La Policía Local ha hecho casi 200 traslados a ‘La Esperanza’ el último mes

Con unos 340 menores extranjeros no acompañados (MENA) bajo su tutela, la Administración autonómica ha dado un paso más con el propósito de que no haya ni un joven en las calles. A tal efecto se ha incrementado el trabajo no estrictamente policial de los agentes de la Local, es decir, que no responde a la comisión de ningún presunto delito o falta, sino igualmente dentro de sus competencias de naturaleza social para evitar la presencia de niños y adolescentes solos en la vía pública.

Según las fuentes consultadas del Gobierno de Ceuta, solamente durante el último mes, concretamente desde 3 de diciembre hasta el pasado fin de semana, la Policía Local ha efectuado un total de 198 traslados al Centro de Realojo Temporal de ‘La Esperanza’, en Hadu.

Parte de los evacuados se han revelado adultos

Una vez allí, de acuerdo con esas mismas fuentes, parte de los trasladados que no eran “indubitadamente” menores de edad se han revelado ya adultos mayores de 18 de acuerdo con las pruebas practicadas a tal efecto.

La permeabilidad de la frontera complica extraordinariamente la gestión del fenómeno migratorio de menores hacia y a través de Ceuta pero en el Ejecutivo local están convencidos de que “la mayoría” de los que llegan a la ciudad no forman parte del colectivo de jóvenes desamparados que aspira a ver cubiertas sus necesidades básicas sino que busca emprender un proyecto de vida más allá del Estrecho cuya primera escala es acceder irregularmente en el Puerto a algún barco en el que llegar a Algeciras.

Para desactivar ese incentivo de llegada a Ceuta es preciso, como defienden algunos miembros del Gobierno de Vivas desde hace tiempo, que los menores sientan el control y la tutela de la Administración de una forma mucho más evidente y evitar, además, que se generen estancias de largo tiempo en las escolleras y otras zonas de la ciudad con los MENA expuestos a todo tipo de explotación, por un lado, o alimentando una sensación de inseguridad ciudadana.

Una política de “desgaste” parecida se sigue hasta que sean echados abajo, con controles y actuaciones policiales a diario, en los barracones del Sardinero que la propietaria se ha comprometido a demoler cuanto antes.