Educación y planes de empleo

Los Planes de Empleo que gestiona el Gobierno de la Ciudad, por mor de una encomienda de gestión, se están convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para todos. El PP ha desnaturalizado por completo este instrumento de las políticas activas de empleo (tan necesario en nuestra Ciudad) al utilizarlo como una forma de compensar su disparatada y cicatera política de recursos humanos, en lugar de concebirlo como una forma de ayudar a los sectores más vulnerables de la población parada. Hemos denunciado en innumerables ocasiones que los planes de empleo no están pensados para contratar médicos, arquitectos, abogados, psicólogos, sociólogos,  maestros o profesores de secundaria. La inserción laboral de estos colectivos (a la que tienen un derecho legítimo) debe articularse a través de otros programas y mecanismos. Los planes de empleo deben ser una respuesta de la administración a aquellas personas que no tienen opciones reales de empleo, que carecen de ingresos, y además, tienen cargas familiares. Todas las propuestas presentadas en este sentido han sido rechazadas por la mayoría del PP, que sigue viendo en estos programas (que controla desde la elaboración de las memorias,  a la fijación de los criterios, pasando por la propia selección y todos los aspectos de la ejecución) una oportunidad muy golosa (once millones de euros y mil doscientos contratos) para resolver las carencias provocados por su irresponsabilidad.

En este contexto es preciso analizar el “caramelo envenenado” que supone para el sistema educativo la “invasión de los planes de empleo”.  Es algo muy parecido a lo que sucede en el conjunto de la Ciudad respecto al empleo clandestino. Todo el mundo sabe que está mal, pero a todo el mundo le viene muy bien, y todos callan ante un fenómeno que amenaza muy seriamente con demoler los cimientos del mercado laboral y del sistema económico por extensión.

El Ministerio de Educación, competente en materia educativa, tiene las plantillas de los centros reducida a su mínima expresión. La dotación de profesorado es muy escasa, sobre todo en algunos tramos como la Educación Infantil (en la que no existen los apoyos adecuados y menos con las elevadas ratios de Ceuta), pero además, los “recortes de personal indirectos” (aumento de horario lectivo y reducción del tiempo dedicado a otras tareas) han abortado cualquier posibilidad de mejorar la calidad de la enseñanza. Pero es en Las plantillas de Personal de Administración y Servicios en la que la situación es casi delictiva. La limpieza está externalizada con contratos miserables que someten a los trabajadores a condiciones de explotación inadmisible. La plantilla de ordenanza se está “desmantelando sibilinamente”. No se repone ni se crea ni una vacante. Las necesidades son clamorosas. El resto de puestos de trabajo de esta índole (cuidadores, fisioterapeutas, cocineros, etc) siguen la misma suerte. No están ni se les espera.

¿Cuál es la respuesta de la administración ante esta lamentable realidad, provocada por su nefasta gestión? Esperar a los planes de empleo. Aguantan las presiones sindicales y las protestas de los centros y de las familias, en la conciencia de que los trabajadores y trabajadoras de los planes de empleo aliviarán las críticas y permitirán, un año más, “salvar los muebles”. Y así sucede. Cuando llegan los primeros días de octubre, aparecen en los centros seiscientos trabajadores de todas las categorías a disposición de los equipos directivos, que “ven el cielo abierto”. Personal de mantenimiento, ordenanzas, limpiadores, cocineros, maestros… Personas que durante nueve meses, con contratos  de treinta horas semanales, y sueldos muy modestos (sensiblemente por debajo del salario que les corresponde por la función que realzan); resuelven los problemas de la administración de un plumazo.  Una situación flagrantemente ilegal desde todas las perspectivas posibles.

Y ya nos encontramos (como sucede con la mano de obra ilegal) en la maldad perfecta. Los centros y sus claustros ven con mucha simpatía esta iniciativa, no en vano les reporta grandes ventajas  en su “quehacer diario”, y bajo el argumento de que “de todos modos no íbamos a conseguir que la administración aumente las plantillas, mejo esto que nada”, la dan por buena, arrastrando con ello a los sindicatos, que bajo el argumento “no vamos a ir en contra de las trabajadores a los que representamos”, deciden abstenerse de cualquier denuncia. La administración educativa (causante del problema) y que debiera ser la garante del cumplimiento de la legalidad es, precisamente, la gran beneficiaria de la maniobra, al desactivar la presión y eludir responsabilidades, y la que menos interés tiene en restituir la legalidad. Los padres y madres de los docentes no profundizan en los hechos. Ven el personal y no se preguntan más.

De este modo, con la anuencia generalizada, y a la vista de todos, asumimos una vergonzosa precarización del sistema educativo, mediante prácticas irregulares y una flagrante vulneración de los derechos laborales, promovida por la propia administración educativa en complicidad con el Gobierno de la Ciudad. Eso sí, como veamos a un niño copiar….. que se prepare. Marca Ceuta.