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Caballas exigió hace 2 años en el Consejo de Emvicesa con el apoyo de Román mejorar los procesos de adjudicación para “acabar con la sospecha generalizada de corrupción en las VPO”
El runrún permanente sobre las adjudicaciones de viviendas públicas en Ceuta no solo ha sido materia de conversaciones informales. Mucho antes del estallido del escándalo ligado a la ‘lista fantasma’, hace ahora dos años y un mes, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVICESA) también trató el tema sin eufemismos.
A la reunión convocada el 27 de enero de 2015 asistieron, según consta en su acta, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este periódico, cuatro de los 24 detenidos esta semana y la pasada: Susana Román, que presidía el Consejo; Rabea Mohamed, que era su vicepresidenta; Antonio López, como consejero delegado de la sociedad; Carolina Pérez (por el PP); José Antonio Carracao (PSOE); Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui (Caballas); el interventor y la secretaria general de la Ciudad Autónoma. Justificó su ausencia Adela Nieto.
Con el quórum suficiente, los presentes analizaron la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Ciudad y llegaron al punto con más sustancia del Orden del Día, “las actuaciones a acometer a efectos de la transparencia en la próxima adjudicación de las 317 VPO de Loma Colmenar”.
Entre otros pasos se planteaba “actualizar el Registro de Demandantes de Vivienda”, “publicar el censo”, “convocar a la Comisión Local de la Vivienda”, etcétera.
Aróstegui abrió el debate con una petición clara: “Hay que evitar cachondearse de la gente”, exigió el diputado de Caballas, que también dijo que “es necesario acabar con la sospecha generalizada de corrupción en la adjudicación de viviendas públicas”.
Román fue, según el acta, la única que le tomó la palabra asegurando que ella era “la primera interesada en la transparencia”. Ante su invitación a plantear “propuestas”, Aróstegui enumero tres concretas.
La primera, que se hicieran públicos “al detalle” todos los “compromisos adquiridos sobre las nuevas viviendas, así como los pendientes de permutas, realojos, Servicios Sociales, etcétera”. La segunda, que se publicase el número de casas que, de forma efectiva, se terminarían adjudicando, así como “los criterios de selección de los adjudicatarios”.
Finalmente, Aróstegui abogó por adjudicar las viviendas “por sorteo puro entre las personas cuya renta no sobrepase determinado límite”.
“No podemos reírnos de la gente”, insistió el localista tras reivindicar “la actualización de los criterios de adjudicación”. El Consejo pactó volver a verse en tres semanas para recopilar las ideas que, con el fin de ganar en transparencia y limpieza, aportase cada Grupo y elevar posteriormente un acuerdo al Pleno si fuese necesario modificar el Reglamento vigente.
Ese cónclave programado para celebrarse “a partir del 16 de febrero” nunca llegó a celebrarse. La campaña de las elecciones de mayo se echó encima y el Gobierno dijo que lo de las 317 VPO quedaba para la siguiente legislatura. De pronto, a finales de junio, se divulgó la ‘lista fantasma’.
