Rabat remite a España informes sobre 75 de los más de 1.300 niños llegados en mayo

Marruecos ha contestado a una pequeña parte de las más de 700 solicitudes de información sobre las circunstancias sociofamiliares en origen de menores extranjeros no acompañados llegados a la ciudad autónoma en mayo, cuando Ceuta recibió a más de 1.300. Que haya respondido a alguna ya es noticia en sí mismo. Se trata, según fuentes policiales, de 75 dictámenes "individualizados" como exige la legislación española y "bastante cumplimentados", aunque "se desconoce si cubrirán las exigencias de la normativa a aplicar y la Fiscalía de Menores" rel="nofollow" rel="nofollow".

En la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo de Ceuta no tienen constancia de "nada" más allá de la existencia de esa cifra de documentos remitidos por Rabat, que siempre ha evitado cualquier trato administrativo oficial, rogatorias judiciales incluidas, relacionado con las dos ciudades autónomas, cuya soberanía reclama al considerarlas "ocupadas".

Desde finales de agosto del año pasado, cuando la Justicia obligó a cumplir a rajatabla la legislación vigente en España, la Delegación ha cursado "más de 700" peticiones a la representación diplomática del Reino alauita a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Las contestaciones apenas llegan al 10%. Con ellas y los informes evacuados por el Servicio de Protección a la Infancia local, las dos fuentes que exige la normativa, Mateos (o sus homólogos de o tras autonomías si alguno de los niños ya no está en Ceuta) deberá decidir si incoa o no expedientes de repatriación velando por el interés superior de cada uno.

"No se sabe si las 75 respuestas de Marruecos", apuntan desde los juzgados, "corresponden a niños que siguen en Ceuta o ya están en otras autonomías, en cuyo caso sería la Delegación de cada territorio la competente para decidir sobre su posible repatriación". Solamente en Madrid se ha registrado la aparición de cerca de 70 de los llegados en mayo.

Después de los primeros varapalos judiciales por la expulsión sumaria a mediados de agosto de 55 adolescentes solos y para cumplir con la ley la Oficina de Extranjería local se reforzó con 12 funcionarios y la Ciudad contrató a ocho intérpretes y 12 trabajadores sociales cuyos contratos expiran este marzo. El objetivo era gestionar con "la mayor celeridad" la repatriación de los chavales por el cauce ordinario, que nunca se ha utilizado en Ceuta. Este mecanismo solo se ha aplicado de forma esporádica en el conjunto de España, entre otras razones, por las trabas que a menudo impone Marruecos para cumplir con las garantías exigidas por la normativa española, que el pasado verano no facilitó ni siquiera el reencuentro de los niños (5) y padres que así lo deseaban.

Antes de incoar formalmente ningún expediente, la Delegación debe tener un informe "sobre las circunstancias familiares" de cada menor de su país de origen. El Gobierno ha enviado desde septiembre a Marruecos 700 requerimientos de información en los que incluye el nombre del niño y de sus padres, sus profesiones, dirección y teléfono. De ellos, solamente ha contestado en seis meses a 75 solicitudes, que equivalen a un 5% de los menores filiados en Ceuta durante los días, semanas y meses posteriores a la crisis de mayo. En aquellos días, 1.343 menores (1.256 niños y 87 niñas) fueron registrados en total, una vez que el Gobierno local detectó a algunos de los que se habían refugiado en casas de amigos o familiares.

Además de la información solicitada a Marruecos, la Delegación también debe recabar "cualquier información" sobre su situación "de la entidad que tenga atribuida la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda", es decir, del Área de Menores de la Ciudad. A esta entidad se le han pedido 585 expedientes, de los cuales un 90% ya han sido tramitados. El resto se terminará "antes de abril".

Con ambos dictámenes sobre la mesa, la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, que siempre ha defendido que "lo mejor" para esos más de 1.300 niños sería volver a sus casas, tendrá que decidir si promueve o no su repatriación formal, en cuyo caso deberían pronunciarse de nuevo tanto el Área de Menores como la Fiscalía, así como dar audiencia a los chavales (todos tendrán letrado de oficio, para lo que el Colegio de Abogados desarrolló con Save The Children unas jornadas específicas de formación) y designar a defensores judiciales imparciales. Todas las fuentes consultadas coinciden en que, por mucho que Mohamed VI dijese tras la reprimenda de la UE que quería de vuelta a los niños, es improbable o imposible que vuelva ninguno.