La juez ordena detener a Puigdemont y le acusa de promover una insurrección

La juez ordena el ingreso en prisión del expresidente catalán Carles Puigdemont

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la detención y el ingreso en prisión del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que viajaron con él a Bélgica y les acusa de promover «un movimiento de insurrección activa» para conseguir la secesión.

Lamela, a petición de la Fiscalía, ha emitido sendas órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) y órdenes de busca y captura nacional e internacional contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) y las ha dirigido expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica. Les acusa de delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia y no solo reclama su detención, sino también su ingreso en prisión.

Lamela ordenó el ingreso en prisión sin fianza del exvicepresidente Oriol Junqueras y de siete exconsellers y con fianza de 50.000 euros de Santi Vila, quien ha pagado y abandonado la prisión de Estremera (Madrid VII). La magistrada ha actuado contra los cinco exdirigentes que ayer se negaron a acudir a su citación y ha ordenado su detención tras rechazar su solicitud de declarar por videoconferencia.

Acusaciones

Les acusa de impulsar y promover desde su cargo público las movilizaciones y concentraciones tumultuarias en oposición a las órdenes judiciales, las convocatorias masivas para impedir a los agentes cumplir con sus funciones y los escraches a la Policía y a la Guardia Civil. A su juicio, impulsó los llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana «como medio intimidatorio y violento» para conseguir «el fin secesionista de manera coactiva».

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Es decir, le acusa de alentar un movimiento de «insurrección activa» y de abonar en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para Cataluña. El auto destaca que para lograr sus fines «promovieron y utilizaron fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional».

También considera que el expresident «planificó, organizó y financió con fondos públicos» la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O e hizo posible el gasto de 6,2 millones de euros para ello. La orden de detención pone en marcha un proceso que puede demorar más de dos meses la entrega a España de los requeridos, siempre y cuando ellos no acepten el traslado inmediato, algo que, a la vista de lo planteado por el abogado de Puigdemont, no harán.