La pena solicitada inicialmente por el Ministerio Fiscal le fue rebajada por su colaboración con la justicia y confesión de los hechos. El acuerdo alcanzado entre el abogado defensor y el fiscal determinó una condena de un año y ocho meses de prisión que fue después suspendida, por carecer de antecedentes, a condición de que la procesada no cometa ningún delito en los próximos dos años. Además, también fue condenada al pago de una multa de 3.829 euros y la juez ordenó el comiso y destrucción de la droga así como la incautación del dinero en efectivo que llevaba encima el día del arresto.