Plan de Tabaquismo: Sanidad defiende la situación especial de Ceuta

Las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla tienen de plazo hasta mañana jueves para decidir si se adhieren o no al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) y les ha propuesto sacarlo adelante mediante un acuerdo de cooperación en el que cada una especificará los puntos de los que discrepan.

Así lo han decidido en la Comisión de Salud Pública reunida este miércoles, en la que los directores generales autonómicos han pedido más tiempo para revisar los cambios efectuados en el texto inicial con las alegaciones de las autonomías.

Rebeca Benarroch, directora general de la Consejería de Sanidad de Ceuta, ha defendido la "situación especial" de la ciudad autónoma ya que, al carecer de potestad legislativa, todas las medidas que se incorporan al Plan Antitabaco pudieran tener difícil encaje aquí.

Benarroch ha pedido que el Reglamento tenga un fondo legislativo nacional que hiciera posible su plena aplicación en Ceuta. Igualmente, también ha llamado la atención por la falta de memoria económica del Plan.

En cualquier caso, han recordado desde la Ciudad Autónoma, la Comisión de Salud Pública de este miércoles ha tenido un carácter técnico y se emplaza a las conclusiones de la Conferencia Sectorial en la que participan los consejeros del ramo.

Propuestas al Plan

El Ministerio de Sanidad ha aclarado que las comunidades han presentado 157 propuestas al plan y no 180 como se había informado previamente; de ellas, 10 no han tenido una respuesta positiva, y el resto han conllevado una modificación o aclaración al texto.

Las propuestas que las comunidades remitieron al Ministerio el pasado miércoles tienen como nexo común la necesidad de actualizar la normativa antitabaco vigente con el objetivo de reducir la prevalencia del consumo, sobre todo entre los más jóvenes, aunque difieren en las medidas para conseguirlo.

La prohibición de fumar en terrazas y marquesinas, por autonomías

Por ejemplo, Asturias o Cataluña -que reclama además el empaquetado genérico- apuestan por la prohibición de fumar en terrazas, los espacios que más diferencias de opinión suscitan, mientras que otras como Baleares o La Rioja se decantan por la autorregulación mediante un sistema de incentivos fiscales atractivos y distintivos de calidad.

Canarias plantea prohibirlo, además de terrazas, en marquesinas, en espacios deportivos al aire libre y los alrededores de los accesos de los lugares donde ya está vetado y pide además datos actualizados sobre el empaquetado genérico -medida que rechaza la patronal de la industria, de fuerte peso en las islas- en los países en los que se ha implementado y la equiparación fiscal del tabaco y todos sus derivados.

Aunque como ha recordado esta mañana la ministra de Sanidad, el plan no especificará los nuevos espacios sin humo, sino que se hará en la futura normativa porque es algo que "se tiene que derivar en las diferentes leyes".

Adhesión al Plan

Una vez analizado el documento final, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades que informen si se adherirán o no al PIT antes de mañana a mediodía.

Sanidad ha apostado por intentar aprobar el plan antitabaco que prevé ampliar los espacios sin humo mediante un acuerdo de cooperación, una fórmula que contempla el reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo con el artículo 14 del reglamento, los acuerdos de cooperación, "para llevar a cabo acciones sanitarias conjuntas, se formalizarán mediante convenios" del Interterritorial.

La fórmula no ha gustado a comunidades como Madrid, cuya directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha criticado que se inste a las comunidades a decidir si se adhiere o no "especificando sus líneas rojas".

"Para avanzar en lo que todos estamos de acuerdo, una sociedad libre de tabaco, sería más operativo modificar el nombre del plan y sustituirlo por hoja de ruta, y año a año ir avanzando en acciones concretas con una votación presupuestaria específica", ha asegurado.

Solo esto implicaría "un verdadero compromiso político" y permitiría "hacer un seguimiento de los resultados"; de lo contrario, ha advertido, "es muy posible que todo quede en una declaración de intenciones".