El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha acordado mantener en prisión provisional a Javier Guerrero y desestimar su solicitud de ser puesto en libertad.
Un mes y medio después de ordenar su entrada en la cárcel investigado por al menos varios presuntos delitos de abusos sexuales contra menores, el magistrado ha ratificado su decisión del 13 de enero al entender acreditado que con su perfil existe un riesgo cierto de que pueda intentar sustraerse a la acción de la Justicia, manipular pruebas (fundamentalmente testificales) o reiterar conductas delictivas.
Según las fuentes consultadas por este periódico, a juicio del instructor de la causa, basada en meses de investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, la situación de Guerrero le hace pensar más allá de la mera hipótesis que pudiera querer fugarse habida cuenta de las penas de cárcel a las que se enfrentaría en caso de ser condenado, muy superiores a los dos años de prisión en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija el horizonte mínimo para una privación de libertad temporal sin condena.
En la ponderación de su decisión también ha tenido en cuenta la edad del exconsejero, así como su capacidad económica y el hecho de que ya no dependa de trabajar para subsistir, ya que ha solicitado su jubilación con efectos retroactivos al día de su detención (11 de enero) con derecho a la pensión máxima en España, por encima de 3.000 euros mensuales.
Tal y como alertaron la Fiscalía y la representación legal del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad en sus escritos contrarios a la puesta en libertad de Guerrero, el magistrado ha estimado que su probada capacidad para contactar con los menores incluso cuando ya se encuentran fuera de Ceuta hace que se considere razonable apreciar la existencia de riesgo de que pueda intentar influir sobre los mismos.
El doctor está, además, investigado en una pieza separada en el Juzgado de Instrucción número 4 por tramar con un amigo en su coche la mejor forma de amenazar por teléfono a personal del Área de Menores que alertó de sus comportamientos impropios con niños. Incluso barajaron recurrir a “gente que se mueve por dinero” para mandarles “un recadito” con coartadas detalladas y planeadas.
Literalmente, la legislación exige para decretar o mantener una orden de prisión preventiva tener en cuenta “la capacidad para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros investigados o encausados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo”.
En su resolución, contra la que cabe recurso de reforma o apelación, el juez también aprecia que cabe el riesgo cierto de que Guerrero pudiera repetir la conducta delictiva que se investiga u otra a la vista de que aquella “no supone un hecho aislado, sino al parecer una pauta constante en el tiempo”, como argumentaron las acusaciones.
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