Los trabajadores del sector de limpieza pública viaria de Ceuta, en su inmensa mayoría empleados de la adjudicataria de la Ciudad, Trace, han respaldado este miércoles por la tarde en asamblea el preacuerdo alcanzado por sus representantes sindicales con la patronal en virtud del cual este año cobrarán completa su cuarta paga extraordinaria, la de San Martín de Porres (al margen de las de Navidad, Verano y beneficios), y percibirán un incremento salarial del 8% en 2023.
Además, el personal también ha conseguido que se vea atendida su reivindicación de disponer de 10 minutos más al día, un total de media hora, para desayunar.
El secretario del Comité de Empresa, Francisco José Bruno (UGT), ha explicado que la parte social ha cedido a la vista de la coyuntura y las relaciones entre la Ciudad y Trace en sus aspiraciones iniciales de lograr para este mismo ejercicio una subida de sus sueldos equiparable al IPC del año pasado, es decir, un 6,7%.
Una vez conseguido el apoyo de los trabajadores al acuerdo, la representación sindical espera cerrar pronto la firma del nuevo Convenio con la patronal, que aglutina además de a Trace a la concesionaria del servicio de limpieza del puerto y a la gestora de la planta de transferencia de residuos del Hacho.
Los Convenios Colectivos firmados a partir de 2017 (con efecto retroactivo al 1 de enero del año anterior) han contemplado distintos incrementos retributivos que los sindicatos esperan llevar en el que han empezado a negociar al 6,5% para este año. La última tabla salarial del sector fija remuneraciones mensuales que parten de un mínimo de alrededor de 1.700 euros mensuales entre sueldo base y pluses de residencia, convenio, transporte, compensación, penosidad y nocturnidad (estos dos últimos, según el grupo).
Previsiblemente será la administración la que se tenga que hacer cargo de los gastos de este Convenio si se consolida la sentencia del titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta que estimó un recurso interpuesto por Trace para librarse de los sobrecostes los últimos suscritos.
Lo hizo porque, según concluyó, “nos encontramos ante un Convenio Colectivo de ámbito superior a la empresa, concretamente de sector, que no es suscrito por el adjudicatario sino por una asociación profesional, de la cual, obviamente, forma parte la recurrente junto con otras empresas, por lo que en aplicación de la cláusula 39 del pliego de cláusulas administrativas particulares resulta totalmente procedente la revisión de precios del contrato pretendida por la parte recurrente”.
La Ciudad alegó sin éxito que el Convenio Colectivo de 2017 fue creado “artificiosamente” por Trace, cuyos representantes son los mismos que los de toda la patronal negociadora, para sustentar sus reclamaciones, así como que su entrada en vigor no podía considerarse un riesgo imprevisible.
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