Según las últimas publicaciones del Boletín Oficial de la Guardia Civil, unos 4.000 agentes de la plantilla total con la que cuenta la Benemérita, en torno a 80.000 efectivos, contando también los efectivos en Ceuta, "llegada su edad reglamentaria se ven obligados a permanecer en la reserva activa por falta de plazas específicas".
Otra de las causas, según explica la asociación IGC en nota de prensa, es que muchos realizan funciones "en sus actuales destinos que suelen ser tan arriesgadas y penosas que, por la diferencia económica con respecto a permanecer en activo, toman la decisión de marcharse".
Esto, a su entender, supone "un problema al no impulsarse por completo la cláusula tercera del acuerdo suscrito en marzo del 2018", entre el Ministerio del Interior y los principales sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, en lo que respecta a "destinar una cantidad para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada al servicio activo".
"Aún faltan muchas plazas para estos funcionarios que desean continuar prestando servicio", insisten.
En el caso de la Guardia Civil, "si a ello le sumamos que se han perdido los puestos de trabajo que había en las delegaciones de Defensa por rescisión del acuerdo de continuación", lo que "agrava aún más si cabe el problema puesto que en ciertas provincias el catálogo ofertado para las sedes judiciales está cubierto al completo y deben de esperar del orden de seis meses o, incluso, en el peor de los casos, un año para poder optar" a un puesto de trabajo.
Promesas "incumplidas"
Según denuncian desde IGC, del total de esos guardias civiles, su mayoría son agentes que han prestado servicio en las calles en unidades de seguridad ciudadana y tráfico. "Especialidad esta última que, entendemos, se está viendo abocada a la desaparición si no se reaccionara pronto ya que el personal está muy desencantado ante las promesas incumplidas de estímulo económico y muchos de ellos, en la medida en la que pueden, piden destino fuera".
Además, muchos asociados a IGC les han trasmitido que “por 600 euros líquidos que se pierden pasando a reserva, no merece la pena estar expuesto en las calles, con el riesgo que ello supone, la falta de autoridad que se viene detectando y el poco o nulo respaldo institucional".
En este sentido, han remarcado que tampoco ven de recibo que un agente, "quizás obligado por necesidades económicas, al no poder optar a otro destino algo más cómodo, deba de estar obligatoriamente pateándose las calles hasta los 65 años o su pase a retiro, frente a los 59 años en las policías autonómicas".
"Puestos más acordes con su edad y con su larga trayectoria de servicio"
"Desde IGC abogamos por una política real y efectiva de generación de vacantes para efectivos que se encuentran actualmente en la reserva activa, todo ello para que puedan optar a puestos más acordes con su edad y con su larga trayectoria de servicio", han continuado.
Es por ello que proponen que los agentes "estando en el último año de activo" puedan solicitar el catálogo de vacantes ofertadas en situación de reserva "con previsión de pasar a las mismas con la menor dilación y sin la pérdida económica que actualmente supone, al no abonar algunos complementos hasta que finalmente es asignada".
Finalmente, creen que podría resultar "mucho más atractivo" para los peticionarios que la mayoría de las vacantes ofertadas fueran en concurso de méritos "en vez de la actual libre designación".
