La Fiscalía ha archivado las diligencias abiertas para investigar la tragedia registrada en la valla de Melilla el 24 de junio, donde murieron al menos 23 personas, al no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siendo esta una situación seguida muy de cerca desde Ceuta.
La Fiscalía ha dado además traslado al director adjunto operativo de la Guardia Civil de la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contralos inmigrantes, por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria.
La Fiscal de Sala coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, firma el decreto de archivo al no ver indicios ni de posibles delitos de homicidio imprudente ni de omisión del deber de socorro; y considera también legales las 470 rechazos en frontera cuestionados por el defensor del pueblo. Recuerda no obstante a los ministerios implicados su obligación de garantizar que los inmigrantes tienen «posibilidades reales» de solicitar legalmente visado, protección internacional o asilo.
«Hay que garantizar que lo puedan hacer en los países de origen o de tránsito, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, a fin de asegurar que los migrantes que intenten acceder a nuestro país mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido», destaca en su escrito.
Recuerda la fiscal que la mayoría de las personas inmigrantes proceden de países en conflicto y son merecedoras de protección internacional.
«Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto», insiste.
La fiscal de Extranjería abrió su investigación el pasado 28 de junio
La fiscal de Extranjería abrió su investigación el pasado 28 de junio y durante seis meses, explica el Ministerio Público, se han practicado diversas diligencias, desde inspecciones oculares y toma de declaración a inmigrantes y agentes al análisis de informes, material videográfico y audios de lo ocurrido aquel 24 de junio.
Los únicos datos oficiales sobre las muertes y sus causas, resalta, son los facilitados por las autoridades marroquíes en el informe emitido a requerimiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; y solo Marruecos dispone de todos los elementos probatorios (cuerpos de los fallecidos, testigos, heridos, etc).
En su investigación, la Fiscalía ha constatado que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas, fue «hostil y violenta», tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles».
De las diligencias practicadas, asegura, no puede concluirse que la actuación de los agentes que intervinieron incrementara el riesgo para la vida e integridad física de las personas que intentaban saltar la valla, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente.
Según apunta, ninguno de los agentes actuantes en el operativo tuvo conocimiento «de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias», por lo que en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio. Incluso de haberlo sabido, añade, no podrían habérselo prestado «sin riesgo propio».
La Fiscalía tampoco cuestiona los 70 rechazos en frontera, en los que según el defensor del pueblo no se respetaron «las garantías legales nacionales e internacionales»
Según el decreto, los guardias civiles que llevaron a cabo las devoluciones lo hicieron «en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española».
AUGC defenderá a los compañeros que actuaron en la frontera de Melilla «frente a la incongruente postura disciplinaria de la Fiscalía»
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), también con delegación en Ceuta, ha anunciado este viernes su defensa a los guardias civiles ante lo que considera “infundadas y preocupantes acusaciones” por parte de la Fiscalía “si finalmente se abren expedientes disciplinarios”.
Tras tener conocimiento del comunicado de la Fiscalía en el cual comunica el archivo de las diligencias sobre los hechos ocurridos el pasado 24 de junio en la frontera de la ciudad vecina, la asociación ha manifestado su “indignación y preocupación” en relación ante la posibilidad de que se ponga “en la diana disciplinaria” a los guardias civiles que actuaron ese día.
“AUGC lleva años quejándose de falta de protocolos, sin que ningún Gobierno nos escuche. Llevamos años denunciando la caducidad de cascos y escudos que se rompen ante las piedras y palos de quienes buscan una vida mejor. Llevamos años con escasez de plantillas para reforzar nuestras fronteras y, ahora la culpa de una nefasta gestión será de los guardias civiles, de trabajadores que lo está dando todo en la frontera ante la dejadez de quienes cobran y tienen cargos de responsabilidad, precisamente, para solucionar estos problemas”, han señalado.
Han manifestado que ante lo anunciado este viernes, “los servicios jurídicos de AUGC defenderán a los compañeros si finalmente se abren expedientes disciplinarios contra los mismos. No vamos a permitir que el eslabón más débil de la cadena sea quien sufra las consecuencias. En todo caso, serán una magnífica oportunidad para poner en evidencia, una vez más, las condiciones de trabajo en la frontera, la falta de medios y de protocolos”.
Asimismo, han aprovechado la oportunidad para pedir al ministro del Interior y a la directora general “que estén a la altura de las circunstancias”.
