Militares tachan de “chapuza” el nuevo Plan Integral de Orientación Laboral

El Plan Integral de Orientación Laboral (PIOL) para el personal militar que se aprobó mediante orden ministerial en mayo de 2018 se ha puesto en marcha por el actual Gobierno en funciones. Este nuevo programa está orientado a todos aquellos soldados de tropa y marinería que deben abandonar las Fuerzas Armadas una vez cumplidos los 45 años, cantidad, según datos del Ministerio de Defensa, cercana a los 3.000 militares cada año, y que deben dedicarse a alguna actividad civil.
Este programa, para el que Defensa destinará un presupuesto base de más de 3.3 millones de euros, que se adjudicará a una empresa externa que realizará el servicio, busca dar cursos de formación a cada uno de los militares que entren en el plan, así como orientación laboral para poder encontrar trabajo una vez que sean expulsados de las Fuerzas Armadas.
Pese a lo ambicioso del proyecto, el anuncio de la puesta en marcha del PIOL no ha sido recibido de buena manera por las distintas asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, que han catalogado este “gasto millonario” como un “parche” para un problema histórico que viene arrastrando el colectivo de tropa y marinería, que es la “expulsión” a los 45 años.
La Asociación Unificada de Militares Españoles va más allá y lo tacha de “chapuza”. Aclara que, pese a que lo va a poner en marcha el actual Gobierno en funciones, en este caso el Ministerio dirigido por Margarita Robles, se trata de un proyecto “heredado” del anterior gobierno popular, concretamente de una propuesta aprobada cuando aún estaba en el cargo María Dolores de Cospedal.
Tras la moción de censura aplicada en junio de 2018, recuerda José Vicente Maleno, delegado de AUME en Ceuta, el PIOL se quedó “en un cajón” y ya nada más se supo hasta este verano, cuando sin ser discutido si quiera en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), se anunció por parte del Ministerio su puesta en marcha para dar solución al problema que mantenía el Ejército con el personal de tropa y marinería que no habían podido acceder a la carrera militar.
En primer lugar critican y aseveran que “esta no es la solución”, sino que lo que debe aportar el Ministerio de Defensa son “oportunidades reales”. En ese sentido, inciden en que es una “obligación” de Defensa el buscar los convenios para poder dar “una salida digna” a todos estos soldados que deben abandonar las Fuerzas Armadas, pero no con un plan de orientación laboral, sino con “voluntad” y predisposición.
Para ello, desde AUME retoman la propuesta de que el Gobierno firme convenios con todas las empresas privadas con las que tienen contratos y son “afines con Defensa”, para dispones de plazas donde recolocar a este colectivo militar una vez cumplidos los 45 años, como ya ocurre con las plazas reservadas en la Policía Nacional, la Guardia Civil y, ahora, algunos cuerpos de la Policía Local. Pone como ejemplo las empresas armamentísticas con las que España firma “contratos millonarios” para la dotación de equipos, recordando además que el personal que sale de las Fuerzas Armadas, “es un personal formado”.
En segundo lugar, no entienden por qué se ha externalizado el PIOL, cuando “esa debe ser una función nuestra”, considera Maleno. Y es que el Ministerio va a destinar, en un principio, una base de 3.3 millones, pero el contrato supera los 9 millones de euros y prevé la contratación de cerca de medio centenar de personas, empleados, a juicio de AUME, que podrían ser los mismos soldados que dejan la vida militar.
Para AUME, el PIOL “no es lo más deseable” y es otra de las medidas que, en un futuro no muy lejano, dará pocos resultados, poniendo como ejemplo el caso del Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal Militar (Sapromil), que sólo está dirigido para “colocar a los de arriba”. Aunque gracias a este programa, así como el de Reservistas de Especial Disponibilidad (RED) se han convertido en la única salida para muchos militares, esta asociación profesional aboga por una “ley integral” de la vida militar, que incluya tanto a los militares de carrera como a los de tropa y marinería y que determine, por ley, qué va a pasar con estos soldados y qué soluciones darles una vez que dejen las Fuerzas Armadas.