La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) está informando a su asociados sobre el Real Decreto Ley de Medidas para el Afloramiento y Control del Empleo Sumergido, con el que el Gobierno central pretende combatir los efectos negativos que el empleo sumergido o no declarado generan sobre la recuperación económica y los objetivos nacionales de reducción del déficit público, así como para reprimir la competencia desleal que suponen estas situaciones para las empresas que actúan dentro del marco de la legalidad, tal y como indica esta organización empresarial en un comunicado enviado a sus asociados.
Lo más importante de este Real Decreto Ley es que los empresarios tienen hasta el próximo 31 de julio de 2011 para, de manera voluntaria, regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren ocupados por ellos de manera irregular. Podrán acogerse a cualquier modalidad de contratación, “si bien el contrato no podrá ser inferior a seis meses”, dice el comunicado enviado por la CECE a los asociados. No superar esta fecha sin regularizar a sus empleados es importantes ya que agotado el plazo se prevé un endurecimiento de las sanciones administrativas a empresas y trabajadores “llegando a multiplicar las multas hasta por cinco en algunos casos”.
En esta línea, si una empresa incumple la obligación de dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social “tendrá a partir de agosto una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000, frente a los 6.250 actuales”.
La CECE recuerda también que compatibilizar el trabajo con el cobro de prestaciones por desempleo u otras de la Seguridad Social tendrán multas de 10.001 a 187.515. “Paralelamente, para que no resulte más beneficios obstruir en estos supuestos la actuación inspectora comprobatoria, se incrementan las sanciones por obstrucción, pasando de 3.126 a 6.250 euros, en grado mínimo”, continúa el escrito.
Estas medidas también contemplan la intensificación de las actuaciones de vigilancia de la Inspección y que las empresas que cometan infracciones “perderán automáticamente” las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, “con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción, y podrán ser excluidos del acceso a tales ayudas por un periodo máximo de dos años, que se reduce en un año cuando la infracción sea grave”.
La CECE dice que aunque resulta “loable” la intención de aflorar el empleo sumergido, hubiera sido “igualmente deseable” que las medidas vinieran acompañadas de una reducción de los costes sociales y fiscales para el empleo.
Así, la organización empresarial pide a los empresarios que adopten las “máximas precauciones” ya que las posibles sanciones puedan suponer para sus empresas “consecuencias no deseadas”. Los interesados podrán dirigirse al asesor jurídico Pedro A. Contreras López.
