Oposiciones al Cuerpo de Bomberos: una reclamación reabre el debate sobre su transparencia

El proceso para optar a una de las 11 plazas de Bombero ofertadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta ha encontrado su primera traba formal en el camino al presentarse una reclamación que ha sido dirigida al tribunal calificador por el resultado, con carácter provisional, de la prueba de conocimiento.

Hay sospechas de que todo no se ha hecho correctamente, lo que supone otro varapalo al Gobierno local que afecta directamente a un procedimiento de selección de plazas como ha sucedido con el ya bautizado caso Obimasa.

Las dudas sobre los criterios seguidos en esa calificación han sido reflejadas en una reclamación presentada en tiempo y forma, dentro de los plazos previstos, después de que a finales de junio se publicara ese listado provisional con las mejores calificaciones para optar a las 11 plazas en el Cuerpo de Bomberos.

Se pide la nulidad del proceso

La reclamación contra esa lista provisional persigue que se acuerde la nulidad del proceso al haberse atentado contra el purismo y la transparencia que deben tener procedimientos de este tipo que tienen que ver con adjudicaciones de la administración pública.

El reclamante ha pedido tener acceso y copia íntegra de todo el proceso selectivo, con las copias de todas y cada una de las actas que ha elaborado el tribunal, así como las notas manuscritas, plantillas, hojas de control e instrumentos que cada uno de los miembros del tribunal haya confeccionado y rellenado para otorgar puntuación a cada aspirante al Cuerpo de Bomberos.

Ante la oleada de sospechas que surge en torno a este procedimiento, se ha pedido además tener acceso a los baremos que han sido empleados por los miembros del tribunal calificador para valorar a cada aspirante tanto en la prueba escrita como en la baremación de la lectura del ejercicio.

Un procedimiento que ya nació viciado

El proceso de adjudicación de las 11 plazas de Bombero ha nacido viciado ya no solo por esta situación en concreto sobre la que debería pronunciarse la Ciudad, sino también por la tardanza y las dilaciones después de iniciarse en junio de 2024 y, al menos, hasta marzo de este año no producirse avances en el proceso selectivo tras dos años de la convocatoria.

La falta de información oficial durante este procedimiento no ha ayudado a dotarlo de transparencia, ni a hacer valer los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad, alejándose de posibles favoritismos.

La reclamación se presenta para que sea tenida en cuenta y se dé una respuesta acorde a las dudas planteadas. Ya sobre la mesa se coloca una sombra: antes de haberse publicado el listado definitivo-el de ahora es provisional-, ya se habría tallado a los 11 aspirantes el pasado 6 de julio en el parque de Bomberos.

Qué es lo que se expone

Entre los motivos recogidos en esta reclamación se expone que se establecieron los criterios de evaluación después de conocerse las listas de aspirantes al ejercicio de conocimiento y de conocerse las concretas puntuaciones obtenidas por cada uno de ellos en las pruebas físicas.

Es por ello que, se indica, se hizo conociendo para qué concretas personas se estaban decidiendo qué criterios de evaluación concretos se iban a establecer, y conociendo qué persona estaría por encima de otra en caso de empate.

Se indica además que se desconoce el proceso que ha llevado a cabo cada miembro del Tribunal en la puntuación de cada aspirante, y con qué criterio ha asignado un concreto número de puntos a cada ejercicio en relación directa con el acierto o desacierto de cada criterio de evaluación.

Se desconoce, también, el nivel de tolerancia establecido para cada criterio. “Se sabe que la ortografía es un criterio de evaluación, pero se desconoce cómo se han puntuado las faltas de ortografías; con cuántos concretos puntos se ha castigado el tener una falta o el tener dos o el tener siete, por citar un ejemplo”, se recoge en la reclamación presentada.

Las sospechas existen sobre la posibilidad de diseñar unos criterios de evaluación que vayan mejor a un candidato por sus cualidades o peor a otro por sus carencias. “Si el Tribunal conociera que, en tal candidato, uno de sus puntos flacos es la ortografía y no lo quiere perjudicar, resulta tan sencillo como no introducir como criterio de evaluación la ortografía”, se indica.

“No se ha exteriorizado y por tanto no se ha motivado por el Tribunal todo este proceso al publicar la lista” y no se sabe el baremo utilizado para asignar cada punto a cada criterio de evaluación.

Lectura de la prueba escrita

En cuanto a la lectura de la prueba escrita de la prueba de conocimiento ante el Tribunal, se expone que se han asignado puntuaciones a la lectura del ejercicio, sin que previamente se haya establecido en ningún sitio con carácter previo a llevar a cabo la citada prueba, y con conocimiento de los aspirantes, qué puntuación tendría la lectura, que proporción de la puntuación total se repartiría entre la prueba escrita y su lectura, y qué baremo habría de utilizarse en este caso para la lectura.

“¿Cuáles han sido los criterios de evaluación para calificar la lectura? Y, ¿conforme a qué concreto baremo?”, se pregunta.

Más allá del runrún en torno a todos los procesos públicos de adjudicaciones de plazas, en este caso concreto que afecta al Cuerpo de Bomberos existe una reclamación formal que debería ser atendida, como así se solicita, antes de poder continuar con todo el procedimiento y elegir a los bomberos del Cuerpo.