Este martes, asociaciones que representan a la Policía Nacional y la Guardia Civil han expresado su firme rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, que implica la cesión de competencias en inmigración a la región. Según estas organizaciones, este acuerdo constituye una «vulneración flagrante de la Constitución» y un «ataque frontal al Estado de derecho», lo que ha llevado a exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El pacto entre el PSOE y Junts otorga a los Mossos d’Esquadra la gestión de la seguridad en puertos y aeropuertos, además de la responsabilidad en las fronteras, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil. También se cede a la Generalitat la gestión integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la autoridad sobre las devoluciones de inmigrantes, lo que ha generado una fuerte oposición entre las fuerzas de seguridad del Estado.
Rechazo unánime de los sindicatos policiales
El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha mostrado su rechazo rotundo ante lo que considera un «bochornoso acuerdo» y ha demandado la dimisión de Marlaska, acusándolo de ser cómplice en lo que califican como un «ataque al Estado de derecho». Además, denuncian que este acuerdo representa un «desmantelamiento» de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña, lo que agrava la situación en una región que ha estado marcada por tensiones políticas en los últimos años.
Por su parte, la asociación Jucil, que agrupa a la mayoría de la Guardia Civil, considera que la cesión de competencias es parte de una estrategia orquestada para reducir la presencia de este cuerpo en Cataluña. Jucil ha criticado la falta de transparencia del Ministerio del Interior y la Generalitat sobre este tema y ha subrayado la importancia de mantener las competencias del Estado en áreas clave como el resguardo fiscal.
Impacto en la seguridad nacional y en la cohesión de las fuerzas de seguridad
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha calificado de «escandalosa e ilegal» la transferencia de competencias y ha advertido que la seguridad de los ciudadanos no puede ser objeto de «intercambios políticos». Además, el SUP ha señalado que esta medida es incongruente desde el punto de vista jurídico y presenta un riesgo significativo para la seguridad nacional y la integración de España en el espacio europeo.
Por otro lado, la Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado que el acuerdo supone un «golpe mortal» a los cometidos de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña, y ha demandado la dimisión de Marlaska por ceder ante lo que consideran un «chantaje competencial» por parte de los independentistas catalanes. La Unión Federal de Policía (UFP) ha señalado que esta cesión representa un «atropello legal, funcional y operativo sin precedentes», criticando la decisión del Ejecutivo de ceder a las demandas de sus socios independentistas.
Reacciones y futuras acciones legales
La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha calificado la cesión de competencias como un «mercadeo político» que choca con el marco legal vigente. En este sentido, la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc) ha lamentado que se trate de un paso más en el «desmantelamiento» del Estado en Cataluña y ha advertido que recurrirán a los tribunales para defender sus competencias.
Finalmente, la Asociación PRO Guardia Civil (Aprogc) ha expresado su preocupación por la posible cesión del control de las fronteras españolas a la Generalitat, ya que consideran que la protección de las fronteras es una cuestión crucial tanto para la seguridad nacional como para la lucha contra el crimen organizado.
Ante este panorama, las asociaciones de las fuerzas de seguridad han insistido en que el acuerdo debe ser revisado y se debe garantizar que la gestión de la seguridad quede en manos de los cuerpos de seguridad del Estado.
