Planes de Empleo: Delegación dejó de pagar y cotizar casi 9 millones

La Delegación del Gobierno de Ceuta pagó y cotizó casi 9 millones menos de lo que debería por los 3.380 beneficiarios de las cuatro ediciones de los Planes de Empleo que organizó entre 2018 y 2022 según las estimaciones de CGT, que está preparando una asamblea para reunir a sus jurídicos con los afectados con el fin de que puedan “reclamar lo que se pueda, tanto cuantías no prescritas como indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales”.
Fuentes del sindicato han explicado que de acuerdo con sus cálculos, los Planes de Empleo de la Delegación incorporaron en los programas 2018-2019 a 1.117 personas; a 680 en el periodo 2019-2020, a 861 en los siguientes y a 722 en la última antes de que la Ciudad volviese a hacerse cargo el ejercicio pasado de su gestión al completo.
“Siendo prudentes a cada persona de media le faltarían unos 2.000 euros en retribuciones que si hubiesen sido cotizados hubieran supuesto unos costes en torno a 600 por trabajador”, han calculado desde CGT después de que el Supremo haya rechazado el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado en nombre de la institución de la plaza de los Reyes contra las sentencias en contra que ya había recibido hasta ahora de instancias inferiores como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por los sueldos que pagó durante años al margen del Convenio Colectivo Único del personal laboral del Estado.

Entre 7.000 y 9.000 euros son las cantidades que deberían recibir los perjudicados

La Justicia empezó a dictaminar en primera instancia hace ya dos años que “el hecho de que el trabajador sea desempleado de larga duración, y que dichos contratos tengan como última finalidad que se adquiera la suficiente experiencia como para lograr su incorporación definitiva al ámbito laboral, no puede ser tenida en cuenta para justificar un desigual trato salarial".
“Es lastimoso que un Gobierno que dice ser el más progresista de la historia haya otorgado ese trato despectivo a personas con tantas necesidades”, lamentan desde CGT, central que ha cifrado entre 7.000 y 9.000 euros las cantidades que deberían recibir los perjudicados cuyas reivindicaciones no se consideren prescritas en concepto de remuneraciones no percibidas y de indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales.
Según el asesor Manuel Díaz, que desde finales de 2020 ha estado trabajando “codo con codo para que haya estas sentencias estimatorias” junto con el secretario jurídico de CGT en Ceuta, hasta ahora dichas indemnizaciones se han cuantificado por reiteración en hasta 6.200 euros.