La Guardia Civil recupera el cadáver de otro inmigrante en el Recinto

Agentes de la Guardia Civil han recuperado este sábado el cadáver de un inmigrante que estaba en las redes de la almadrabeta, en la zona del Recinto, en Ceuta.

Tras recibir el aviso, se activó el protocolo alertando a los GEAS y Servicio Marítimo para su localización y traslado del cuerpo sin vida del inmigrante a la base del puerto pesquero, en donde ha sido activada la funeraria y el profesional forense.

Se trata de un varón que vestía traje de neopreno y que lleva poco tiempo fallecido en el mar.

Esta misma semana, los propios GEAS tenían que sacar del agua, en la misma zona del Recinto, dos cadáveres de jóvenes inmigrantes marroquíes que eran originarios de El Jadida.

Ahora el Instituto Armado, a través de los componentes de la Policía Judicial del Laboratorio de Criminalística, tratará de verificar si portaba documentación y si la misma cuadra con el cadáver localizado para, de esta manera, poner identidad de manera oficial al joven.

En lo que va de año han sido recuperados los cuerpos sin vida de 19 inmigrantes, cuatro de ellos en este mes de mayo.

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La labor del Laboratorio de Criminalística

El Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, adscrito a la Policía Judicial, toma huellas de todos los cadáveres de inmigrantes y registra los datos que puedan servir para la identificación de los fallecidos, de los cuerpos sin vida asociados al drama de la inmigración irregular que se registra en la frontera sur.

El hecho que haya denuncia es importante porque ayuda a cercar la búsqueda de las identidades y conseguir con mayor rapidez los datos sobre los inmigrantes, logrando así la comunicación con sus familias y el posterior entierro o repatriación a sus lugares de origen.

En este caso, si porta documentos, será más fácil poder llegar a su identidad y facilitar estas gestiones.

Una cadena de sucesos que no tiene fin

Los intentos de entrada a nado que llevan a cabo los inmigrantes, buscando sortear los espigones que separan Ceuta de Marruecos o saltando la valla, derivan en auténticas desgracias que se materializan en la localización de cadáveres.

Es una cadena de sucesos que no tiene fin. En algunos casos, gracias a la labor de la Guardia Civil, se puede dar con la identidad de esas personas ya que se efectúan gestiones con los consulados y embajadas para favorecer que los entierros no se produzcan sin saber las identidades.

Las publicaciones de desaparecidos son constantes, de jóvenes que buscaron el pase a nado y de los que sus familias nada saben. El hallazgo de estos cadáveres termina poniendo el punto y final a estas auténticas desgracias que tienen su escenario, su foco, en la frontera sur.

Además de quienes pierden la vida ahogados, están aquellos que mueren de frío después de esconderse tras saltar el vallado. Entre finales de 2025 y lo que va de año ha repuntado este tipo de situaciones.

Y se conocen los datos de los cadáveres que son localizados en Ceuta, pero no los correspondientes a estos inmigrantes que quedan al otro lado de la frontera. Esa cuenta trágica no se hace pública en Marruecos, por lo que se desconoce el alcance global de esta auténtica tragedia.

Las publicaciones en medios de comunicación del vecino país sí que ofrecen aquellos casos de magrebíes, tanto marroquíes como argelinos, que pierden la vida al arrojarse al mar, abriéndose en brazadas que terminan llevándose sus cuerpos.

Desembarco de subsaharianos en Ceuta

Con sus manos haciendo de remos. Así han llegado hasta la zona de Santa Catalina nueve inmigrantes subsaharianos, que habían partido de Marruecos esta misma mañana. Asustados, la embarcación que ocupaban una neumática, llegó hasta la zona de la planta de transferencia de residuos, de donde escaparon a la carrera.

Guardia Civil y Policía Nacional se activaron, rastreando todo el lugar. Agentes no solo de la Compañía sino también de otras unidades, como los propios funcionarios destinados en San Amaro, emprendieron la búsqueda de los inmigrantes por todo el lugar.

Finalmente fueron encontrados en la zona del Pueblo de San Antonio y trasladados a la parte de la Bolera, a la espera de la llegada de las ambulancias del ERIE de Cruz Roja, encargadas de su reconocimiento físico. Los inmigrantes, todos varones, estaban muy asustados y, de hecho, cuando vieron los vehículos por la carretera, aunque no fueran de las fuerzas de seguridad, salieron huyendo.

Todos están bien de salud y serán ingresados en el CETI una vez que la Policía Nacional los filie. Es la primera llegada de inmigrantes subsaharianos por esta vía desde hace muchos meses. Estos sí han podido superar el blindaje que también existe en la Frontera Sur en la zona marítima.

 

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La UCO entra en Ferraz y reclama documentación interna del PSOE por el ‘caso Leire’

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este miércoles en la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, para requerir documentación relacionada con la investigación judicial abierta en torno al denominado ‘caso Leire’.

La actuación se ha producido por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y se centra en una supuesta trama destinada a recopilar información sensible sobre miembros de la Guardia Civil, jueces y fiscales vinculados a investigaciones que afectan al entorno socialista.

Por ellos, los agentes solicitaron acceso a correos electrónicos, libros contables, sistemas internos de gastos, registros de visitas y documentación vinculada a viajes y reuniones celebradas entre 2024 y 2025.

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EFE

La investigación trata de esclarecer si existieron pagos o relaciones contractuales entre el partido y personas investigadas como Leire Díez o el empresario Javier Pérez Dolset.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que instruye el ‘caso Leire Díez’ ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervenga los correos electrónicos del que fuera secretario de Organización el PSOE, Santos Cerdán, y también de la actual gerente, Ana María Fuentes, entre otros, así como un «examen íntegro ‘in situ’ de los libros contables» del partido y el listado de acceso a la sede federal de la considerada ‘fontanera’ Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset.

También ha solicitado rastrear las agendas y el acceso de coches al párking subterráneo en Ferraz, sede federal PSOE en Madrid, y ha solicitado una información detallada de todos los viajes, hospedajes y alquileres de vehículos que por parte de este partido se hayan organizado o gestionado tanto de forma individual como conjunta con otras personas, según el auto de requerimiento al que ha tenido acceso Europa Press.

El requerimiento afecta a las direcciones de correo electrónico de cuentas corporativas del PSOE del que fue su secretario de Organización, Santos Cerdán, y también de la gerente, Ana María Fuentes, además de a otros cargos de la formación como Celia Rodríguez y el exresponsable de comunicación, Ion Antolín, así como a direcciones de correo asociadas a la gerencia de los socialistas.

Investigación judicial y posibles delitos

El procedimiento judicial apunta a una posible estructura organizada que habría intentado desacreditar o interferir en investigaciones policiales y judiciales en marcha. Entre los delitos que analiza la Audiencia Nacional figuran presuntos casos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y falsedad documental.

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EFE

La causa tiene su origen en los audios difundidos en 2025 y publicados inicialmente por varios medios de comunicación españoles, en los que Leire Díez aparecía presuntamente buscando información comprometedora sobre responsables de la UCO, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas. El PSOE abrió entonces un expediente informativo interno a Díez, aunque negó que actuara en nombre del partido.

Reacción del PSOE y tensión política

Desde el PSOE han insistido este miércoles en que existe “tranquilidad” y plena “colaboración con la justicia” ante el requerimiento efectuado por la Guardia Civil. Fuentes socialistas recalcan que la actuación de la UCO consistió en una petición de información y no en un registro judicial de la sede de Ferraz.

La entrada de los agentes en Ferraz ha provocado además una fuerte reacción política. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la convocatoria inmediata de elecciones generales, mientras distintas formaciones reclaman explicaciones al Gobierno sobre el alcance de la investigación y la relación de los investigados con la dirección socialista.

La documentación requerida por la UCO

Entre la información solicitada por los investigadores figuran los volcados completos de correos electrónicos de responsables de gerencia del partido, respaldos digitales, procedimientos de autorización de pagos y movimientos económicos internos.

También se requirió el registro de acceso a la sede de Ferraz en varias fechas concretas, así como información relativa al acceso de determinados vehículos al aparcamiento del edificio.

La investigación permanece bajo secreto parcial de sumario y, según las informaciones publicadas, el juez prevé nuevas declaraciones e interrogatorios en las próximas semanas dentro de una causa que continúa ampliándose y que mantiene elevado el nivel de tensión política en el panorama nacional.

La Fiscalía de Ceuta pide 8 años de prisión para los subsaharianos que arrojaron cal viva a la Guardia Civil en el perímetro

La Fiscalía ha pedido 6 años de prisión para los subsaharianos que atentaron contra la Guardia Civil en la entrada del pasado 26 de julio por el perímetro, después de que arrojaran cal viva contra los agentes causando quemaduras a nueve de ellos. Además, a otros dos guardias civiles les provocaron otro tipo de lesiones.

La Fiscalía solicita además de esos 6 años de cárcel por un delito de atentado, otros dos más y 18 meses de multa con una cuota diaria de 25 euros por un delito de daños. A esto se añade la petición de doce delitos leves de lesiones (por cada guardia civil herido) por los que pide multa de dos meses con cuota de 25 euros por día.

En total son 9 los inmigrantes acusados que deberán sentarse en el banquillo cuando la Audiencia Provincial señale la celebración del juicio oral cuya apertura ya ha sido solicitada por la Fiscalía. En la petición cursada, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se añade la petición de indemnización a la Guardia Civil por los daños y el abono de 10.511 euros al Estado por los daños en el vallado.

En concreto, tal y como se recoge en el escrito, a la Dirección General de la Benemérita se le deberá indemnizar entre todos los acusados con más de 3.600 euros por los daños que causaron en camisolas, pantalones, guantes de intervención y pantallas de cascos antidisturbios, así como en pantalones y zapatos técnicos amén de en un vehículo usado por la Benemérita.

A este montante se suman otros 495 euros más en concepto de indemnización a la Guardia Civil de Ceuta por la reparación de un terminal y al Estado, 10.511 euros por el arreglo del vallado del perímetro que separa Ceuta de Marruecos que resultó dañado porque los inmigrantes terminaron reventándolo para acceder a la ciudad autónoma.

Cizallas, cal viva y bolas de heces para conseguir una entrada masiva por la valla de Ceuta

A la hora de especificar las lesiones causadas por los inmigrantes que fueron identificados como autores de las mismas se ha tenido en cuenta el parte médico que se llevó a cabo tras el ingreso de los guardias civiles en urgencias del Hospital.

En el caso de las quemaduras químicas hubo tanto de primero como de segundo grado, que se produjeron en la zona del ojo, muñecas, cuello… Los componentes del Instituto Armado acudieron al clínico debido a que, tras repeler la entrada de los inmigrantes, comenzaron a sentir reacciones extrañas, comprobándos que lo que tenían eran quemaduras.

Hubo un guardia civil que tardó 15 días en sanar. Ninguno sufrió daños de por vida, pero sí tuvieron que tratarse del enrojecimiento en la piel y de las lesiones que sufrieron en un tipo de entrada inesperada que nunca se había producido como tal en la ciudad.

En la relación de petición de indemnizaciones se contemplan las que deben abonarse a los guardias civiles, que comprenden desde los algo más de mil euros a los 150 solicitados en menor medida.

Una entrada que marcó un antes y un después a pie de valla

La entrada de algo más de 600 inmigrantes subsaharianos reventando el vallado el pasado 26 de julio marcó un antes y un después en la inmigración. El hecho de que se hubieran producido varias bajas en la Guardia Civil, después de que los agentes fueran alcanzados por la cal viva que lanzaron los subsaharianos, marcó un antes y un después. No fue solo la cal, también hubo agresiones con empleo de palos y piedras, además de empleo de artefactos caseros como lanzallamas. A esto se sumó que se hiciera uso de bolas de heces y botellas con orines que fueron arrojados contra los componentes del Instituto Armado cuya misión era la del control del vallado.

En su escrito, el Ministerio Fiscal recoge que “las personas estaban perfectamente organizadas y coordinadas” bajo las órdenes de los 9 subsaharianos que fueron marcados como cabecillas. De ellos todos fueron puestos en libertad salvo dos, que permanecieron un tiempo en prisión. Luego salieron sin fianza e ingresaron en el CETI, de allí uno se fugó y la Policía supo que se encontraba en Alemania. Se hicieron gestiones policiales para localizarlo, pero no se ha confirmado que se haya procedido a su detención y traslado a España para que responda judicialmente de los hechos delictivos con los que se les relaciona.

“La entrada se produjo por el vallado, utilizando la fuerza contra las cosas y la violencia contra las personas. Así, en primer término, los acusados organizaron a las personas a las que dirigían a fin de que violentaran con cizallas y radiales eléctricas el vallado. A continuación, una vez que iban accediendo al territorio nacional, con ánimo de atentar contra la autoridad y de alterar el orden y la paz social y así facilitar la entrada de las personas que componían los subgrupos, los acusados dieron a estas personas las directrices de utilizar la violencia contra los agentes de la Guardia Civil, que cumplían funciones de vigilancia”, recoge la Fiscalía.

Pese a que los efectivos del Instituto Armado disponían de medios para su defensa, resultaron heridos.
De aquella entrada nació una investigación posterior llevada a cabo por la Benemérita, que terminó con el arresto de los presuntos implicados en esta acción coordinada. Se sirvieron de los vídeos procedentes de las grabaciones del perímetro así de los que se habían obtenido esa misma madrugada por otras vías. Aquellas investigaciones dieron pie a una actuación sobre la que terminó pronunciándose el ámbito judicial.

El sicario a sueldo que rechazó el encargo de la red del narcotúnel

¿Cuánto cuesta contratar a un sicario a sueldo para ejecutar a una persona? Los precios los marcan aquellos dispuestos a ofrecer “soldados” en el escenario de un crimen que esté planificado y persiga un fin concreto. En la investigación de la UDYCO en torno al segundo narcotúnel localizado en Ceuta se alude a un intento por ajusticiar a quien, habiéndose movido al margen de la ley, terminó ayudando a la Guardia Civil a localizar esa primera galería por la que entraba hachís desde Marruecos.

En un informe remitido a la Audiencia Nacional, los agentes se centran en ese pretendido asesinato, en su conspiración, aunque el sicario supuestamente contratado como ejecutor quedara en libertad al poco de su arresto este pasado marzo y negara, además, haber aceptado la comisión de dicho encargo a sueldo.

A pesar de ello, para los agentes de la UDYCO la idea era clara: atentar contra la vida e integridad física de las personas, apreciándose la existencia de un riesgo real y concreto para la vida de quien cooperó con Asuntos Internos ofreciendo una declaración que no solo terminó viralizándose en TikTok sino que, además, fue compartida de forma masiva entre múltiples contactos telefónicos para poner su rostro en la diana.

«Había un camino donde todo el mundo estaba comiendo»

“¡Que se joda, chivato!”, dicen de esta persona en las sonorizaciones captadas por la UDYCO a lo largo de la investigación. “Vendió a todos, lo único que quería era salir a la calle”, añaden.

Hablan del cooperador de la Guardia Civil, quien ha denunciado en Jefatura Superior las amenazas recibidas.

“Había un camino donde todo el mundo estaba comiendo y vienes tú y rompes esto. Ahí no había ningún peligro para la humanidad, esto es cuestión de rencor, envidia y odio… Hizo daño a esos agentes de la autoridad”.

Son estas algunas de las conversaciones que integran este informe recopilatorio que viene, por un lado, a sostener la existencia de una conspiración para matar, aunque, por el otro, se recalca que la misma nunca llegó a fraguarse en un encargo aceptado por el sicario al que contactaron.

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«¿Tienes algún soldado en tierra?»

“¿Tienes algún soldado en tierra o no? Hay una misión”, se le pregunta al llamado H.M.A., marcado por supuesto sicario. Le hablan de ajusticiar a “un hijo de puta, un chivato. Pagan para quemarlo”.

Cree la UDYCO que se estaba tratando de acordar un precio, una suma económica que percibiría el sicario por ejecutar el ilícito penal, relacionado con atentar contra la vida.

Mantienen los investigadores que hay indicios de ello, aunque nunca se hubiera avanzado en la preparación efectiva del crimen.

El plan que terminó solo en conspiración

“Procedida a la detención y desmantelamiento de la organización criminal, este investigado manifiesta en sede judicial los hechos acaecidos y la proposición criminal de los miembros de la organización investigada, si bien indica que él nunca tuvo la intención de realizar el encargo y de atentar contra la vida”, expone la UDYCO.

Aluden los agentes a las detenciones ejecutadas en marzo que se tradujeron en casi 30 arrestos además de entradas y registros en Ceuta y puntos del sur peninsular y Galicia.

“Se hace constar que esta Instrucción no observó en vigilancias y en las diversas medidas de investigación acordadas, que este encartado tuviera la intención real, de ejecutar el encargo de homicidio mediando precio o recompensa”, añade.

El informe específico sobre esta acción queda desdibujado en cuanto a la autoría del crimen, toda vez que solo queda recogido como mera intencionalidad o motivo de conversación. Lo más que se produjeron fueron pintadas, conversaciones y amenazas que han sido denunciadas en la propia Jefatura Superior de Policía.

Los niños del colegio Lope de Vega homenajean a la Guardia Civil

Guardias civiles que rescatan a personas, que cuidan animales, que protegen el medio ambiente… Hombres y mujeres que forman parte de las filas de un Instituto Armado al que los niños del colegio Lope de Vega han querido rendir homenaje como parte del concurso que cada año organiza la AMPA del centro con motivo de los actos de la Constitución.

En esta edición estaba dedicado a la Benemérita, después de que agentes de distintas unidades hicieran una visita hace unos meses al colegio para enseñar a sus alumnos cómo trabajan. Después de aquella exhibición, la AMPA decidió que los niños y niñas de todos los cursos reflejaran en dibujos y redacciones sus ideas en torno a la Guardia Civil. Este jueves, los mejores han recibido sus medallas como finalistas o ganadores.

El responsable de prensa de la Guardia Civil, Alfonso Cruzado, junto al máximo responsable de los GEAS, el sargento Pedro Javaloyes, han representado a la Benemérita en este acto escolar haciendo entrega de las medallas. La AMPA les ha dado un cuaderno con todos los trabajos premiados así como una placa.

Los niños y niñas, emocionados, han estado arropados por sus familiares, orgullosos por su reconocimiento que no refleja más que la admiración hacia los hombres y mujeres que componen la Benemérita en nuestra ciudad.

Los ganadores han sido Patricia Santiago Siles, Nihad El Yohendi, Ines Mohamed, Alejandro Villena Escobedo, David Carnero y Sabrin Mohamed.

Los finalistas han sido Romaisa Donaslefarchi, Amina Lahcen Mohamed, Julia García Marfil, Romaisa Alami El Marrouli, Elena Heredia Jiménez, Sundus Demgha Mohamed, Alba Mª Vega García, Andrea Ribeiro Vivancos, Enrique Nuh Ben Zaina, Sofía Almagro Vilches, Mª Belén Ragel, David Fernández, Marcos López Echarri, José Carracao, Jimena Carracao, Laura Pérez León, Daniela Rodríguez, Romaisa Mohamed Ruiz, África Bermejo del Valle, Álvaro Almagro Vilches, Julia Gómez Rodríguez y Raúl Bernal.

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La ciberseguridad y la protección del usuario ganan protagonismo en Bet On Ceuta

La segunda parte de la jornada de Bet On Ceuta estuvo marcada por el análisis de algunos de los principales retos que afronta actualmente la industria del juego online.

La regulación, la identidad digital, la fiscalidad, la optimización de pagos y la protección de los usuarios centraron buena parte de las ponencias celebradas durante la mañana.

Una de las mesas más destacadas abordó la actualidad jurídica del juego online en España, con la participación de representantes de JDigital y del despacho Asensi Abogados. Los expertos analizaron la evolución del marco regulatorio, la situación de las licencias y los desafíos legales a los que se enfrentan los operadores en un entorno cada vez más exigente.

También tuvo protagonismo la tecnología aplicada a la identificación de usuarios a través de la ponencia “La identidad como llave maestra: jugar seguro sin fricción”, donde se abordó el equilibrio entre la verificación de identidad, la protección de menores y las políticas de juego responsable sin perjudicar la experiencia del usuario.

La programación continuó con una intervención sobre el impacto que ha tenido el régimen fiscal diferenciado de Ceuta durante los últimos años. Los representantes de EY repasaron la experiencia acumulada por las empresas que han trasladado su sede de dirección efectiva a la ciudad y analizaron la consolidación de un marco tributario que ha convertido a Ceuta en un destino atractivo para la inversión vinculada a la economía digital.

Asimismo, se abordó la importancia de los sistemas de pago en la industria del iGaming y la necesidad de ofrecer soluciones ágiles y eficientes para mejorar la experiencia de usuario y favorecer la captación y fidelización de clientes.

También se celebró una mesa centrada en la promoción de un juego más seguro, en la que participaron representantes de BetBlocker, Paf España y AdmiralBet España. Los ponentes coincidieron en la necesidad de reforzar la colaboración entre operadores y entidades especializadas para desarrollar herramientas de protección del usuario y prevenir conductas de riesgo. Todo esto antes de pasar a las intervenciones de la Policía Nacional y la Guardial Civil enfocadas en la ciberdelincuencia.

La Policía Nacional muestra una gran operación contra el fraude en apuestas

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La lucha contra el fraude online fue otro de los ejes de la jornada. El jefe del Servicio de Control de Juegos y Apuestas de la Policía Nacional, David Calvete, presentó los resultados de la denominada Operación Sunflowers, una investigación internacional que permitió desarticular una red criminal dedicada al fraude masivo en plataformas de apuestas.

Según explicó, la organización captaba a mujeres refugiadas ucranianas en situación de vulnerabilidad y utilizaba identidades robadas a más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades para operar mediante sistemas automatizados de apuestas. La trama llegó a mover cerca de cinco millones de euros que posteriormente eran blanqueados a través de inversiones inmobiliarias en distintos países europeos.

La operación se saldó con doce detenidos en las provincias de Alicante y Valencia, seis de los cuales ingresaron en prisión provisional, y permitió esclarecer más de 240 denuncias por usurpación de identidad.

Calvete destacó además el nivel de especialización alcanzado por las fuerzas de seguridad españolas en la lucha contra el cibercrimen y alertó sobre la creciente sofisticación de las organizaciones criminales que operan en el entorno digital.

Más de cinco millones recuperados por la Cibercomandancia

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La ciberseguridad volvió a centrar otra de las intervenciones más seguidas de la jornada con la participación de Jorge Ponte Rodríguez, responsable de la nueva Cibercomandancia de la Guardia Civil, creada hace apenas un año para reforzar la respuesta frente al incremento de los delitos cometidos a través de internet.

Ponte explicó que esta unidad ha gestionado miles de denuncias desde su puesta en marcha y ha contribuido a la investigación de cerca de 28.000 delitos registrados en los sistemas estadísticos de criminalidad, de los cuales aproximadamente el 55% corresponden a ciberestafas.

El responsable de la unidad destacó que la rapidez en la denuncia resulta fundamental para bloquear transferencias fraudulentas, evitar la desaparición de pruebas y actuar frente a campañas de phishing antes de que generen nuevas víctimas.

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Entre los resultados obtenidos, la Cibercomandancia ha solicitado el bloqueo de más de 28 millones de euros vinculados a actividades delictivas y ha conseguido inmovilizar más de cinco millones. Además, ha realizado 242 bloqueos positivos de cuentas bancarias, ha tramitado unos 1.700 atestados, ha esclarecido 453 delitos y ha detenido o investigado a 664 personas.

Ponte advirtió de que el perfil del ciberdelincuente ha cambiado radicalmente en los últimos años. Lejos de la imagen tradicional del hacker altamente especializado, aseguró que hoy muchos delitos pueden cometerse con herramientas accesibles y apoyadas incluso por sistemas de inteligencia artificial y son realizadps por nativos digitales.

La jornada dejó así un mensaje común entre reguladores, operadores y fuerzas de seguridad: el crecimiento de la economía digital y del juego online exige avanzar al mismo ritmo en materia de regulación, seguridad tecnológica y protección de los usuarios.

Una testigo dice que el 6F dispararon pelotas de goma y botes de humo sobre los migrantes que intentaban entrar en Ceuta

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha oído por primera vez el testimonio de un testigo presencial de los suceso acontecidos el 6 de febrero de 2014 junto al espigón marítimo fronterizo del Tarajal, donde al menos catorce migrantes murieron ahogados intentando acceder a territorio español. En su declaración, la migrante citada que ha testificado desde Alemania por videoconferencia ha asegurado, según las fuentes consultadas por este periódico, que vio a efectivos de la Guardia Civil disparar no solo desde el espigón sino también desde la torre ubicada al lado pelotas de goma y botes de humo sobre los indocumentados que intentaban entrar en Ceuta.
La testigo ha explicado que aquella noche de hace cinco años se internó en el agua con un chaleco artesanal fabricado con botellas vacías de agua y que al adentrarse en el mar varios compañeros le instaron a salir de nuevo a la línea de costa porque la Guardia Civil había colocado una embarcación como barrera en la línea de separación territorial entre España y Marruecos.
La migrante, cuya declaración se prolongó durante más de tres horas con polémica incluida sobre si podía contar con asistencia letrada o no, ha explicado que vio a efectivos de las Fuerzas de Seguridad españolas hacer uso tanto de pelotas de goma como de botes de humo. De acuerdo con su declaración, cuando se adentró en el mar llegó un momento en el que perdió la consciencia y yo pudo avanzar más, por lo que fue devuelta a la orilla marroquí.
La testigo ha dejado claro que no sabe si algunos de sus compañeros migrantes lograron acceder a territorio español y habrían sido devueltos irregularmente.
La acusación espera conocer el testimonio en sede judicial de varios testigos presenciales más de la parte migrante, entre ellos uno que actualmente también reside en territorio alemán y uno o dos que se encuentran en la capital de España.

Dos testigos más al menos de España y Alemania

El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, que desde hace cinco años instruye las diligencias abiertas por la muerte de al menos 14 migrantes de origen subsahariano la madrugada del 6 de febrero de 2014 junto al espigón marítimo fronterizo del Tarajal, mantiene la causa pendiente de la declaración de otro superviviente localizado en Alemania y de otro testigo presencial residente en España al que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha propuesto tomar declaración. Además, esta organización humanitaria intenta localizar a otro testigo entrevistado por el diario El País el mes pasado.

Pruebas “tardías” e “innecesarias” a ojos de la defensa

La Justicia española tramitó una comisión rogatoria ante las autoridades germanas para recoger el testimonio de L.N. y L.A.S. “por videoconferencia y en presencia de todas las partes personadas”. Sin embargo, la cursada a Marruecos para acceder a las autopsias practicadas a los nueve cadáveres recuperados en el país vecino nunca llegó a buen puerto pese a haber sido reiterada al menos en tres ocasiones.
CEAR propuso a finales de enero al Juzgado instructor que se cite a declarar a otro “testigo presencial”, un ciudadano camerunés cuya identidad responde a las iniciales H. K. y que reside documentado en España pero a cuya testifical se ha opuesto la representación legal de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC). Para sus letrados se trata de una prueba “innecesaria”, “tardía” e “injustificada”, así como “profundamente sospechosa” porque “el sujeto que se propone se encuentra domiciliado en la misma CEAR”.
La UOGC ve inaceptable una “actividad probatoria ilimitada” y defiende que a día de hoy no resulta “reprochable penalmente” el trabajo de los miembros de la Benemérita en la contención de aquel intento de salto. “La prueba no es relevante y es absolutamente redundante si se la compara con los testigos cuya declaración está pendiente de práctica o de intento de ella”.
“Habiéndose practicado todas las diligencias, no arrojan indicio alguno para afirmar que la actuación de la Guardia Civil el día de los hechos fuera delictiva, resulta tan innecesaria la prórroga de la declaración de la complejidad de la causa como improcedente acordar la testifical que ahora propone la CEAR por el plazo transcurrido y acotado para la investigación”, resumió.

Detenido con el coche, matrícula diplomática, cargado de shisha cuando iba de Ceuta a Marruecos

Agentes de la 1ª Compañía Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta han detenido este jueves en la frontera del Tarajal a un varón que conducía un coche con matrícula diplomática de Sudáfrica y en cuyo interior había gran cantidad de tabaco de shisha, así como perfumes.

El detenido, que pasará mañana a disposición judicial, iba a Marruecos. El vehículo pertenece al cuerpo diplomático que suele ser empleado por trabajadores de la embajada de Rabat, en Marruecos.

En concreto era un coche modelo Mercedes de color gris conducido por una persona de Guinea.

La intervención se llevó a cabo en colaboración con funcionarios de Aduanas en el carril de salida de la frontera, en donde procedieron a la interceptación de un vehículo con matrícula diplomática y que infundió sospechas sobre su posible dedicación al transporte ilícito de género.

Tabaco y perfumes

Tras realizar un reconocimiento del turismo, se localizó en su interior una importante cantidad de mercancía.

Una vez extraída y contabilizada, se intervinieron un total de 851 paquetes de tabaco de shisha de diferentes formatos, arrojando un peso total de 512,9 kilogramos, así como una gran cantidad de perfumes y mercancía variada.

Por tales hechos, se procedió a la detención del conductor como presunto autor de un delito de contrabando, instruyéndose de forma paralela las correspondientes actas por infracción a la normativa de contrabando por el resto del género localizado.

El detenido, en unión de las diligencias instruidas, será puesto mañana a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4, quedando la mercancía intervenida.

Esta intervención se suma a otras similares llevadas a cabo por componentes del Instituto Armado en la zona.

La convocatoria de plazas para la Guardia Civil, anulada

La convocatoria de plazas para la Guardia Civil en toda España, que publicó el Boletín hace unos días y que contemplaba 30 para Ceuta, queda anulada después de la sentencia dictada por el Contencioso Administrativo que ha declarado nulo el Real Decreto sobre el reglamento de destinos de la Guardia Civil al no incluir el informe de impacto de la norma en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Con dicha sentencia se anulan las plazas publicadas en los boletines que siguieron la normativa tumbada por el Alto Tribunal, lo que obligará a retrotraerse a la anterior o a una nueva. La Asociación Unificada de Guardias Civiles había denunciado que ese reglamento atentaba “gravemente contra los principios de igualdad, mérito y capacidad y favorecía el clientelismo” lo que llevó a la presentación de un recurso que ha sido estimado. Los magistrados señalan que ha quedado probado documentalmente que el Real Decreto de destinos de personal aprobado por el Gobierno del PP en 2017 no contó con el informe preceptivo de la Secretaría del Consejo Nacional de Discapacidad y por lo tanto, “la norma reglamentaria debe ser anulada al incurrir en el vicio de nulidad de pleno derecho denunciado”.
De las plazas convocadas, 26 eran por antigüedad y el resto por méritos.