El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguró ayer que esperar a que baje el inmigrante subido a la valla fronteriza de Ceuta y Melilla y entregarle a las fuerzas marroquíes sobre la marcha no es una devolución en frontera, sino un “rechazo en frontera” que se aplica entre las vallas para “preservar la vida y la integridad física” de la persona que intentaba acceder.
“Si el inmigrante se encuentra encaramado a la valla el rechazo en frontera, evidentemente, no puede consistir en tirarle de la valla, sino en esperar a que descienda de esa primera valla y rechazarle. No hay devolución en caliente sino un rechazo en frontera compatible con la vida y la integridad de los inmigrantes”, ha asegurado el número 2 de interior en respuesta al senador socialista Enrique Cascallana. Lo hizo el mismo día en que Melilla volvía a registrar un entrada de decenas de subsaharianos, a plena luz del día, tras forcejear con la Policía.
En opinión de Martínez, “sólo desde el desconocimiento puede llamarse devolución en caliente porque lo que es, es un rechazo en frontera”, que además, “se hacía antes y se sigue haciendo ahora”, con la “diferencia” de que el Ejecutivo quiere “dar marco jurídico a la Guardia Civil” para el cumplimiento de su misión de custodia de la frontera, que no para legalizar las devoluciones en caliente.
“No es reformar la Ley de Extranjería, sino dar un marco jurídico a la Guardia Civil para que cumpla esa difícil misión de custodiar esa frontera de forma compatible con los derechos fundamentales de quienes intentan entrar irregularmente en el territorio. Tal vez la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no sea suficiente y merezca que nos esforcemos para mejorar el marco normativo, pero sin ninguna necesidad de legalizar ninguna devolución en caliente ni nada parecido”, ha señalado.
En cuanto a las deportaciones y posibles irregularidades habidas, Martínez ha respondido que estos procedimientos “llevan consolidado todo un proceso de autorizaciones de los organismos que intervienen”, como la embajada o consulado del país al que se va a deportar, la policía o el Ministerio de Asuntos Exteriores. “Los operativos varían según la naturaleza de la expulsión pero se hacen siempre de acuerdo a las previsiones de la Ley de Extranjería, respetando los derechos y libertades de quienes son expulsados (...) se utilizan vuelos comerciales o se fletan vuelos por la Comisaría de Extranjería y Fronteras. En otros casos, es por vía marítima. El coste depende del destino y el importe de cada billete”, ha señalado.
También ha tenido que responder sobre la tragedia del 6 de febrero y ha reiterado la postura del ministerio al respecto: “Se ha puesto todo sobre la mesa” en un “ejercicio de transparencia sin precedentes”, se ha realizado una investigación interna que ha llegado a la conclusión de que “no hubo relación causa efecto” entre la actuación de la Guardia Civil y los fallecimientos, y se mantiene abierta otra judicial frente a la que se manifiesta absoluto respeto.
Por otra parte, Martínez ha asegurado que en Ceuta y Melilla “no existe una dinámica de llegada de inmigrantes e inmediata solicitud de asilo”, que por eso el porcentaje de peticiones que se registran en las ciudades autónomas es reducido respecto de las que se reciben en el resto del territorio y que no tiene que ver con el hecho de que una vez allí, los solicitantes no puedan desplazarse a la península. “Hay que atender como es natural al solicitante de asilo en Ceuta y Melilla, pero no existe una dinámica que llegue a la categoría de problema de solicitantes de asilo en la inmigración irregular que llega”. En el primer trimestre del año Ceuta sólo ha recibido el 9% del total de solicitudes de asilo a España.
