Violencia machista: minuto de silencio por otra asesinada, la número 24

El Ministerio de Igualdad, junto a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, ha guardado un minuto de silencio para condenar con total firmeza el asesinato de Ilham, una mujer de 34 años, ocurrido el 4 de agosto en Don Benito (Badajoz).

Gonzalo Sanz, jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, ha manifestado que se le acompaña en el dolor a su familia y personas allegadas.

“Con este crimen, ya son 24 las mujeres asesinadas en 2025 por sus parejas o exparejas. Además, 16 menores han quedado huérfanos este año”.

La Delegación señala que seguirá trabajando para evitar estos crímenes

Sanz ha denunciado que esta forma “extrema de control y dominación” sobre las mujeres sigue “cobrándose vidas”. “No se trata de casos aislados, sino de un problema social que afecta a toda la ciudadanía. Negarlo o minimizarlo nos aleja de la solución”.

“Seguiremos trabajando por una sociedad donde las mujeres puedan vivir libres, seguras y con dignidad. Para eso, necesitamos el compromiso activo de todas las instituciones y de la ciudadanía”.

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La Delegación de Gobierno ha querido recordar que el 016, están disponibles las 24 horas del día, todos los días del año. También se puede llamar al 112, al 091 (Policía Nacional) o al 062 (Guardia Civil). En situaciones en las que no se pueda hablar, la app AlertCops permite enviar una señal de alerta con localización.

“Estos recursos no solo están para las víctimas: también pueden usarlos quienes detecten o sospechen una situación de riesgo. No miremos hacia otro lado. Entre todos y todas, podemos frenar esta violencia”.

El servicio telefónico para las víctimas

El servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial a todas las formas de violencia contra las mujeres 016 ha recibido desde enero a junio de 2025 un total de 59.317 consultas por las diferentes vías por las que se atiende. Esto supone una media de 329,3 consultas diarias.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta este servicio a través del número telefónico de marcación abreviada 016, que ha recibido desde su puesta en marcha en septiembre de 2007 y hasta el 30 de junio de 2025, un global de 1.402.465 llamadas pertinentes. Entre enero y junio de 2025 se han atendido 50.950 llamadas.

También se puede realizar a través de WhatsApp

Pero también se ofrece atención por WhatsApp en el número 600 000 016, donde se han recibido 4.729 consultas; 2.936 chats online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y se han gestionado 702 correos electrónicos remitidos a 01********@**********ob.es

Las víctimas son las principales usuarias del 016, realizando el 76,3 % de las llamadas, lo que supone un incremento de 1,7 puntos porcentuales con respecto a junio de 2024. El 18,7% de las llamadas fueron efectuadas por familiares y personas allegadas, lo que supone una disminución de 0,7 puntos porcentuales  con respecto a junio del año 2024; y el 5,0% de las llamadas fueron efectuadas  por otras personas o no consta quién las realizó.

Alerta máxima por violencia de género

En este sentido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado que estamos en alerta máxima por violencia de género durante los meses de verano, atentas, pero también apelo a los entornos, que pueden ser cualquiera -laboral, familiar, de amigos. Pongamos el foco y no dejemos pasar ninguna situación en la que se produzca violencia, porque puede derivar en algo peor”, ha remarcado Redondo.

“Las mujeres tienen que estar especialmente atentas, pero también apelo a los entornos, que pueden ser cualquiera -laboral, familiar, de amigos-. Pongamos el foco y no dejemos pasar ninguna situación en la que se produzca violencia, porque puede derivar en algo peor”, ha remarcado Redondo.

 Un teléfono gratuito y confidencial

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

Sigue la investigación al director del CETI tras la denuncia de una enfermera

La Delegación del Gobierno insiste: no hay más sobre la polémica que afecta al director del CETI de Ceuta, Antonio Jesús Bautista, después de la agresión denunciada por una enfermera que derivó en la detención de un residente del centro y su posterior condena no por un delito sexual, sino por coacciones.

La delegada del Gobierno, Cristina Pérez, ha negado tener informaciones sobre una salida inmediata del residente a la Península, después de publicaciones que apuntaban a una especie de ‘premio’.

Este guineano debe cumplir, entre otras medidas, un alejamiento, por lo que no puede vivir en el CETI ni tampoco aproximarse a él. Reside en una pensión que, Delegación aclara, no está pagando Bautista.

Expediente abierto y salida rutinaria

“A día de hoy, es más, atendiendo las noticias que se han publicado en diferentes medios de comunicación, he recabado la información y lo que os puedo decir es lo que os comunicaba el pasado día 4. Existe un expediente que se está investigando por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones y en eso estamos”.

“En cuanto a la posible salida, pues lo desconozco porque, al igual que el resto de internos, yo tengo el listado de salidas un día antes de que se produzcan, y por tanto no puedo dar esa noticia porque lo desconozco”, ha indicado Pérez.

“Lo que sí digo es que obedecerá a un procedimiento ordinario como el resto de residentes que hay en el CETI. Más allá de eso, poco le puedo decir”.

El origen de todo

El origen de esta polémica se da el pasado 26 de julio, cuando se detiene a un residente del CETI después de que una enfermera denunciara una agresión sexual.

La crítica se produce porque, supuestamente, desde la dirección del centro no se activa el protocolo de inmediato y es la propia víctima la que debe denunciar.

Los hechos, que ocurrieron en el interior de las instalaciones y que fueron adelantados por este periódico, así como la condena impuesta por la justicia 24 horas después, han provocado una intensa reacción tanto social como institucional.

El puesto del director del CETI está en el aire, ya que son varias las polémicas en las que se ha visto envuelto por la manera que tiene de gestionar el propio centro.

¿Qué está haciendo Madrid?

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La Secretaría de Estado de Migraciones ya ha recibido los testimonios e informes recopilados tras el incidente. Esta documentación, proporcionada por la Delegación del Gobierno, incluiría tanto la versión de la víctima como la del agresor, así como la actuación de los responsables del centro en los momentos posteriores a la agresión.

Fuentes cercanas al caso aseguran que la decisión final sobre la continuidad o cese del director del CETI se tomará en los próximos días. En este contexto, se analizará si hubo omisión de responsabilidades o incumplimiento de los protocolos establecidos en caso de agresión sexual.

El director se encuentra actualmente en una situación comprometida, ya que se le acusa de no haber activado las medidas de protección necesarias tras los hechos. Además, se investiga si trató de silenciar la denuncia, lo que agravaría aún más su situación administrativa y ética. 

Críticas desde varios ámbitos

Desde el ámbito político, representantes locales y nacionales han pedido transparencia en la investigación y que se adopten “medidas ejemplares” si se demuestra negligencia. Algunos grupos parlamentarios ya han solicitado la comparecencia de responsables del Ministerio en el Congreso.

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha mostrado su apoyo a la víctima y ha garantizado que “no se tolerará ningún tipo de encubrimiento o mala praxis”. Además, ha ofrecido su colaboración plena con el Ministerio para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales o administrativas.

Celaya exige explicaciones al Gobierno

El diputado del Partido Popular por Ceuta, Javier Celaya, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para esclarecer las contradicciones detectadas en la gestión de la agresión sufrida el pasado 27 de julio por una enfermera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), presuntamente cometida por un residente de nacionalidad guineana.

Celaya ha recordado que, según denunció el sindicato de enfermería SATSE, el director del CETI, Antonio Bautista Fernández, habría intentado disuadir a la víctima de presentar una denuncia por la agresión. A pesar de ello, el presunto agresor no solo no ha sido apartado del centro, sino que actualmente se encuentra alojado en un hostal, a la espera de ser trasladado a la Península, con el beneplácito del propio director.

En sus preguntas parlamentarias, el diputado ceutí exige saber por qué se ha tomado la decisión de alojar al presunto agresor fuera del CETI, quién asume los gastos de su estancia en el hostal, si su traslado a la Península es inminente, y si se ha incoado algún expediente o exigido responsabilidades al director del centro por su supuesta conducta.

“Es inaceptable que se premie al presunto agresor mientras la víctima y sus compañeros quedan en una situación de desprotección”, ha denunciado Celaya, quien insiste en que el Gobierno debe “dar explicaciones claras y asumir responsabilidades”. “No vamos a permitir que este caso se cierre en falso”, ha advertido.

La inesperada carta que están recibiendo los autónomos pidiéndoles dinero

Lo que parecía una ayuda definitiva para salvar negocios en plena crisis sanitaria, ahora se ha convertido en un quebradero de cabeza para algunos autónomos de Ceuta.

Varias personas trabajadoras por cuenta propia han recibido en las últimas semanas cartas exigiendo la devolución total o parcial de las subvenciones que recibieron entre 2020 y 2021 en el marco de los programas ‘Ceuta Resiste’ y ‘Ceuta Resiste Más’.

La situación ha generado alarma en el pequeño comercio local, justo cuando muchas actividades aún no se han recuperado del todo.

Según ha denunciado públicamente el partido MDYC, algunos comerciantes –como un autónomo del sector del textil y otro de ropa infantil– han confirmado haber recibido requerimientos de pago por parte de Procesa, empresa pública encargada de gestionar las ayudas en Ceuta.

La advertencia llega por carta: tienen que devolver las ayudas

Durante el último Pleno de la Asamblea, la diputada Fatima Hamed (MDYC) advirtió que las devoluciones se están pidiendo sin explicación ni acompañamiento, solo mediante notificaciones formales que reclaman las cuantías entregadas durante la emergencia sanitaria. Según relató, nadie se sienta con los afectados para intentar buscar una solución o mediar antes de exigir el dinero, lo que está generando malestar entre los pocos autónomos que siguen levantando la persiana cada día.

El caso más llamativo es el de dos beneficiarios que vivían en el mismo domicilio. Ese hecho, aparentemente menor, habría sido suficiente para que se les exija la devolución de las ayudas, según reveló la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, durante su intervención en la misma sesión plenaria.

Requerimientos por residir dos autónomos en el mismo domicilio

La consejera quiso dejar claro que la Ciudad Autónoma de Ceuta no está detrás de estos reintegros, y que las cartas responden a requerimientos de la Administración General del Estado. Chandiramani explicó que las ayudas financiadas por el Gobierno central –en concreto, los 8,4 millones de euros asignados a Ceuta en virtud de un real decreto aprobado en pandemia– estaban sujetas a unos criterios tan estrictos que, en su momento, ya obligaron a la Ciudad a devolver 3 millones de ese dinero que no pudo adjudicar por falta de cumplimiento de requisitos.

Las condiciones eran tan difíciles de cumplir que nosotros mismos tuvimos que devolver parte de la ayuda. Y ahora, cuatro años después, algunos autónomos están recibiendo estas solicitudes de reintegro por detalles tan absurdos como compartir domicilio, declaró Chandiramani.

Además, recordó que el PP ya denunció públicamente la excesiva complejidad del decreto que regulaba estas ayudas, y que Ceuta no tiene ninguna capacidad para modificar el BOE ni actuar contra esa normativa. Por ello, solicitó al Gobierno central una actitud más flexible y comprensiva ante una situación “muy dura” para muchos empresarios.

Lo que deben saber los autónomos de Ceuta

Aunque el debate político sirve para explicar el contexto, lo realmente importante para los autónomos ceutíes es saber qué hacer si reciben una de estas cartas pidiéndoles dinero. En primer lugar, deben tener claro que no es una multa, sino un requerimiento administrativo de reintegro. Y como tal, puede ser recurrido si se considera que no procede.

Los expertos recomiendan:

  • No ignorar la notificación. Dejarla pasar puede derivar en recargos o en la apertura de un procedimiento de apremio.
  • Consultar con una asesoría o abogado especializado en subvenciones públicas. Cada caso tiene particularidades y puede haber margen para defender su legalidad.
  • Recopilar toda la documentación justificativa de la ayuda recibida en su momento.

¿Llegarán más cartas?

Aunque aún no hay datos oficiales sobre cuántos autónomos han sido afectados por estos requerimientos, la situación está generando incertidumbre en el tejido empresarial local. Muchos se preguntan si serán los siguientes en recibir la temida carta, más aún si en su día recibieron ayudas vinculadas al real decreto gestionado desde Madrid.

El Plan de Recuperación impulsa 94 millones en proyectos para Ceuta

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, se ha sentado en rueda de prensa para alabar el trabajo del Gobierno de España. Ha detallado que el objetivo no es otro que convertir a Ceuta en “una tierra con más oportunidades, con más inversión pública, con mejores servicios y mayor calidad de vida”.

Para ello ha expuesto los datos ofrecidos en el análisis semestral de rendición de cuentas del Gobierno de España, el Informe Cumpliendo, presentado hace unos días por el presidente del Gobierno.

Cristina Pérez ha refrendado el compromiso del Gobierno con Ceuta en cifras, subrayando que en estos siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha supuesto para Ceuta una inversión total de 94 millones. “De esta cifra 43 proceden de convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado y 51 han sido asignados en conferencias sectoriales”.

Políticas sociales y empleo

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha puesto en valor las políticas sociales y laborales impulsadas por el Ejecutivo central en los últimos años, destacando especialmente el papel del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el crecimiento del empleo estable en la ciudad.

Pérez recordó que actualmente un pensionista medio en Ceuta percibe 1.662 euros mensuales, una cantidad que —según dijo— “viene a cubrir las necesidades de este colectivo”. Sin embargo, señaló que el Gobierno no se limita a atender a los mayores, sino que también trabaja para proteger a quienes, por diversas circunstancias, no tienen empleo ni ingresos suficientes.

En ese sentido, defendió la creación del Ingreso Mínimo Vital como una medida “de la que debemos sentirnos orgullosos”, ya que “cubre necesidades básicas” y ha permitido que miles de familias ceutíes no queden atrás. A día de hoy, 11.440 personas en la ciudad reciben esta prestación, y desde su puesta en marcha en 2020 ha beneficiado a un total de 18.330 personas.

Prioridad en las personas

“No es lo óptimo”, reconoció Pérez, “porque lo ideal sería que todo el mundo trabajara y no hiciera falta este tipo de ayudas, pero ante la necesidad, el Gobierno debe estar ahí para garantizar que nadie se quede sin lo básico”.

Además, la delegada subrayó que la prioridad del Ejecutivo está en las personas, y no en los grandes intereses económicos: “Nosotros no nos centramos en eléctricas ni en grandes bancos; nos centramos en las personas que realmente lo necesitan”.

En materia de empleo, Pérez destacó los “datos históricos” de afiliación a la Seguridad Social en Ceuta, que alcanzan ya las 24.276 personas ocupadas. Esto supone un incremento de 2.256 trabajadores respecto a 2018, una evolución que atribuyó a las políticas progresistas del actual Gobierno.

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Empleo estable y reformas laborales

Asimismo, valoró positivamente el impulso al empleo estable, con 5.099 contratos indefinidos firmados en la ciudad, lo que representa un aumento del 137% respecto a 2019. “Basta ya de precariedad laboral”, declaró, en referencia a las reformas laborales del anterior Gobierno del Partido Popular.

Para concluir, Pérez reiteró el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el bienestar de la ciudadanía: “Un Gobierno progresista piensa en los que realmente lo necesitan, sin olvidarse de las empresas, que son quienes crean empleo, pero siempre garantizando condiciones dignas y estables”.

Pérez, también puso énfasis en otros pilares fundamentales de la acción del Ejecutivo central en la ciudad, entre ellos la educación, la lucha contra la pobreza energética y la inversión en infraestructuras y servicios públicos.

Educación y becas

Respecto a la educación, Pérez subrayó el compromiso del Gobierno socialista para que “ningún estudiante se quede fuera del sistema público educativo por razones económicas”. Actualmente, 1.823 alumnos ceutíes, tanto universitarios como no universitarios, se benefician de becas públicas que alivian el esfuerzo económico que supone para las familias, especialmente para aquellas cuyos hijos estudian fuera de la ciudad.

“Mientras otros apuestan por la educación privada, nosotros seguimos defendiendo la educación pública, gratuita y de calidad”, afirmó la delegada. Además de las becas, destacó la bajada de ratios en las aulas y la apertura de nuevos módulos de formación profesional adaptados a las demandas del mercado laboral local. “Queremos que el empleo que se genera sea cualificado y accesible para nuestra juventud”, señaló.

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En materia energética, Pérez recordó la existencia del bono social eléctrico, del que actualmente se benefician 1.872 personas en Ceuta, e hizo un llamamiento a las familias en situación de pobreza energética para que soliciten esta ayuda, especialmente en un contexto de altas temperaturas y facturas elevadas. “No todos pueden permitirse pagar esas facturas, por eso el Gobierno está para atender esas necesidades”, explicó.

Gestión y bienestar ciudadano

La delegada afirmó que el sentido de gobernar y gestionar fondos públicos es “servir a la ciudadanía y hacer la vida más fácil a quienes más lo necesitan”. Reconoció que “no todos tienen las mismas dificultades, pero con estas medidas queremos evitar que nadie llegue agobiado a final de mes”.

Además de las políticas sociales y educativas, la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, destacó las importantes inversiones que el Ejecutivo central ha destinado a la ciudad dentro del plan de recuperación económica.

Hasta la fecha, se han ejecutado 94 millones de euros, de los cuales 43 millones han sido gestionados directamente por la Administración General del Estado. Los 51 millones restantes se han transferido a la Ciudad Autónoma para que los destine a sus competencias, pero siempre financiados con fondos estatales.

Proyectos financiados y obras

Entre los proyectos financiados se encuentran iniciativas en movilidad sostenible y digitalización, como el PERTE del agua, que busca modernizar la gestión hídrica. También se incluyen programas en áreas clave como empleo e inclusión, economía social, vivienda, educación y turismo.

Pérez subrayó que “no hay que olvidar que estas actuaciones no se financian con recursos propios de la Ciudad Autónoma, sino con dinero del Gobierno de España, que demuestra así su compromiso con Ceuta y sus ciudadanos”. Asimismo, anunció que recientemente el Ministerio de Hacienda ha confirmado una nueva transferencia de fondos para compensar los servicios que la ciudad continúa prestando.

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En cuanto a infraestructuras, la delegada señaló la reforma integral de la carretera N-352, una vía fundamental para Ceuta, así como la reciente autorización para la construcción de la capilla del Carmen, una obra de gran importancia para los feligreses de la ciudad.

Inversiones en infraestructuras y empleo

“Me siento extremadamente satisfecha con esta gestión, que ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de un equipo de trabajo comprometido”, manifestó Pérez. Además, reiteró que la Ciudad Autónoma ya está preparando los trámites para iniciar las obras a la mayor brevedad posible.

Sobre lo que se está realizando en el Puerto, Pérez destacó la inversión de 1,1 millones de euros en un colector en Cañonero, una infraestructura vital que, aunque menos visible que proyectos como la estación marítima, es fundamental para la ciudadanía.

Además, resaltó la apuesta continua por la transformación digital y el comercio local, con proyectos como Kif Digital, que buscan modernizar y dinamizar la economía ceutí. Pérez hizo hincapié en que, aunque las cifras no son siempre fáciles de digerir, el compromiso del Gobierno es firme y constante.

Respecto al empleo, la delegada anunció la inminente convocatoria de planes de empleo por un valor de 4,4 millones de euros por parte de la Ciudad Autónoma y el SEPE, destinados a la contratación de personal para paliar la alta tasa de paro en la ciudad. Asimismo, la Delegación del Gobierno dispondrá de un presupuesto de 12 millones de euros para sus propios planes de empleo, elevando la inversión total en políticas activas de empleo a 16,4 millones de euros.

“Sabemos que estas medidas no acabarán con el desempleo, pero sí ayudan a cubrir las necesidades de las familias durante un tiempo y les permiten acceder a prestaciones y ayudas futuras”, explicó Pérez. También mencionó el programa de “primera experiencia”, que busca facilitar la inserción laboral de jóvenes y personas que inician su carrera profesional.

Con estas acciones, el Gobierno de España reafirma su compromiso con Ceuta, apostando por la creación de empleo, la mejora de infraestructuras y el bienestar social para construir una ciudad más próspera y justa.

Delegación anuncia que el 26 de agosto se conocerá la cifra del reparto de menores

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha expresado con contundencia el compromiso del Ejecutivo central con los menores marroquíes no acompañados y ha advertido de que el rechazo de algunas comunidades autónomas a participar en el reparto de menores tutelados no quedará impune.

En rueda de prensa ha hablado de su participación en una reunión en Gran Canaria, Pérez detalló que el Gobierno está trabajando “bastante bien” en este asunto, y que el próximo 26 de agosto se celebrará un Consejo de Ministros clave donde se establecerán las cifras definitivas del reparto de menores.

La delegada denunció la falta de solidaridad territorial por parte de algunas autonomías gobernadas por el Partido Popular, señalando que se niegan a asumir su parte en el reparto. Afirmó que se está elaborando una guía de procedimiento para unificar los criterios administrativos, tanto en los territorios emisores como en los receptores, con el objetivo de facilitar la gestión del traslado de menores entre regiones.

“Esperamos contar con la colaboración de las administraciones receptoras, aunque, personalmente, no tengo ninguna esperanza porque están demostrando lo contrario a diario”, lamentó Pérez. Añadió que se está trabajando bajo un real decreto ley, cuyo incumplimiento “tendrá consecuencias penales y administrativas”.

Amenazas de actuación legal para los que incumplan

La delegada fue clara al advertir que cualquier funcionario que se niegue a acatar una orden de recepción de un menor inmigrante tendrá que enfrentarse a las Fuerzas de Seguridad y la Fiscalía. Reiteró que Ceuta es un territorio que vive una contingencia migratoria permanente, con muchos más menores de los que su renta per cápita puede soportar, por lo que subrayó que Ceuta es uno de los territorios más interesados en que el reparto se ejecute cuanto antes.

Durante la reunión en Canarias, aseguró haber encontrado la receptividad del ministro Ángel Víctor Torres para que Ceuta sea uno de los primeros territorios en ver reducido el número de menores tutelados en su sistema. El real decreto establecerá un número máximo de menores por comunidad, y una vez superado, entrará en juego el mecanismo de contingencia migratoria que permitirá iniciar los traslados.

“El procedimiento será coordinado desde la delegación del Gobierno en Ceuta y contará con la colaboración de la Ciudad Autónoma, con la que he estado en contacto permanente”, indicó. Destacó también la implicación del consejero de Sanidad, Alberto Gaitán, y de la jefa del área de menores, Toñi Palomo, agradeciendo su implicación para que Ceuta pudiera tener una voz fuerte en el encuentro celebrado en Canarias.

Reconocimiento al trabajo local en Ceuta

La delegada afirmó que Ceuta tiene perfectamente actualizados los expedientes de los menores inmigrantes, lo que facilitaría un reparto inmediato si así se ordenara. “El área de menores lo tiene todo preparado y eso es digno de alabar, sin importar el color político del Gobierno”, manifestó. Subrayó que el Ministerio está “tremendamente satisfecho” con la labor que se desarrolla desde Ceuta en este ámbito.

No obstante, anticipó dificultades: “Sabemos que va a ser muy complicado. Sabemos que se van a interponer recursos absurdos, que se van a usar estratagemas legales para bloquearlo”. Pero, añadió, no se puede permitir que se hable de solidaridad interterritorial solo cuando se discuten presupuestos, y no cuando se trata de atender a menores en situación de vulnerabilidad.

Pérez fue especialmente crítica con el caso de Pozuelo (Madrid), que según recordó, sí acogió a niños ucranianos pero rechaza a los de origen magrebí o subsahariano. “Habrá que hacérselo mirar. Pero claro, teniendo en cuenta quién preside la Comunidad de Madrid, demasiado lejos hemos llegado”, señaló en clara alusión a Isabel Díaz Ayuso.

Advertencia a la derecha y compromiso del Estado

La delegada aseguró que “la derecha y la ultraderecha se parecen cada vez más” en su oposición a la acogida de menores inmigrantes, pero anunció que se activará “toda la maquinaria del Estado” para que cada comunidad asuma los menores que le correspondan.

También desmintió uno de los argumentos recurrentes de las comunidades reacias a colaborar: “Ninguna comunidad tiene que pagar nada. El Estado asume íntegramente el coste de los menores que se reubican. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”, cuestionó. Pérez denunció que las trabas son ideológicas y que “con el nuevo sistema, eso no se va a consentir”.

Finalmente, advirtió que si es necesario se activarán mecanismos coercitivos, incluidos procesos sancionadores, para obligar a las comunidades a cumplir con la ley. “Estamos hablando de derechos humanos, de protección a la infancia. Aquí no hay margen para la insolidaridad ni la instrumentalización política”, concluyó.

Pérez espera a Madrid para conocer si se cesa al director del CETI

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha comparecido este lunes para dar balance de lo realizado durante los primeros 6 meses del 2025.

A preguntas de los periodistas sobre qué va a pasar con el director del CETI, si no abrió el protocolo tras la denuncia de una enfermera o incluso le pidió que no denunciara, Pérez se ha limitado a señalar que eso está siendo coordinado por Madrid y serán ellos los que tomen la decisión definitiva. “Están investigando y daremos cuenta cuando sepamos algo”.

Pérez no ha aclarado si finalmente habrá un cese, ha señalado que ellos enviaron todo lo necesario al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que son los que han abierto una investigación para verificar el cumplimiento de los protocolos y normas que rigen nuestros centros del sistema de acogida.

“Una vez tuvimos conocimiento, pusimos todo en mano del ministerio de una decisión que todavía no tenemos conocimiento”.

Además, Pérez ha señalado que condenan siempre cualquier agresión, que “se ha probado que ha existido ya que la Justicia así lo ha dicho”.

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La Secretaría de Estado de Migraciones ya recibió los testimonios e informes recopilados tras el incidente. Esta documentación, proporcionada por la Delegación del Gobierno, incluiría tanto la versión de la víctima como la del agresor, así como la actuación de los responsables del centro en los momentos posteriores a la agresión.

Fuentes cercanas al caso aseguran que la decisión final sobre la continuidad o cese del director del CETI se tomará en los próximos días. En este contexto, se analizará si hubo omisión de responsabilidades o incumplimiento de los protocolos establecidos en caso de agresión sexual.

El director se encuentra actualmente en una situación comprometida, ya que se le acusa de no haber activado las medidas de protección necesarias tras los hechos. Además, se investiga si trató de silenciar la denuncia, lo que agravaría aún más su situación administrativa y ética.

El ataque: una agresión física y sexual

Según el relato de los hechos, la enfermera acudió a administrar un tratamiento inyectable al residente implicado. Durante el procedimiento, el joven “se bajó los pantalones, exhibió sus genitales y la sujetó con fuerza por el brazo, causándole lesiones”. La profesional sanitaria logró liberarse y salir de la habitación, tras lo cual notificó el suceso. El interno del CETI, finalmente no fue condenado por agresión sexual.

El sindicato de enfermería SATSE ha sido especialmente crítico con la dirección del CETI. En un comunicado emitido este martes, declaró que, “más allá de la gravedad de lo sucedido, queremos denunciar la presunta actitud del director, quien, según la víctima, intentó disuadirla de denunciar en el momento de los hechos”.

Además, SATSE ha denunciado que el responsable del centro no activó los protocolos de protección establecidos para estos casos. En palabras del sindicato, se trataría de una “dejación de funciones absolutamente inaceptable para quien ostenta un cargo de responsabilidad”.

Llamamiento institucional y demandas de transparencia

Desde el ámbito político, representantes locales han pedido transparencia en la investigación y que se adopten “medidas ejemplares” si se demuestra negligencia.

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha mostrado su apoyo a la víctima y ha garantizado que “no se tolerará ningún tipo de encubrimiento o mala praxis”. Además, ha ofrecido su colaboración plena con el Ministerio para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales o administrativas.

Mientras tanto, la víctima ha recibido atención médica y apoyo psicológico, y ha ratificado su denuncia ante las autoridades. Desde el entorno sanitario se insiste en que este tipo de episodios deben contar con una respuesta rápida, coordinada y contundente por parte de las instituciones.

Balance de Interior: 361 inmigrantes llegan a Ceuta en 15 días

El Ministerio del Interior ha publicado este viernes su informe quincenal sobre la inmigración irregular con datos acumulados desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de este año, revelando que en Ceuta para este periodo entraron 1.452 personas por vía terrestre, incluyendo espigones o por la valla, lo que se traduce en un aumento del 7,2 por ciento en comparación con el año pasado.

Los datos acumulados desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2024 daban cuenta de 1.354 entradas por esta misma vía, lo que para este 2025 reflejó 98 más.

Por otra parte, de acuerdo con lo que señala el documento, las entradas por vía marítima a la ciudad autónoma disminuyeron con comparación con el mismo periodo del año pasado. Concretamente, se hace referencia a una caída del 76,9%, pues en 2024 para la fecha se habían registrado 13 ingresos frente a los 3 de este 2025.

En cuanto al número de embarcaciones, se refleja apenas una desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2025.

Analizado de otra manera, tomando en consideración la información publicada en el informe anterior, se concluye que, en un lapso de 15 días, entraron a Ceuta de manera irregular 361 inmigrantes.

Mientras que el número de ingresos por vía marítima permanece igual: 3 inmigrantes, al igual que una sola embarcación registrada.

Una presión migratoria que no cesa si se comparan con las cantidades de la quincena anterior, donde se registraron cerca de 129 entradas en la ciudad autónoma.

Las escenas del Servicio marítimo rescatando inmigrantes en las costas de Ceuta son una tónica habitual que deja imágenes espectaculares de las intervenciones.

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En Melilla aumentan los números

Por su parte, en Melilla también han aumentado las llegadas de los inmigrantes a la ciudad autónoma ya que el 31 de julio de 2024 solo se contabilizaban 37 entradas por vía terrestre, mientras que actualmente son 149. Con estos guarismos, se aprecia un aumento de 112 personas, lo que hace un 302,7 por ciento más.

En cuanto a las llegadas por mar, estas también han aumentado de manera considerable, debido a que en las mismas fechas del año pasado se contaban seis llegadas, cosa que contrasta con las 15 personas que han llegado en 2025. Una cantidad de 9 personas más que provoca que el porcentaje sea del 150 por ciento superior.

Los guarismos se mantienen estables si se cuentan las embarcaciones registradas hasta la fecha en el mismo año, que son de 4 en 2025 y de tres en 2024.

Otros datos de interés del informe

Las llegadas irregulares de inmigrantes a las Islas Canarias desde el 1 de enero hasta al 31 de julio de 2025 han bajado un 46,1 por ciento de las 21.470 personas que habían llegado al archipiélago en patera o cayuco en 2024 a los 11.575 que lo han hecho este 2025.

Son datos del balance quincenal sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior, que muestran que, en general, a toda España y por cualquier vía, han accedido irregularmente al territorio 20.258 personas desde el 1 de enero al 31 de julio, un 27,3 por ciento menos que en 2024. La gran mayoría de estos accesos (18.657) han sido por mar, a bordo de 653 embarcaciones precarias, 169 menos que en 2024.

Una subida de la inmigración en general, cuyas cifras también se han visto aumentadas en las llegadas a las Islas Baleares y la península (El Ministerio del Interior las contabiliza en su conjunto) han subido hasta finales del mes de julio un 14,8 por ciento, de 6.151 personas a 5.064.

500.000 euros para financiar actividades I+D+I en empresas ceutíes

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), destinará 25 millones de euros a financiar actividades de I+D+I de empresas españolas que participan en consorcios internacionales, entre los que está Ceuta, a través de la convocatoria INNOGLOBAL FEDER 2025.

Según explican, la convocatoria concederá subvenciones a empresas españolas con el objetivo de “impulsar su participación en proyectos internacionales de I+D+I con el objetivo de reforzar la proyección global del ecosistema español de innovación”.

La iniciativa se enmarca en el Programa de Transferencia y Colaboración y en el eje de Internacionalización del Plan Estatal de I+D+I 2024-2027 y “refuerza la apuesta estratégica del CDTI por acelerar la transferencia de conocimiento, expandir el perímetro innovador y proyectar la I+D+I nacional en el Espacio Europeo de Investigación y los grandes programas globales”, apuntan desde el Miniterio.

Asimismo, se inscribe en el Plan Plurirregional de España FEDER 2021-2027. En concreto, contribuye al objetivo específico “Desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación y asimilar tecnologías avanzadas”, desde una perspectiva de colaboración internacional.

INNOGLOBAL 2025

Por otra parte, detallan que INNOGLOBAL 2025 “constituye la puerta de entrada para que las empresas españolas conviertan el conocimiento en innovaciones competitivas en los mercados globales, fortalezcan su capacidad tecnológica interna y contribuyan al liderazgo europeo en ámbitos estratégicos”.

En línea con el Plan Estratégico 2024-2027 del CDTI, la convocatoria moviliza recursos para extender la I+D+I a nuevas empresas, elevar la intensidad innovadora y proyectar el talento nacional en consorcios de alto impacto, asegurando que cada euro público invertido se traduzca en crecimiento, empleo cualificado y soluciones beneficiosas para la sociedad.

El plazo de presentación de solicitudes será del 26 de agosto al 26 de septiembre.

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Objetivo y alcance: cooperación tecnológica sin fronteras

INNOGLOBAL 2025 financia la actividad de todo tipo de empresas, desde pymes a grandes empresas, con iniciativas que se desarrollen en alguna de las once comunidades y ciudades autónomas elegibles, según establece el Plan FEDER.

Estas son Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Ceuta (a la cual le corresponden como máximo 500.000 euros), Melilla, Baleares, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Región de Murcia.

La convocatoria INNOGLOBAL “aporta un incremento del capital tecnológico empresarial, con un efecto multiplicador acelerado por la alta intensidad de ayuda prevista”, expresan desde la Administración pública.

Adicionalmente, la cofinanciación FEDER garantiza que regiones menos desarrolladas puedan financiar proyectos con una alta intensidad de ayuda, fomentando el empleo cualificado y oportunidades en áreas con menor densidad innovadora.

Entrada de personal investigador

Por su parte, en términos de transferencia de conocimiento y atracción de talento, la interacción con grandes instalaciones científicas y socios extranjeros expone a las pymes a estándares tecnológicos avanzados y facilita la entrada de personal investigador internacional, reforzando la masa crítica nacional en ámbitos de soberanía como la fotónica cuántica, la biotecnología agroalimentaria o la computación de altas prestaciones.

Además, en cuanto a sostenibilidad y bienestar ciudadano, la convocatoria incorpora el principio Do No Significant Harm (DNSH), relativo a la responsabilidad medioambiental y sostenibilidad, y un criterio específico de impacto socio-económico y ambiental (15% de la evaluación) para priorizar soluciones que aceleren la transición verde y digital.

El Gobierno activa el proceso para la derivación de menores

El Gobierno central ha anunciado este jueves 31 de julio la puesta en marcha del proceso de derivación de menores inmigrantes no acompañados desde territorios saturados como Ceuta, Canarias y Melilla, en una reunión clave celebrada en Las Palmas de Gran Canaria entre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y las delegaciones del Gobierno en todas las comunidades autónomas.

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, se desplazó ayer a Canarias para asistir este jueves a la reunión.

La cita, en la que participaron presencialmente los representantes de Ceuta, Melilla y Canarias, ha servido para detallar las medidas urgentes que se pondrán en marcha para garantizar la protección de estos menores, así como para insistir en que el Gobierno seguirá trabajando en la defensa del interés superior de la infancia inmigrante.

Torres recuerda que las comunidades están obligadas a cumplir la ley

Torres fue tajante al recordar que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, recientemente aprobada, y el futuro Real Decreto de Capacidad –previsto para el 26 de agosto– establecen obligaciones legales claras para todas las comunidades autónomas. “Existen mecanismos legales para garantizar que se cumpla la ley. Nadie puede negarse a cumplirla”, subrayó el ministro.

Con esta normativa, se fija un sistema garantista y vinculante que se activa cuando una comunidad, como ocurre ahora con Ceuta, Melilla o Canarias, triplica su capacidad de acogida ordinaria de menores no acompañados.

A partir de ahí, se inicia un procedimiento administrativo con plazos definidos: las comunidades disponen de tres días para comunicar su situación de saturación, tras lo cual se articula un plan de derivación que implica la firma del delegado del Gobierno en el territorio de origen y de destino, con un margen de 15 días para los menores recién llegados y un máximo de un año para los que ya estaban acogidos.

Menores: una cuestión humanitaria, no ideológica

Durante su intervención ante los medios, Ángel Víctor Torres insistió en el carácter humanitario de esta actuación, y comparó la situación de los menores africanos con la de los refugiados de la guerra de Ucrania. “Es una cuestión de derechos humanos. Solo cambia el color de piel”, sentenció el ministro.

Criticó abiertamente la actitud de algunas comunidades como Madrid, cuyo Ayuntamiento en Pozuelo de Alarcón ha comunicado el cese temporal de la actividad en un centro de acogida alegando problemas con la licencia de uso. Torres lamentó que esta decisión responda más a una actitud de “racismo preventivo” que a motivos legales. “Parece que hay menores a los que se les abren las puertas y otros a los que no”, añadió, apuntando directamente a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y a la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero.

El Gobierno avanza pese a los obstáculos políticos

El titular de Política Territorial también se preguntó si el Partido Popular, que votó en contra de la reforma del artículo 35, incluirá su derogación en la lista de leyes que prevé suprimir en septiembre. En este contexto, pidió al líder del PP en Canarias y vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, que se desmarque públicamente de las decisiones adoptadas por sus compañeras de partido en Madrid, ya que –en palabras de Torres– están bloqueando el derecho de estos menores a ser reubicados en condiciones dignas.

Ceuta y Melilla, en el centro del debate migratorio

La situación que viven actualmente Ceuta y Melilla, junto a Canarias, es insostenible. La presión migratoria en estos territorios ha vuelto a intensificarse en las últimas semanas, especialmente por la llegada constante de menores no acompañados procedentes de África. El nuevo marco normativo busca precisamente evitar que comunidades autónomas con capacidad ociosa den la espalda a este fenómeno, que afecta a todo el país.

Torres advirtió que el sistema se ha diseñado con criterios objetivos como la población, el esfuerzo de acogida ya realizado y otros factores medibles, por lo que ninguna región podrá negarse a colaborar sin saltarse la ley.

Los médicos de Ceuta se concentran para reclamar un estatuto propio

La falta de consenso entre los médicos de toda España y la ministra Mónica García en relación al borrador del Estatuto Marco continúa en el foco del debate. Ante las últimas noticias nacionales al respecto, los doctores que forman el sistema sanitario de Ceuta se han pronunciado al respecto.

Un grupo de profesionales ha salido este miércoles a las puertas del HUCE y de los centros de salud del Tajaral y de Otero para pedir un estatuto que esté específicamente dirigido a los facultativos y elaborado con su colaboración.

La razón de su demanda responde a la búsqueda de una mejora real y efectiva de sus actuales condiciones laborales. Son varios los motivos que están detrás de la protesta manifiesta que han protagonizado, en concreto, la falta de representación en las mesas sectoriales, la solicitud de acceder al nivel A1+ y el rechazo de las 45 o más horas semanales establecidas en el borrador del citado estatuto a diferencia de las 37 y media aprobadas en el Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria.

“Ese documento habla de la felicidad del ser humano y de lo importante que es la conciliación familiar, de la salud mental e incluso cita que, según la OMS, quienes desempeñan sus labores más de 55 horas a la semana tienen mayor riesgo de sufrir un infarto o accidentes cerebrovasculares”, ha señalado Kumari Nanwani, coordinadora de la concentración y especialista en Oftalmología. “¿Qué personas son las que ejercen por más de 55 horas a la semana? Nosotros los médicos, por supuesto”, ha añadido.

“García propone en el proyecto 17 horas para las guardias. Eso es lo que ya estamos haciendo. No sé cuáles son las mejoras que está proponiendo”, ha indicado. “Queremos que estas sean voluntarias”, ha especificado. “Desafortunadamente, estas no cuentan como tiempo trabajado. Es decir, en mi vida laboral si hago siete u ocho años en total en esos turnos, no cuentan para la jubilación. Un policía puede retirarse con 56, pero nosotros no”, ha mencionado.

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Representación y formación

Los doctores constituyen un 12% del total de sanitarios, un porcentaje que conlleva que tan solo haya un facultativo que los represente en las mesas sectoriales. A veces ni si quiera cuentan con uno.

“Nunca se lucha por nuestras reivindicaciones, pero sí para las del resto de colectivos. Nos parece bien que sean atendidos, pero no a costa de que nos dejen en una situación cada vez más precaria”, ha indicado este grupo de profesionales en el manifiesto escrito para la ocasión.

Asimismo, estiman que los años que dedican a estar formados no quedan realmente reflejados en su categoría. “Las distintas carreras que existen requieren 240 créditos y la de Medicina 360 a las que hay que sumar la oposición MIR, que requiere mínimo doce meses, más 4 o 5 años de especialidad”, han explicado a través del texto.

Ello implica que se preparan durante más de una década por lo que entienden que no deben estar en el mismo nivel que otros profesionales. “Exigimos un nivel A1 + para los médicos”, han indicado.

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Responsabilidad

Otro de los argumentos que han defendido a favor de un documento que solo incluya a los facultativos y que tome en consideración su perspectiva es la carga de deber que conlleva su labor diaria.

“Son los responsables últimos del acto médico. Sin embargo, es más frecuente que se pongan en su lugar a enfermeras como encargadas en distintos centros de salud”, ha comentado Nanwani. “Se han producido muertes e infartos que no se han podido frenar. No sé si con la presencia de un doctor habría sido diferente, pero queda esa duda”.

“No podemos continuar sin un estatuto propio por estos motivos. Necesitamos ser los interlocutores directos con el Gobierno o con el Ministerio de Sanidad”, ha aclarado. “La ministra este miércoles se ha reunido con los consejeros de las distintas comunidades autónomas. Es por ello por lo que se han hecho estas manifestaciones   a lo largo de toda España. Hay fotos de profesionales circulando en redes hasta del rincón más recóndito”, ha destacado.

Huelga

“Vamos a ir a huelga y habrá otras más. Se harán hasta que se consiga tener el estatuto del médico”, ha añadido. “No hay facultativos, faltan. El equipo en el que estoy de siete están tres oftalmólogos. No se consigue incorporar a nadie. La gente ya no mendiga por un puesto en la salud pública”, ha espetado. “No es vida no ver crecer a tus hijos, llegar a casa que estén dormidos o que un 31 de diciembre te levantes de la mesa para irte. No queremos eso”.

Desde hace ya unos meses el gremio se moviliza para que sus solicitudes e inquietudes lleguen a oídos de los integrantes de la cartera ministerial. “Pienso que sí nos escuchan. Este miércoles nos hemos hecho fotos con hashtag en los que se la ha mencionado a García y a Yolanda Díaz”, ha comentado. “Si no lo están haciendo, lo harán porque la población comenzará a quejarse en cuanto vea que hacemos un paro”.

Otra de las grandes preocupaciones en el gremio es el déficit que sufre en todo el territorio. La especialista achaca esta realidad a la situación actual y a que ello provoca que otros compañeros decidan irse.

Existe en el presente un plan para paliar la carencia de médicos que atraviesa el país. La especialista tiene una opinión clara hacia el mismo. “No sirve de nada sacar más plazas en las universidades si una vez que se gradúan se encuentran con estas condiciones laborales. Las personas emigran al extranjero. Se quedan los que tienen ataduras familiares”.

“Ese proyecto también debe actuar en hospitales y centros de salud. No puede ser que un doctor de atención primaria atienda a un paciente cada cinco minutos. A veces en ese lapso de tiempo meten a tres pacientes. No pueden ni dar los buenos días. Eso es inhumano. Se van a casa con una sensación de impotencia y de haber hecho mal su trabajo. No es justo ejercer de esa manera”, ha reflexionado.