La Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes ha encargado a Ángel Menéndez Rexach, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), los trabajos de asesoramiento técnico para la elaboración del anteproyecto de una Ley de Urbanismo para Ceuta y Melilla, reivindicación histórica de los sectores profesionales vinculados y la propia Asamblea de la Ciudad Autónoma.
El que fuera presidente de la Asociación Española de Derecho Urbanístico desde 1994 hasta 2004 dispondrá de cuatro meses para la ejecución de esa labor, que permitirá dar a luz un texto que antes de ser remitido a las Cortes por el Consejo de Ministros deberá ser sometido a consulta pública y a un análisis de su impacto normativo, entre otros trámites, antes de llegar al Congreso.
El Gobierno de la Ciudad espera que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dé su visto bueno definitivo al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) antes de que termine 2022, pero la tramitación de la Ley de Urbanismo de las ciudades autónomas no se producirá en ningún caso antes del próximo ejercicio. En el presente año ese departamento solo prevé sacar adelante la Ley por el Derecho a la Vivienda y la de Suelo y Rehabilitación Urbana.
La normativa de referencia para las ciudades autónomas, de 1976, dejó de actualizarse hace años
El consejero de Fomento del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, aseguró hace ya algo más de un año que su departamento estaba trabajando de la mano del Colegio de Arquitectos de Ceuta (COACE) en un “pequeño borrador” con las necesidades y problemas urbanísticos de la ciudad que sirviese de base para una Ley del Suelo específica.
El COACE lleva mucho tiempo lamentando que “mientras las comunidades autónomas han tenido la oportunidad de desarrollar leyes del suelo y de arquitectura para dar respuestas a sus especificidades, nosotros nos hemos quedado con una ley estatal que solo se aplica en Ceuta y en Melilla”.
Desde su punto de vista, ni siquiera el nuevo PGOU tendrá suficiente alcance legal para “dar respuestas a los problemas estructurales de nuestra ciudad, como son la escasez de terrenos, condicionadas por los límites marítimo-terrestre, la dotación de una red de transporte adaptada a la densidad edificatoria, la compatibilidad Puerto-Ciudad o las dificultades para generar nuestra propia energía, entre otros muchos hándicaps”.
La nueva norma debería dar cabida a sistemas, definiciones y características contemporáneas e incluso alcanzar hasta aquello que desarrolla la Disciplina Urbanística, actualmente regulado de una forma “anacrónica”.
