La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) de Ceuta quiere incluir en el proceso de reflexión abierto en el Grupo de Trabajo de las ciudades autónomas con el Ministerio de Educación sobre los cambios a introducir en la Orden de interinos vigente la conveniencia de cambiar los requisitos que actualmente se exigen a los maestros y profesores que cubren sustituciones (con las vacantes no existe conflicto) para cobrar los meses de julio y agosto.
La normativa actual establece que “aquellos funcionarios interinos que tengan un nombramiento a fecha 30 de junio del curso escolar” y a esa fecha “hayan prestado un mínimo de cinco meses y medio de servicio” tienen derecho a “que se les prorrogue su nombramiento hasta el comienzo del siguiente curso escolar”, la exigencia que planteó el Ministerio de Hacienda para abonar los meses de vacaciones estivales.
Ese condicionamiento administrativo, el de estar de alta el 30 de junio, está generando “injusticias” en la práctica, ya que según FECCOO “hay interinos que han estado trabajando desde el principio de curso y se verán privados de las nóminas de julio y agosto por el mero hecho de que la persona a la que reemplazaban se ha dado de alta”.
La problemática se agrava cuando las incapacidades temporales se levantan durante los últimos días de junio, como ha sucedido en “muchos” casos, al menos una docena según las fuentes de la administración y sindicales consultadas, concretamente nada más terminar las clases, algo que este curso aconteció el día 22.
Pidiendo el alta esos docentes (las bajas este curso han sido más por circunstancias de todo tipo ligadas a la pandemia) consiguen un doble beneficio práctico en verano: salir de Ceuta sin pedir ‘permiso’ a la Inspección y no pasar consulta cada 15 días, como deben hacer si continúan de baja.
En los corrillos de interinos se asegura que, en ese contexto de picaresca, se dan comportamientos que rozan lo delictivo. “A veces el sustituido puede alcanzar un acuerdo con el sustituto para que el primero no coja el alta antes del 30 de junio, pero en ocasiones se solicita una contraprestación económica para no hacerlo”, han asegurado distintos agentes de la comunidad educativa a este periódico.
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