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La Guardia Civil aborta una operación de repostaje de una narcolancha y un pase de inmigrantes con dos detenidos

Posted on by Redacción

La Guardia Civil de Ceuta ha abortado una operación de repostaje de una narcolancha esta madrugada en la playa de Benítez. En la intervención, los agentes han detenido a dos individuos como presuntos autores de un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros con la interceptación de ocho marroquíes, además de la comisión de una infracción de contrabando.

En la actuación, el Instituto Armado ha procedido a la intervención en la playa de una embarcación neumática provista de motor fueraborda y 140 petacas de gasolina. Otra semirrígida, a la altura de la Desaladora, consiguió fugarse sin ser alcanzada por el Servicio Marítimo. Según las investigaciones, era la que iba a recibir el combustible.

De la instrucción realizada, se ha determinado que la embarcación semirrígida que logró darse a la fuga iba a ser abastecida con las petacas intervenidas y con el posterior embarque de los inmigrantes con dirección a la Península, acciones que consiguieron ser abortadas por la actuación de los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.

La narcolancha venía de la Península y viró a Marruecos cuando vio a la Guardia Civil

Sobre las 2:00 de esta madrugada, personal de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta detectó la presencia de una embarcación semirrígida que, procedente de las costas peninsulares, se dirigía hacia el litoral de la zona de Benítez.

Inmediatamente, fue activado su Servicio Marítimo, quien procedió a realizar las maniobras oportunas para poder proceder a la identificación de los ocupantes, si bien, al percatarse de la presencia de la embarcación oficial, desistieron de su intento de aproximación a la costa y poniendo rumbo hacia las aguas jurisdiccionales marroquíes, sin que pudiera procederse a su interceptación.

Marroquíes de ‘La Libertad’ y 3.500 litros de combustible

Del mismo modo, patrullas de costa de la Comandancia de Ceuta se dirigieron hacia la zona donde inicialmente había puesto rumbo la semirrígida, detectándose en las inmediaciones de la planta desaladora a un grupo de unas 30 personas que al denotar la presencia de los componentes del Cuerpo se dieron a la fuga, encontrándose en la misma zona una furgoneta, marca Volkswagen ocupada por dos personas.

Reconocido el lugar, fueron halladas tanto en tierra como en mar un total de 140 petacas de gasolina, de 25 litros cada una, conteniendo un total de 3.500 litros, al igual que una embarcación neumática de unos 4 metros y provista de un motor de 30 CV, careciendo de número de identificación.

Tras el despliegue efectuado se consiguió la localización de ocho súbditos marroquíes indocumentados, presuntamente provenientes de los pabellones de acogida dispuestos en la ciudad autónoma, con motivo de la crisis sanitaria.

Ambos detenidos, residentes en Ceuta

Por lo expuesto, se procedió a la detención de Y.A.A., nacido en 1998 y M.C.C, con fecha de nacimiento en  1997, ambos residentes en Ceuta, como presuntos autores de los delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y desobediencia a Agentes de la Autoridad en la situación de Estado de Alarma, además de una infracción de contrabando e incumplimiento de la restricción de movimiento establecidas por el Real Decreto 463/2020.

Los inmigrantes interceptados han sido igualmente detenidos por Desobediencia a los Mandatos de la Autoridad en Estado de Alarma.

Del hecho, se instruyen las oportunas diligencias que en unión de los detenidos serán puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de esta ciudad.

 

“Los han matado como perros”

Posted on by Carmen Echarri

“Los han matado como perros”. La familia de Mustafa Dris lleva más de dos meses intentando explicarse qué pudo pasar esa madrugada del 8 de marzo para que tanto Mustafa como otro ceutí llamado Mohamed murieran arrollados por una patrullera de Gibraltar en aguas españolas. Repiten una y otra vez que solo quieren que se haga justicia y no entienden cómo todavía el Gobierno de España no se ha preocupado por dos de sus súbditos españoles, personándose en el caso que se sigue en el Juzgado de instrucción número 4 de La Línea. La familia de Mustafa ha dado el paso de presentar denuncia por un presunto delito de homicidio, acusando a la Policía de Gibraltar de “actuar de forma violenta, desproporcionada y sin mediar aviso, embistiendo y arrollando” la lancha que ocupaba Mustafa junto a tres ocupantes más.
“Pedimos al gobierno español que tome cartas en este asunto”, explica la familia en una entrevista mantenida con El Faro de Ceuta. Reclaman que se persone como Acusación Particular a través de la Abogacía del Estado y que intervenga más allá de reprochar la actuación de los gibraltareños o presentar una queja verbal, como ya han hecho y así viene recogido en la respuesta del Gobierno a las preguntas efectuadas por diputados de Vox. “Son dos súbditos españoles a los que han matado en aguas españolas”, insisten, sin entender cómo a fecha de hoy no ha habido un paso más contundente por parte del Gobierno.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil concluyeron que no existió ninguna petición de cooperación por parte de la patrullera de Gibraltar para que la Benemérita apoyara una persecución. Además por las coordenadas obtenidas de dicha investigación, el abordaje se produjo en aguas españolas.

“El accidente fue en aguas españolas, está comprobado”, insisten los familiares. “Todo ha sido en España, en ningún momento la Policía de Gibraltar llamo a la Guardia Civil para decirle que estaban siguiendo a una embarcación. Lo que ha dicho el ministro principal de Gibraltar”, en alusión a Fabián Picardo, “es todo mentiras, ha mentido en todo. No hubo colaboración con la Guardia Civil”, mantienen, reclamando que se haga justicia porque, por lo conocido del accidente, “han ido a matarlos”, lamentan. “Que los hubieran detenido… pero los han matado como a dos perros”, denuncian.
La familia peleará en los tribunales para que se sepa la verdad, para que se investigue hasta el final sumando más pruebas a las que ya obran en la causa abierta en el Juzgado número 4 de La Línea. Han pedido identificar a los agentes de la Policía que estaban de servicio esa madrugada, como también que se remita testimonio íntegro de las diligencias que fueron tramitadas por la Corte de Gibraltar, con todos los informes existentes al respecto. La familia quiere también que la Guardia Civil pueda comprobar el estado de la embarcación que ocupaban los fallecidos junto a los dos heridos y que se encuentra intervenida en el puerto de Gibraltar.

“Dijeron que eran marroquíes y son españoles, con su DNI, hijos de España”

Cuando leyeron el comunicado que difundió el Gobierno de la Roca informando de estos hechos, la familia confiesa que se sintió destrozada. Confían en que el Gobierno español se implique en esta causa para que los autores “paguen por lo que han hecho” y porque, dicen, “tiene que defender a sus súbditos españoles asesinados en aguas españolas”.
Ya son varias las persecuciones que ha habido protagonizadas por patrulleras gibraltareñas que han terminado con más muertes, pero además se añaden a esta retahíla de casos los hostigamientos a pescadores, a la Armada o a la propia Guardia Civil, con agentes que han sido detenidos y trasladados a puerto de Gibraltar argumentando que habían entrado en sus aguas cuando estaban ejerciendo persecuciones de lucha contra el narcotráfico.
La familia de Mustafa Dris echa memoria de los casos y desgracias ocurridas previamente, de las muertes acontecidas y señalan las características de las patrulleras usadas por la Policía gibraltareña acusándoles de creerse “que están en los tiempos de los corsarios”. Van a pelear en los juzgados para que “no se salgan con la suya”, insistiendo en que confían que por parte del Gobierno se dé un paso más al margen del plasmado en la respuesta a los diputados de Vox. En Ceuta, lamentan, no han tenido contacto con nadie, tampoco la Delegación del Gobierno se ha interesado por lo sucedido.
Han pasado algo más de dos meses de este suceso y la familia confiesa estar muy mal. “Mis dos hermanas duermen con antidepresivos, tengo una que está enferma del corazón y otra con anemia. Mi madre sufrió un ictus y no sabe que su hijo se ha muerto para no darle un disgusto. Lo hemos consultado con su cardiólogo y neurólogo y nos dijeron que no le comentáramos nada”, explica. La progenitora vive pensando que su vástago está en prisión y no que yace bajo tierra desde el pasado 13 de marzo.
Los familiares no saben cómo se ha podido llegar a esta situación, aún intentan aclarar cómo terminaron muertos.
“Si lo hubieran detenido o metido en la cárcel iríamos a visitarlo, pero es que lo han asesinado. Solo pedimos justicia”, insisten y recuerdan cómo a otros españoles implicados en asuntos de calado como es el terrorismo “los detienen y no los matan. Ellos no hicieron ningún delito, no tenían droga, ni nada… que los hubieran detenido”, se lamentan.
Quieren saber los resultados de las autopsias, conocer cómo murieron y las lesiones graves que sufrieron. Insisten en que desde el primer momento no se ha dicho la verdad, no ya solo porque no se dijera que el suceso se había producido en aguas españolas sino, también, porque hablaron de las víctimas como si fueran marroquíes y no españoles.
“Nos han dolido esas declaraciones, estaban en aguas españolas. Si es tan valiente”, le indican a Picardo, “que pida información a la Guardia Civil y verá cómo ocurrió todo, en qué coordenadas. Encima dijeron que las víctimas mortales eran dos marroquíes residentes en Ceuta. No, son españoles, tenían su DNI, con su servicio militar hecho, eran dos hijos de España” y por eso “España tiene que tomar cartas en el asunto”. Mustafa Dris dejó dos hijos que ahora están a cargo de una de sus hermanas porque su mujer falleció. A su padre, enfermo del corazón, le dio un infarto al conocer la noticia de la muerte. Ahora todos siguen unidos y con la fuerza en bloque para reclamar la justicia que aún no han encontrado.

En datos

El caso que sigue abierto

  1. Juzgado de La Línea. En el número 4 es donde está la causa seguida por este asunto, que cuenta con personación de Acusación Particular en defensa de los intereses de una de las familias afectadas. Las investigaciones las asumió la Guardia Civil al haber ocurrido los hechos en España pero parte de las pruebas están en Gibraltar, como es el caso de la embarcación implicada y la que ocupaban los fallecidos.
  2. Supervivientes. De los 4 que ocupaban la lancha, dos fallecieron y los otros dos supervivientes son testigos de lo sucedido. Negaron que intentaran huir y mantienen que estaban parados cuando les embistió la patrullera.
  3. Justicia. La familia reclama que se haga justicia y pide que el Gobierno se persone como Acusación Particular en este procedimiento. El abordaje se produjo en aguas españolas y sin haber una petición de apoyo previa a la Benemérita.

Las claves

Quieren que la Guardia Civil pueda examinar las dos embarcaciones

Johnny Bugeja/Gibraltar Chronicle

En el puerto de Gibraltar permanece la embarcación que ocupaban los dos fallecidos junto a los supervivientes. La familia quiere que por parte de la Guardia Civil se permita la entrada en el Peñón para examinar dicha lancha así como la patrullera que se vio implicada en el abordaje. De momento la abogada de la familia ha pedido en el Juzgado que sigue la causa en La Línea que se permita llevar a cabo esta diligencia, lo que supondría la obtención de más pruebas que permitan saber cómo se produjeron los hechos, acontecidos el pasado 8 de marzo.

La patrullera implicada y la denuncia

En el marco de las investigaciones iniciadas se hace especial hincapié en cómo se produjo el abordaje así como el tipo de patrullera implicada en el mismo. Los supervivientes mantienen que estaban parados, además en la lancha no se encontró droga ni otro tipo de mercancía ilícita. En cambio los daños sufridos fueron importantes así como las lesiones que padecieron las dos personas muertas en este suceso. La familia de Mustafa recuerda anteriores sucesos protagonizados por patrulleras gibraltareñas que también se han saldado con muertes y lo que quieren es que todo se esclarezca y se haga justicia. Insisten en la petición de implicación cursada al Gobierno de España, al que piden que no olvide que son dos españoles los muertos y la manera en que se produjo este final.

Militares y guardias civiles reclaman a Interior que permita la movilidad de estos profesionales al lugar de residencia familiar

Posted on by Redacción

Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Defensa una instrucción que en un principio iba a permitir el desplazamiento de militares al lugar de residencia familiar. Sin embargo, AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles) considera que no favorece la situación de los militares y sus familias porque crea confusión en el texto entre distintas normas. AUGC, por su parte, habría solicitado que se permitiera el desplazamiento de los Guardias Civiles al igual que los militares según la instrucción publicada.
En definitiva, las dos asociaciones solicitan lo mismo aunque en principio ya se habría dado permiso a los militares para regresar a sus lugares de residencia familiar aunque con confusión.
La instrucción publicada hoy día 18 de mayo en el Boletín Oficial de Defensa, lejos de favorecer la situación de los militares y sus familias entorpece la actual situación debido a la redacción del texto y a la confusión que crea entre distintas normas.
AUME trasladó a la Ministra de Defensa la situación de los militares que no podían reunirse con sus familias por estar destinados a más de dos horas de su domicilio familiar. Esta situación también ha sido llevada al Defensor del Pueblo por la asociación.
El Real Decreto de Estado de Alarma autoriza a que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan realizar desplazamientos (retorno) entre su lugar de destino y su lugar de “residencia habitual”. La Orden DEF/2096/2015, de 29 de septiembre, por la que se fijan los términos y condiciones para que el militar pueda residir en un municipio distinto al de su destino, establece que el militar podrá fijar su residencia habitual, previa autorización, en lugar distinto al de su destino siempre que pueda incorporarse al mismo en un plazo no superior a dos horas.
La lectura de la Instrucción 19/2020, de 14 de mayo de 2020, de la Ministra de Defensa, por la que se autoriza el desplazamiento del personal que participa en actividades extraordinarias para hacer frente al COVID-19 entre el municipio de destino y el municipio donde se encuentre su domicilio familiar, supone que se limite la libertad de movimiento que permite el Real Decreto de Estado de Alarma así como la Orden DEF anteriormente mencionada. Si la intención del Ministerio es el posibilitar que los militares desplazados de su “domicilio familiar” puedan reunirse con sus familias, no parece que haya sido recogida adecuadamente en la Instrucción, que siembra dudas del alcance de la misma y que, en todo caso, puede producir una aplicación discriminatoria entre unos y otros miembros de las Fuerzas Armadas.
AUME insta al Ministerio de Defensa a rectificar la instrucción publicada en el día de hoy para tratar de paliar la problemática de muchos militares que pueden verla aún más agravada, ante la redacción dada a la norma, que no goza de la taxatividad y claridad necesarias en una regulación de estas características. AUME ha presentado al Consejo de Personal de las Fuerzas Amadas una propuesta para modificar la Orden DEF que limita el desplazamiento de los militares a su domicilio familiar, orden que ha quedado desfasada y alejada de la realidad social, y que, por ello, precisa de la modernización junto con la regulación general sobre movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Desde AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), por su parte, se ha tenido hoy conocimiento de la publicación de una Instrucción del Ministerio de Defensa por la que se autoriza el desplazamiento del personal que participa en actividades extraordinarias para hacer frente al COVID-19 entre el municipio de destino y el municipio donde se encuentre su domicilio familiar. A través de la misma, la Ministra de Defensa a la vista de las “características propias de la carrera militar donde la movilidad geográfica de sus miembros deriva de la propia naturaleza de la Institución y de su actividad, pueden darse algunos casos en que sea solo el militar quien se traslade a la localidad de destino mientras su familia permanece en el domicilio familiar”. En función de estas circunstancias, se conceden autorizaciones para que lo miembros de las Fuerzas Armadas puedan desplazarse entre el municipio donde radica su unidad de destino o unidad donde se encuentran en comisión de servicio y el municipio de su residencia familiar.
AUGC ha remitido de inmediato un escrito al Ministerio del Interior reclamando la misma medida para los guardias civiles, dado que la situación que se aborda en la citada Instrucción también se produce en relación con los trabajadores de la Benemérita.
Por las especiales circunstancias de movilidad laboral de los guardias civiles, son muchos los compañeros y compañeras que tienen una residencia habitual a efectos de su Unidad de destino, pero en sus periodos de días de descanso, vacaciones, permisos, etcétera, se desplazan a otra localidad, en muchas ocasiones distante de su destino, en la que reside el resto de su familia. Debido a las restricciones del estado de alarma, y nuestra permanente disponibilidad para el servicio, estos guardias civiles no han podido realizar estos traslados, llevando meses sin poder reunirse con sus familias.
En el escrito se le recuerda al Ministro que este asunto ya fue tratado en el Pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil, celebrado el pasado día 1 de mayo de 2020, no habiéndose obtenido aun respuesta alguna del Ministerio del Interior, ni de la Dirección General de la Guardia Civil. Por ello, la AUGC insta a que, de manera urgente, se establezca la autorización par que los guardias civiles puedan desplazarse al domicilio de su familia. El procedimiento para tal regulación bien puede ser una instrucción del propio ministro del Interior, cuyo proyecto o borrador debería ser informado, por el trámite de urgencia, por las asociaciones profesionales representativas, para que su contenido se adapte a las circunstancias de la Guardia Civil y al marco de derechos de los y las guardias civiles.
No es de recibo que los guardias civiles sean, una vez más, los últimos servidores públicos que vean satisfechos sus derechos a la conciliación de la vida profesional con su vida familiar.
AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).

Estado de Alarma: sorprendidos con casi 100 petacas de gasolina, de madrugada, en el Sarchal

Posted on by Carmen Echarri

Agentes de la Guardia Civil sorprendieron la pasada madrugada a un grupo de personas en la zona conocida como ‘la piscina’, en la barriada del Sarchal, con entre 80 y 100 petacas de gasolina. La intervención, según ha podido saber El Faro de Ceuta, se produjo pasadas las 05:00 horas del viernes, cuando efectivos del Instituto Armado detectaron la presencia de varias personas en el entorno de esta cueva. Cuando procedieron a su identificación hallaron ocultas en ‘la piscina’ el lote de petacas cargadas de combustible. Al menos tres individuos han sido denunciados por infracción administrativa (contrabando) además de por incumplir las medidas de confinamiento al estar a esas horas en la calle sin motivo justificado.

La intervención terminó con la aprehensión de las garrafas en una zona en la que, en los últimos meses, ha habido varias actuaciones similares que se han saldado con los mismos hallazgos. Y es que el Instituto Armado tiene este lugar marcado como punto de pase de embarcaciones semirrígidas y abastecimiento, habiéndose interceptado varios cargamentos de este tipo que sirven para ‘alimentar’ de combustible a las lanchas. Constan intervenciones similares, de las que se ha hecho hecho este periódico, desde 2018 hasta la actualidad, siempre en el mismo punto y con los mismos protagonistas: jóvenes por un lado que se ocultan y garrafas que forman parte de la logística requerida por estas lanchas.

Salidas de narcolanchas

Las restricciones del Estado de Alarma no son entendidas por igual por todos los ciudadanos, ya que se siguen produciendo movimientos de planeadoras que intentan partir de las aguas marroquíes en dirección a la Península. En los últimos días componentes del Servicio Marítimo han detectado la salida de varias narcolanchas que buscan llevar a buen puerto cargamentos de droga e introducción de la misma en las costas peninsulares.

Hace unas semanas los agentes de esta Unidad del Instituto Armado detuvieron a los cuatro ocupantes de una semirrígida que intentaron darse a la fuga del control de los efectivos del Marítimo, sin que hallaran mercancía alguna en el interior de la lancha que sí quedó intervenida en la base del puerto deportivo.

Vox pregunta por las diferencias en la desescalada entre Policía Nacional y Guardia Civil en Ceuta

Posted on by E.F.

La diputada nacional de Vox por Ceuta en el Congreso de los Diputados, Teresa López, ha preguntado al Gobierno de España por las diferencias en el proceso de desescalada entre la Policía Nacional y la Guardia Civil en Ceuta, cuestionando la razón por la que se hacen pruebas a todos los policías y no a todos los efectivos de la Benemérita.

Según recoge Vox en una nota, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Ceuta también se enfrentan a la desescalada programada por el Gobierno de la Nación con incertidumbre. No todos los agentes se someterán a pruebas de Covid-19 ni todos seguirán los mismos protocolos de reincorporación a sus puestos de trabajo, explican.

Así lo ha señalado la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, en la interpelación dirigida al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que aclare a qué se debe la disparidad de criterios.

Según traslada López en su exposición de motivos, algunos medios de comunicación han informado de que las pruebas de coronavirus no se van a realizar a todos los miembros de la Comandancia de Ceuta, sino a un número concreto de integrantes del Instituto Armado y de distintas unidades del Cuerpo. Mientras, en el caso de la Policía Nacional, sí se prevé hacerle test a todos los agentes.

Por otro lado, la diputada nacional de Vox señala que el proceso de desescalada programado para cada uno de estos cuerpos es distinto. “Mientras los agentes de la Guardia Civil de las Comandancias de Ceuta y Melilla ya trabajan a pleno rendimiento con recuperación de turnos incluso, el CNP va a realizar ese proceso en tres fases para volver a disponer de todo el potencial del servicio de forma presencial”, advierte López.

Ante estas desigualdades, Vox reclama al Gobierno que explique qué criterios ha tenido en cuenta para realizar la prueba de la Covid-19 a toda la plantilla de la Policía Nacional en Ceuta y no así a todos los agentes que componen la Comandancia de la Guardia Civil.

Además, López pregunta si ocurre esta misma situación en el resto de España y por cuál es el motivo por el que en el CNP la desescalada se hace en tres fases mientras los agentes de la Guardia Civil ya están en pleno rendimiento.

Por último, la diputada nacional de Vox pide al Ejecutivo que se pronuncie sobre si cree que se produce discriminación entre los agentes que prestan servicio en el CNP y los que lo hacen en la Benemérita.

La Guardia Civil ‘invita’ a decenas de pesqueros marroquíes a abandonar las aguas

Posted on by Beatriz Martínez

Embarcaciones de la Guardia Civil han tenido que intervenir en la tarde de este viernes ante la continuada y elevada presencia de pesqueros marroquíes en distintas zonas de Ceuta. Siguiéndose el procedimiento rutinario, se les ha ‘invitado’ a abandonar las zonas que son de competencia española, controlándose los distintos puntos en donde había gran cantidad de embarcaciones ejerciendo la pesca.

Y esta no es la única jornada en la que se ha apreciado una elevada presencia de barcos de pesca de Marruecos faenando en aguas españolas mientras, por parte del Gobierno español, no se permitía el ejercicio de la pesca hasta que este mismo viernes el ministro de Sanidad ha rectificado, anunciando que se permitirá esta práctica desde el momento en que sea publicado en el BOE, previsiblemente este sábado.

“El hambre puede más que las enfermedades”, contaba un experimentado amante de la náutica sorprendido de la elevada presencia de barcos de pesca aunque calmado porque “se supone que desde ya nos van a dejar a nosotros pescar también”, explicaba, recogiendo la indignación de muchos otros aficionados a la pesca en nuestra ciudad.

Malestar entre los aficionados en la ciudad autónoma

Durante toda la jornada se ha podido apreciar gran cantidad de embarcaciones en distintos puntos de Ceuta, lo que no ha hecho sino incrementar el malestar de los aficionados a la pesca ante la entrada de pesqueros del vecino país. La activación de las unidades de la Guardia Civil se ha centrado en el reconocimiento de los distintos puntos, ‘invitando’ a los distintos pesqueros a abandonar las aguas jurisdiccionales españolas. Se ha podido divisar también una patrullera que no se ha identificado.

Durante toda la mañana aparecieron embarcaciones pesqueras de Marruecos en su territorio, pero a lo largo del día se han ido introduciendo más en el lado español, provocando airadas quejas.

Las fuerzas de seguridad interponen de media 76 denuncias al día desde el inicio del estado de alarma

Posted on by D.N.

Suma y sigue. Ya son 4.566 propuestas de sanción por parte de las fuerzas de seguridad a ciudadanos que están incumpliendo las medidas de distanciamiento social y sanitarias para evitar que se propague el COVID-19 desde el pasado 15 de marzo. El problema está en las personas que quieren vivir fuera de la ley y, a pesar de las advertencias de las distintas autoridades para que cumplan con los requisitos, hacen caso omiso. En pleno Estado de Alarma y con el comienzo de la desescalada está provocando el ponerse en riesgo la salud de toda la población y que el virus se siga propagando por nuestra ciudad.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en coordinación con la Policía Local han impuesto esta cifra que da un promedio de 76 propuestas de sanción por día desde hace dos meses. Una cifra bastante alta para el estado en el que se encuentra el país y pone de manifiesto que muchas personas todavía no son conscientes de la gravedad del asunto. Se están tomando medidas duras para que se cumplan los requisitos y que no provoquen un riesgo en esa parte de la ciudadanía que sí se mantiene respetuosa en su domicilio. Por otra parte, el número de detenidos ya supera los el medio centenar, con 51 personas detenidas.

Las fuerzas de seguridad, por su parte, siguen con la labor de patrullar tanto en los vehículos como a pie por las distintas calles de nuestra ciudad. Además de tener distintos controles en puntos estratégicos en donde se requiere a las personas el papel que especifique su salida. Queda todavía un largo camino por recorrer y ahora que se abre la veda para poder realizar distintas actividades es cuando más precabida tiene que ser la ciudadanía. Estamos inmersos en la Fase 1 y debemos seguir muy concienciados de que el virus sigue con nosotros y tenemos que cumplir con las órdenes para intentar avanzar cuanto antes hasta la ‘nueva normalidad’.

Denuncian por delito de homicidio imprudente a la Policía de Gibraltar tras la muerte de dos ceutíes

Posted on by Carmen Echarri

Quieren justicia y no van a parar hasta conseguirla. La familia de uno de los fallecidos de Ceuta después de que su embarcación fuera arrollada por una patrullera de Gibraltar, el pasado 8 de marzo, va a por todas con tal de que se esclarezcan los hechos y se investiguen hasta el final todos los detalles del suceso en el que perdieron sus vidas Mustafa y Mohamed, dos vecinos de Ceuta que han dejado a sus espaldas familias destrozadas.
Ante el Juzgado de Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción, competente en la investigación ya judicializada, la familia de Mustafa Dris se ha personado como Acusación Particular y ha solicitado que se practiquen cuatro diligencias de investigación, según han confirmado fuentes judiciales a El Faro de Ceuta, pidiendo que se remita Orden Europea de Investigación (OEI) a la autoridad judicial competente del Reino Unido o a través de magistrado de enlace. La familia ha denunciado los hechos y solicita, a través de la abogada que defiende sus intereses, que se identifique a los agentes de la Policía Real de Gibraltar que en la madrugada de ese 8 marzo estaban en la patrullera que se vio implicada en el suceso “ocurrido en aguas españolas” y que arrolló la embarcación ocupada por tres ceutíes y un portugués, muriendo por las lesiones dos de ellos y quedando heridos los otros dos.
Reclaman además que se remita testimonio íntegro de las diligencias tramitadas por la Corte de Gibraltar sobre los hechos relativos al suceso “consistentes en informes policiales, hospitalarios, informe forense de las autopsias de los fallecidos, informes periciales de la embarcación arrollada o los que se hicieron sobre los efectos que portaban las víctimas y demás diligencias que consten sobre los hechos”.
Se ha pedido también que se autorice a los agentes de la Guardia Civil que han instruido las diligencias, comisionados por el Juzgado para su traslado a Gibraltar, a examinar la embarcación arrollada y elaborar el correspondiente informe pericial, así como se les haga entrega de los efectos de las víctimas. Para facilitar esa pericial se ha solicitado en el juzgado que se adopten las medidas cautelares necesarias para la conservación de la lancha que se encuentra en el puerto de Gibraltar.
La Acusación Particular ha solicitado además que se tome declaración a los dos únicos supervivientes, testigos de lo ocurrido, para que aporten detalles claros de lo sucedido. Consideran que los hechos son constitutivos de un presunto delito de homicidio que achacan a los “agentes de la Policía Real de Gibraltar” que esa madrugada del 8 de marzo “causaron la muerte” de los dos ceutíes “cuando, de forma violenta, desproporcionada y sin mediar aviso, embistieron y arrollaron con la patrullera que capitaneaban la lancha en la que viajaban” los fallecidos y dos compañeros.
Estos hechos que, insisten, se produjeron “en aguas españolas” tal y como acreditan las indagaciones efectuadas, están siendo investigados por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, Sección de Investigación Criminal, área de Personas, de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.
La última versión oficial dada por el Gobierno de Gibraltar sobre estos hechos aludía a su intención de abordar la investigación “con transparencia” solicitando la mediación de un equipo de investigación independiente.

Las claves

Investigación: La familia quiere que se sepa la verdad
Los hechos que se están investigando persiguen esclarecer lo sucedido en la madrugada del 8 de marzo y que, por tanto, salga a la luz todo detalle en torno al fallecimiento de estos dos ceutíes. La familia de uno de ellos ya se ha personado como Acusación Particular en el Juzgado de La Línea que lleva la investigación. Los hechos están denunciados en España y en Gibraltar.
Datos: Fallecidos y patrullera, en Gibraltar
Tanto los cadáveres de los dos ceutíes como los cuerpos de los heridos fueron trasladados por la patrullera de la Policía de Gibraltar a su puerto. Ahora se pide que se lleven a cabo diligencias de investigación que permitan a la Guardia Civil, por ejemplo, analizar la lancha arrollada así como acceder a todos los informes que se llevaron a cabo, entre ellos los de los cuerpos.
Marzo 2020: Dos meses
Dos meses después de estas muertes no se ha sabido dato nuevo sobre lo ocurrido ni, oficialmente, avances en la investigación.

La violencia de un suceso en aguas españolas

La versión ofrecida por el Gobierno de Gibraltar chocó desde el principio con la que aportaron familiares de los fallecidos a El Faro y con la que facilitó uno de los supervivientes de esta tragedia que habló claro para concretar que el abordaje no se produjo en aguas gibraltareñas sino españolas y reclamar los informes del SIVE que avalaban su versión.
El sobrino de uno de los fallecidos y un súbdito portugués fueron los únicos supervivientes de este suceso. En conversación con El Faro, recordó que estaban navegando a unas dos millas de tierra, en aguas españolas cuando les avisaron que se aproximaba la patrullera de Gibraltar. “Estábamos vacíos”. Cuando ya “la teníamos encima” intentaron esquivarla pero después se quedaron “parados”. “La patrullera se posicionó y nos ‘metió’ a toda velocidad. Sentí el golpe en la espalda y caímos el portugués y yo al suelo. Mi tío y el otro piloto se quedaron ahí y la patrullera les cortó por la mitad”, explicó el superviviente.
“Cuando nos dieron el golpe en ningún momento encendieron los pirulos ni nos dieron el alto”, añadió. La Acusación Particular quiere que los supervivientes puedan declarar ante el juzgado que instruye la causa en España, aportando datos que lleven a la identificación de los agentes gibraltareños que ocupaban la patrullera. Según la testifical del sobrino de Mustafa Dris, este se encontraba todavía vivo durante el trayecto de hasta 45 minutos que terminó en el puerto de Gibraltar. Nunca quisieron fugarse, algo que habrían conseguido dadas las características de su embarcación, dotada con 4 motores.
Las connotaciones violentas que marcaron este suceso intentan ahora ser esclarecidas. Los afectados ponen de manifiesto otros sucesos ocurridos en los que ha habido víctimas mortales y también se han visto implicadas patrulleras gibraltareñas. Sucesos en los que no solo se han visto afectados civiles sino componentes de las fuerzas de seguridad, con detenciones incluso de agentes de la Guardia Civil al vincularles con ocupación marítima de sus espacios.

El último entierro masivo antes de decretarse el estado de alarma

Miles de personas acudieron al entierro de los dos ceutíes arrollados por la patrullera de la Policía de Gibraltar. Fue uno de los entierros con mayor asistencia y precisamente el último masivo que se permitió antes de que se decretara el estado de alarma. Los dos cuerpos fueron trasladados a Ceuta después de que las autoridades gibraltareñas permitieran su entierro en nuestra ciudad, tras la práctica de las autopsias. Las familias reclaman conocer los resultados con detalle como también el contenido de los informes policiales que se llevaron a cabo. Quieren además que el Juzgado de La Línea que lleva la instrucción del caso permita la entrada de los investigadores de la Guardia Civil para, entre otros menesteres, poder analizar la embarcación de 4 motores en la que viajaban los fallecidos, así como acceder a los informes internos que se llevaron a cabo.
La denuncia, interpuesta en España, también fue presentada en Gibraltar. Ahora solo queda conocer la respuesta judicial que se irá dando a las peticiones de práctica de diligencias de investigación que ya han sido reclamadas.

La Audiencia condena a un ceutí por incitación al odio contra los judíos

Posted on by Carmen Echarri

El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a un ceutí a una pena de 1 año de prisión por un delito de incitación al odio. Es el primer procesado por esta causa que llega al máximo órgano judicial en la ciudad. El llamado I.Ch. ha reconocido los hechos asumiendo por conformidad la pena sin necesidad de celebrar juicio.

El Ministerio Fiscal ha aplicado una atenuante analógica muy cualificada por el reconocimiento tardío de los hechos a presencia judicial, lo que ha permitido rebajar la pena impuesta ya que en la calificación inicial la petición superaba los dos años. El condenado acepta la pena de prisión a la que se suma una multa de 360 euros, inhabilitación durante tres años para ejercer determinados oficios vinculados al ámbito educativo, docente o deportivo además de la obligación de retirar todos los contenidos que publicó durante al menos año y medio, desde julio de 2017, en redes sociales, eliminando las cuentas. La Sala le ha impuesto el deber de no usar redes sociales ni directa ni indirectamente durante el plazo de suspensión de la condena, aplicada al carecer el acusado de antecedentes penales.

Esta persona ha llegado a ser procesada después de una investigación de la Guardia Civil, enmarcada en la denominada Operación Tingitana, cuando se detectó en perfiles de redes sociales como Twitter y Facebook, en los que contaba con miles de seguidores, comentarios hostiles hacia Israel y las comunidades hebreas, con el fin de animar al odio, la hostilidad y la discriminación contra los judíos, además de menospreciar a las personas de dicha religión.

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La Guardia Civil localizó en su investigación hasta 30 comentarios en los que el procesado maldijo el “vertedero genocida de Israel” o “abogó por la extinción de este Estado”, reconociendo en esas redes que no era antisemita pero que sabía distinguir entre “hebreo y sionista, no como la mayoría de las ratas de cloaca que no saben diferenciar entre musulmán y yihadista”.

Fruto de la investigación llevada a cabo por la Benemérita, el Ministerio Fiscal tuvo clara la acusación por un delito de incitación al odio. Llegar hasta este procedimiento judicial ha sido gracias a una investigación de los Grupos de Información de la Guardia Civil de Navarra y de Ceuta, así como de la Unidad Central Especial número 3 que fueron los que advirtieron de los comentarios considerando que dichas publicaciones eran una incitación de modo “clara y directa” al odio así como a ejercer la violencia contra el “colectivo judío y el Estado de Israel”.

Algunos de sus comentarios fueron los de “Israel, ojalá llegue el día en el que desaparezcas del mapa, estado de tierras robadas sois unas ratas…” o “mereces la extinción”, además de “Dios escucha mis plegarias”, “estado asesino” o “malditos hijos de ratas”.

El kamikaze que cruzó la frontera de Ceuta arrasando con todo, condenado

Posted on by Carmen Echarri

Casi un año después de que Mohamed E.H. cruzara a toda velocidad la frontera del Tarajal, arrasando con lo que tenía por delante, no ha podido saberse el motivo que le llevó a esa auténtica locura. Qué es lo que pudo pasar para que aquel 13 de agosto de 2019, a las 20:15 horas, cruzara, cual conductor kamikaze, el paso marroquí y el español hasta terminar en la avenida Martínez Catena detenido por la Policía Local y la Guardia Civil. En su coche quedó el cuchillo jamonero que llegó a sacar a los agentes y detrás un reguero de daños que comenzó en la frontera marroquí y terminó frente a la gasolinera Cepsa.
Lo que ya se sabe es la sentencia a la que ha sido condenado y a la que ha tenido acceso El Faro de Ceuta. Ayer, ante la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1, reconoció ser responsable de un delito de atentado, otro de conducción temeraria y cuatro delitos leves de lesiones, aceptando una pena de 3 años y 1 día de prisión por el primero, 6 meses de cárcel y 2 años sin poder conducir por el segundo, y el pago de 150 euros por cada uno de los cuatro delitos de lesiones provocadas en agentes de la autoridad. A esto se añade el pago de la responsabilidad civil fijada en 10.848 euros. Un montante que procede de la suma de los daños causados en tres policías locales, en bienes de la Ciudad Autónoma y de la Dirección General de la Guardia Civil o en la puerta de la frontera que reventó completamente, cuyos daños fueron fijados en 1.076 euros y cuyo beneficiario en este caso es el Estado. Queda por concretar en sentencia quién debe hacerse cargo de esa responsabilidad civil: si el propio condenado o la aseguradora del vehículo que conducía. La Defensa de esta entidad solicitó ayer ser exculpada de todo pago al entender que el acusado había reconocido su responsabilidad en un delito de atentado de lo que se deriva su intención de actuar contra los policías por lo que debe asumir los daños causados de forma voluntaria. Argumentó que no cabía hablar de lesiones imprudentes -excluidas del ámbito penal- sino de hechos dolosos por lo que la aseguradora no debía ser responsable de los daños al haber sido provocados de forma intencionada. Fiscalía se opuso a este extremo tras suprimirse del escrito de Acusación el delito de daños dolosos, considerando que los mismos habían sido consecuencia de una conducción temeraria. Este extremo quedará reflejado en sentencia. Ya en la conformidad penal alcanzada ayer se acordó denegarse la suspensión de la condena.


Así Mohamed E.H., el joven marroquí con familia en Bélgica, sin antecedentes, que sacó un cuchillo jamonero a los agentes fronterizos que en Marruecos le impedían cruzar a Ceuta y siguió su alocado camino sin detenerse ante decenas de policías españoles y marroquíes, escuchaba, a través de videoconferencia establecida entre el Juzgado de lo Penal y la prisión de Mendizábal, la sentencia condenatoria in voce -de viva voz- que le responsabiliza por su actuación.
La conformidad alcanzada entre Ministerio Fiscal y Defensa evitó la celebración de juicio en cuanto a la responsabilidad penal, fijándose por tanto la pena de prisión global en 3 años, seis meses y 1 día. De no abonarse la pena derivada de las lesiones, en total 600 euros, se conmuta por más días de prisión.
En su escrito de calificación inicial, la Fiscalía llegó a solicitar hasta 9 años de prisión así como otros nueve de privación de permiso de conducir. Las negociaciones entre las partes, que pasaron por un reconocimiento de los hechos por parte del acusado, dieron pie a una rebaja de la pena final.
Desde el día en que se cometieron los hechos, Mohamed E.H. se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Mendizábal. Su acción, sin explicación alguna, fue tan mediática que derivó en quejas por la falta de seguridad en una frontera que ha sido sorteada ya por varios vehículos kamikaze.

La sorpresa de una tarde de agosto en la frontera: Bolardos, una puerta destrozada y pistolas apuntando al kamikaze

Lo que pasó esa tarde de verano de 2019 es complicado de entender, no así las consecuencias que todos pudimos ver. Y es que el ahora condenado no tuvo miedo alguno cuando los agentes del paso marroquí sacaron sus armas para que se detuviera. No lo hizo, les mostró un cuchillo jamonero, aceleró y emprendió su carrera hacia el lado español. Antes se llevó la puerta de la frontera desplazándola varios metros y chocó contra un coche, después huyó arrasando con todo, mientras los policías nacionales también sacaban sus armas para amedrentarlo. Fue en la curva de Juan XXIII donde perdió el control, colisionando con un vehículo de la UIR. Su huida terminó frente a la gasolinera de Martínez Catena después de impactar en varias ocasiones con los coches de la Policía Local y Guardia Civil que le seguían, para terminar ocupando parte de la zona peatonal subiéndose a la acera en donde pudo haber puesto en riesgo a los paseantes. Allí fue arrestado y en su coche se encontró el cuchillo jamonero con el que dio cuchilladas al aire antes de ser detenido tras un forcejeo.