Normas reguladoras para la explotación de servicios de temporada en las playas

La Delegación del Gobierno en Ceuta, a través de su Área de Fomento, ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) de este viernes el modelo de solicitud y el pliego de condiciones técnicas que regulan la explotación por terceros de los servicios de temporada correspondientes al año 2026 en el litoral de la ciudad.

De conformidad con el art. 152.1 del Reglamento de Costas, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública el modelo de solicitud y el pliego de condiciones de las normas reguladoras técnicas para la explotación.

Plazo de 20 días naturales

El anuncio establece que el plazo para presentar solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución. Durante ese periodo, los interesados podrán iniciar el procedimiento para optar a la explotación de servicios de temporada en el dominio público marítimo-terrestre.

Cómo presentar solicitudes

Las solicitudes iniciales deberán presentarse preferentemente a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado, disponible en el portal oficial habilitado para este trámite (https://rec.redsara.es/es). Estas solicitudes deberán dirigirse al Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

No obstante, el procedimiento también contempla la posibilidad de realizar la presentación de forma presencial para aquellas personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

O bien, de forma presencial para aquellos interesados que no estén obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, en cualquiera de las oficinas de registro a las que hace referencia el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Delegación advierte de que no se admitirán por correo electrónico.

Documentación requerida para la presolicitud

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud utilizando el modelo oficial recogido en el Anexo I, que corresponde a la presolicitud para la explotación por terceros de los servicios de temporada.

Este documento deberá ir acompañado de un plano de ubicación con una escala mínima de 1/500, en el que se represente la ubicación de la instalación solicitada y las líneas de deslinde del dominio público.

Para facilitar este trámite, la Delegación del Gobierno ha puesto a disposición de los interesados instrucciones para generar el plano de ubicación mediante la herramienta del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), accesible a través de su página web (https://mptmd.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/ceuta/proyectos-ci/informacion-servicios-areas/area-funcional-fomento).

Consulte aquí el BOCCE de este viernes

Todas las instalaciones deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la Ley 22/1988, de Costas y su Reglamento de desarrollo (RD 876/2014), y en el pliego de Condiciones técnicas publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 6085 de 09/04/2021 bajo el número de orden 243.

Asimismo, deberán cumplir con las condiciones técnicas publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6085, de 9 de abril de 2021, donde se recogen las normas reguladoras técnicas para este tipo de servicios de temporada.

Estas condiciones establecen los requisitos que deben reunir las instalaciones que ocupen el dominio público marítimo-terrestre, con el objetivo de garantizar su correcta integración y funcionamiento en el entorno litoral.

Otras especificaciones

Todas las instalaciones deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la Ley 22/1988, de Costas y su Reglamento de desarrollo (RD 876/2014), y en el pliego de Condiciones técnicas publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 6085 de 09/04/2021 bajo el número de orden 243.

«Los adjudicatarios de títulos para la ocupación del dominio público asumen una serie de deberes, de manera particular la «obligación del adjudicatario de mantener en buen estado el dominio público, obras e instalaciones» recogida en el artículo 76 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Obligación que viene recogida expresamente en cada título como cláusula independiente».

El mantenimiento en buen estado de los establecimientos abarcaría todos aquellos trabajos necesarios para subsanar cualesquiera menoscabos producidos por causas fortuitas, accidentales o por el natural uso del bien, incluyendo las reparaciones de cualquier tipo y repintados. Todo ello con la finalidad de garantizar unos estándares mínimos de imagen y decoro que redunden en beneficio del dominio público marítimo-terrestre.

«La unidad de Costas de la Delegación del Gobierno en Ceuta estará especialmente vigilante en el cumplimiento de esta obligación».

Durante la tramitación, se podrá requerir una previa inspección visual de las instalaciones por personal adscrito a esta unidad, denegándose de manera motivada la solicitud si se apreciase que no se encuentran en un adecuado estado de conservación.

En caso de recibirse varias solicitudes para la misma localización, se estará a lo dispuesto en los artículos 155 (preferencia en el otorgamiento de los títulos solicitados) y 158 (Concurso para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones) del R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

Una vez examinadas las solicitudes presentadas, se requerirá a las personas interesadas la aportación de la documentación preceptiva necesaria para su tramitación, que deberá ser presentada en el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la recepción de la correspondiente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para cualquier duda o información pueden dirigirse al correo electrónico: ar****************@********ob.es o al teléfono 956.98.44.95/96.

Plan de Empleo: 5 días para que 28 seleccionados presenten documentación

En una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE)  ha sido publicado el requerimiento para la presentación de documentación a los seleccionados del Programa de inserción laboral a través de obras y servicios de interés general y social 2024 (Plan de Empleo de Administración General del Estado 2024).

De acuerdo con lo que se señala en el documento, “de conformidad con la Resolución de adjudicación 03.12.2024, por lo que se resuelve la convocatoria de adjudicación de subvenciones en el ámbito del convenio SEPE-Administración General del Estado y de acuerdo a la establecido en el Anexo II del procedimiento de Gestión de las Ofertas publicado en BOCCE de 05.07.2023 se procede al requerimiento para la presentación de documentación de los seleccionados para el Plan de Empleo de Administración General del Estado,, a los efectos de máxima difusión».

Descarga aquí el listado completo de personas que deben aportar documentación

De esta manera, el plazo que se establece para aportar esta documentación es de cinco días a contar desde el día siguiente a su publicación, es decir, hasta el próximo 9 de abril.

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Para la presentación de la documentación los 28 seleccionados que aparecen en este listado podrán acudir al Registro General de la Delegación del Gobierno, que actualmente y a causa de la obra que se está llevando a cabo en la sede de la Delegación, se encuentra ubicado en la Avda. Otero, Edificio Mutua, s/n (donde se ubica la Oficina de Extranjería).

A los seleccionados se les recuerda que la presentación de documentación se podrá realizar de forma electrónica en el registro electrónico de la Delegación del Gobierno o de forma presencial, solicitando cita previa a través de la siguiente dirección: https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=OIACR.

Documentos que se deben presentar

Por otra parte, se informa a los demandantes seleccionados, en total 28 en esta oportunidad, que deberán aportar la siguiente documentación para todas las ocupaciones:

  • Fotocopia del DNI/NIE.
  • Fotocopia del documento de la Seguridad Social en el que figure su número de afiliación.
  • Fotocopia del documento bancario con el número de cuenta o libreta de la que sea titular.

En el mismo documento se alerta a quienes aparecan reflejados en la lista que ha sido dada a conocer este jueves que “la no presentación en el lugar y fecha indicados podrá constituir una infracción tipificada en el art. 17 y 24 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que podrá conllevar la imposición de las sanciones recogidas en el art. 47 del mismo texto legal, previa incoación del procedimiento sancionador que corresponda.

Asimismo, se señala que “contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Ceuta en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación del presente acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».

¿Cuánto cobrarán los beneficiarios del Plan de Empleo?

La Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio publicó a primeros de marzo en el Boletín Oficial del Estado la resolución, firmada el pasado 27 de febrero, mediante la cual se formalizaba el convenio entre la Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma de Ceuta para el desarrollo del Plan de Empleo 2024-2025, en el que se recogen las retribuciones que recibirán estos empleados, que como mínimo cobrarán unos 1.900 euros.

La finalidad de este convenio, firmado por el presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, y la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, no es otra que fomentar la creación de empleo en la ciudad a través de la contratación de 455 trabajadores, que «prestarán servicios en colaboración con diferentes entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro en la realización de obras y servicios de interés general y social».

CSIF sale a la calle en defensa de las condiciones de los empleados públicos

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) se ha manifestado esta mañana, a las 12.00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta en defensa de las condiciones laborales y las retribuciones de los empleados públicos, así como por la dignificación de la labor que llevan a cabo.

Juan Iglesias, presidente de CSIF en Ceuta, ha pedido que “de una vez por todas se dignifique esta labor y se adapten sus condiciones laborales y retribuciones al momento actual y a la situación económica de la actualidad”.

El sindicato más representativo de las Administraciones Públicas ha denunciado que los empleados públicos siguen sin ser recibidores del 0,5% del acuerdo retributivo firmado en noviembre de 2022 con Comisiones Obreras y UGT con el Gobierno, pendiente desde el 1 de enero de 2024.

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Prosiguiendo, ha reiterado la necesidad de establecer mecanismos para que “estas pérdidas retributivas que ya alcanzan desde esa firma en 2022 un 8,3% y alcanzando un 20% desde 2010, no sigan sucediendo”.

Iglesias ha retomado el pasado para recalcar que durante la pandemia se salía a los balcones para aplaudir a los sanitarios, por ejemplo, y una vez pasada esta, de nuevo, han caído en el olvido, “continuando estos con unas retribuciones y condiciones laborales que cada vez están haciendo más difícil llevar a cabo esa labor tan esencial para el resto de la ciudadanía, llegando a un colapso del sistema y poniendo en peligro el estado de bienestar”.

CSIF pide una actualización

Desde CSIF han pedido una actualización y mejora de las jubilaciones para el régimen general y para las clases pasivas; así como establecer para el personal funcionario y estatuario un mecanismo de forma inmediata para que puedan disfrutar de la jubilación anticipada, que según ha indicado Iglesias, “va a ser imposible probablemente hasta el último trimestre del año y que tendría que haberse implementado a fecha 1 de abril”.

Dicho esto, CSIF se ha autoproclamado una vez más como la voz de los funcionarios en esta lucha porque esta “sangría retributiva que sufren los mismo año tras año no es de recibo”.

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“Todos los empleados y empleadas públicas deberían haber actualizado esto con este sistema, con ese mecanismo que haga posible que año tras año no pierdan poder adquisitivo y no sean siempre los paganos de las diferentes crisis económicas y, cuando estamos en una situación que es positiva económicamente, tampoco ven recuperada esa pérdida”, ha manifestado Iglesias.

A la pregunta de cómo se pretende llegar a este objetivo marcado por CSIF sin Presupuestos Generales del Estado, teniendo en cuenta que no se puede establecer un techo de gasto, Iglesias ha respondido sin titubeos: “El Gobierno, efectivamente, tiene muy difícil tal y como está el arco parlamentario el sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado, pero sí que hay mecanismos como vía Real Decreto para ir sacando partidas para poder solucionar esto”.

«Cuando quieren, para otras cosas pueden»

Además, ha añadido que “cuando quieren, para otras cosas pueden”, refiriéndose al Gobierno Central.

“Es más, el 0,5% que esta mañana el ministro de Función Pública se despertaba diciendo que hasta que hubiera presupuestos no, esa subida está cuantificada en los presupuestos del año anterior, es una partida de 700 millones. Podrían hacerlo de hoy para mañana, solo necesitan un acuerdo del Consejo de Ministros, que ya lo anunció varias veces, y luego, por circunstancias excepcionales o de actualidad política puntuales, quedó aparcado para la siguiente reunión y hasta hoy no ha llegado”, ha concluido Iglesias.

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Junto al presidente de CSIF ha acudido una veintena de manifestantes sujetando carteles que incluían manifiestos como: “A igual trabajo, igual salario, por la equiparación retributiva de la AGE con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos”.

“Por la recuperación del poder adquisitivo y la homologación de salarios”, se podía ha podido leer en la pancarta principal que sujetaba el sindicato.

Prohibida la bollería industrial y los refrescos en los comedores escolares

España da un paso firme hacia una alimentación más saludable en los centros educativos con comedor como los existentes en Ceuta: se vetan los refrescos, la bollería industrial y se limita el uso de precocinados y fritos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, una nueva norma que revoluciona la oferta alimentaria en los centros educativos de toda España. La medida más destacada es la prohibición de servir bebidas azucaradas y bollería industrial en comedores escolares, máquinas expendedoras y cafeterías.

Esta normativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en colaboración con otros cuatro departamentos —Educación, Agricultura, Sanidad y Juventud—, persigue garantizar una alimentación equilibrada a todo el alumnado, independientemente de su nivel socioeconómico o lugar de residencia.

Adiós a los ultraprocesados: frutas, verduras y pescado, protagonistas del menú

Según ha explicado el ministro Pablo Bustinduy, la ley busca fomentar una dieta más variada y nutritiva, basada en productos frescos como frutas, verduras, legumbres y pescados, y reducir al mínimo el consumo de comidas precocinadas, snacks, fritos y alimentos ultraprocesados. A partir de ahora, los menús escolares deberán incluir cinco comidas saludables a la semana, tanto en colegios públicos como concertados y privados.

Una de las exigencias clave del decreto es que todos los comedores escolares sirvan fruta y verdura fresca a diario, y que al menos el 45% de estos productos sean de temporada. Con ello, no solo se pretende mejorar los hábitos alimentarios de los menores, sino también impulsar la producción local y favorecer al sector primario.

Las máquinas vending, bajo control: nada con más de 5 g de azúcar por ración

Uno de los cambios más notables es la eliminación de bebidas energéticas, refrescos azucarados y bollería industrial de las máquinas expendedoras y cafeterías dentro de los centros educativos. Se prohíbe la venta de cualquier producto que supere los 5 gramos de azúcar añadido por ración o que no respete los límites nutricionales establecidos por organismos como la OMS.

Además, el contenido energético de los productos ofertados no podrá superar las 200 kilocalorías por porción. También se han marcado límites específicos: máximo 7,8 gramos de grasa, 2,2 gramos de grasas saturadas, 5 gramos de azúcares libres y 0,5 gramos de sal por ración.

Aumenta la presencia de pescado, legumbres y cereales integrales en los comedores escolares

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Otro de los pilares de la nueva ley es reforzar la presencia de alimentos fundamentales para el desarrollo infantil. Así, los menús deberán ofrecer entre una y tres raciones de pescado por semana, algo que marcará un antes y un después en muchos comedores: según datos del Gobierno, en 1.200 colegios de España no se servía pescado nunca.

Las legumbres también deberán incluirse al menos una vez por semana, corrigiendo el incumplimiento de esta pauta en hasta un 14% de los centros actuales. En cuanto a los cereales, será obligatorio incorporar semanalmente una ración de arroz o pasta integral, además de varias de pan integral.

Los precocinados, limitados a una vez al mes

La ley también fija un tope para el uso de alimentos precocinados, como empanadillas, croquetas o pizzas: solo podrán servirse una vez al mes. Las frituras preparadas el mismo día, como parte de platos cocinados in situ, podrán ofrecerse una vez por semana como máximo, siempre que se utilice aceite de oliva o girasol alto oleico.

Una norma que aplica la Ley de Seguridad Alimentaria y busca frenar la obesidad infantil

Este real decreto desarrolla la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en concreto su artículo 40, centrado en la alimentación escolar. También se alinea con los objetivos del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030, que busca transformar los hábitos alimenticios desde edades tempranas.

Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, ha subrayado que con esta norma se pretende “asegurar que todos los niños y niñas de España tengan acceso a una alimentación saludable, independientemente del barrio o la renta familiar”.

Modelos ya probados en comunidades autónomas

La normativa se inspira en experiencias ya implantadas con éxito en regiones como Canarias o la Comunidad Valenciana. Proyectos como ‘Ecocomedores’ u ‘Horta Cuina’ han servido de modelo para establecer un sistema que también contemple el uso de alimentos ecológicos. De hecho, el decreto establece que al menos dos platos mensuales, o un 5% del gasto alimentario, se destinen a productos con certificado ecológico.

El Gobierno no tiene “constancia” de falta de material en la Policía Nacional

El Gobierno da por zanjado el problema de la falta de material de protección para los policías nacionales que desarrollan su labor en Ceuta. Reconoce que los hubo en anteriores etapas, pero que a día de hoy el problema está resuelto, “sin que haya constancia de ningún tipo de carencia de material de protección individual en Ceuta”.

Es lo que señala el Ejecutivo por escrito a las preguntas registradas en las Cortes por el Partido Popular y que exigía, entre otras cosas, explicaciones sobre cuántos policías nacionales en Ceuta carecen actualmente de un equipo de protección individual completo y actualizado o si el Ministerio del Interior puede garantizar que los agentes operan con material que cumple con los estándares de seguridad exigidos.

Los agentes reciben todo el material

Desde Interior se indica que los efectivos asignados a la ciudad reciben todo el material policial, armamento, vestuario, equipamiento personal y colectivo y demás medios de protección que requieren para realizar su labor.

Añaden en su escrito “que se ha dado solución a la falta de inversión y a las carencias que tenía la Policía Nacional de esta Ciudad Autónoma en anteriores periodos, tanto de equipamiento como de personal”.

Así, actualmente, tanto en la Jefatura Superior de Ceuta como en el resto de las unidades de la Policía Nacional, “la dotación de este material es completamente adecuada y satisfactoria para las necesidades del servicio y la obligatoriedad de su uso, cumpliendo conforme a lo establecido en las distintas normas que lo regulan”.

Más chalecos antibalas que policías

En el informe se detalla además que la Jefatura dispone de un número de chalecos antibalas que es incluso superior al número de policías que realizan misiones en las que se requiere portar este tipo de prenda de protección. Y añaden que en cada vehículo Zeta se encuentran disponibles dos chalecos de dotación genérica, para asegurar su disponibilidad en casos de emergencia o excepcionales.

Respecto a las dudas que planteaba el PP, el Gobierno incide en que todos los chalecos antibalas masculinos y femeninos, externos e internos, “han superado todas las pruebas de evaluación técnica exigidas en el pliego de prescripciones técnicas que rige su contratación, garantizando el máximo nivel de protección balística, anti cuchillo y anti punzón, cumpliendo suficientemente con los requerimientos y necesidades de los policías”.

Sobre la limpieza de los chalecos, aseguran que cada policía es responsable del equipamiento del que es dotado, debiendo mantenerlo en las mejores condiciones higiénicas posibles. En cuanto a su caducidad, “hay que señalar que no caducan”.

Renovación de los cascos

No obstante, la Dirección General de la Policía exige que el fabricante garantice la vida útil del chaleco por un mínimo diez años, en condiciones normales de uso y almacenamiento.

Otro de los apartados del informe aborda la renovación periódica del material de protección, sobre la que el Ejecutivo central informa de que para el periodo 2025-2028 ya están adjudicados expedientes para la adquisición de 30.804 nuevos chalecos, con una inversión de 29,2 millones de euros, “que se irán distribuyendo de manera inmediata a su recepción a todas las plantillas, incluida la Jefatura Superior de Ceuta”.

Otro de los puntos que menciona el escrito son los cascos de protección. Aquí, el Gobierno reseña que “se hacen periódicamente renovaciones de este material” tanto de cascos como de pantallas. Y añade que los que actualmente están operativos en la Jefatura de Ceuta se encuentran “en condiciones de uso y serán renovados cuando proceda”.

Esa especificación del Gobierno obedece a que el partido Popular preguntó al Ministerio del Interior si podía garantizar que los cascos en uso por los agentes en Ceuta “mantienen intactas sus propiedades de protección a pesar del evidente desgaste en los forros interiores, anclajes y viseras”.

TDAH Ceuta denuncia la desatención del Gobierno con los menores

La asociación para el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) de Ceuta ha dicho basta ante lo que consideran una situación de abandono por parte del Gobierno. En un comunicado el colectivo se ha preguntado “¿dónde está, señora delegada? Se prometieron soluciones y hoy Ceuta no tiene ni un solo profesional de salud mental para nuestros menores”.

Añaden en su escrito que el pasado mes de diciembre de 2024, la Asociación TDAH Ceuta mantuvo una reunión con la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez. Durante el encuentro, en la que le trasladaron “la cruda realidad que viven a diario muchos niños, niñas y adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en nuestra ciudad: la falta de diagnóstico temprano, la escasez de recursos especializados, la ausencia de una Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y la desprotección que sienten muchas familias ante un sistema que no responde”.

El colectivo precisa en aquella reunión también expresaron su gran preocupación por la revisión del baremo de discapacidad, que deja fuera a menores con TDAH pese a las dificultades permanentes que conlleva esta condición y su gran impacto en la vida escolar, social y familiar. La delegada mostró entonces sensibilidad, compromiso y se ofreció a colaborar en todo lo que estuviera en su mano.

Sin profesionales especializados en la ciudad

Sin embargo, “hoy, casi medio año después, no solo seguimos sin respuestas, sino que estamos peor que nunca”, sentencian. Informan además de que la única psiquiatra con formación específica en salud mental infanto-juvenil ya no está, y a día de hoy Ceuta no cuenta con ningún profesional especializado para atender a los menores con esta problemática. En su opinión, “la situación es insostenible: no hay absolutamente nada para estos niños. Ni diagnóstico, ni tratamiento, ni seguimiento. Nada”.

También han puesto sobre la mesa que esa falta de atención sanitaria y seguimiento médico que vienen reivindicando “tiene consecuencias graves”. Entre ellas citan que “nuestros hijos e hijas están en riesgo de fracaso escolar, social y de una profunda merma en su autoestima. Los adolescentes con TDAH son además especialmente propensos a sufrir ansiedad y depresión, condiciones que tampoco están siendo atendidas ni supervisadas por profesionales”.

Lamentan el silencio institucional

A estos problemas indican que no se puede suplir la atención sanitaria con apoyo psicopedagógico si no se garantiza primero la parte médica: ajustar medicaciones, realizar un seguimiento clínico adecuado y ofrecer un tratamiento integral que les permita desarrollar su potencial. “Sin ello, las dificultades se agravan y el abandono se hace aún más patente”, sentencian en su comunicado.

La asociación TDAH pone de manifiesto en su escrito que “nos duele profundamente que, ante una situación tan grave, la Delegación del Gobierno no haya vuelto a pronunciarse. El silencio institucional es una forma más de abandono. Y en ese abandono, nuestros menores están siendo invisibilizados y desatendidos”.

Movilización en Madrid

Ante la pasividad de la Administración que denuncian, el colectivo ha avanzado que “Desde TDAH Ceuta no vamos a rendirnos. Vamos a seguir luchando. Y muy pronto, las familias daremos un paso más”.

En este sentido, han avanzado que en breve anunciarán la fecha para trasladarse a Madrid, “donde llevaremos nuestras voces, nuestra indignación y nuestra verdad a las puertas de quienes sí deben escuchar y actuar”.

En los próximos días, la asociación apunta que aportará más información sobre este desplazamiento hasta la capital de España, si bien concluyen su escrito exigiendo responsabilidad, voluntad política real y compromiso con la salud mental de la infancia y adolescencia en Ceuta. “No podemos permitir que siga siendo la gran olvidada. Nuestros hijos no pueden esperar”.

El IMV llega a casi 18.000 ceutíes en cinco años

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) cumple cinco años desde que entró en vigor, una ayuda para las familias en situación de dificultad económica que en Ceuta ha beneficiado a 17.926 personas.

Es lo que recoge el informe elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el que hace balance del impacto que ha tenido esta medida en el último lustro en todo el país.

En ese tiempo, en la ciudad se han tramitado un total de 4.527 expedientes de prestaciones, de los que 2.930 lo han tramitado mujeres y 2.597 hombres. No obstante, uno de los datos que se resaltan en el estudio es el número de personas beneficiarias de esta prestación, que en el caso de Ceuta rozan las 18.000 personas.

Variedades de familias

De ellas, el ministerio acota que 9.611 son adultos y 8.315 menores. El IMV es una asistencia económica del Gobierno que, aunque se solicita a nivel individual tiene un impacto en todas las personas que conforman un hogar.

Por ello, en el estudio se anota cuál es la situación de las familias que lo han recibido en alguna ocasión durante estos últimos cinco años, concretamente desde que se puso en marcha en mayo de 2020.

En el caso de Ceuta, indica que el tipo de hogar más común que recibe el IMV es el que está formado por dos adultos y más de dos menores, con 941 expedientes aprobados en un lustro. Le siguen las viviendas cuyas familias están integradas por la pareja y dos hijos, con 697 documentos de petición, mientras que cuando se trata de un matrimonio y un menor a su cargo anota 403 solicitudes que han tenido el visto bueno de la Administración.

Una nómina media de 648 euros por familia

Los expedientes que afectan a una sola persona han sido 306, mientras que los hogares con un solo progenitor y un menor suman 363 y los de un adulto y dos menores a su cargo 309. Los casos de tres adultos y más de un menor que han reclamado el IMV en la ciudad son 314.

Otros datos de Ceuta que aparecen reflejado en este informe indican que el importe de las nóminas que se han abonado a los beneficiarios en mayo suma una media 648 euros y que en el último mes se han otorgado 2.710 prestaciones, de las que el 66% han sido para mujeres. La ratio media de personas que se benefician en Ceuta por cada ayuda del IMV concedida es de cuatro, según el ministerio.

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EFE

En Ceuta, el 84,30% de las unidades de convivencia receptoras de esta prestación en mayo son hogares con menores (2.177). Entre ellos, hay 402 monoparentales. Según el perfil de los beneficiarios del IMV, el 44,27% son menores de edad, en concreto 4.931.

El Gobierno ha informado de que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha constituido como una prestación estructural del sistema de protección social en España. En sus cinco años de existencia ha llegado a más de un millón de hogares (1.024.849), beneficiando a más de tres millones de personas (3.050.530), de los cuáles 1,3 millones son niños, niñas y adolescentes, el 43,4% del total.

Acabar con la pobreza infantil

“El Ingreso Mínimo Vital se puso en marcha en plena pandemia y ya no es una respuesta de emergencia, es una política pública sólida, viva y necesaria que seguirá evolucionando para proteger mejor a quienes más lo necesitan, para combatir la pobreza y la exclusión social en nuestro país”, ha afirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Desde la entrada en vigor de esta política, la Seguridad Social ha destinado 15.348,6 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación. Saiz ha recordado que el IMV es una prestación no contributiva del sistema de Seguridad Social que sirve de base común en todo el territorio para garantizar un nivel mínimo de ingresos.

“Estamos comprometidos con reducir al máximo la pobreza y el IMV ha demostrado ser una herramienta poderosa, ya que no es solo una prestación económica, es una inversión en personas con la mirada puesta en el futuro”, ha señalado la titular de Inclusión sobre una iniciativa que en Ceuta ha beneficiado a casi 18.000 personas en los últimos cinco años.

La «ilegalidad imposible» que pudieron cometer Deu y Mateos

El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio seguido contra la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la que fuera número 2 del Gobierno de Vivas, Mabel Deu, por la devolución de 55 menores marroquíes.

Antes de ello, se ha ofrecido el derecho a la última palabra a las dos exmandatarias. Mateos ha insistido en que ella actuó “con el convencimiento de que lo hacía conforme a la ley, en ningún momento creí lo contrario”.

Por su parte, Deu ha confiado en que “sea la primera y ultima vez que estoy en un penal”, manteniéndose firme en que “durante mis años juré servir con lealtad a la ciudad de Ceuta y hacer guardar las leyes”.

“Siempre he trabajado en pro del interés del menor, trabajando codo a codo en todas las posibilidades que he podido”.

Los abogados de Mateos y Deu han pedido la absolución de sus patrocinadas en la que ha sido la última sesión de un juicio que comenzaba este pasado martes, manteniendo que esa ilegalidad fue “imposible” de cometer por parte de ambas.

Una situación de excepcionalidad

El letrado de Mateos ha recordado la situación que se daba previa al retorno de esos menores. Hacerlo “es vital” para entender todo.

Había una “sensación de temor” ante una “auténtica invasión” equiparable a una especie de Marcha Verde. Existía miedo, se registraron situaciones extremas y la Ciudad tuvo que acordar con entidades sociales el tratamiento de los mismos, verificando, por ejemplo, quiénes eran vulnerables y quiénes no.

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El Gobierno local se vio obligado a habilitar recursos para atender a niños en pleno verano, al objeto de dar una asistencia necesaria para unos menores que llevaban meses bloqueados en Ceuta.

Procedimiento de entrega

La aplicación del acuerdo de 2007, todo un tratado internacional, se erigió en la alternativa a la que aferrarse para afrontar esta situación ante la imposibilidad de aplicación de la ley de extranjería. Otro de los puntos en los que se ha sostenido el letrado.

Para el abogado de Mateos, el mail que se remitió desde la Secretaría de Estado era una orden que se interpretó como tal, procediéndose a dar los pasos que se fueron materializando en llamadas a Marruecos o en la famosa reunión en el Tarajal para verificar que el vecino país disponía de recursos para atender a esos menores.

Todos los actores entendieron que el proceder llevado a cabo era adecuado y cumplía con las garantías, toda vez que las más altas instancias lo habían amparado. Se había verificado que Marruecos tenía recursos para acoger a sus nacionales, por lo que se obró en la consideración de que se cumplía con todas las garantías debidas en el respeto a los menores.

“Se creyó que era una actuación conforme a derecho, sin lugar a dudas”, ha recalcado el abogado.

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“Se cumplía la legalidad”

El abogado de Mateos ha recordado que nadie aportó dudas sobre lo que se iba a llevar a cabo, salvo en el caso de Antonia Palomo, erigida en única voz discordante en torno a lo que se iba a hacer.

“Actuó con pleno conocimiento de que se cumplía la legalidad”, ha reseñado el abogado del Estado.

Defensa de Mabel Deu

El letrado, Luis Ragel, que defiende los intereses de Mabel Deu, ha hecho hincapié en que la situación vivida en aquel agosto de 2021 era “extraordinaria” y de “carácter excepcional”, al contrario que lo contenido en el alegato final de la Fiscalía.

Ha minado el informe final del Ministerio Público, apuntando a la inexistencia de pruebas que puedan incriminar a su patrocinada, que pasó de ser considerada como cómplice para, finalmente, etiquetarse de autora.

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Que solicitara la aplicación del acuerdo de 2007 no puede ser considerado delito. Un acuerdo que se aplicó aquel 2021 en un gesto histórico que no volverá a repetirse.

“Es inasumible que a una autoridad local de Ceuta le cojan el teléfono al otro lado de la frontera, en Marruecos. Es delirante”, ha mantenido Ragel, negando cualquier capacidad material de la consejera o de la propia delegada del Gobierno para maquinar por su cuenta una devolución de menores a su país.

“Tenemos una delegada del Gobierno del PSOE y una consejera del PP que se ponen de acuerdo para hacer esto”, ha ironizado como máxima imposible de ser ejecutada y que no se puede sostener en esa visualización de que todo este operativo hubiera sido ideado por dos autoridades locales a las que se les pide condena por prevaricación administrativa.

Inexistencia de dolo

Para el abogado, está claro que aquel correo electrónico enviado por la Secretaría de Estado era una orden. Como también, que no existió dolo por parte de su patrocinada, es decir, ánimo de delinquir, como mantiene la Fiscalía.

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Ha expuesto en modo de lamento, la dureza del informe expuesto por el Ministerio Público hacia su patrocinada y ha reseñado que para nada se ha acreditado el injusto material del resultado de aquella operación, es decir, que hubiera menores que hubieran terminado en malas condiciones.

Torres se reunirá con los delegados del Gobierno para el reparto de menores

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reunirá antes de las vacaciones estivales a los delegados del Gobierno para coordinar la derivación al territorio peninsular de menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla, dado el colapso de sus recursos de acogida y en aplicación de la nueva ley de extranjería.

Así lo ha anunciado este jueves el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, tras asistir a la firma de un protocolo de actuación ante incendios forestales que afecten a instalaciones de las Fuerzas Armadas por parte de los tres ejércitos y el Gobierno canario.

“El gran asunto que tenemos entre manos es la aplicación (del nuevo artículo 35 de la ley de extranjería). Todo el esfuerzo de los ministerios está centrado en ello”, ha referido.

“Hace mejor nuestro país”

Pestana ha defendido que la reforma legal que reparte la acogida de estos menores entre todas las comunidades autónomas “hace mejor nuestro país y articula un mecanismo automático en el sistema autonómico para que ningún territorio que sea frontera se quede solo ante el fenómeno migratorio”.

El delegado en Canarias ha recalcado que el Gobierno “aplicará la ley, que ha entrado en vigor para atender situaciones injustas”, como la que soportan en solitario comunidades como Canarias o las ciudades autónomas, que se ven obligadas a gestionar sin ayuda una emergencia humanitaria como la derivada de los flujos migratorios procedentes de África.

“Lo haremos cuanto antes, espero que este verano tengamos resuelto ese problema”, ha dicho.

Petición de asilo

Sobre los menores inmigrantes no acompañados que piden asilo, ha manifestado que el Ejecutivo “está dialogando con el Gobierno de Canarias, poniendo sobre la mesa soluciones que se tienen que ir implementando”, como la adaptación de las instalaciones a las que vayan a ir estos menores, que “tendrán que estar en las mejores condiciones posibles”.

Pestana ha avanzado que esto “llevará su tiempo” e implicará también “una labor de coordinación entre quien sigue manteniendo la tutela de esos menores, que es el Gobierno de Canarias, y el de España, que es el que sale en su ayuda”.

Delegación del Gobierno trabaja por una feria libre de violencia sexual

Trabajar en equipo contra la violencia de género. Ese es el objetivo marcado por la Delegación del Gobierno en Ceuta de cara a las próximas fiestas patronales.

Para ello, este lunes, a tan solo una semana del inicio de la feria, se ha celebrado una reunión en la que han participado diferentes agentes con implicación directa en la feria para coordinar las actuaciones necesarias de cara a prevenir la violencia sexual en este espacio.

Entre los asistentes se encontraban, además de Livia Rosales, jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, representantes de la Ciudad, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ingesa, 112, bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y Servilimpce.

Un tema que implica a todos

El hecho de citar a todos los agentes que prestan servicios en la feria se debe a que “la violencia sexual es un tema que nos interpela a todos, sobre todo a las instituciones, ya que tenemos que intentar evitar que aquellos espacios de aglomeraciones, de ocio nocturno y de alcohol, se conviertan en un caldo de cultivo donde se terminen produciendo agresiones sexuales”, ha señalado Rosales.

De este modo, destaca, es muy importante la “colaboración entre todos para poder prevenir y actuar de mañana rápida y, sobre todo, de manera coordinada”.

Puesta en marcha de la campaña

Esta campaña puesta en marcha por la Delegación del Gobierno en Ceuta ha comenzado este lunes con la reunión de coordinación entre todos los agentes implicados y continuará mañana martes con una formación que se llevará a cabo en el Campus Universitario de Ceuta.

A dicha formación asistirán todas las personas que prestan servicios en la feria así como los que prestan servicios en las casetas, como seguridad y camareros, a quienes “se les van a dar unas pautas de actuación para que sepan dónde tienen que acudir y cómo tienen que actuar, para evitar, sobre todo, revictimizar y persuadir de alguna manera a aquellas personas que piensan que el alcohol o que el ambiente festivo puede provocar o puede generar que, al final, se puedan producir este tipo de situaciones”.

Cómo actuar en caso de que se produzca violencia sexual

Sobre los pasos a dar en el caso de que se produzca un caso de violencia sexual, Livia Rosales señala que, lo primero y “lo principal, es creer. Si una mujer viene y te dice que ha sufrido una agresión sexual, no tenemos por qué cuestionarnos si realmente la ha sufrido”.

Lo segundo que hay que hacer es no pedir “que nos vuelva a contar lo que ha vivido. Nosotros no somos quién, no estamos aquí para juzgar, tenemos que ayudar. Entonces, ayudar, sobre todo, es saber dónde derivar: a las Fuerzas y cuerpos de seguridad, principalmente, y alejarla del agresor” a un espacio donde la víctima se sienta segura.

El último paso sería ser atendida por los servicios sanitarios, “que son los que van a saber cómo ayudarla y dónde llevarla”, detalla Rosales.

Identificación a las personas con formación

Como bien se ha indicado anteriormente, además de esta primera reunión de coordinación, este martes se celebrará una formación en el campus universitario para ofrecer pautas de actuación en caso de que ocurra una agresión sexual al personal que presta servicio en la feria.

Todos los asistentes recibirán una chapa con un QR al 016 para estar identificados como personas que saben cómo actuar.

Así, quedarán identificados como “personas que saben qué hacer. Muchas veces, si a lo mejor una mujer sufre una agresión sexual, no sabe realmente a quién acudir. Entonces, todos los trabajadores de las ferias que van a realizar la formación van a llevar esa chapa”.

Asimismo, añade Rosales, “todos los locales nocturnos que realicen la formación van a tener una placa identificativa. No es una placa, es una pegatina que vamos a colocar en las casetas de ferias, que pone “no local libre de agresiones sexuales”, porque el hacer una formación no te exime de que se pueda producir algún tipo de violencia sexual dentro de tu recinto, pero sí va a haber una pegatina en la que dice que ese local está comprometido con las agresiones sexuales y que todo su personal está atento de que no se produzca”.

Con todo ello, el objetivo es que sea una feria en la que todos disfruten y evitar que se produzcan hechos de violencia sexual gracias a la implicación de todos.