El Gobierno vuelve a relegar a la salud mental

Si bien para este Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) es una muy buena noticia que esté prevista, como muestra el nuevo borrador de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, la inclusión de nuevas prestaciones para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, no puede dejar de preocuparnos que, a pesar del acento que vienen poniendo los máximos responsables del país en los últimos meses sobre la salud mental, esta vuelva a ser la gran olvidada y que no se haya contemplado en el borrador. Se trata de una incoherencia difícil de entender y justificar.

Con casi 4.000 suicidios al año en España, tasas de ansiedad y depresión que superan el 30 y el 20% respectivamente, con las urgencias atendiendo cada vez a más adolescentes con ideación suicida, las consultas desbordadas y listas de espera que superan los seis meses para recibir atención psicológica, urge incluir la atención de la salud mental, de una vez por todas, como la prioridad que debe ser para el Sistema Nacional de Salud.

Y para ello, no cabe sino atender la alta incidencia de los problemas de salud mental incorporando la atención psicológica en la Atención Primaria, tal como se reconoce en el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria.

No obstante, en el último proyecto de Orden por el que se amplía, actualiza y concreta la cartera común de servicios del SNS, borrador al que ha tenido acceso esta organización colegial, se obvia la salud mental y se la relega, una vez más, a seguir siendo “un servicio” de difícil acceso para muchos ciudadanos y ciudadanas, lo que perjudica, sobre todo, a las poblaciones más vulnerables y con menos recursos económicos, dado que no pueden permitirse asistir a las consultas privadas sobre las que se viene sosteniendo la atención psicológica en España.

Un adecuado abordaje y tratamiento de los problemas de salud mental a toda la población exigen la atención de estos problemas también desde Atención Primaria. Así lo ha demandado esta organización colegial en innumerables ocasiones ya que se trata no solo de una respuesta a la creciente demanda, sino también de una estrategia de cara a minimizar la cronificación, la hiperfrecuentación y los altos costes humanos y económicos asociados a una peor evolución de cualquier problema de salud mental.

Atender los problemas en Atención Primaria y dar a la atención a la Salud Mental el lugar que le corresponde es, además de coste eficiente, una obligación ética de nuestros responsables políticos.