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El Consejo de Europa cuestiona las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla

Esta institución comunitaria reconoce la difícil situación de España, pero considera que los agentes no deberían proceder al rechazo "si ven que la persona tiene razones convincentes para no recurrir a los procedimientos ordinarios para pedir asilo"

El Consejo de Europa ha cuestionado este lunes las devoluciones en caliente de inmigrantes en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla y que el Tribunal Constitucional avaló porque las considera "condicional constitucional". Esta institución comunitaria ha instado a España a que modifique la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', que incluye estos rechazos en frontera, al considerar que tienen un "potencial represivo" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" por diversos aspectos.

Uno de los elementos que cuestiona la Comisión de Venecia sobre la Ley de Seguridad Ciudadana tiene que ver con las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos mediante las cuales la Policía Nacional y la Guardia Civil impiden entrar en territorio español y, por tanto, que se determine si estas personas tienen derecho a pedir asilo.

Aquí, "reconoce que España está en una difícil situación de tener que defender sus fronteras y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones bajo la ley internacional". Sin embargo y a pesar de que el Constitucional avaló esta práctica, considera que los "agentes no deberían proceder con el rechazo en la frontera si ven que la persona tiene razones convincentes para no recurrir a los procedimientos ordinarios para pedir asilo".

Sustitución de la 'Ley Mordaza'

La sustitución de la 'Ley Mordaza' por otra que "garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica" es un compromiso que figura en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, pero que no ha sido una prioridad en el último año. La reforma legislativa se encuentra en comisión parlamentaria y el Consejo de Europa espera que se tengan en cuenta sus opiniones sobre el papel de la policía, la prohibición de manifestaciones no autorizadas o las elevadas multas, que pueden llegar a 600.000 euros, una cantidad que "parece demasiado elevada en el contexto español".

 

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