El nuevo Reglamento de Extranjería entrará en vigor este martes con el objetivo por parte del Ejecutivo de dotar de flexibilidad al sistema, asunto que beneficiaría a muchas personas que viven en Ceuta, pero las organizaciones muestran su inquietud, advirtiendo que deja en el limbo a los solicitantes de asilo rechazados.
Según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, este nuevo reglamento busca “simplificar y agilizar los procedimientos”, evitando la “presentación excesiva” de documentos o por “vías inadecuadas” y la doble comprobación de los mismos requisitos; reducir los tiempos, excesivos, empleados para algunas vías de migración regular.
Además, el reglamento tiene como objetivo mejorar la concreción jurídica respecto a las figuras y situaciones cubiertas por determinados permisos; contemplar, de manera expresa, los derechos de las los trabajadores inmigrantes; conseguir una mayor claridad y la regulación de en qué supuestos, y bajo qué condiciones, se puede modificar el estatus migratorio de una persona, y de sus familiares.
Cinco modalidades
El nuevo reglamento cuenta con cinco modalidades: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y el arraigo de segunda oportunidad. La novedad es que se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia en España de tres a dos años.
También se flexibilizan los requisitos a cumplir y se habilita a trabajar no sólo por cuenta ajena, sino también por cuenta propia desde el primer momento.
Otra de las novedades previstas en este reglamento es la autorización específica de residencia y trabajo cuyo objetivo es facilitar la contratación tanto a nivel individual como colectivo.
Recurso de las entidades sociales
A pesar de la flexibilización del sistema, las organizaciones de defensa de inmigrantes (Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes) presentaron en enero un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la norma.
En él, advierten de que la reforma del reglamento impide que el tiempo que los solicitantes de asilo pasan en España de forma legal, esperando una respuesta a su solicitud, pueda usarse para solicitar el permiso de residencia en caso de que la resolución de protección internacional sea negativa.
Aunque reconocen que “la normativa establece una serie de mejoras importantes y fundamentales», avisan de que hay «aspectos relevantes» demandados por estas entidades a lo largo de todo el proceso que suponen un «impacto negativo en los derechos de las personas solicitantes de protección internacional y que se han dejado atrás”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó este viernes en el Parlamento un informe en el que alerta de que la entrada en vigor, en mayo de 2025, de los nuevos requisitos de acceso al arraigo para los solicitantes de protección internacional “podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores”.
Doble objetivo
Según el Ministerio, el reglamento ha supuesto una mejora de la regulación de la figura del arraigo con un doble objetivo que consiste en facilitar la integración de las personas extranjeras en situación irregular que tienen vínculos acreditados con España, permitiendo el acceso a una autorización de residencia, y facilitando su incorporación al mercado laboral, ya que todas las autorizaciones de residencia por arraigo habilitan a sus titulares a residir y trabajar.
“Lo que establece el Reglamento de Extranjería es una disposición transitoria para que las personas que tengan una denegación de esa solicitud de asilo puedan rápidamente como sólo seis meses, reconducirse a una figura también muy importante”, indicó la titular de Migraciones en marzo.
Además, el Gobierno prevé incorporar a 750 personas a las Oficinas de Extranjería para hacer frente a la carga de trabajo que a partir del 20 de mayo asumirán como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo reglamento.
CCOO convoca paros por falta de personal
Sin embargo, Comisiones Obreras avanzó el pasado viernes que mantiene la huelga en las oficinas de Extranjería ante las “medidas insuficientes” planteadas por el Gobierno, ya que el personal funcionario que prevé incorporar «no estará disponible hasta finales de año».
Por ello, el sindicato mantiene los paros de dos horas (de 12.30 a 14.30 horas) para este lunes en todas las oficinas de Extranjería.
Críticas de Podemos y Sumar
El nuevo Reglamento de Extranjería también ha provocado críticas en los partidos políticos. De hecho, Podemos la calificó en febrero en el Congreso de “puro maquillaje”. Así, tras la aprobación de este texto, la diputada Ione Belarra, acusó al PSOE de “bloquear” la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a más de 500.000 personas extranjeras.
También el portavoz de Justicia e Interior de Sumar, Enrique Santiago, expuso en rueda de prensa en el Congreso en diciembre que el nuevo Reglamento de Extranjería es “un buen punto de partida”, pero añadió que tiene “importantes vacíos”. Así, agregó que, desde Sumar, consideraban que tiene que completarse con ILP.
Respecto a la ILP, la Mesa del Congreso desbloqueó en septiembre su tramitación parlamentaria, poniendo fin a las prórrogas del plazo de enmiendas que se habían venido sucediendo semana tras semana durante meses.
El siguiente paso es debatir la ley y las enmiendas en ponencia y comisión para después elevar un dictamen al Pleno del Congreso para su aprobación. Si bien, este proceso se ha estancado en la Cámara Baja.
En este sentido, desde el movimiento ‘Regularización Ya’ han denunciado en diferentes ocasiones la “falta de voluntad” política para sacar adelante su iniciativa, tras un año sin apenas avances.
En esta misma línea, la ministra Elma Saiz, preguntada por medios en diferentes ocasiones por la ILP, ha valorado el debate y la escucha que surge a raíz de la iniciativa.
