Mascarillas, guantes... y una condena por tráfico de pastillas

Ha sido la conformidad judicial más ‘protegida’ de los últimos tiempos. El preso con guantes y mascarilla, los abogados salvaguardados de la misma manera; gel desinfectante sobre la mesa de su señoría y un metro de distancia de seguridad entre todos, además de advertencias colocadas en la puerta de acceso al Juzgado de lo Penal en aplicación del real decreto aplicado por el Gobierno de España.
Este lunes estaba señalado en el Juzgado de lo Penal número 1 una causa con preso, las únicas que pueden celebrarse. Todas las demás han sido suspendidas. En el banquillo de los acusados dos personas: T.Eh. y M.Ch. El primero, preso preventivo conducido por dos funcionarios de la Policía Nacional sin protección alguna. El segundo, en libertad con cargos por un delito contra la salud pública, que accedía a una instancia judicial en donde un vigilante de seguridad trabaja también sin medidas de protección y un agente de la Guardia Civil ejercía su control con unos guantes traídos de su propia casa porque tampoco se le ha dispensado medio alguno.
Así se está en un estado de alarma, sin material para quienes tienen que tener contacto con múltiples personas en plena extensión del coronavirus. La vista judicial no se tuvo que celebrar al existir un acuerdo previo entre las partes lo que se tradujo en una conformidad después de que uno de los acusados reconociera el delito y además asumiera la responsabilidad única. A preguntas del Fiscal, el llamado T.Eh. asumió haber incurrido en este delito después de que el 23 de julio de 2019 fuera detenido con una mochila cargada de pastillas de Rivotril y Trankimazin cuando viajaba en un vehículo de servicio público por la avenida San Juan de Dios junto al otro acusado M.Ch. En total eran 3.600 pastillas de Rivotril y 2.395 de Trankimazin, con un peso de 587 gramos y 622, respectivamente. T.Eh. reconoció que iba a destinar las pastillas al tráfico ilícito, aceptando por tanto una pena de 2 años de prisión y el pago de una multa de 84.249 euros, a sustituir por 3 días de responsabilidad civil subsidiaria. El otro fue absuelto.