Distintas opiniones entre los vecinos de Ceuta, ya que algunos les parece bien esta idea, otros no están muy convencidos ante la leve subida.
FaroTV ha salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos ante el incremento de las pensiones por parte del Gobierno.
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta ha exigido este martes el cese de la consejera de Juventud y Deportes, Lorena Miranda, por aprobar una subida de las tasas del ICD de “un 10%” a pesar de que en el Pleno de finales de enero se acordó a instancias de los de Fatima Hamed “rebajar las tarifas en las distintas modalidades deportivas que oferta, reducir los precios de los alquileres de las pistas deportivas y crear un bono deportivo joven para que toda la ciudadanía, sin distinción, tuviera acceso al deporte sin que su situación económica suponga un obstáculo”.
La formación localista ha recordado que la iniciativa fue aprobada por unanimidad con el compromiso de Miranda de “reconsiderar las tasas de alquiler de instalaciones deportivas, así como la reformulación de las tarifas y la ampliación del número de plazas en las actividades más demandadas”.
Sin embargo, “en apenas quince días comprobamos que este Ejecutivo no solo vuelva a faltar a su palabra, sino que además hace todo lo contrario: mienten descabelladamente y sin pudor para demostrar que incumplen de manera sistemática y regular los Acuerdos Plenarios”. “Permite una subida del 10% que prueba que su prioridad nunca ha sido asegurar que toda la ciudadanía tenga acceso al deporte en nuestra ciudad, sino que está concentrando su esfuerzo en apoltronarse y cobrar del erario público por no aportar nada”, ha cargado contra Miranda.
“Llevamos trasladando desde principios de legislatura las carencias que tiene este Ejecutivo en materia deportiva en general así como la desidia con la que, tanto la Consejera de Juventud y Deporte como la Gerente del ICD gestionan dicha institución cuestión por la cual hemos solicitado la disolución del mismo en más de una ocasión y la redistribución del persona”, ha añadido el Movimiento.
El partido que lidera Fatima Hamed ha explicado que “la Administración está para facilitar y poner a disposición de la ciudadanía las herramientas para que todos tengan acceso al deporte en nuestra ciudad, no se puede permitir que por cuestiones de ineptitud política y para contentar a los allegados del PP se perjudique a la ciudadanía sin que a personajes colocados y advenedizos/as políticos continúen destruyendo lo poco que se ha hecho en estos años a nivel deportivo y perjudiquen o priven a determinadas personas de realizar prácticas deportivas en sus distintas modalidades”.
El MDyC ha exigido al Gobierno de Vivas que “asuma responsabilidades”, ya que “no se puede permitir que miembros de este Ejecutivo siga riéndose del pueblo con este descaro”. “Miranda debe ser cesada por su ineptitud en el ejercicio del cargo que ostenta o su alter ego, la gerente del ICD, Araceli García, por la toma de este tipo decisiones”, ha sentenciado.
Ni la vicepresidenta del Gobierno de Sánchez y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atiende a los sindicatos cuando se trata de Ceuta. Ni la política gallega, que se propone sumar a la izquierda en las próximas elecciones generales, acepta la reivindicación de adicionar el plus de residencia al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como el Ejecutivo central exigía hasta 1994.
El complemento seguirá disuelto también este año en los 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas a los que se ha elevado el SMI.
“Hemos hecho gestiones a nivel estatal y el secretario general confederal de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha asumido la reivindicación, pero no sabemos hasta dónde se podrá llegar”, lamentó ayer el líder de esa central en la ciudad, Emilio Postigo, que reiteró que “vamos a seguir insistiendo en que no hay derecho que los ceutíes paguemos parte del Salario Mínimo Interprofesional con nuestro plus de residencia”.
Para esto no ha cambiado nada entre el equipo anterior de la Delegación y el actual: o están de acuerdo con los empresarios, reticentes a abonar ni un euro de más, o no les hacen ni caso en Madrid.
Hasta 1994 cada año en el Real Decreto sobre el Salario Mínimo Interprofesional se recogía en el BOE que a su cuantía SMI general debían añadirse tanto “los complementos de residencia en las provincias insulares y en las ciudades de Ceuta y Melilla” como los de antigüedad y los pluses de distancia, transporte público, nocturnidad, penosidad, peligrosidad…
Preguntada por ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo en octubre de 2019 durante una visita a Ceuta: “Tendremos que corregirlo, lo importante es que el conjunto del territorio español tenga en las políticas de progreso del PSOE la referencia, pero llevamos mucho tiempo en funciones, con competencias limitadas: ojalá cuando esté a pleno rendimiento podamos atender cuestiones como esa”.
Los socialistas (y Podemos) no lo han hecho ni en 2020 ni en 2021 ni en 2022 ni tampoco en 2023.
Al igualar el salario mínimo aplicable en Ceuta con el del resto del Estado no se reconoce el derecho al complemento del 25% que, según ha venido defendiendo CCOO, es de aplicación obligatoria de acuerdo con la Orden de 1975 de referencia, que en su artículo primero recoge el régimen de complemento salarial de residencia para los trabajadores de Ceuta y Melilla en “el 25% del salario base”.
«Consideramos que el plus de residencia es algo que tiene que formar parte de la estructura de las especificidades económicas y fiscales de Ceuta que se tiene que manifestar en el ámbito público y privado y no creemos que se tenga que ver excluido el SMI”, ha opinado Vivas al ser preguntado.
Buenas noticias para los autónomos y empresarios de Ceuta. El Ministerio de Hacienda y Función Pública elevará el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias de 30.000 a 50.000 euros.
Así se desprende del proyecto de orden sometido a trámite de audiencia e información pública, que prevé la entrada en vigor de la norma el próximo día 15 de abril de 2023.
Según argumenta el Departamento que dirige María Jesús Montero, la presente orden tiene como objeto mantener la finalidad última de la exención prevista, otorgando facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones ante posibles dificultades económico financieras de carácter transitorio y agilizando el procedimiento de gestión de estas solicitudes mediante el impulso de su gestión automatizada.
Todo ello teniendo en cuenta el actual contexto económico derivado tanto de la invasión rusa de Ucrania como del choque de oferta que viene sufriendo la economía europea asociado a la escalada de los precios de la energía, que han favorecido un incremento de precios que genera «enormes dificultades» en las economías domésticas y sectores económicos, sin olvidar que todavía perduran los efectos de la crisis pandémica ocasionada por el Covid-19.
Partiendo de este contexto, el Ministerio de Hacienda cree que el límite actualmente vigente de 30.000 euros «denota cierta obsolescencia», por lo que considera necesario actualizar tal importe, elevando el límite de la exención de la obligación de aportar garantías hasta los 50.000 euros.
Este cambio de criterio viene recogido en una orden ministerial de Hacienda que se encuentra en información pública y que entrará en vigor el próximo 15 de abril sin efectos retroactivos, por lo que solo aplicará a los aplazamientos presentados a partir de entonces.
Tal y como se indica en el portal web del Ministerio, la tramitación permanecerá abierta hasta el próximo 2 de marzo de 2023, fecha tope para presentar observaciones.
Hasta ahora, Hacienda permitía que los autónomos aplazaran sus deudas o impuestos sin presentar ningún tipo de aval ni garantía siempre y cuando la cantidad no sobrepasase los 30.000 euros.
Un vecino de Ceuta ha logrado cancelar una deuda de 101.000 euros tras haberse separado y quedarse sin trabajo. Se ha podido acoger a la Ley de Segunda Oportunidad a través de Repara tu Deuda.
Así, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ceuta ha dictado exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 101.000 euros a la que no podía hacer frente.
“El exonerado contaba con un vehículo pequeño para su empleo. Al crecer la familia y por necesidades varias, vendió el que tenía para contar con uno mayor. También solicitó un crédito para poder hacer frente a la compra de los enseres necesarios para el nacimiento del bebé, como cuna, carrito, cómoda, etc. Lamentablemente, años más tarde, se separó y requirió de gastos para la defensa de sus intereses lo que supuso suscribir un nuevo crédito. Más tarde, fue despedido de su trabajo y como solo encontraba trabajos muy temporales solicitó más préstamos para poder subsistir y hacer frente a los gastos de alquiler y alimentación. Debido a la situación, regresó al seno familiar”, explica la entidad.
Al acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad ha podido cancelar la deuda y empezar una vida sin deudas.
Tal y como explica Repara tu Deuda, “España fue uno de los países que más tiempo tardó en incorporar a su sistema esta ley, un mecanismo previsto para dar salida a la situación de sobreendeudamiento de las personas angustiadas por pagos imposibles de asumir. Lo hizo tras la Recomendación de la Comisión Europea de 2014 para activar este mecanismo”.
Aunque todavía existe cierto desconocimiento acerca de esta legislación, la realidad es que cada vez son más quienes han llegado a la conclusión de que se trata de la verdadera solución a sus problemas.
Esta legislación permite a particulares y autónomos quedar exonerados de sus deudas si cumplen una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros, que actúen en todo momento de buena fe y que no hayan sido condenados por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.
Ceuta y Melilla registraron el año pasado la mayor caída en la compraventa de viviendas de España con un descenso en las transacciones del 5,79% y el 7,83%: 618 y 647, respectivamente.
Tan solo las ciudades autónomas, Madrid (-0,7%, 90.406 transacciones) y Cantabria (-2,77%, 9.411 compraventas) llevan la contraria a la tendencia al alza que arrojan los datos provisionales de la Estadística de Transacciones Inmobiliarias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
A nivel nacional se registraron 717.558 transacciones, un 6,42% más que en 2021, y alcanzó el nivel más alto de operaciones desde 2007, cuando se registraron 836.871.
En el cuarto trimestre, se contabilizaron 173.804 compraventas, un 2,96% más que en el trimestre anterior, aunque con una caída cercana al 10% en términos interanuales.
La mayor beneficiaria ha sido Canarias, con un repunte de las compraventas del 26,94% hasta sumar 31,126 operaciones en 2022 También se contabilizaron subidas de dos dígitos en la Comunidad Valenciana, donde se realizaron 113.252 transacciones, un 14,37% más que el año anterior.
Por tipología de vivienda, la obra nueva concluyó 2022 con 67.725 compraventas, un 5,71% menos que el año anterior, siempre según los datos provisionales del Mitma.
Sin embargo, las transacciones inmobiliarias de segunda mano escalaron un 7,87%, hasta las 649.833 operaciones en 2022.
A pesar de la caída general de las transacciones de vivienda nueva, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Murcia, País Vasco y La Rioja, nueve comunidades en total, se desmarcaron de esa tendencia, con subidas de entre el 0,69% y más del 30%.
Dentro de la península, los mayores repuntes, en términos interanuales, se dieron en Extremadura, con un 35,25% más y un total de 541 operaciones, y en Aragón, con un alza del 34,78%, hasta las 2.011 transacciones de obra nueva.
Sin embargo, Ceuta también se apuntó un incremento del 59,09%, con 35 transacciones de obra nueva, todo lo contrario a lo sucedido en residencias de segunda mano en la ciudad, cuyas transacciones sufrieron una pérdida del 8,04%, con 583 compraventas de vivienda usada.
Las caídas más acentuadas en las transacciones inmobiliarias de vivienda nueva en 2022 se observaron en la Comunidad de Madrid, con un retroceso del 22.18%, hasta las 10.964 peraciones, seguida de Galicia, con un descenso del 21,63%, hasta las 1.938 compraventas, y Cantabria, con 835 operaciones, un 21.37% menos que el año anterior En Melilla, las transacciones de vivienda nueva se desplomaron un 33,83% hasta las 131compraventas.
En el caso de la vivienda de segunda mano, el incremento nacional del 7,87% estuvo Impulsado por comunidades autónomas como Canarias, con una subida del 27.5% y un total de 29.075 compraventas de vivienda usada, o la Comunidad Valenciana, con un punte del 16.06% hasta las 103, 118 operaciones
La compraventa de segunda mano solo se redujo en tres comunidades. En Cantabria, se realizaron 8.576 transacciones, un 0,48% menos que el año anterior, en el País Vasco, 21.805, con un descenso del 0,49%; y en La Rioja, 4.680 compraventas de vivienda usada, un 0,36% menos.
Ceuta recibirá algo más de dos millones del Estado para proyectos relacionados con la mejora de la situación de familias en estado de vulnerabilidad social y proyectos básicos relacionados con la alimentación y el ocio de niños pertenecientes a estos núcleos familiares.
El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la distribución de 2.046.394 euros a Ceuta para garantizar la protección de las familias y combatir la pobreza infantil, así como para desarrollar prestaciones básicas de los servicios sociales en la región.
La distribución territorial para las comunidades y ciudades autónomas beneficiarias de este acuerdo asciende a un total de 198.704.000 euros, cuya aprobación definitiva será sometida al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La protección de las familias y la lucha contra la pobreza infantil contará con una inversión total de 65 millones de euros, de los que Ceuta recibirá 1.278.874 euros. Estos fondos cubrirán, a su vez, dos líneas de actuación.
Por un lado, hay 964.974 euros destinados a la financiación de proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene o ropa; y facilitando el acceso a otros servicios como los de salud, educación, vivienda o empleo, así como el apoyo a la conciliación familiar y laboral y el acompañamiento y trabajo social con las familias.
Por otro, 313.900 euros irán dirigidos al desarrollo de programas específicos que garanticen el derecho básico de la alimentación, ocio y cultura de niños y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral.
Este acuerdo incluye la distribución de 25 millones de euros para programas de refuerzo de equipos de atención a la infancia y la familia en los servicios sociales de atención primaria, según lo previsto en la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
De esta partida, Ceuta recibirá 125.000 euros para la financiación del refuerzo de los equipos de infancia y familia de la red de servicios sociales de atención primaria. Asimismo, «se proporcionará a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la prevención y detección precoz de cualquier riesgo de violencia hacia la infancia, promoviendo la competencia en sus funciones de crianza por parte de las familias».
Además, la inversión total para las comunidades y ciudades autónomas beneficiarias incluye más de 108,7 millones de euros para garantizar la prestación básica de los servicios sociales, con el fin de mantener la red de servicios sociales de atención primaria y proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan cubrir sus necesidades básicas.
A tales efectos, Ceuta gestionará una inversión de 642.520 euros para activar proyectos que garanticen el desarrollo de prestaciones básicas orientadas a informar y orientar a la población, reforzar la ayuda a domicilio y el apoyo a la unidad de convivencia, así como fortalecer el alojamiento alternativo y la prevención e inserción socia
La Asociación de Acceso Justo al Medicamento (AAJM) ha denunciado este jueves la desigualdad de las personas más vulnerables y empobrecidas, incluidas las de Ceuta, a la sanidad universal, así como a tratamientos y medicamentos, y ha advertido que «esto no solo es una cuestión de justicia social, sino que también puede tener graves consecuencias para la salud pública».
Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebrará este viernes, la asociación reivindica en un comunicado «el derecho de todas las personas a acceder a los medicamentos y las vacunas que necesitan para mantener o recuperar su salud».
«En nuestro mundo actual, el acceso a los medicamentos y vacunas es desigual y, en muchos casos, inexistente para las personas más vulnerables y empobrecidas», remarca y recuerda que «en los países con escasos recursos mueren millones de personas por no facilitar el acceso a una vacuna, mientras la industria farmacéutica obtiene beneficios multimillonarios, calificados en muchos casos de obscenos».
Por ello, reclama «la implementación de políticas y regulaciones que garanticen precios asequibles y accesibles, así como el acceso a tratamientos innovadores y genéricos, y especialmente a los recursos sanitarios básicos».
Asimismo, la AAJM defiende «una mayor transparencia» en la fijación de precios de los medicamentos y más inversión en investigación y desarrollo médico, «con vacunas que aborden las necesidades de las personas más vulnerables».
Apela la asociación al lema “Salud para todos”, elegido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para conmemorar este día mundial y destaca la labor de la organización para “promover la salud, preservar la seguridad del mundo y servir a los vulnerables».
Más de 80 representantes de más de 50 Cámaras de Comercio se reunieron este jueves en Pamplona para promover la transición energética, mediante la puesta en marcha de comunidades energéticas locales (CEL) en España, siguiendo el modelo de Toda Energía, promovido por la Cámara de Comercio de Navarra y diseñado por Edinor. Actualmente, diez Cámaras de Comercio han iniciado el proceso de constitución de comunidades energéticas en 206 ayuntamientos de 12 provincias españolas y, además, se han iniciado los trámites administrativos para la constitución en otras 15.
Un total de 52 Cámaras de Comercio de España, entre ellas la de Ceuta, se han adherido a un manifiesto por la transición energética y descarbonización a través de la puesta en marcha de comunidades energéticas locales. De esta forma, estas Cámaras se comprometen a fomentar todas las iniciativas que promuevan una mejor competitividad de las empresas y que mejoren la eficiencia energética con fuentes de energía que permitan mantener la sostenibilidad ambiental y económica.
Durante la sesión, los presidentes, directores generales y secretarios de Cámaras de Comercio presentes en la reunión tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad el modelo de comunidad energética local. La sesión contó también con la participación del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; el presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna; el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero; el consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo; la directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 del Gobierno de Navarra, Uxue Itoiz; Manuel Rodríguez, director de Promoción Empresarial de CENER; Joan Herrera, Exdirector del IDAE y actual Director de Medio Ambiente en el Prat de Llobregat; Nacho Gómez, CEO de MUT; José Andrés Palacios, director Cámara de Comercio de Navarra; Juan Diego, Consejero Delegado de EDINOR y Juan Luis Martínez, Director Técnico de Garantía Cámara en Cámara Comercio de Sevilla.
En estos momentos, las Cámaras de Comercio, con Edinor, filial 100% de Petronor, como socio tecnológico, han promovido la puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas en 206 ayuntamientos de Navarra, Sevilla, Valladolid, La Rioja, Alicante, Huesca, Almería, Tortosa, Badajoz, Cantabria, Torrelavega y Guipúzcoa que podrían beneficiar a más de 28.500 hogares y comercios. En total, generarán 22.836 KW de potencia.
Esta producción de energía solar supone un ahorro de emisiones de 142.730 toneladas de CO2, lo que equivale a plantar 579.890 árboles repartidos entre los municipios que conforman la comunidad energética y que estarían absorbiendo CO2 de la atmósfera durante 25 años. Además, se han iniciado los trámites administrativos para la creación de CEL en otras provincias a través de las Cámaras de Comercio.
Estas comunidades que se están implantado en España imitan el modelo de comunidad energética de Toda Energía Navarra, iniciado por la Cámara de Comercio de Navarra hace un año.
El modelo CEL, diseñado por Edinor y promocionado por las Cámaras de Comercio, articula la participación ciudadana centrada en proyectos de energía distribuida, que se traducen en generación de energía renovable en el municipio dónde los miembros de la CEL residen aprovechando las cubiertas de los edificios y/o espacios municipales para ejecutar en ellos una instalación fotovoltaica y puntos de recarga para vehículos eléctricos y ser disfrutada en régimen de autoconsumo compartido.
De esta forma, las pymes y los ciudadanos desarrollan un rol activo en la transición energética, generando beneficios medioambientales, económicos y sociales para ellos y para el entorno local dónde desarrollan su actividad.
Ceuta recibirá 300.000 euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la implantación de oficinas permanentes para la atención a la digitalización.
Estas, ha trasladado la Ciudad, «contribuirán al desarrollo de las habilidades digitales de colectivos vulnerables como jóvenes y mayores de 65 años, y a llevar a cabo otras iniciativas que favorezcan el desarrollo económico para atender desigualdades y potenciar la transición ecológica».
La Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, a través de sus directores generales Francisco Javier Pérez Hita y Lidia Ruiz, ha participado en la Conferencia Sectorial del Reto Demográfico.
La cita ha sido fructífera para al ciudad autónoma, ya que que ha servido, entre otros asuntos, para terminar de consolidar la participación de la administración local, que a través del trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años por el departamento que dirige la vicepresidenta primera, Mabel Deu, ha logrado introducir a Ceuta en el reparto de fondos para el reto demográfico.
En este caso, ha explicado la administración, por tratarse de un territorio densamente poblado.
Desde el inicio de la participación de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales en este foro se dio traslado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de las necesidades detectadas como ciudad con una alta densidad de población y que han podido ser atendidas por la Administración General del Estado.
De esta forma, en el transcurso del encuentro se ha dado luz verde a la distribución de los créditos consignados al Fondo de Cohesión y Transformación Territorial (100.000 euros), así como a los destinados para financiar actuaciones de capacitación digital para la ciudadanía, en el marco del componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (200.000 euros).
Estos 300.000 euros servirán para ir rompiendo la brecha digital entre ciudadanos ceutíes, una histórica reclamación por parte tanto de la sociedad como de grupos políticos.
