La educación sigue actuando cada día más como un elemento inclusivo, que favorece la igualdad entre las personas y ofrece mayores oportunidades a quienes tienen alguna discapacidad.
Cada vez son más las leyes y normativas que hacen visible que hay personas que cuentan con necesidades educativas especiales y a las que hay que atender para lograr la igualdad de oportunidades.
Este hecho demuestra también que, cada año, las instituciones están más concienciadas de la importancia de la educación, que supone un elemento de protección, que contribuye a reducir la pobreza, salva vidas, mejora la salud, la nutrición y el bienestar individual y colectivo, además de promover un desarrollo sostenible, la paz, la igualdad de género y las libertades fundamentales.
La educación sigue actuando cada día más como un elemento inclusivo, que favorece la igualdad entre las personas y ofrece mayores oportunidades a personas con alguna discapacidad, además de favorecer la convivencia. Las administraciones públicas son conscientes de su importancia, así como la responsabilidad que tienen en su protección.
Sin ir más lejos, el pasado día 20, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la Orden ECD/563/2016, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, que regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Esta modificación afecta a tres artículos y se lleva a cabo en aras a favorecer la integración socioeducativa del alumnado con necesidades educativas especiales.
Por una parte, se modifica el artículo 8.2, que indica ahora que “las adaptaciones curriculares significativas se podrán realizar en el segundo ciclo de la Educación Infantil y en la educación básica, e irán dirigidas al alumnado que presente necesidades educativas especiales que las necesite”. Requerirán una evaluación psicopedagógica previa realizada por los servicios de orientación educativa, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. Este artículo modificado recoge también que en las etapas postobligatorias “se deberán adoptar medidas especiales que no impliquen adaptaciones curriculares significativas, con objeto de facilitar su acceso al currículo general”.
Otro de los artículos modificados es el 16.1, que señala ahora que la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales “comenzará y finalizará en las edades establecidas por la Ley para las diferentes etapas”. Sin perjuicio de la permanencia establecida con carácter general, podrá prolongarse un año más en el último curso del segundo ciclo de la Educación Infantil y en la etapa de Educación Primaria, “siempre que ello favorezca su integración socioeducativa”, y otro año más en la etapa de ESO, “siempre que favorezca la obtención del título de Graduado en ESO”.
El tercer artículo modificado es el 17, y trata sobre las ofertas formativas de formación profesional adaptadas a las necesidades educativas especiales y otras necesidades específicas del alumnado. Este indica que a efectos de dar continuidad a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y responder a colectivos con necesidades específicas, la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y la Dirección General de Formación Profesional, previo informe de la Dirección Provincial correspondiente, podrá establecer y autorizar otras ofertas de formación profesional, de duración variable, adaptadas a sus necesidades.
La modificación de estos tres artículos evidencian la atención que, cada vez más, las instituciones dispensan a las personas con necesidades educativas especiales. Una modificación que llegó días antes de la conmemoración de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que tuvo como objetivo promover el derecho a la educación, a través de la incidencia política; dar seguimiento a las políticas de cooperación para educación y hacer propuestas para su mejora; y difundir, sensibilizar y educar a la sociedad española sobre el incumplimiento del derecho a la educación en los países del sur.
El lema de la SAME fue ‘La educación nos protege, protejamos su financiación’. Un lema que invita a la reflexión para llamar la atención sobre el papel de protección que la educación ejerce sobre los niños y niñas. Y es que la educación protege a las personas frente a la pobreza, fortalece capacidades, nos hace más libres, construye paz y promueve la participación social. Además, favorece la igualdad y el bienestar familiar.
Durante una semana, distintas organizaciones y asociaciones se han movilizado en defensa de la protección que la educación ejerce sobre los niños y niñas, algo que no se puede garantizar sin un compromiso real de los estados para financiarla. Por ello, se han movilizado para pedir a los gobernantes que destinen presupuesto para financiar los compromisos que han adquirido para garantizar el derecho a la educación.
Y es que el blindaje de un derecho tan preciado como la educación es labor de todos: de los gobernantes porque son ellos los que tienen que destinar los recursos adecuados para su protección, y de la ciudadanía porque debe aprovecharla y exigir su protección.
La reivindicación de esta semana que finalizó debe prolongarse en el tiempo y hacerse constante ya que el derecho a la educación inclusiva es una de las herramientas más preciadas para conseguir una sociedad que se desarrolle en igualdad y en la que todos sus miembros cuenten con las mismas oportunidades.
Y es que, tal y como recoge el lema de la SAME, la educación nos protege, protejamos su financiación. Porque el acceso de todos a la educación es sinónimo de igualdad de oportunidades.
