado.
Así, por un lado se encontraban los servers, personas que accedían de forma lícita a la señal, como abonados de las diferentes plataformas, que después redistribuían de manera ilegal y sin ningún tipo de autorización de los titulares. A cambio de este servicio cobraban una cuota de 15 euros mensuales a cada usuario.
Por otro lado, dichos usuarios accedían a la red ilícita de forma privada y restringida, gracias a referencias de abonados anteriores u otras personas que formaran parte de la red. Para visualizar el contenido de las televisiones de pago los usuarios no necesitaban estar suscritos a ninguna señal legal, ni siquiera disponer del descodificador proporcionado por estas compañías, únicamente requerían el uso de una antena parabólica, una conexión a Internet y el descodificador “pirata”.
A través de estas conexiones los servers transferían los archivos que permitían descodificar el contenido de pago codificado que se capta a través de la parabólica, supliendo así las tarjetas de abonado legales.
El descodificador era configurado de forma remota por los servers, que controlaban de esta forma el número de clientes y la programación a la que accedían.
La operación ha sido coordinada por la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial y en ella han participado agentes de las Jefaturas Superiores de Policía de Andalucía Occidental y Oriental, Valencia y Castilla La Mancha.
