24 horas después de haber solicitado datos sobre un derribo ejecutado en las proximidades de la barriada del Príncipe Alfonso, en Ceuta, la Comandancia General ha explicado que se trató de una intervención cursada previo mandato judicial.
En un comunicado explican que el derribo corresponde a una orden procedente del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 cursada con la finalidad de la recuperación posesoria de una parcela de titularidad del Ministerio de Defensa.
Allí se había realizado una construcción de forma ilegal, consistente en un muro que la cerraba y unas casetas dentro de la parcela.
El derribo se llevó a cabo con absoluta normalidad en todo momento, con apoyo de la Policía Nacional y personal militar de la Unidad de Servicios de Base Teniente Ruiz y el Regimiento de Ingenieros nº 7 de la Comgeceu.
Unidades de la UIP de la Policía Nacional estuvieron fijas en la zona por si se producía algún incidente, algo que no tuvo lugar.
Labores ejecutadas bajo control policial
Las labores se llevaron a cabo durante la mañana de este miércoles, siendo imposible la obtención de los datos para verificar la información hasta este jueves.
Las órdenes judiciales que cursan las distintas instancias para luchar contra ocupaciones ilegales son ejecutadas con posterioridad por las administraciones implicadas, en este caso ha sido Defensa.
La Ciudad Autónoma ordena periódicamente la ejecución de órdenes de demolición de infraestructuras que han sido levantadas de manera ilegal.
En muchos casos los autores de esas obras ilegales se niegan a su demolición, por lo que es la propia administración la que ejecuta los trabajos para después cobrar por los mismos al responsable de la infracción. También se siguen procedimientos en los juzgados para que se recupere la ordenación del territorio en su estado original tras incursiones al margen de la ley.
