Legalizar lo ilegalizable, no ha cambiado nada.
El año pasado el Gobierno incluyó una disposición adicional a la Ley de Seguridad Ciudadana que venía a legalizar las llamadas ‘devoluciones en caliente’, que viene a dar respaldo jurídico a la actuación de la Guardia Civil en la frontera. Sin embargo, según el informe ello no ha significado un cambio notable en el modo de actuar, a la práctica, para los agentes. A parte de seguir vulnerando la normativa nacional y los convenios internacionales, sostiene el informe, “ha sido sorprendente ver hasta qué punto esta legalización de los «rechazos en frontera» parece, de hecho, no haber cambiado nada en las prácticas de la Guardia Civil en los enclaves (de Ceuta y Melilla)”.
El ‘gendarme’ de Europa que se beneficia del control de la inmigración
La versión española del informe ‘Ceuta y Melilla, ciudades de selección a cielo abierto a las puertas de África’, presentado ayer por Débora Maide, sostiene que la participación activa de Marruecos en el control de fronteras y de la inmigración depende del beneficio que pueda sacar el país vecino de los acuerdos con España y Europa. “Los diferentes niveles de negociación -con España o Europa- son utilizados para obtener las mayores ventajas posibles a cambio de una participación activa en la lucha contra las migraciones irregulares. Las operaciones de detenciones periódicas, llevadas a cabo por las fuerzas auxiliares marroquíes con la finalidad de vaciar la frontera norte de la presencia de personas «indeseables» cerca de los enclaves españoles, son una muestra de los esfuerzos desplegados por el Reino de Marruecos para luchar contra las migraciones irregulares hacia Europa”, reza el informe en sus conclusiones.
La solicitud de asilo en las fronteras de Ceuta y Melilla, inaccesibles para los inmigrantes de origen subsahariano
El informe recuerda las palabras del ministro Fernández Díaz el día de la inauguración de las oficinas de asilo en Ceuta y Melilla en las que sostenía que las personas que tratan de entrar de forma irregular “no son personas que en principio tengan derecho a esa petición de asilo porque lo podrán ejercer a través de esas oficinas”. El informe de Migreurop asegura que esa afirmación no tiene base legal alguna, pues en esa situación se encontrarían la mayoría de solicitantes de asilo en Europa. “Este argumento muestra además que estas declaraciones carecen de todo sentido: para una persona originaria de África subsahariana, es imposible acceder a las oficinas de asilo que se encuentran en las fronteras de Ceuta y Melilla”, afirma el informe. “Las oficinas de asilo en la frontera parecen constituir, para las personas originarias de África subsahariana, una manera adicional de criminalizar su migración”, añade.
Traslados a la península no regulados y ¿es intocable la Guardia Civil?
Otras de las conclusiones del informe es el vacío legal existente en torno a los traslados de los CETI de Ceuta y Melilla a la península: “Ni criterios ni motivación. Tampoco existe reglamento para los CETI, contrariamente a los centros de detención administrativa de la península. El CETI debería ser un centro de acogida temporal pero esta temporalidad no está definida”. También critica el archivo de causas judiciales seguidas por prácticas dudosas de la Guardia Civil: “Parece que la justicia española, respaldada por el gobierno español, protege a la Guardia Civil a pesar de los múltiples casos en que ésta ha violado la legislación nacional e internacional”.
