Red Eléctrica pone fecha al cable submarino que conectará Ceuta y la Península: «en 2025»

La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, se ha reunido este lunes con Sara Sevilla, Jefa del Proyecto de Conexión del Cable que unirá Ceuta con la península y Ágeda Arevalo, responsable tramitación del proyecto, una vez resueltas ya todas las incidencias que se sucedieron en relación con la ubicación de la subestación, que partirá desde Algeciras.

El cable que unirá Ceuta con la península tendrá un doble circuito uno submarino y otro subterráneo. Tendrá según las estimaciones una longitud cercana a los 70 km, 60 bajo el mar y de 10 km en tierra, subterráneos. El tramo terrestre en Ceuta está totalmente definido y el trazado en la península está ya fijado.

Para ello está previsto que se utilice tecnología de última generación ya que este sistema de cableado discurrirá enterrado por el fondo marino para incrementar su seguridad a unos a 900 metros de profundidad máxima.

Este emplazamiento desde la subestación algecireña agiliza la puesta en marcha de esta conexión eléctrica, garantiza que el cable discurrirá por un fondo marino con mayor estabilidad sedimentaria y alejado de las zonas de tráfico marítimo de buques.

Todo el trazado terrestre del cable será soterrado. El proyecto ya está concluido, pendiente de presentación una vez quede registrado durante el próximo mes. Debido al el alcance de esta iniciativa, y dado que se trata de una interconexión que afecta a dos comunidades (Andalucía y Ceuta), su tramitación ha sido realizada por la Administración General del Estado.

El cable submarino, clave para una Ceuta energéticamente sostenible

El cable eléctrico submarino que permita a la ciudad autónoma dejar de ser una isla energética debería comenzar a instalarse este año en el mejor de los escenarios contemplados, según las proyecciones que en octubre de 2019 trazó para esa inversión el director de Red Eléctrica Española en Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel González.

La nave oceanográfica noruega ‘Stril Explorer’, un buque equipado con algunos de los sistemas de exploración subacuática más avanzados del mundo, hizo en diciembre de ese mismo año en la bahía sur y el entorno de Punta Almina las prospecciones científicas de exploración para el tendido conectaría la playa de El chorrillo con el litoral de La Línea de la Concepción (Cádiz), aunque el Ayuntamiento de esa localidad gaditana presentó una alegación en contra del proyecto en febrero al entender que no queda acreditado que dicho proyecto sea inofensivo desde el punto de vista medioambiental, debido a su afectación sobre la pesca local y a las especies protegidas únicas existentes en el ecosistema linense.

A la espera de que se despejen todas las incógnitas pendientes, Endesa considera que su puesta en funcionamiento es clave para poder tener en el horizonte de 2040 un sistema energético descarbonizado y sostenible en la ciudad.

Según la empresa «cubriría la práctica totalidad de la demanda con importación de renovables desde la península» y «se complementaría fundamentalmente con autoconsumo, ya que existe una importante limitación de espacio para desarrollar instalaciones a gran escala».

Tras el encuentro, desde la Delegación del Gobierno de Ceuta se ha puntualizado que desde Red Eléctrica Española (REE) se «sigue trabajando en la definición técnica del proyecto para conseguir la solución más eficiente para el punto de partida del cable en la península, que no partirá desde Algeciras, sino desde una subestación denominada “Algeciras”». También indican que todo el trazado terrestre del cable será soterrado, tanto en Ceuta como en la península y que desde REE se «continúa trabajando para conseguir la solución más eficiente aprovechando las instalaciones ya existentes».

 

 

 

¡No al intrusismo laboral!, gritan los vigilantes de seguridad frente a la Delegación del Gobierno

Tal y como lo habían anunciado, los vigilantes de seguridad de los centros y albergues de acogida de menores se han concentrado este lunes frente a la Delegación del Gobierno con dos objetivos: rechazar el intrusismo laboral en la seguridad privada y exigir que se cumpla la normativa al respecto.

Sonando silbatos y portando banderines rojos y violetas de CCOO y UGT, respectivamente, un numeroso grupo de afectados ha acudido a la convocatoria que se ha hecho para la mañana de este lunes.

Ramón Sánchez Pascual, secretario general de la Federación Regional de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT, ha dicho que están dándole visibilidad a lo que ellos consideran un problema de intrusismo laboral en la ciudad.

“Parece ser que la seguridad privada molesta, y desde aquí exigimos a la Delegación del Gobierno que no solo recomiende, que ha sido la contestación a la denuncia que formulamos en agosto, que haya vigilantes en los centros o residencias de los centros de menores acogidos ahí, por el bien, por la integridad de los propios residentes y de los trabajadores, y por eso pedimos a la Delegación del Gobierno que haga cumplir con la ley”, ha comentado.

También ha querido enviar un mensaje a la Unidad Provincial de Seguridad Privada, dependiente de la Jefatura Superior de Policía. “Para que realice un esfuerzo mayor al que hace, por ejemplo en la empresa Amgevicesa, que lleva años usurpando funciones de seguridad que no le son propias”, ha agregado.

Por su parte, Ángel Lara, secretario de Organización de la Unión Provincial de CCOO de Ceuta, ha apoyado las palabras de Sánchez. “Tenemos hoy por hoy una serie de empresas que están entrometiéndose en lo que sería la seguridad privada, como todos sabéis la seguridad privada está enmarcada dentro de una ley y solamente pueden ejercerla profesionales con una titulación que les habilita a poder ejercer y unas empresas que también estén habilitadas para ello”.

Ha denunciado que “hoy por hoy, por parte de la administración, en este caso de la Ciudad Autónoma, con la connivencia de la Delegación del Gobierno, están usurpando estas funciones empresas que ni están ellas acreditadas para hacer estas funciones de vigilancia, ni los trabajadores que están contratados tampoco tienen la acreditación oportuna”.

Una segunda concentración también estaba convocada frente al Palacio de la Asamblea, desde las 12.30 hasta las 14.00 horas.

Los trabajadores transfronterizos no descartan una huelga de hambre para exigir sus derechos

¡Pedimos igualdad, dignidad y libertad! Han gritado los trabajadores transfronterizos frente a la Delegación del Gobierno de Ceuta durante unos 10 minutos en una nueva concentración en la que han exigido que se respeten sus derechos y han anunciado la posibilidad de nuevas acciones para ejercer sus reclamaciones.

Abdeselam Mohamed, presidente de la Asociación Alas Protectoras de Ceuta, ha estado en la actividad de este lunes apoyando al grupo y ha señalado que es necesario que se haga algo para ayudar a los transfronterizos. También han estado presentes Asociación Al Ambar, Al Amal y Movimiento Solidario.

“Vinimos aquí a esta concentración, tres asociaciones más, para apoyar esta causa, porque estas familias tienen tantos derechos como nosotros de movimiento, para no perder el trabajo, es un derecho constitucional. Lo que no puede ser es que la Delegación del Gobierno esté jugando con ellos diariamente, y esos padres tienen que estar aquí diariamente un día sí y otro día sí, reclamando un derecho”, ha comentado.

Ha insistido en que estas personas lo que están solicitando es la libertad de movimiento para poder viajar y visitar a sus familiares.

“Ya llevan dos años aquí encerrados y hay padres y madres que tienen hijos, y la lógica es que estos señores y señoras vayan a visitar a sus familiares, trabajan aquí, cotizan aquí, no sé por qué no le dan una solución ya, deberían de darle una solución”, ha agregado.

Finalmente ha señalado que si la Delegación del Gobierno no les da una respuesta, tendrán que optar por otro tipo de reclamaciones, no descartando una huelga de hambre. “De momento ellos no van a hacer ningún movimiento, pero también pueden hacer huelga de hambre, esperando a ver lo que diga la Delegación del Gobierno, si la Delegación del Gobierno falla con ellos, no le da ninguna solución, pues tendrán que hacer otra forma de reclamación, hasta huelga de hambre”.

El Gobierno ordena la devolución de todas las multas del primer estado de alarma

El Gobierno ha ordenado crear un equipo de trabajo para proceder a la devolución de todas las multas que se impusieron a los ciudadanos durante el primer estado de alarma por la COVID-19 y anular los expedientes que seguían siendo tramitados por la administración. Ceuta y Melilla presentaban las menores cifras, con 9.472 y 4.199 en cuanto a propuestas de sanción se refiere, respectivamente. Ahora, todas las denuncias quedarán anuladas tras el anuncio del Gobierno para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional.

Tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el primer estado de alarma, el Ejecutivo ha creado equipos de trabajo con todas las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, participando también la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público y Política Territorial.

Con el asesoramiento de equipos informáticos, el Gobierno procederá a la devolución «de oficio» de la cantidad que se cobró en las sanciones impuestas en cumplimiento del estado de alarma. Para ello, se habilitará un mecanismo para que los ciudadanos consignen una cuenta bancaria desde la que poder llevar a cabo la transacción.

En el equipo participan las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno de todas las comunidades autónomas excepto Cataluña y País Vasco, que tienen la competencia en esta materia transferida.

Un millón de multas

El estado de alarma declarado por el Real Decreto de 14 de marzo habilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario, pero el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaró incostitucional esta medida.

El balance final dejó 1.142.127 multas impuestas en toda España en el primer estado de alarma, desde el 14 de marzo al 21 de junio, y al menos 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma, desde 26 de octubre hasta mayo, según datos del Ministerio del Interior facilitados en marzo, cuando se cumplió un año del primero de los estados de alarma.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública actualizó la cifra en mayo al informar de que las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno habían resuelto ya con sanción 172.482 expedientes, el 50,1% del total.

Las delegaciones del Gobierno tramitaron estos expedientes a raíz de las propuestas de sanción tramitadas por Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos autonómicos y locales. Correspondía, por tanto, al confinamiento domiciliario más estricto y a las multas tramitadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ‘ley mordaza’.

Multas cobradas

De las 481.969 actas de propuesta de sanción tramitadas, 172.482 se habían resuelto con sanción; 87.826 habían sido trasladadas a otras administraciones (autonómicas y locales); 54.193 se encontraban todavía en proceso de instrucción; y 11.206 habían sido archivadas. El resto, 156.262, tras el análisis del instructor correspondiente se había determinado que, a la vista de los hechos, «no procedía iniciar el procedimiento sancionador por distintas causas».

Andalucía (195.986) y Madrid (184.517) eran las comunidades autónomas en las que más expedientes de denuncia se interpusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio.

Para atender al volumen de expedientes y a la «desproporcionada carga de trabajo», Política Territorial anunció en mayo que ponía en marcha un programa de refuerzo para agilizar la tramitación de multas con la idea de que quedaran «resueltos en tiempo y forma». En total, había 235 efectivos en todo el país encargados de determinar si, a la vista de los hechos, procedía o no iniciar el expediente sancionador.

Mateos felicita al jefe del Segundo Batallón de Intervención de Emergencias de la UME

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, se ha reunido este miércoles con el Teniente Coronel jefe del Segundo Batallón de Intervención de Emergencias de la UME, José Alberto López, que ha visitado nuestra ciudad con motivo del simulacro que se está realizando. Se trata de un ejercicio ante un eventual terremoto con una elevada intensidad que provocaría una rotura en el embalse del Infierno, con los riesgos que esta situación podría conllevar.

Salvadora Mateos ha expresado el «aprecio y reconocimiento» de toda la ciudadanía ante las complejas misiones que desempeña esta unidad, por cuyo trabajo se han ganado el «respeto y alta valoración de los españoles».

La Unidad Militar de Emergencias (UME) es una fuerza conjunta, organizada con carácter permanente, que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, junto con las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.

Creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, nace para mejorar la respuesta del Estado a las emergencias, convirtiéndose en la unidad de primera intervención de las Fuerzas Armadas en estas situaciones.

Desplegándose por todo el territorio desde 2005

La Unidad Militar de Emergencias (UME) es una unidad integrante de las Fuerzas Armadas Españolas creada por acuerdo del Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2005, por iniciativa del entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente, mediante el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, se estableció su organización y su despliegue y se implantó como una fuerza militar conjunta de carácter permanente dentro de las Fuerzas Armadas con la finalidad de intervenir de forma rápida en cualquier lugar del territorio nacional español.

A pesar de ser una de las unidades más jóvenes del Ejército español, ha intervenido en emergencias en todo el territorio nacional y en varias misiones internacionales.

Los militares que forman la UME disponen de una preparación específica que radica principalmente en una formación sanitaria de emergencia; también son instruidos para la actuación frente a incendios forestales, inundaciones, grandes nevadas, derrumbes y riesgos tecnológicos.

La UME fue una de las unidades más implicadas en la gestión de crisis y respuesta asistencial durante la pandemia COVID-19 de 2020, en el marco de la Operación Balmis, desempeñando funciones de desinfección y soporte en residencias geriátricas.

Durante el invierno pasado y como consecuencia de la borrasca Filomena y las grandes nevadas que dejó a lo largo de todo el país, sus servicios volvieron a ser requeridos para despejar carreteras y liberar a conductores atrapados en el hielo y la nieve, así como para despejar el camino a hospitales, almacenes y supermercados.

Actualmente su actividad está centrada en la isla de La Palma tras la erupción del Volcán ‘Cumbre Vieja’, aunque la Unidad Militar de Emergencias está desplegada en siete bases por toda la geografía española.

El Plan de Empleo de la Delegación sacará del paro a 722 ceutíes, un 42,7% personas sin cualificación

El director territorial del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), José Simón, ha presentado este martes los Planes de Empleo 2021-2022 de la Delegación del Gobierno, que sacarán del paro a 722 ceutíes desde diciembre hasta el 30 de junio del año próximo. Casi un 43% del total, concretamente 309 contratados, serán desempleados sin cualificación y más de un centenar titulados universitarios, mientras que los graduados medios o superiores en FP absorberán otros trescientos puestos en los doce programas planteados por la institución de la Plaza de los Reyes.

Simón ha asegurado que con estas incorporaciones no se cubren puestos “estructurales” de la administración y que los beneficiarios percibirán un nivel retributivo igual al del año pasado, ya que las sentencias que obligan a pagar las cantidades recogidas en el Convenio Único del Personal Laboral, sensiblemente superiores, todavía “no son firmes”.

El máximo responsable del SEPE en la ciudad ha repasado las tareas que realizarán los contratados a través de un proyecto que contará con 11,9 millones de euros de presupuesto. Serán labores “adaptadas a la realidad de Ceuta” concebidas “con el objetivo de mejorar la empleabilidad” de los seleccionados, cuya lista definitiva está actualmente en proceso de elaboración mientras se recopila la documentación de los preelegidos.

El Plan de Empleo de la Delegación volverá a servir para reactivar las aulas matinales y vespertinas de 8.00 a 9.00 y de 14.00 a 15.00 horas que pretenden “mejorar la conciliación laboral y familiar”, así como para reforzar la plantilla de conserjes de los centros escolares, dotarlos con enfermeras escolares (16 a razón de una por cada dos, ya que “no había más desempleados inscritos con el perfil de DUE”) e incorporar cuidadores (23) para el alumnado con necesidades especiales.

Un programa vendrá a poner en marcha clases de alfabetización para menores migrantes solos y otro acompañará la “digitalización” de las aulas con ingenieros y técnicos de Informática. Además, se mantendrán los ya tradicionales de tareas medioambientales y de cuidado de instalaciones militares y públicas en general.

Un total de 12 programas de diversas áreas

Simón ha adelantado que los programas harán especial hincapié en la formación de los beneficiarios, que tendrán jornadas de siete horas diarias.

El programa de formación nace con el objeto de facilitar a los trabajadores contratados en el Plan de Empleo la inserción socio-laboral y del mismo modo adquieran conocimiento en diferentes ámbitos. En total, son 12 programas: ‘Prevención de Riesgos Laborales y apoyo a la gestión Plan de Empleo’ (11); ‘Conciliación, acompañamiento escolar y refuerzo educativo’ (325); ‘Inclusión educativa’ (86); ‘Restauración ambiental del dominio público hidráulico de Ceuta’ (33); ‘Apoyo al mantenimiento de instalaciones militares’ (49); ‘Apoyo a las instituciones culturales militares’ (25); ‘Conservación del espacio portuario’ (11); ‘Apoyo a la conservación del patrimonio natural y cultural de Ceuta’ (56); ‘Apoyo a los organismos públicos’ (83); ‘Formación trabajadores Plan de empleo’ (3); ‘Vigilancia ambiental del litoral de Ceuta’ (17) y ‘Apoyo al mantenimiento de los inmuebles públicos’ (23).

El equipo de profesionales que forman parte del programa de formación, inicialmente se encargarán de realizar unos cuestionarios con el fin de recabar información sobre aspectos como: nivel de estudios, conocimiento de lengua hablada, escrita y leída en castellano y hablada y escrita en árabe, así como posibles enfermedades y discapacidades que puedan presentar los trabajadores del plan de empleo. Con la realización y análisis de estos cuestionarios se pretende recabar datos para así adaptar el puesto de trabajo al perfil del trabajador.

Durante el periodo de contratación estos trabajadores recibirán una formación específica en diferentes áreas relacionadas con la educación y promoción de la salud, habilidades sociales y competencias profesionales, orientación laboral, educación para la igualdad de género.

Los fondos europeos para la descarbonización también llegarán a Ceuta

La lluvia de dinero que traerá el fondo de recuperación europeo con un reparto para España de hasta 140.000 millones de euros regará especialmente al sector de las energías limpias, ya que entre las prioridades anunciadas por la Unión Europea se encuentra el de acelerar la descarbonización y elevar la competitividad de la industria.

Por ello, el Consejo de Ministros, en su reunión de este martes y a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha aprobado transferir este mismo año 947,5 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para impulsar la implantación de zona de bajas emisiones en entornos urbanos, descarbonizar la movilidad y digitalizar el transporte.

En concreto, el Gobierno ha dado el visto bueno a la propuesta de distribución territorial de los fondos europeos de recuperación destinados a promover una movilidad segura, sostenible y conectada, que tendrá que ser ratificada en la Conferencia Nacional de Transporte que se convocará próximamente. El criterio de reparto empleado es por población de la cada comunidad y ciudad autónoma.

Trasferencias

En total, el Plan contempla transferir 1.010 millones de euros en dos años a las CCAA, Ceuta y Melilla para financiar sus inversiones directas en digitalización del transporte autonómico, transformación de la movilidad, reducción de las emisiones y mitigación del ruido.

Los 1.010 millones se desglosan en dos líneas. Una primera de 900 millones de euros para contribuir al funcionamiento de zonas de bajas emisiones (ZBE) en los entornos metropolitanos y para la transformación digital y sostenible del transporte público. Estas actuaciones deben contribuir a fomentar la movilidad sostenible en los municipios de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia, que concentran más del 50 por ciento de la población, aunque también podrán ser elegibles actuaciones relacionadas con municipios de menor tamaño, siempre que cumplan las siguientes condiciones:

  1. Municipios que, sin cumplir el criterio anterior, sean colindantes o cercanos, teniendo al menos uno de ellos más de 20.000 habitantes, que constituyan en conjunto un área urbana o metropolitana de más de 50.000 habitantes o con una demanda importante de movilidad entre ellos.
  2. Islas con más de 20.000 habitantes y que dispongan de servicios de transporte terrestre.

Está previsto financiar hasta el 100% de los costes elegibles de estas actuaciones mediante fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los fondos llegarán a las CCAA en los próximos meses con cargo a 2021.

Por otra parte, estas ayudas contemplan 110 millones de euros para actuaciones de digitalización de las CCAA en materia de transporte autonómico: servicios administrativos, sistemas de gestión de transporte a la demanda o soluciones de pago integradas, entre otras cuestiones, en relación con el transporte de mercancías y de viajeros por carretera o ferrocarril de su competencia. De esta línea, 47,5 millones se transferirán con cargo a 2021 y los 62,5 millones restantes el año que viene.

Actuaciones

La línea de 900 millones de euros, que viene a reforzar los proyectos que los municipios van a ejecutar para descarbonizar y digitalizar la movilidad y las ciudades con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), está integrada en el componente 1 “Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos” y los 110 millones forman parte del componente 6 “Movilidad sostenible, segura y conectada” del PRTR.

Por ejemplo, con cargo a las transferencias de 900 millones, las CCAA podrán acometer proyectos para priorizar el transporte colectivo y mejorar su accesibilidad, construir aparcamientos disuasorios, impulsar la sostenibilidad y digitalización de las estaciones de autobús, desarrollar itinerarios peatonales, redes de carril-bici y aparcamientos para bicicletas o implementar medidas de fomento a la movilidad activa y construir apeaderos u otras instalaciones que resulten necesarias para la ampliación del sistema metropolitano de transporte ferroviario.

En definitiva, la financiación está destinada a proyectos que supongan una mejora en la calidad del aire y ayuden a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, el ruido y la siniestralidad, haciendo más atractivo el transporte colectivo y la movilidad activa en el ámbito urbano y metropolitano como alternativa al uso de vehículo privado.

Asimismo, las actuaciones acelerarán la digitalización del transporte y contribuirán al funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que deben implementar los municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia.

Cogobernanza

La cogobernanza con las comunidades y ciudades autónomas es fundamental para ejecutar con éxito el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cumplir con los exigentes objetivos pactados con la Comisión Europea para recibir los 69.500 millones de euros en subvenciones directas no reembolsables.

En total, las CCAA, Ceuta y Melilla van a recibir por parte de Mitma 6.420 millones de euros en transferencias del PRTR, de los que 3.420 millones son para rehabilitación residencial, 1.000 millones para la construcción de 20.000 viviendas en alquiler asequible y 480 millones para rehabilitación de edificios públicos.

Asimismo, la cifra incluye 1.520 millones de euros para movilidad sostenible, que se desglosan:

  • En la línea destinada al impulso de zonas de bajas emisiones, aprobada hoy, dotada con 900 millones de euros.
  • La línea destinada a la 110 digitalización de las propias comunidades autónomas en cuanto al transporte autonómico, también aprobada hoy, dotada con 100 millones de euros en total de los cuáles 62,5 millones se trasferirán en 2022.
  • La línea destinada a la digitalización del sector del transporte, a través de líneas de ayudas sobre las que se avanzará en 2022, dotada con 110 millones de euros.
  • Y la línea destinada a la renovación de flota de vehículos industriales, de próxima aprobación., dotada con 400 millones de euros.

Tras 10 años sin trabajar: “El Plan de Empleo era nuestra salvación”

Son pocas las oportunidades de encontrar un trabajo que ofrece Ceuta y más ahora con la triple crisis que vive nuestra ciudad tras el cierre de la frontera con Marruecos y la pandemia. Esto lo saben Saida Ahmed y Aisha Mohamed, dos ceutíes que llevan más de diez años sin trabajar y que veían como última posibilidad entrar en el Plan de Empleo de la Delegación del Gobierno.

A sus 47 años, ambas reconocen que “si no nos llaman del Plan de Empleo, pocas opciones tenemos de entrar en una empresa privada con la edad que tenemos”. “Yo nunca he salido y llevo en paro 11 años. Si eso no es antigüedad, que venga Dios y me lo diga. Además, soy una mujer maltratada y estoy a cargo de mis tres hijos. Pero nada, no me han llamado nunca ni he salido en las listas. Necesito trabajar de cualquier cosa, peón, conserje, limpiadora o lo que sea. Anteriormente he trabajado cuidando a personas mayores y tengo mi titulación y todo. Pero siempre me presento y nada”, lamenta Saida, vecina de Bermudo Soriano.

En la misma situación se encuentra Aisha, su amiga. Su única esperanza era “trabajar unos meses” en el Plan de Empleo de la Delegación. “En enero va hacer diez años que estoy en el paro. Quiero trabajar, pero nunca me llaman. El SEPE dice que llaman a la gente que tiene títulos, pero hay mucha gente que no tiene ni título ni nada y cada dos o tres años entran. Si ponen un examen se verá porque mucha gente no sabe ni leer. Para votar tenemos derecho, pero para trabajar no”, relata.

La indignación de estas dos ceutíes tiene una, o incluso, varias razones: ambas son madres. Aisha vive con sus cinco hijos en el Príncipe y “por ellos” sale cada día a buscar trabajo.

Sin embargo, lo cierto es que si de por sí el mercado laboral ya estaba expulsando a los mayores de 45 años, la pandemia ha agravado todavía mucho más esta cuestión. “Somos personas y tenemos derecho a trabajar. Tengo rabia porque nunca me han llamado. Llevo desde los 16 años sellando el paro, y tengo toda esa antigüedad, pero no sirve de nada. No tenemos derecho a nada y estoy harta de esta situación”.

Ahora solo les queda esperar. Aisha y Saida han presentado alegaciones en la oficina del SEPE en el número 3 de la calle Rampa de Abastos y esperan “a ver si con un poco de suerte” las incluyen en el listado definitivo que saldrá en los próximos días porque “el Plan de Empleo es nuestra salvación y la de nuestras familias”.

La apertura del Tarajal, más cerca: las obras de la frontera inteligente, en noviembre

Es la noticia que todos esperan conocer en Ceuta. La apertura de la frontera que separa la ciudad de Marruecos todavía no tiene fecha, aunque el camino para llegar a la meta cada vez es más corto.

La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha anunciado este lunes que en noviembre empiezan las obras de instauración de la frontera inteligente y que los transfronterizos podrán pasar aunque todavía no estén terminadas las actuaciones. “La frontera no tiene fecha de apertura que sepamos”, ha insistido Mateos, pero las obras que faltan sí que empezarán en semanas.

Se tendrá una “frontera inteligente como queremos”, es decir, sabiendo quién entra y quién sale además de para qué. No tendrá nada que ver, o al menos es lo que se espera, con el anterior paso fronterizo que se cerró con motivo de la pandemia.

Reconocimiento facial y tarjetas

Todavía no se ha llegado a los acuerdos necesarios para abrir el paso fronterizo ya que de hecho no se sabe cuándo terminará la obra de seguridad y reconocimiento de personas que se va a instaurar, con sistema facial de control. Lo que se anunció en su día como medida de seguridad pasaba por la puesta en marcha de sistemas de control de la cara para evitar el uso de documentos falsificados.

Habrá un “cambio total” de frontera aunque cuando pasen los transfronterizos será todavía “medio inteligente”, ha aclarado ante los periodistas la delegada.

Mateos ha recordado que los trabajadores marroquíes pasarán con su tarjeta, no guardarán colas. De momento les recuerda que tengan lista la documentación para cuando se informe de la apertura puedan pasar rápidamente y no tengan que esperar tiempo para cruzar. Por eso llama a quienes están en el vecino país a que tengan todo listo para que cuando se dé la noticia no tengan que esperar.

Luz verde a las 90 viviendas de alquiler en Loma Colmenar, que estarán en 22 meses

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha visitado la parcela de Loma Colmenar ante el inicio de la edificación de 90 viviendas protegidas en régimen de alquiler. A partir de hoy, cuando se ha firmado el acta de inicio de estas obras con la presencia de la constructora, una UTE entre una entidad de Ceuta y otra de Valencia (Orthem servicios y actuaciones ambientales, S.A.U. y Áridos y transportes del Estrecho, S.A.), y representantes del SEPES, hay un plazo de 22 meses para la puesta en marcha de estas actuaciones que, tal y como ha recalcado Mateos, no serán las últimas.

“No van a ser las únicas, vamos a continuar y esperemos que en el plazo establecido se puedan entregar y que el parque de viviendas en alquiler vaya creciendo porque nos hace mucha falta en Ceuta”, ha expuesto en una comparecencia ante los medios de comunicación.

A partir de esta actuación, se irán haciendo más obras en materia de vivienda. “Estas son las primeras pero vamos a continuar porque hacen falta en Ceuta”. Se está estudiando dentro de las parcelas que pertenecen al Ministerio de Transportes el número de viviendas que puede seguir construyéndose, viéndose lo que es más conveniente para su desarrollo. Con anterioridad a estas 90 se llevaron a cabo por ejemplo las promociones de las 317 y de las 170.

Al margen de esta zona, se tiene previsto hacer más casas en un solar ubicado al lado de la antigua cárcel de Los Rosales, tal y como ha puntualizado la propia Mateos.

Así serán las viviendas que se llevarán a cabo

El proyecto define la construcción de cuatro bloques destinados a viviendas sometidas a régimen de protección pública, con aparcamiento y trastero asociados, y locales comerciales sin uso específico (90 viviendas; 104 plazas de garaje, 90 asociadas a las viviendas y 14 libres; 91 trasteros, 90 asociados a las viviendas y 1 de la comunidad; y 9 locales). Una vez aprobado el proyecto sale a licitación.

Son objeto del contrato todas las obras necesarias para la construcción de un complejo edificatorio formado por cuatro bloques destinados a viviendas protegidas que constan de 90 viviendas (49 viviendas de 2 dormitorios y 41 viviendas de 3 dormitorios, 2 de ellas adaptadas para uso por personas con movilidad reducida), 9 locales comerciales sin uso específico en planta baja (que pueden agruparse), 91trasteros y 104 aparcamientos distribuidos en las plantas -01 y -02, en un solar poligonal de 5.048 m² de superficie, además de la urbanización del complejo, que se definen en el Proyecto de ejecución de 90 viviendas y locales comerciales en la parcela D2 de la Actuación Loma de Colmenar.

La actuación ‘Loma Colmenar’ ha sido desarrollada en virtud de diferentes convenios de colaboración, que ha permitido dotar a la Ciudad Autónoma de 460.000 m² de suelo urbanizado para uso residencial, industrial, comercial y dotaciones, donde Sepes ha edificado hasta el momento 487 viviendas protegidas, además de la implantación de equipamientos generales de la ciudad.

La inversión total realizada por la Entidad Estatal de Suelo, hasta el momento, en la actuación ‘Loma Colmenar’, supera los 110 millones de euros.