Opinión

Las motosierras

Ha sido bochornoso el espectáculo montado por Elon Musk y su amigo Milei en la cumbre ultra de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). No solo porque el hombre más rico del mundo ha mostrado con agrado el regalo del presidente de Argentina, sino porque ha hecho ostentación de los recortes que están llevando a cabo en el Estado de Bienestar de sus respectivos países.

En los Estados Unidos de América, los recortes presupuestarios llevados a cabo por Elon Musk están afectando de manera significativa a los programas sanitarios y de colaboración con los países más pobres. Además, se están despidiendo miles de funcionarios de las principales agencias gubernamentales. Se sabía que la ayuda al desarrollo no suele salir gratis. Pero ahora, Trump pone precio a todo sin cortarse. Amenaza con aranceles, con deportaciones masivas o con la Tercera Guerra Mundial. Todo dependiendo del poder de sus interlocutores.

Pero si bochornoso ha sido el espectáculo de las motosierras, mucho más lo han sido las intervenciones de los distintos líderes ultras europeos. Nigel Farage, cara visible del nacionalpopulismo pro-Brexit; Balázs Orbán, en representación de Viktor Orgán de Hungría; el exprimer ministro polaco Mateusz Morawiecki; Jordan Bardella, del Reagrupamiento Nacional francés; los primeros ministros Robert Fico de Eslovaquia y Hristijan Mickoski de Macedonia del Norte; la italiana Georgia Melon; o el español Santiago Abascal. Todos ellos muestran con orgullo su Make Europe Great Again (MEGA), emulando la Make America Great Again (MAGA) de Trump, sin darse cuenta de que no es posible beneficiar a Europa con las políticas que intenta Trump para beneficiar a América.

En un plano más doméstico, los conservadores españoles también están aplicando la motosierra a todo lo que significa dignidad y buen hacer político. Definitivamente se han liado la manta a la cabeza y se han echado al monte. No hay día que no se monte una bronca mediática, judicial o parlamentaria. Desde las palabras de Aznar para que todo el que pudiera hacer algo lo hiciera, a raíz de la ley de amnistía; o las últimas de Tellado, portavoz del PP, diciendo que su obligación es echar a Pedro Sánchez del gobierno y acabar con este gobierno cuanto antes, utilizando todos los medios necesarios. Judiciales o de cualquier tipo. Pruebas falsas para implicar a los miembros del gobierno. Una maquinaria perfectamente orquestada. Jueces alineados ideológicamente. Medios amplificando rumores e influencer sembrando desconfianza. Sin pruebas se busca implicar al gobierno en casos de corrupción, mientras que se olvidan otros casos con pruebas claras, como los de la Caja B del PP.

Las amenazas de jueces del Tribunal Supremo a jueces del Tribunal Constitucional, insinuando que podrían ser acusados de prevaricación, es una de las últimas y más alarmantes situaciones que se han dado en democracia. Este conflicto, aireado por los líderes políticos de la derecha española, se enmarca en esta intensa campaña de ataque al Gobierno y a las instituciones, que está generando una gran preocupación en la opinión pública y en los círculos políticos del país.

Las amenazas de acusación de prevaricación por parte de jueces del Tribunal Supremo hacia sus colegas del Tribunal Constitucional representan una grave ruptura en la confianza y en la colaboración que debería existir entre ambas instituciones. Estas acusaciones han surgido en medio de decisiones polémicas y de alto perfil, en las que el Tribunal Constitucional ha sido percibido por algunos sectores como actuando bajo influencias políticas. Las declaraciones incendiarias de líderes políticos, la retórica agresiva y la constante presión mediática han contribuido a un ambiente de desconfianza y confrontación.

Las amenazas de jueces del Tribunal Supremo a jueces del Tribunal Constitucional acusándolos de prevaricación representan un desafío significativo para el sistema judicial español. En un momento en el que la polarización política y la instrumentalización de la justicia están en su punto álgido, es crucial que las instituciones judiciales trabajen juntas para mantener su independencia y su imparcialidad.

Es evidente que solo a través del diálogo y la cooperación se podrá garantizar la estabilidad democrática y el estado de derecho en España. Pero está muy claro que la derecha y la extrema derecha española solo tienen como objetivo tumbar a este gobierno con malas artes. Y ante ello, no queda otra que hacer piña para evitarlo.

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