El Gobierno defiende que todos los menores tienen que volver a Marruecos

El problema con el que se ha topado Ceuta en cuanto al número de menores que se ve obligado a asumir, como uno de los daños colaterales de la crisis con Marruecos más importante, tiene una única respuesta en Delegación del Gobierno: “Los menores tienen que volver a su país”, resalta Salvadora Mateos. “Nuestra postura es que los niños tienen que volver a su país, salvo los casos de especial vulnerabilidad que se han detectado y tienen que ser atendidos”, puntualiza.
El modus operandi pasa porque se entregarán a sus padres en la frontera, siempre que puedan demostrar que lo son. “Aquellos niños cuyos padres no respondan por ellos deben ser devueltos a entidades tutelares del Reino de Marruecos”, indica.
Este objetivo necesita del “importante trabajo” que en estos momentos están realizando Policía Nacional, INGESA, el Área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el Instituto de Medicina Legal o la Fiscalía. “Una vez estén todos los menores debidamente identificados, así como determinada su situación y necesidades, será el momento de trasladarlos a Marruecos, como queda aclarado con todas las garantías”.

Los adultos "empiezan a comprender que aquí no pueden quedarse"

En el caso de los adultos están surgiendo problemas, ya que aunque se intenta que Marruecos admita a sus ciudadanos, estos no quieren irse. Desde el 20 de mayo se han producido 2.500 retornos voluntarios. “Estos días observamos que muchas de las personas que permanecen en Ceuta empiezan a comprender que aquí no pueden quedarse. Durante este mes de junio ya han retornado de manera voluntaria 357 marroquíes. Marruecos sigue admitiendo a sus nacionales que deciden volver. Pero por otro lado tenemos un gran número de marroquíes que ha solicitado asilo, probablemente con la intención de poder quedarse más tiempo en nuestro país, mientras se resuelve su expediente”, indica Mateos.
Hasta ahora los que ya se han resuelto han sido denegados, “puesto que estas personas no se encuentran en situación que requieran de protección internacional. Una vez denegado el asilo, se inicia un expediente de expulsión, que conlleva prohibición de entrada a España y Europa durante 5 años. Esta situación, mucho más traumática, me impulsa a sugerir a todas estas personas que están en nuestra ciudad que es mucho menos difícil y más digna la vía de retorno voluntario”, apunta Mateos.