El Gobierno sobre las repatriaciones: “Marruecos ha decidido quiénes salen y a qué hora”

El Gobierno de Ceuta ha hecho este lunes su primera y única valoración sobre la forma en que se han llevado a cabo las repatriaciones de marroquíes que quedaron atrapados en nuestra ciudad el pasado 13 de marzo, con motivo de la clausura de la frontera. Y su percepción sobre lo ocurrido es que se trata de un hecho que “excede” a la propia delegada del Gobierno sobre la que no se han vertido críticas a sus gestiones.

Quizá el problema de todo es que la propia Delegación ha querido repetir hasta la saciedad que todos los pasos se hacían gracias a las gestiones de Salvadora Mateos, cuando es evidente que en tratos entre España y Marruecos las órdenes e imposiciones se giran desde Madrid. El empecinamiento mostrado hace que se deslicen los ataques hacia Mateos desde varios frentes políticos, aunque en eso no ha caído la Ciudad Autónoma.

El presidente Juan Vivas ha confesado tener la percepción, “desde la consideración del respeto”, que “la delegada se ha empleado a fondo y ha puesto mucho interés en que esta operación fuera un éxito”, ha indicado, dejando para el final de la operación los balances porque “a mitad de camino son complicados”.

Para la Ciudad los resultados “no han cubierto las expectativas que se tenían a pesar de emplearse a fondo” ya que “quienes tenían que haber pasado primero eran los vulnerables, los del polideportivo. Y de ellos han pasado 28 de un total de 285, solo un 10%, así que las expectativas no se han cubierto. La percepción que tengo es que esto que excede a la voluntad de la delegada, que aquí marca las pautas y tiempos las marca Marruecos, que es quien decide cuántos salen, a qué hora y quiénes. Ahí nuestro Gobierno podría hacer algo más para decirle a Marruecos que primero” tienen que ser “los vulnerables” y “después los menos. Espero que en el balance final podamos hacer una valoración distinta”, ha confesado

En relación con las personas que debían haber abandonado el pabellón y no quisieron, la Ciudad considera que se debía haber aplicado la ley “con sometimiento a los requisitos y procedimientos que contempla” obligando a que dichas personas dejaran las instalaciones.