Marsave rescata a un menor arrojado de una moto de agua

La crueldad marca algunos de los pases migratorios que se suceden en Ceuta. Tanto como el ocurrido esta tarde cuando socorristas de Marsave han actuado rápidamente para rescatar del agua a un menor extranjero que había sido arrojado al agua desde una moto de agua que se dio a la fuga.

Ha ocurrido en torno a las 17.30 horas en la Almadraba. El sos vigía de la silla de rescate y salvamento de Marsave se percató de que a 200 metros de la costa, cerca de la piedra del Pineo, un usuario se caía de una moto acuática. La sorpresa se la llevó cuando la moto abandonó el lugar dejando a esa persona en el mar. Se observó con prismáticos cómo nadaba de forma irregular y se movilizó a la moto acuática y al socorrista de playa para intervenir rápidamente.

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El socorrista de playa se acercó a la víctima a la vez que la moto acuática llegaba al bañista, comprobando que era un menor marroquí. Se le inmovilizó en tablero de moto acuática y se trasladó a tierra.

Una vez allí se le tomaron constantes arrojando signos evidentes de hipotermia. Se le aplicó protocolo sanitario para estos casos y se avisó a la Guardia Civil de lo ocurrido ya que se trata de un inmigrante sin documentos. La Guardia Civil se hizo cargo del paciente y avisó a Erie de Cruz Roja según protocolo.

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Este suceso cruel donde los haya se produce en un día en el que ha habido un desembarco de inmigrantes en Benzú y entradas de nadadores por el Tarajal. Empieza el verano y aumentan los pases de inmigrantes.

Las costas de Ceuta y los espigones fronterizos son aprovechados por pasadores para ganar dinero a costa del tráfico de personas en los que no tienen en cuenta su integridad física. En este caso la rapidez de los socorristas ha servido para salvar una vida. El menor pasará ahora a depender de la Ciudad Autónoma aunque debe ser antes verificado su estado de salud.

Delegación y Ciudad estudian recurrir al Supremo la condena por la expulsión de menores

La Delegación del Gobierno en Ceuta y la Ciudad han anunciado que este viernes que tanto la Abogacía del Estado como los servicios jurídicos de la administración autonómica están “valorando” recurrir ante el Tribunal Supremo en vía de casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, confirmando la de primera instancia, ha declarado ilegales las expulsiones exprés de menores marroquíes solos ejecutadas en agosto del año pasado al margen de lo previsto en la legislación de Extranjería.

Fuentes de la Delegación, cuya titular era la competente para gestionar la repatriación de niños migrantes foráneos no acompañados, y el portavoz del Gobierno de Ceuta, Alberto Gaitán, en rueda de prensa, han indicado que la sentencia se está “estudiando” para decidir en consecuencia, aunque el Ejecutivo local ya ha avanzado que su “intención” es llevar el caso hasta el Alto Tribunal.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ordenó a mediados de febrero a la Delegación «el retorno de los menores de edad [no acompañados] que fueron efectivamente repatriados» en un veredicto que tendría incidencia directa sobre 8 de los 55 que fueron expulsados durante cuatro días. La administración ya ha advertido que no atenderá al veredicto hasta que este sea firme, momento en el que la defensa de los niños representados por la Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios prevé solicitar la extensión de su contenido a todos los devueltos a Marruecos en idénticas circunstancias.

El TSJA ha refrendado íntegramente el “fondo” de la primera condena sobre el proceder de la administración, que a su juicio fue “exento de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes”.

Además, la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía incide en que “los actos propios de la Administración demandada [la Delegación del Gobierno] hicieron imposible el seguimiento de trazabilidad de las medidas de retorno que aplicó”. Según su interpretación, el carácter “súbito y masivo e ilegal” de la crisis migratoria de mayo de 2021 en el marco de la que los menores habían accedido sin compañía a Ceuta “en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley”.

La Delegación y la Ciudad basaron sus primeros recursos en la existencia de una situación “de emergencia humanitaria” en Ceuta causada por la entrada irregular de unas 12.000 personas en 72 horas en territorio español y en la existencia de un Acuerdo bilateral entre Madrid y Rabat de 2007 para el “retorno asistido” de menores solos. Para el TSJA, sin embargo, “además de no individualizar los expedientes de retorno por cada menor afectado”, se omitieron “todos los trámites esenciales y cautelas procedimentales de obligado cumplimiento para la repatriación”.

La Fiscalía ha denunciado por la vía penal por un presunto delito continuado de prevaricación tanto a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, como a la vicepresidenta Primera del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu, acusadas de saltarse la legislación vigente “a sabiendas”.

El TSJA ratifica que la devolución de menores marroquíes fue ilegal

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado el primero de los dos recursos interpuestos por la Delegación del Gobiernoen Ceuta y el Ejecutivo regional contra la sentencia de primera instancia que, el pasado 14 de febrero, declaró ilegal la devolución de 55 menores marroquíes no acompañados a su país al margen de lo previsto en el Reglamento de la Ley de Extranjería. Por esa actuación está pendiente todavía de dilucidarse también la apertura de diligencias penales a instancias de la Fiscalía contra la delegada, Salvadora Mateos, y la consejera de Presidencia, Mabel Deu.

«No es que se haya omitido alguno de los trámites del procedimiento, es que se han omitido todos, ya que ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación«, concluyó el Juzgado número 1 de la ciudad hace cuatro meses.
Ahora la Sala ha “respaldado” el “pronunciamiento de fondo” del Juzgado de Ceuta y ratifica que “los actos propios de la Administración demandada [la Delegación del Gobierno] hicieron imposible el seguimiento de trazabilidad de las medidas de retorno que aplicó”. “Su actuación material, exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes”, remarca.

El TSJA ha concluido que el carácter “súbito y masivo e ilegal” de la crisis fronteriza de mayo de 2021, en el marco de la que los menores expulsados habían accedido a territorio español, “en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley”.

“La Delegación del Gobierno en Ceuta además de no individualizar los expedientes de retorno por cada menor afectado omitió todos los trámites esenciales y cautelas procedimentales de obligado cumplimiento para la repatriación” que recoge la legislación española que el Acuerdo de Cooperación de 2007 entre España y Marruecos en el que supuestamente se amparaba la devolución exprés de los niños exige expresamente acatar.

La sentencia recurrida obligaba a la Administración General del Estado a «adoptar las medidas necesarias» para conseguir «el retorno de los menores de edad [no acompañados] que fueron efectivamente repatriados» y en cuyo nombre se formuló la primera demanda de protección de derechos fundamentales por parte de la Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios, un total de 8, aunque la Delegación advirtió que no acataría el veredicto hasta que fuese firme, para lo que podría ser necesario llegar al Supremo.

Raíces ha explicado este jueves que “aún se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto por las dos mismas administraciones frente a otra sentencia sobre otros 12 niños en similares circunstancias”. Pendiente de resolución por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta sigue otro recurso en representación de 7 menores más.

El presidente de Coordinadora de Barrios, Javier Baeza, ha valorado que la sentencia del TSJA “recuerda a las autoridades que no puede haber recortes en los Derechos de la infancia” y ha advertido que “ahora queda restaurar el daño causado a los niños afectados, reconstruir su confianza y asegurar que algo así no vuelva a pasar”. Para la abogada de la entidad, Patricia Fernández, “el pronunciamiento de la Justicia es claro: el control de la frontera no puede ser una excusa para excepcionar la aplicación del Derecho: ni en Ceuta en agosto de 2021, ni en Melilla en junio de 2022”.

“Resulta frustrante comprobar que las administraciones públicas siguen vulnerando los derechos fundamentales de las personas migrantes y en especial de los niños y niñas que llegan solos a España y nos llena de impotencia que esto siga ocurriendo a pesar de los múltiples pronunciamientos judiciales que, sobre este asunto, obtuvimos hace más de 12 años y cuyo contenido se niegan a asumir nuestros distintos Gobiernos”, ha señalado la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.

Aumentan las entradas a Ceuta de subsaharianos que dicen ser menores

Las entradas de subsaharianos que dicen ser menores y que logran sortear la valla para cruzar a Ceuta han influido en el incremento de asistencias en los centros de la ciudad encargados de la acogida a quienes todavía no han cumplido los 18 años. El tema es que en muchos de los casos sí que son adultos, pero se confirma con posterioridad. Esto ocurre prácticamente en buena parte de los casos protagonizados por subsaharianos, ya que en los de los marroquíes sí se verifica su adolescencia.
Desde enero hasta la actualidad se ha registrado la entrada de unos 70 subsaharianos y marroquíes dados como menores, que son acogidos en lo que ahora funciona como centro de primera atención, el de Piniers. Otros se van derivando al resto de instalaciones dependientes de Menores.
Los casos de entradas de oriundos del vecino país se producen bordeando a nado los espigones, ya que el control en frontera y la aplicación de medidas restrictivas como la obligatoriedad de portar visado anula los accesos de antaño de familias que cruzaban a Ceuta pero regresaban a Marruecos con menos miembros. Sus hijos quedaban a las puertas de los centros de acogida.
En el caso de los subsaharianos, el aumento ha sido gradual. Por ejemplo el mes pasado se constató la entrada de una decena solo de los que dijeron no alcanzar los 18 años, al margen hubo otras incursiones de adultos. En muchos de los casos han cruzado la valla y llegan por sus propios medios al CETI, en donde ya la Guardia Civil tiene constancia del cruce. El registro policial de todos ellos y la declaración de su minoría lleva a activar el protocolo de primer ingreso en los centros dependientes de la Ciudad Autónoma hasta que se pueda verificar si deben permanecer allí o pueden optar a su traslado al CETI, de donde su marcha a la Península será más pronta.

Los atletas de ‘La Esperanza’: cuando el esfuerzo tiene premio

En el centro de La Esperanza siempre ha habido buenos deportistas. Chicos que un día dejaron atrás su Marruecos natal para cruzar a Ceuta, encontrando aquí no solo un hogar sino una forma de aprovechar los recursos existentes. Algunos toman buena nota de ello y participan en las distintas actividades que propone la dirección del centro, actividades incluso con premio. O, mejor dicho, con medalla.
Issam, Youssef, Anass y Rachid llevan el atletismo en la sangre y este viernes lo dieron todo en la XX Carrera Popular Puerto Bahía Algeciras en la que participaron, desplazándose desde Ceuta junto a educadores. Issam Bhiel quedó segundo clasificado en categoría juvenil y 17 de la general representando al centro La Esperanza, Yousef ElBahri quedó tercero en categoría juvenil y 38 en la general en representación de Fundación Samu, Anass Handoune quedó cuarto en categoría juvenil y 45 en la general mientras que Rachid El Azzouzi quedó en el puesto número 8 en juvenil y 115 en la general (ambos representando a ‘La Esperanza’).

Contentos, regresan a la ciudad con ganas de más deporte, con el ánimo e interés por participar en otros eventos de este tipo en los que puedan dejar el nombre del centro que se ha convertido en su nueva casa por todo lo alto. La dirección apuesta por ello, porque los chavales que habitan en el albergue de Hadú puedan demostrar lo que saben hacer, aprovechando el tiempo que estén en la ciudad. Son maneras de evolucionar en una Ceuta que se ha convertido en su casa, después de que dejaran atrás su país para cruzar a este lado. A la familia no la olvidan, pero tuvieron que decirle adiós cuando emprendieron ruta bordeando el Tarajal, una frontera que separa dos mundos y dos formas de vida. En una de ellas, al menos, tienen alternativas para aprender y sentirse válidos.
Habrá más carreras y más participación, porque desde siempre el centro de La Esperanza se ha caracterizado por ayudar a sus acogidos en la inclusión en los cuantiosos eventos deportivos que les abren sus puertas.
Issan, Youssef, Anass y Rachid regresan a casa con el pensamiento puesto en la siguiente.

El Gobierno niega despidos o tratos de favor entre trabajadoras sociales

El Gobierno de la Ciudad volvió a negar ayer que haya “despedido” a trabajadores sociales, reproche que se le adjudica de forma recurrente desde finales de marzo, cuando prescindió de nueve de las personas contratadas en septiembre del año pasado en el marco del refuerzo de personal acometido para intentar tramitar de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Extranjería la repatriación de los menores migrantes solos llegados a Ceuta en la crisis de mayo. Igualmente rechazó ayer que el hecho de que haya renovado a cuatro profesionales con ese perfil en Menores y Servicios Sociales responda a ningún “trato de favor”, como recelan algunas de quienes no continúan en sus puestos.
La Ciudad incorporó en septiembre del año pasado a 12 trabajadoras sociales para Menores y a cinco para Servicios Sociales. A principios de marzo prescindió de tres de las primeras que al poco tiempo rescató y reubicó tras las primeras denuncias públicas de CGT, una en el mismo área y otras dos en la de Dunia Mohamed.
El 31 de marzo las nueve que no habían dejado de trabajar en Menores se quedaron en la calle, según la Ciudad por un doble motivo: su labor había dejado de ser necesaria al haberse completado los informes de niños foráneos no acompañados que había requerido la Delegación, más de medio millar, y porque la reforma laboral impedía seguir recurriendo a la contratación temporal. La administración también ha prescindido de cuatro de las trabajadoras adscritas de inicio a Servicios Sociales.
Siguen trabajando cuatro, las tres que se quedaron breve tiempo sin contrato, y una de las incorporadas desde el principio al departamento de Servicios Sociales, a pesar de que según sus colegas no son las que estaban mejor colocadas en la bolsa de empleo de 2014 desde la que se las contrató en septiembre y de que en sus bases se establecía que las incorporadas podrían y deberían sumar un año en nómina, no necesariamente encadenado.
“La Ciudad aplica la ley a unas y a otras no: para algunas la reforma laboral impide la contratación, aunque sea por circunstancias de la producción y no por obra y servicio, y para otras no”, lamentaron ayer algunas de las que se sienten perjudicadas y han judicializado el asunto, que llegará a juicio en noviembre.
El Gobierno de Ceuta defendió ayer que “los contratos que sí continúan activos son los que responden a las necesidades de la administración y se firmaron justo antes de la entrada en vigor de la reforma, con lo que tienen una moratoria de hasta seis meses”. La Oferta de Empleo Público de 2022 incluye 5 plazas de trabajadores sociales. Una vez convocadas se podrán cubrir con personal temporal hasta que sean ocupadas por el correspondiente proceso selectivo.

Vox reitera su denuncia de opacidad en las cifras de la crisis de mayo

El Grupo Parlamentario Vox ha insistido en su requerimiento en lo que respecta a las cifras de la crisis de mayo y ha informado que ha requerido, por segunda vez, al Ejecutivo de Pedro Sánchez que informe «sobre el número de inmigrantes ilegales» que ingresaron a Ceuta. Ha hecho una solicitud de datos, informes o documentos, «después de que el Ejecutivo no contestara a la que el partido registró el pasado 10 de diciembre».

El reclamo del partido se basa en «conocer el número total de inmigrantes ilegales que entraron en la ciudad autónoma los días 17 y 18 de mayo, cuántos de ellos eran menores, y el número de los que ha permanecido en España desde entonces». Pero, particularmente, pide «que se informe del número de MENA que permanecen en el sistema de acogida».

Quien ha firmado esta solicitud ha sido la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López. Un documento en el que además se reprocha al Gobierno «la ausencia de contestación a la primera petición», recordando que el pasado 22 de marzo «expiró el plazo del que disponía el Ejecutivo para responder al solicitud de información registrada por Vox en diciembre».

«Aunque en los primeros momentos se apuntaba a que fueron aproximadamente 10.000 los inmigrantes que entraron en la ciudad autónoma durante la invasión auspiciada por Marruecos, las cifras han bailado durante todo este año. Incluso se ha llegado a apuntar que serían más de 15.000. De ellos, más de un millar serían menores de edad, pero las cifras oficiales no se han llegado a conocer», han insistido desde Vox.

Por otra parte, desde el partido han recordado su denuncia reiterada sobre «cómo en los informes de inmigración ilegal que publica quincenalmente el Ministerio de Interior nunca se ha reflejado el número de inmigrantes que invadieron Ceuta en mayo», a lo que han agregado que se ha reprochado esta situación al ministro Fernando Grande-Marlaska en el pleno del Congreso.

Para finalizar, desde Vox han informado que López también ha preguntado en varias ocasiones sobre por qué los datos de la crisis de mayo no se incluían en estos informes de Interior. «Pero las respuestas han esquivado esta cuestión y se han remitido a comparecencias de Grande-Marlaska» sin incluir estas cifras. «Por ello, en febrero López ya advertía de que con esta opacidad en los datos, el Gobierno solo muestra que quiere esconder una realidad, que no es otra que la de que Marruecos extorsiona a España».

La Ciudad sigue trabajando en las reivindicaciones sindicales en Menores

El Gobierno de Ceuta ha salido al paso tras las declaraciones de este miércoles por la mañana de CSIF en las que han denunciado la situación del Área de Menores en materia de Recursos Humanos. Una rueda de prensa en la que han pedido, como mínimo, pactar un concurso de traslados y de no ser así, anunciaban para julio movilizaciones de la plantilla.

De esta manera, el Área de Recursos Humanos de la Ciudad en las plantillas del Área de Menores, la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública ha querido aclarar que el Área de Recursos Humanos «está cumpliendo con lo pactado en las reuniones previas del Grupo de Trabajo». «Todo ello con el único objetivo de mantener estables las plantillas de los centros, priorizando, por tanto, el servicio que se presta en los mismos», han expresado a través de un comunicado.

Asimismo, han manifestado que en la actualidad «se están sustituyendo todas las bajas de efectivos por vacaciones y aquellas que se producen como consecuencia de situaciones de incapacidad laboral», y que igualmente «se están manteniendo las superiores categorías de Educador en aquellos trabajadores que cumplen los requisitos», lo cual redunda «en beneficio del servicio y del propio empleado».

«En próximas fechas, el Área de Recursos Humanos tiene previsto llevar a la Mesa General de Negociación las bases para la provisión de seis plazas de Monitores Educativos correspondientes a la Oferta Pública de Empleo 2022, propuesta que permitirá dar estabilidad a las plantillas en dicha categoría», ha proseguido la Ciudad.

En lo relativo a la petición de coordinadores en los centros, el Área de Recursos Humanos está estudiando la forma de provisión de los puestos, «no sin antes proceder a la creación de los mismos». «Se trata de un compromiso adquirido que, de acuerdo al procedimiento establecido, se llevará a efecto a medio plazo». A su vez, en lo relativo al proceso de promoción interna para una treintena de monitores/cuidadores Educativos Grupo 2 a Ayudantes Educativos Grupo C1 (una de las reivindicaciones planteadas), el Área de Recursos Humanos, tal y como ya reiteró en las reuniones del Grupo de Trabajo, «mantiene su compromiso de que este asunto forme parte de las negociaciones para el Presupuesto de la Ciudad del próximo ejercicio».

CSIF anuncia protestas de Menores en julio si no hay concurso de traslados

CSIF ha dado este miércoles dos semanas al Gobierno de Ceuta para mover ficha en materia de Recursos Humanos en el Área de Menores y, como mínimo, pactar un concurso de traslados. “Para eso solamente hace falta voluntad y pactar las bases en una hora”, ha explicado Ricardo Martínez. Si la Consejería de Hacienda no accede, “en julio” se encontrará con movilizaciones de una plantilla integrada por unos 140 trabajadores, ha advertido el sindicalista.

“Parece que este Gobierno solamente se mueve con amenazas”, ha lamentado Martínez, que ha dado por estrangulado el Grupo de Trabajo que se acordó crear en febrero, cuando los sindicatos sacaron por primera vez a la calle al personal de Menores en un amago de protesta que Vivas acabó sofocando con el compromiso de activar reuniones periódicas para resolver las necesidades “históricas” del área.

“Desde el 12 de mayo no sabemos nada porque habíamos quedado para el 1 de junio y ni siquiera se suspendió la cita, por lo que solamente ha habido tres reuniones y lo único que hemos avanzado es la convocatoria de una Oferta de Empleo Público con vacantes para Menores, pero forzadas por la reforma laboral”, ha resumido.

Muchos reproches al Ejecutivo

La central tiene muchos reproches al Ejecutivo: desde que no haya iniciado la redacción de un nuevo Reglamento (“el vigente tiene 15 artículos”) hasta que no haya ordenado la figura de los coordinadores que ejercen como subdirectores, que no haya aclarado el futuro de los vigilantes-celadores, que no haya asegurado la convocatoria de 30 plazas de monitores y educadores o que no haya aceptado poner en marcha un proceso de funcionarización de todos los empleados susceptibles de entrar en él por desempeñar categorías idénticas como personal laboral.

Sobre este último extremo Martínez ha indicado que CSIF calcula que 250 de los 360 laborales de la Ciudad podrían beneficiarse de ese proceso y la administración, ahorrar unos 800.000 euros en cotizaciones.

“Nos han tomado el pelo, pero no se nos puede tomar por tontos ni llevarnos a engañar a los trabajadores porque a su vez nos engañen a nosotros: esperamos que con este anuncio se retomen las negociaciones, porque si no convocaremos asambleas previas para informar a los trabajadores y convocar movilizaciones a principios de julio: nos da igual que sea verano, que un consejero de esté de vacaciones o lo que sea”, ha concluido el delegado sindical.

Samu revisará a final de julio el estado de 14 trabajadores en ERTE

La Fundación SAMU, que sigue gestionando los alojamientos para menores migrantes solos en Ceuta de Piniers III y Piniers IV y parte del Centro de Realojo Temporal de La Esperanza, revisará a finales de julio la situación y el futuro laboral de los 14 trabajadores que mantiene con expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) desde finales de abril.
Algunos de los que permanecen en ellos denunciaron a El Faro encontrarse desde entonces en un “limbo” en el que “no percibimos nada del ERTE, así como tampoco la nómina, pero ni podemos solicitar el desempleo ni pedir ninguna ayuda… Un callejón sin aparente salida” que ha llevado a algunos hasta a “solicitar el despido” para escapar de ese “laberinto”.
La empresa lo niega. El director de su departamento jurídico, Enrique Irazusta, explicó ayer que SAMU cuenta actualmente con 98 trabajadores en su cuenta de cotización de la ciudad autónoma, 14 de ellos en ERTE.
“En abril nos vimos obligados, ante la continua reducción del número de menores atendido, a ajustar la plantilla disponible y para no recurrir a despidos y por la incertidumbre si el número de menores pudiera volver a aumentar se optó por plantear expedientes de regulación temporal de empleo tanto en Piniers III, un total de 17 aunque finalmente se pudo rescatar a varios para cubrir otros puestos e incidencias, y Piniers IV, 8 de partida que tampoco han llegado a tantos”, precisó.
“Nosotros no tenemos conocimiento de ningún problema con el abono de los ERTE más allá de un caso de pluriempleo al que le ha sido denegado y todo está supervisado por la Inspección de Trabajo”, amplió Irazusta en respuesta a las críticas, que también se amplían a una supuesta falta de “organización” a la hora de ordenar turnos y horarios. “Se han producido despidos sin más, cambios de jornada sin antelación…”, lamentan desde la plantilla.
Después de la crisis migratoria de mayo del año pasado, en los momentos de máxima intensidad de acogida de niños foráneos no acompañados, SAMU llegó a contar con unos 400 trabajadores, cifra que en diciembre ya se había recortado hasta 189 empleos directos.
La empresa percibe una contraprestación unitario por plaza ocupada a disposición de la Ciudad que oscila entre 50 y 70 euros en los momentos de menor presión.
Actualmente, por ejemplo, la administración local tutela a un total de 296 menores extranjeros solos, una parte de la mano de SAMU (alrededor de la mitad), otra con Engloba y el resto con medios propios.