Los ‘petaqueros’, la logística necesaria para el narco

La Fiscalía superior de Andalucía, Ceuta y Melilla tiene claro que hay que endurecer la acción judicial contra el petaqueo de las narcolanchas. Quienes están detrás de estas prácticas son piezas clave en el negocio del narcotráfico. Llevan años burlando una acción judicial que debiera ser más contundente y abasteciendo de víveres, móviles y combustible a las semirrígidas que esperan en el mar.

Esa labor logística es básica y así lo recoge la Guardia Civil en varios informes que ha remitido a los juzgados de Ceuta. El petaqueo es un problema que debe obtener una respuesta judicial resumida en penas mayores. Esa aspiración reclamada por los agentes es compartida por la Fiscalía.

Esta mima semana, la fiscal superior, Ana Tárrago, reclamaba mayores penas para los “delitos logísticos del narcotráfico” tales como “el transporte y depósito de la gasolina para el abastecimiento de las narcolanchas”.

En informes trasladados a los juzgados, la Guardia Civil de Ceuta ha informado del “verdadero problema” que suponen los ‘petaqueros’ desde hace ya tiempo.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico operan en el triángulo conformado entre Marruecos, Ceuta y el Estrecho. Disponen de embarcaciones recreativas que son las que apoyan a las narcolanchas encargadas de traficar con grandes cantidades de hachís. Esos enlaces ejercen una labor determinante para que todo funcione adecuadamente.

“Las lanchas los usan como enlaces asociados al narcotráfico y se emplean para transportar petacas, víveres, trajes de neopreno, teléfonos móviles y objetos necesarios si se pasa un tiempo elevado en alta mar”, reconoce la Guardia Civil de Ceuta en un informe interno al que ha tenido acceso este periódico.

Tiempos de espera, carga y descarga en alta mar

“Es bien conocido que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, en el momento de hacer la actividad delictiva, permanecen un tiempo en alta mar en una zona de espera. Allí aguardan para cargar el hachís en una embarcación y trasladarlo hasta el lugar del desembarco. Esos lugares, los de espera, carga y descarga, son concertados con miembros de la red”, explica el Instituto Armado.

Precisamente, el hecho de estar tiempos prolongados en alta mar, además en condiciones adversas, hace necesario que las personas que aguardan con la embarcación a la espera de ser cargada de hachís requieran de apoyo y suministros o incluso relevo de tripulantes.

Es ahí donde cobran un papel esencial los ‘petaqueros’. Trabajan a sueldo para los narcos, sin ellos no podría funcionar esa cadena que conforma un negocio millonario que se hace cada vez más fuerte y violento en el Estrecho.

¿Qué sucede? Ahora mismo burlan una acción judicial que debería ser mayor. El suministro de gasolina a las narcolanchas se castiga, a lo sumo, como una infracción administrativa, pero su función tiene el mismo peso que, por ejemplo, un piloto detenido en pleno pase. Ambas acciones son necesarias y relevantes, pero una se escapa cual serpiente ante la falta de una legislación más dura que evitaría que acciones de la Guardia Civil emprendidas en la lucha contra los narcos quedaran en nada.

AUGC arremete contra la Guardia Civil por la conciliación

Como en todos los trabajos, ya sea en Ceuta o en cualquier parte del mundo, la conciliación familiar es algo muy importante, ya que el poder pasar tiempo con los tuyos se torna esencial para el desarrollo de las personas. Esto es algo que, para AUGC, no se cumple en la Guardia Civil.

Para la asociación, la institución da una “doble imagen”, intentando atraer a mujeres “bajo la falsa promesa de una conciliación maravillosa con vídeos con toda la familia uniformada”.

Pero, AUGC denuncia que “la realidad es bien distinta” ya que “en las unidades, se concilia a golpe de sentencia” y que “es imposible garantizar el cuidado de los hijos “cuando llegas a una unidad donde no existe guardería a muchos kilómetros de distancia y no puedes buscar a una persona para cuidar a los niños cuando ni tú sabes los horarios y días de trabajo del mes siguiente”.

En este sentido, comentan que la técnica de la Benemérita es “desgastar al personal y quitarle las ganas de solicitar reducciones de jornada” ya que la conceden, pero “no así un horario que te permita el cuidado”.

Asimismo, argumentan que “cuando los tribunales nos dan la razón”, la institución recurre esa sentencia “y provoca que el derecho reconocido en la sentencia se retrase”.

Ejemplo de una trabajadora

Como ejemplo, han puesto el caso de una trabajadora a la que, tras reconocer la conciliación, la Guardia Civil “descuenta la parte proporcional del complemento de indemnización por residencia”, algo que denuncian que “no se puede tocar”.

Continúan indicando que la sentencia le ha dado la razón a esta compañera y “establece que ese complemento no se puede ver afectado por la reducción de jornada” y condena a la administración a pagar 400 euros en conceptos de costas.

“Como a los generales les sale gratis recurrir”, continúan, “la sentencia se recurre en casación ante el Tribunal Supremo que declara que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia”.

Esta consiste en determinar si la indemnización por residencia debe disminuirse durante el plazo en el que el Guardia Civil disfruta de la reducción de jornada por guarda legal de hijo menor o, por el contrario, debe mantenerse inalterable.

Por último, apuntan que el Supremo “no se complica mucho”, ya que tiene otras sentencias precedentes en las que se fundamenta, indicando “la consideración de índole finalista hecha por la Sala de instancia tiene peso: la indemnización por residencia busca compensar el riesgo o la penosidad del lugar de destino; riesgo o penosidad que, efectivamente, no desaparecen durante el tiempo en que la jornada de trabajo ha sido reducida”.

El conductor de un vehículo patera de la droga termina condenado

El pasado 9 de agosto, la Guardia Civil detenía en el puerto de Ceuta a un marroquí de 43 años cuando intentaba embarcar con destino a la Península conduciendo un vehículo cargado de hachís. Nada menos que 149 kilos.

Ahora, el Juzgado de lo Penal número 1 le ha condenado a 4 años y 1 mes de prisión por incurrir en un delito contra la salud pública. Además, tal y como se concretó en la sentencia dictada in voce, se impone una multa de 287.240 euros con 3 día de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

El acusado, que está en prisión preventiva en Mendizábal desde aquella noche, aceptó la condena reconociendo ser el autor del delito. Le había sorprendido in fraganti la Benemérita con toda la droga repartida en el vehículo de su propiedad modelo Renault Scenic.

Un vehículo patera para la droga

Los 415 bloques de hachís estaban escondidos en los huecos naturales del vehículo, salpicadero y depósito de combustible. El ahora condenado, con permiso de trabajo y residencia en España, quedará privado de libertad tras haber intentado burlar los controles antidroga establecidos por el Instituto Armado.

Se había convertido en el conductor de un auténtico vehículo patera preparado para ocultar droga, hasta el punto de que los agentes no pararon de sacar los bloques alcanzando uno de los decomisos más elevados de los detectados este pasado verano.

Las vigilancias efectuadas por la Benemérita en el puerto se llevan a cabo sobre los coches y furgonetas que embarcan en dirección a Algeciras, una línea explotada por quienes quieren hacer negocio con el tráfico de estupefacientes.

Los conductores de esos vehículos son usados como pasadores, eslabones necesarios en el negocio de la droga para conducir esa mercancía al otro lado del Estrecho y favorecer su entrega y distribución en el mercado europeo.

Juzgado por violencia doméstica tras cambiar de sexo registral

Es el primer caso que llega al Juzgado de lo Penal en Ceuta en el que la persona que figura como acusada ha cambiado su sexo en el Registro Civil de hombre a mujer. Y lo hizo antes de producirse los hechos que le han llevado a sentarse en el banquillo este jueves.

El procedimiento se ha seguido por tanto en el juzgado de instrucción número 5 como un caso de violencia doméstica y no como violencia de género hasta llegar ahora al Penal número 1.

La diferencia estriba en que en el primer caso se trata de una violencia ejercida en el hogar compartido y sufrida por cualquier miembro de la unidad familiar, mientras que en el segundo la violencia se produce de un hombre contra la mujer por el hecho de serlo. Las penas de cárcel a imponer son distintas según cada delito.

En este caso, la persona procesada es físicamente hombre, pero figura como acusada al haberse inscrito en el registro como mujer, en base a la aplicación del derecho a la autodeterminación de género que contempla la Ley 4/2023.

Una norma que reconoce que a partir de los 16 años es posible realizar un cambio de nombre y sexo en el Registro Civil sin ningún requisito. Hasta entonces para dar ese paso se exigía un diagnóstico que acreditase una disforia de género y haber recibido tratamiento médico durante al menos dos años “para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado”.

En la vista oral tanto la magistrada como la representante del Ministerio Fiscal se refirieron en sus preguntas en femenino, atendiendo así al sexo con el que consta en el registro y en el propio escrito de acusación del Ministerio Público.

El juicio, que versó sobre unos hechos ocurridos a principios de este mes en la vivienda compartida con su expareja sentimental, quedó visto para sentencia.

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Guardia civil con «muchos años» de servicio y «ningún delito»

La Fiscalía considera que se está ante un delito de malos tratos simples en el ámbito familiar por lo que solicitó la imposición de un año de cárcel, así como la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros y comunicarse con la denunciante durante 5 años.

La Defensa, por su parte, pide su absolución al considerar que no ha quedado probada la comisión del delito.

La acusada negó en todo momento la agresión, indicando que fue la denunciante (su expareja) quien se tornó agresiva, llegando a gritarle y arrojándole finalmente una botella de agua y una lámpara cuando acudía a interesarse por qué lloraba el hijo que tienen en común.

Indicó que pertenece “a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, ya que es guardia civil desde hace “muchos años”, y “nunca he cometido un delito”.

La expareja de la acusada se acogió a su derecho a no declarar.

Manifestaciones de testigos

En la celebración de la vista oral se escucharon varias testificales, entre ellas de policías que declararon para manifestar que actuaron porque entró una llamada en la Sala alertando de un posible caso de violencia de género.

Señalaron que cuando llegaron la supuesta víctima les manifestó que había sido zarandeada y agredida, además de que habrían sucedido hechos parecidos en otras ocasiones con anterioridad.

La Defensa puso en evidencia varias contradicciones y se aportó un vídeo para demostrar que su patrocinada no había golpeado la puerta para acceder a la habitación donde se habría producido el incidente que le ha llevado a sentarse en el banquillo.

El juicio contra la red del Messi del hachís sigue: las escuchas, válidas

No ha ocurrido como con la Operación Monte, ejecutada en Ceuta contra el narcotráfico y que llevó a la absolución de la mayoría de los acusados tras la nulidad de las pruebas matrices de la investigación. El juicio seguido contra el Messi del hachís y colaboradores sigue adelante.

El tribunal que juzga en Algeciras (Cádiz) a 22 miembros del clan del narcotráfico liderado por Abdellah el Haj, conocido como el Messi del hachís, aceptaba este miércoles la legalidad de las escuchas telefónicas que se practicaron durante la investigación.

No hay fruto original envenenado que haya contaminado el resto de las pruebas, una teoría que no ha cabido en esta macrocausa con varios acusados en el banquillo y un líder oculto en Marruecos.

Así, el juicio, en el que la Fiscalía Antidroga pide condenas que suman 450 años de cárcel para los 22 acusados, continúa contra todos ellos en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras.

El juicio se inició el pasado lunes y en la primera sesión del macrojuicio, las defensas de los acusados plantearon, entre otras cuestiones previas, la posible nulidad de las escuchas telefónicas que se hicieron durante la investigación.

EFE

Se aplicaba la misma teoría que en la famosa Operación Monte en la que se formuló acusación en Ceuta contra varias personas, entre ellas miembros de la Benemérita. La absolución de la mayoría marcó esa vista.

En este caso, tras deliberar sobre el asunto, el tribunal ha acordado admitir como pruebas estas escuchas al igual que eliminar del juicio una de las intervenciones policiales, en las que entre 2016 y 2017 se incautaron a la red más de 12.000 kilos de hachís y armas de guerra, porque, debido a un error, el juzgado de instrucción no lo incluyó en el auto de procesamiento.

Fuentes del ministerio público han indicado a la agencia Efe que las personas que estaban acusadas por esta intervención seguirán como acusadas en el juicio, ya que están procesados también en otras de las intervenciones y por pertenencia a la organización criminal.

Tras estas decisiones, el juicio continuará con la declaración de testigos y acusados.

En este juicio no está presente el principal acusado: Abdellah el Haj, conocido como el Messi del hachís, fugado de España desde 2019.

Considerado uno de los delincuentes más buscados por Europol y por las fuerzas policiales españolas como el “jefe de la mayor organización de tráfico de hachís en España”, El Messi era “el mando principal” de la organización que se juzga, según la Fiscalía.

Al estar fugado, se abrió un procedimiento aparte para juzgarle por estos hechos.

Pide perdón tras acusar al Puerto de dar una plaza fija a «medida»

La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha absuelto al llamado J.H.B., representante sindical de CSIF, de un delito de falso testimonio tras la denuncia que presentó ante la Guardia Civil de San Roque, en marzo de 2022, en la que señaló que se iba a contratar a un personal fijo para cubrir una plaza en el Puerto de Ceuta.

La absolución llegó después de que el acusado pidiera perdón a todos los afectados por la denuncia, recalcando que se equivocó al realizarla ante la Guardia Civil para llevarlo por lo Penal cuando únicamente, si tenía sospecha de algo, tendría que haberlo hecho por la vía Civil.

Unas disculpas que aceptaron todos los afectados, por lo que la Fiscalía y la Acusación Particular retiraron sus acusaciones por lo que, al no haber prueba de cargo contra del acusado, se dictó esa resolución.

J.H.B. se sentó en el banquillo por una denuncia que presentó el 12 de marzo de 2022 en las dependencias de la Guardia Civil de San Roque.

La Fiscalía señalaba que formuló denuncia con claro desprecio hacia la verdad al indicar que tenía sospechas “fundadas de que en el proceso de empleo público donde se contrataba a personal fijo para cubrir una plaza en el Puerto de Ceuta se estaba vulnerando el principio de igualdad, ya que existía una relación directa del supuesto seleccionado con miembros del jurado”.

«Relación directa»

Además, añadió, que en un vocal del tribunal del proceso selectivo era miembro de UGT. “El jefe de división de recursos humanos del Puerto de Ceuta que es responsable del departamento de selección del Puerto de Ceuta era presidente del Comité de empresa en representación de UGT”, dijo.

En esa denuncia que formuló ante la Guardia Civil, el acusado aseguró que existía una relación “directa” entre el elegido a cubrir la plaza de responsable de la secretaría general con miembros del tribunal del proceso selectivo. “Todos son o han sido miembros de UGT”, indicó.

De la misma forma, hizo constar que el “posible seleccionado era abogado de ese sindicato.

Junto a la denuncia el acusado aportó variada documentación.
Esta denuncia originó la incoación de las Diligencias Previas ante el Juzgado de instrucción número 3 de Ceuta y se le tomó declaración al acusado el día 27 de octubre de 2022. En esa declaración, manifestó que denunció el proceso de selección del secretario general del Puerto de Ceuta ya que se “había vulnerado” el principio de igualdad.

Apuntó que iba a ser seleccionado por su “relación profesional” con un miembro del Tribunal, en concreto por las relaciones entre “el supuesto seleccionado con el director de recursos humanos y miembro del Tribunal.

Además, manifestó que las bases del concurso se habían hecho a medida de una persona y que los vocales “influyeron en el resto del Tribunal para que resultara seleccionado”.

En el curso de esta investigación se les recibió declaración como investigados a las personas mencionadas por el acusado y posteriormente se dictó auto de sobreseimiento libre de la causa y archivo.

El juicio ha terminado con sentencia absolutoria tras dos años de esa exposición y después de que, quien inició toda esta polémica, haya pedido perdón a todos los afectados, quedando por tanto en evidencia que lo denunciado ante la Benemérita no se sostenía.

Suspendido el juicio contra una exempleada de la notaría para evitar indefensión

La sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha decidido suspender hasta el próximo noviembre el conocido ‘juicio de los notarios’ después de que este jueves preste declaración la acusada, exempleada de la notaría ubicada en Pedro de Meneses por un delito de apropiación indebida.

Está suspensión se ha acordado después de que el perito propuesto por la Acusación Particular aludiera a una ampliación de su informe, pero la misma no le constaba a ninguna de las partes.

Se trata de una ampliación que, de no ser valorada, podría genera indefensión a la acusada por eso el tribunal ha adoptado esta decisión. Mañana tras la declaración de la acusada, se procederá a la suspensión de la vista hasta noviembre.

De esta forma, se le va a dar traslado de la documental a todas las partes e incluso a los peritos contables para que puedan estudiar esta ampliación.

A pesar de la suspensión, la acusada prestará declaración este mismo jueves para defenderse de las acusaciones, teniendo por delante una petición de pena de 3 años y 6 meses de prisión que exige tanto la Fiscalía como la Acusación Particular.

Declaración del perito informático: “Parecía una caja B”

Antes de que el tribunal adoptara esta decisión, ha prestado declaración un perito informático. Ha sido muy claro y ha destacado que no era normal la cantidad de movimiento que había en las ‘facturas especiales’.

En este sentido, el perito no culpa a la acusada directamente, pero sí deja claro que parecía más “una caja B que otra cosa”. “Sí se puede llevar a cabo una caja B en facturas especiales”, ha dicho.

Además, dejó claro que “no era normal” y nunca habían visto tanto movimiento en una de las pestañas. “Nos llamó la atención, nunca hubo un problema con el programa en factura de cobro ya que trabajamos en 200 notarías”.

Ha añadido que nunca se había guardado en la nube datos de esta notaría. “Son pagados especiales por alguna razón, no sé cuál, pero lo que sí era seguro que no era una cosa normal”, ha sentenciado.

Asimismo, ha explicado la existencia de demasiadas facturas en especiales, “sin cobro” y es una cosa difícil de asimilar cuando se trata de una notaría “donde todo el personal tiene acceso al programa”.

Una estafa de 500 euros por Instagram termina con condena

La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta condenó al llamado I.Z. por un delito de estafa.
El acusado reconoció los hechos y aceptó la pena de 6 meses de prisión, así como el pago de una multa de 500 euros en concepto de responsabilidad civil. No entrará en la cárcel siempre y cuando no vuelva a delinquir en el plazo de 2 años y abone la multa impuesta.
Los hechos a los que se hizo referencia en esta conformidad ocurrieron el año pasado. El acusado, con ánimo de ilícito beneficio, actuando de común acuerdo con una tercera persona no identificada y que se hacía pasar por amigo de la víctima, contactó con su víctima a través de Instagram.
El acusado y esa tercera persona convencieron a la denunciante para llevar a cabo diferentes actividades de inversión. Así, le facilitaron el contacto de otro perfil de Instagram, quien finalmente le suministra un número de teléfono a la víctima para llevar a cabo esas operaciones.
El acusado, utilizando este número de teléfono, entre los días 10 y 20 de junio de 2023, se ofreció para hacer esas inversiones y generarle un beneficio económico a la denunciante.

Los hechos a los que se hizo referencia en esta conformidad ocurrieron el año pasado

En el curso de las citadas conversaciones, solicitó a la víctima sus datos bancarios y determinadas contraseñas, alegando la existencia de un fallo de sistema. En primera instancia le solicitó un Bizum de 200 euros y posteriormente que la inversión había generado beneficios y que para recibirlos debía de realizarle otro Bizum por importe de 300.
A pesar de que la víctima le trasladara esos montantes económicos no percibió importe alguno por las supuestas inversiones realizadas. Realizó esos ingresos en la creencia errónea de estar realizando inversiones.
El acuerdo previo entre la Defensa y el Ministerio Fiscal evitó la celebración de la vista oral que estaba fijada par este martes en la sala de lo Penal número 1 de nuestra ciudad.
Además ese acuerdo le sirvió para una reducción de la pena, ya que en un principio el Ministerio Fiscal le solicitaba una pena de hasta 2 años de prisión.

Empleados de la notaría señalan a su excompañera en el desfalco

La sesión vespertina seguida en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta para esclarecer un caso de apropiación indebida por el que se sienta en el banquillo una exempleada de la notaría (cuando en la misma trabajaban 3 notarios) se ha centrado en la toma de declaración a tres empleados de la misma.

El primero en hacerlo ha sido el contable que ha indicado que llevaba el control de pólizas, el libro de provisión de fondos y realizaba un control de los listados de facturas que entregaba después al asesor fiscal. Fue él quien descubrió la factura que dio origen a todo.

“Mi horario era diferente porque por la tarde me reunía con los notarios para cotejar las cosas. Era el encargado de ingresar el dinero”.

“Las cuentas se liquidaban mes a mes y se ingresaba el dinero a los notarios. En una reunión mensual se veía cómo había ido el mes y se tenía el listado que yo mismo había impreso con el resumen de todas las cuentas”, ha proseguido.

El contable, además, ha añadido que la acusada era la encargada de cobrar el dinero a los clientes. Asimismo, señala que utilizaban un programa y que todos los trabajadores accedían con la misma contraseña. “Yo lo utilizaba para las pólizas y para sacar el listado de cobros de todo el mes”.

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“Yo ni hacía la factura, ni cobraba. Solo sacaba el listado y me reunía con los notarios. Desconocía que había otro listado y lo descubrí el 9 de enero”.

Hasta 300 ‘facturas especiales’

El contable ha explicado que una factura le salía doble y que no estaba cobrada, ni pendiente de cobro. “Dónde estaba esa factura. Inmediatamente bajé y se lo dije a un notario. Emitida estaba, pero no la encontraba. Al intentar cobrarla, me salía pagada especial. Me fui a la caja de ese día y estaban las 3 facturas. Al mirar la hoja de caja al trasluz deduje que había algo que no era normal”.

“De los 3 notarios, en el listado especial había un desvío de facturas especiales. Se los conté y pegó un grito y dijo que había que reunirse inmediatamente. Hallamos casi 300 ‘facturas especiales”.

Asimismo, el contable ha explicado que se puso en contacto con la empresa Al-Andalus inversiones inmobiliaria para decirle que había tenido un problema del ordenador. “Me confirmó que las 3 facturas fueron pagadas a la acusada en el mostrador y se marchó con su factura. Eso mismo me ocurrió con dos o tres clientes más. Todos decían que le habían pagado a la chica del mostrador”.

“De las tres facturas que vi el día 9, ascendían a unos 1.800 euros. La verdadera cuantía estaba atrás con tipex y se veía al trasluz. Le pregunté a mi compañero, el que hacía las sustituciones de la acusada, y me dijo que no tenía ni idea”, ha proseguido.

Además, el contable ha indicado que le extrañaría que otra persona “que no hubiera sido ella” hubiera cometido el delito. “Yo estaba en primera planta, ponía a otro compañero cuando se tenía que ir ella a algún sitio”.

Después de haber sido despedida la acusada, el contable asegura que ningún compañero ha utilizado ‘facturas especiales”. “Era muy difícil que otros compañeros que no trabajaban con la caja, hicieran eso. Era imposible que supieran cómo funcionaba todo como ella”.

“Entre las ‘facturas especiales’ aparecían sobre todo las hipotecas y las compra ventas”, ha incidido.

Asimismo, el contable señaló que comprobó diferentes irregularidades como “el cambio de fecha de facturas”.

El que sustituía a la acusada «cuando no iba a trabajar»

Uno de los empleados de la notaría, ha sido el siguiente en testificar. Ha explicado que en ese tiempo su relación era buena con la acusada y su función era la de “atender al público, escritura, facturaba, cobraba, llevaba dinero al banco”.

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Además, ha señalado que él se encargaba de sustituir a la acusada. “Las sustituciones eran puntuales, cuando ella no iba a trabajar por el motivo que sea o tenía que ir a algún sitio”.

“Todas las facturas estaban numeradas, el mismo que el de protocolo. Tenía acceso al programa informático Óptima, cuando había que hacer una consulta o una facturación”, ha explicado.

En su declaración ha señalado que la pestaña de ‘facturas especiales’ “no quedaba a la vista”. “El programa normalmente no daba fallo alguno y recibimos un curso de formación de ese programa”.

Sobre el dinero que se gastaban en taxis, libros o de otras índoles del día a día, el testigo explicó que era un “precio mínimo” y que era “imposible” que esa cuantía llegara a casi 300.000 euros. “La verdad es que no lo creo”.

“Nunca observé nada anormal por parte de la acusada en su trabajo diario. No recibí quejas”, ha añadido.

En la facturación del día de los hechos, también se registra el nombre del testigo. “Ella empezó esa cuenta, yo seguí porque ella tuvo que salir, pero después regresó y ella fue la que hizo todo el papeleo. El listado y todo ha sido ella. Nunca la he visto llevarse dinero, la he visto trastear la caja, pero como todos”.

Otro excompañero de la acusada

Otro de los empleados de la notaría ha testificado que sus funciones era facturación y de escrituras. “Ella estaba en recepción, cobrar las facturas y con mi otro compañero llevar la contabilidad”.

“Si ya no estaba ni ella, ni mi otro compañero, hacía también la facturación. Pero eso era algo raro, tenía que darse muchas coincidencias para que yo tuviera que hacer ese trabajo”.

Como sus otros dos compañeros, el testigo ha confirmado que el programa iba correcto, sin fallo alguno. “Si teníamos un problema, desde Granada a través de remoto, lo arreglaban”.

El testigo ha explicado que él no entraba en los apartados que utilizaba la acusada, ya que su trabajo “era muy diferente”.

Por último, el representante legal de la aseguradora reclama por el dinero que ellos pagaron a la notaría, así como el trabajo de los profesionales que intervinieron en la causa.

Juicio a una exempleada de la notaría por apropiación indebida

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta acoge desde este martes el llamado ‘juicio de los notarios’ contra B.G.U., trabajadora durante años en la notaría cuando era un local único en el que prestaban servicio tres profesionales de la ciudad.

Se le acusa de un delito continuado de apropiación indebida. Las sesiones de juicio oral previstas se extenderán hasta este jueves y como denunciantes que ejercen Acusación Particular se encuentran los notarios que operaban en el local de Pedro de Meneses.

Fiscalía pide que se imponga a la acusada una pena de 3 años y medio de prisión, así como multa de 12 meses a razón de 12 euros diarios. En concepto de responsabilidad civil se solicita una indemnización de 292.000 euros.

La acusada, trabajadora en la notaría desde 1995 a 2012, se encargaba de recoger el importe de las provisiones de fondos, su entrega al empleado correspondiente, el cobro de facturas, la devolución en su caso de los sobrantes, la práctica del asiento contable de cobro y la entrega de copias autorizadas de escrituras.

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También, entre sus menesteres, estaba la confección manual de las hojas de caja diarias y la agrupación de aquel dinero en una caja física ubicada en ese local para su posterior entrega en la entidad bancaria, gozando de una amplia libertad en el cumplimiento de dichas funciones y de la plena confianza de los fedatarios públicos por cuenta de los cuales trabajaba.

Ánimo de lucro en sus acciones

Considera la Fiscalía que en fechas no determinadas, pero en cualquier caso entre el año 2007 y el mes de enero de 2012, la acusada habría realizado una pluralidad de actos destinados a lucrarse en provecho propio y en perjuicio de la notaría.

Se habría aprovechado del amplio dominio y conocimiento que tenía del programa informático Óptima, utilizado habitualmente para el registro de las facturas que se generaban en el tráfico ordinario de la notaría, para apropiarse de diferentes y numerosos importes que cobraba a los clientes de la notaría, registrando en el programa informático las facturas correspondientes a dichos cobros como ‘facturas especiales’ en un apartado separado y desconocido tanto por los restantes empleados de la notaría como por los propios notarios.

Esas facturas no se reflejaban entre las pendientes de cobro y permanecían ocultas a la vista de los perjudicados, escondiendo así la perjudicada el importe cobrado por dichas facturas e incorporándolo a su propio patrimonio personal.

Para defenderse de esta acusación, la procesada contará con su momento de declaración que tendrá lugar al final de toda la vista, siguiendo la tónica empleada por la Audiencia para garantizar mayores derechos a los acusados.

Esta mañana quienes han declarado han sido los tres notarios que, unidos, prestaban servicio en ese local hasta que se ordenó su separación en distintas sedes tras una denuncia ante el Tribunal de la Competencia.

Los denunciantes: los notarios

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Fueron los tres notarios que trabajaban en la misma sede quienes en enero de 2012 presentaron denuncia. Hoy, 12 años después, han declarado como testigos y denunciantes, reclamando el dinero perdido.

En esencia han resaltado las funciones que tenía la acusada en la notaría. Una trabajadora en la que tenían confianza y con quien mantenían una buena relación. De hecho, uno de los notarios ha indicado que ella “tenía una llave de mi domicilio, por si cuando me iba y pasaba algo tuviera alguien llave”.

Esa confianza se quebró cuando, prácticamente por mera accidentalidad, descubrieron la existencia de las ‘facturas especiales’.

Esa accidentalidad se produjo cuando un trabajador de la notaría imprimió un listado de facturas y se dio cuenta de la existencia de dos sobre gastos de un hotel. Ambas no estaban correlativas, es decir, faltaba una en mitad de dos por lo que se puso en contacto con el cliente, quien verificó que la había pagado, pero no estaba sumada a la contabilidad real. Oficialmente aparecían dos facturas, pero el cliente había abonado tres.

“Eso fue a primeros de enero, el contable estaba para cerrar el mes y teníamos la seguridad de que había una sociedad que había pagado una factura de una cuantía importante, pero había una que no aparecía en factura de cobro. Vimos que no estaba bien cobrado, que no estaba pendiente, fue cuando después de que el contable analizara el programa cuando comprobó que estaba cobrando en una carpeta ‘especial’. Se miró el listado y había uno verde, pinchaba y salieron todos esos listados que tenéis conocimiento y ahí empezamos a tirar de ese hilo”, se ha explicado.

«No me lo creía, pero me lo tuve que creer»

Esa alerta fue la que llevó a verificar lo que estaba pasando, reuniéndose urgentemente todos los notarios. Como ha manifestado uno de ellos, no se lo podían creer. “No me lo creía, pero empezamos a ver el tema y sí, me lo tuve que creer”. Eso no era otra cosa que una relación de cobros de la que no tenían constancia estos profesionales.

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“No sabíamos nada de las ‘facturas especiales”, hasta que en enero de 2012 se descubre todo y se procede al despido de la acusada. “Cuando se descubrió todo se le despidió. Ella estaba tranquila, se daba cuenta de que algún día iba a caer”. “Estaba muy relajada, seria, teníamos toda la documentación encima de la mesa y no hizo falta ni enseñársela”.

“Se revisó todo”, se ha aclarado. El dinero correspondiente a esos ‘especiales’ nunca apareció. Por ejemplo, hubo un caso de un cliente que había realizado 3 escrituras por las que había pagado, pero figuraban solo dos como cobradas. Había ‘facturas especiales’ que no salían en ningún listado, ni en cobradas ni en pendientes de cobro.

Todo esto ocurrió hace muchos años cuando “se hacía muchos pagos en metálico y no en tarjeta como ahora. Era fácil quedarse con cantidades. Si se fijan en las listas especiales siempre fluctuaba entre 600 y 1.000 euros. Eran cantidades muy importantes. No hay que olvidar, y eso algo importante, que ella manejaba los listados. Ha habido casos que se llamaba al cliente diciéndole que faltaba dinero y él venía con la factura acreditando que se había pagado todo. Al programa informático no se le puede engañar. Podía quitar una figura, pero el programa advierte de que se ha eliminado, por eso lo metía en listado especial”.

Aquel despido derivó en un juicio por lo Social que la acusada perdió. Ahora se enfrenta a este penal.

Los notarios nunca sospecharon de otros empleados, de hecho, cada uno tenía unas funciones específicas que desarrollar. Cuando saltó la alarma, se examinó todo al detalle hasta que, confirmadas las sospechas de lo que estaba pasando, presentaron denuncia.

La Defensa ha preguntado si vieron a la acusada alguna vez coger dinero, a lo que los profesionales de la notaría han dicho que no.