En esta segunda sesión, la primera se celebró hace unos días, se ha conocido el testimonio de una de las denunciantes.
Ha manifestado que se encontraba paseando por la zona del Príncipe, llevando un carrito donde iba su sobrino, y en compañía de una amiga.
“Empecé a escuchar gritos y amenazas, me giré y era el Canty. Me decía puta, que eres una puta. Entonces empecé a correr y escuché las detonaciones”, ha añadido.
Señaló que ella no pudo ver al otro acusado, que solo le dio tiempo a correr y esconderse en casa de una vecina.
La testigo señaló que sintió miedo
Recuerda que pudo grabar un vídeo, imágenes que se han visionado hoy, en el que dice que es el Canty quien le estaba disparando.
Un día antes, el 4 de septiembre de 2023, dice que también hubo otro suceso. “Todo ocurrió cuando se fue la luz, aprovecharon y salieron con armas amenazando a todos y pegando tiros para asustar”.
Una de las contradicciones que manifestó el letrado de la Defensa fue que la testigo dijo en Instrucción que le “disparó desde la puerta” mientras que en esta vista dijo que lo hizo por una ventana.
El policía local que ha testificado ha señalado que fueron avisados por los trabajadores del poli funcional, al encontrar un impacto de bala y un casquillo.
Un testigo protegido
En esta vista, y ante la imposibilidad de encontrar al testigo protegido, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se reproduzca la que hizo en su día en la fase de Instrucción.
Señaló que no tenía relación ninguna con los dos acusados, simplemente era vecino que vio todo lo que sucedió. “Lo que hicieron no fue normal”.
En lo referente al día 4, el testigo protegido ha señalado que estaba sentado en el zoco, junto a muchos vecinos, cuando “apareció el ‘Canty’ con dos pistolas, y el otro acusado con una y comenzaron a amenazar y disparar al aire”.
“A todos los que estábamos sentados, nos amenazaron. Cuando ellos cogieron camino del Polifuncional, nosotros salimos corriendo por el callejón de la panadería. Se pudo escuchar muchas detonaciones” en distinto intervalo del día.
Ha añadido que vio perfectamente las armas y que eran “reales”.
Amenazas y disparos
Sobre el día 5, el testigo protegido ha señalado que vio como ‘Canty’, desde la azotea, empezó a amenazar a una “chica” y como disparaba. “Empezó a correr la chica y él seguía amenazándola y disparando para asustarla”.
Ha manifestado que, si vio al otro acusado portar un arma, pero que al único que vio disparar fue al Canty.
Ha insistido que fue a la Jefatura Superior de la Policía Nacional por lo que le ocurrió a él y a la mujer que vio corriendo. “Yo no denuncio, solo testificó”.
Tras la celebración de la vista, la representante del Ministerio Fiscal siguió pidiendo sentencia condenatoria, mientras que las defensas solicitaron la libre absolución de sus representados, ya que a su juicio no existe prueba de cargo alguna y han añadido las múltiples contradicciones de los testigos.
El letrado del Canty ha señalado que no hay prueba sobre él, que todo se debe a que la denuncia es presentada por la pareja del ‘Piolín’ guiada por él “ya que se habían enterado que mi representado había quedado en libertad días antes”.
Las penas que solicita la Fiscalía
Por un delito de amenazas la pena de 3 años de prisión, la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como el abono de las costas procesales.
Por otro delito de amenazas, el perpetrado contra una mujer, la pena de 2 años de prisión, la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como prohibición de aproximarse a la víctima y comunicarse con la misma por cualquier medio durante 2 años.
Por tenencia ilícita de armas, solicita una pena de 2 años de prisión y la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Es el filtro de la frontera del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos. Una serie de verificadores que permiten detectar a aquellas personas con requisitorias a sus espaldas. En esta ocasión ha sido válido para dar con un varón buscado por Interpol por tráfico de drogas.
Tal y como explica la Jefatura Superior, la detención tuvo lugar este jueves, cuando agentes de la Policía Nacionalpertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, destinados en el puesto fronterizo de El Tarajal, interceptaron a un holandés.
Qué reclamación tenía
El servicio se llevó a cabo en torno a las 16:00 horas, cuando iba a salir del territorio nacional por el filtro de salida de vehículos en una motocicleta.
El agente comprobó su identidad saltándole la alerta de que tenía una reclamación de Interpol para ser extraditado emitida ese mismo jueves.
Se le reclama por un delito de tráfico de drogas. El llamado S.K. tiene esa búsqueda en vigor para ser extraditado por una orden emitida por Turquía.
Y ahora qué
Los pasos que se siguen ahora es ponerlo a disposición judicial para que se ordene la entrada en prisión siendo puesto a disposición de la Audiencia Nacional.
Después se siguen los trámites para continuar con el procedimiento de extradición al país que lo reclama, iniciándose una suerte de trámites judiciales en los que se intenta evitar esa entrega. Ese es el papel del abogado que tenga que defenderlo.
La detección en el filtro
Que ahora esté detenido ha sido gracias a los sistemas de verificación de los que dispone la Policía Nacional en la fronteradel Tarajal. Además de los controles manuales, están los verificadores. Con ello se avanza, y bastante, en el control que ejecuta el CNP en el paso fronterizo y en el puerto.
Gracias a ellos se puede acceder rápidamente a las bases de datos de cada persona por si le consta algún tipo de reclamación u orden en vigor. Esa detección en el filtro ha servido para dar con muchos buscados a los que les constaban órdenes de localización y detención por su presunta relación con distintos delitos.
Así funciona la Policía en la frontera
La Policía Nacional dispone de esos medios para dar con las alertas y proceder a las detenciones de inmediato. En eso, en disponer de esos medios e infraestructuras, ha trabajo mucho el Ministerio del Interior, al objeto de dotar de recursos que conviertan el Tarajal en un sistema bajo control.
La frontera inteligente se pondrá en marcha en unos meses, disponiendo de medios más avanzados para garantizar una mayor seguridad en el paso entre España y Marruecos.
Además de los verificadores de documentos, existe también el reconocimiento facial para quienes crucen por el paso fronterizo.
Varios servicios
En el caso en el que la Policía detecte a alguna persona con requisitoria se procede a su traslado a otra sala con la que cuentan para proceder a cualquier tipo de registro. También por si se sospecha que podría portar algún tipo de sustancia estupefaciente.
El objetivo es que el Tarajal deje de ser esa línea que cualquiera podía burlar, sin control efectivo y que servía para que delincuentes de uno y otro lado circularan libremente.
Todo cambia, también a mejor. En este caso se verifican adecuadamente los documentos topándose no solo con el necesario control sobre ciudadanos españoles, sino también sobre personas de todas las nacionalidades dado el elevado tránsito que repunta notablemente con la Operación Paso del Estrecho.
Gracias precisamente al refuerzo de los controles por parte de la Policía ha descendido notablemente los servicios de falsedad documental, ya que resulta más complicado burlar el control para escapar por el puerto a la Península.
Esta es la historia de Juan Alfonso y Joan Fabiano Bolaños, padre e hijo. Ellos llegaron a Ceuta con la intención de solicitar asilo en las oficinas ubicadas en el Tarajal, consiguieron su cita y horas después fue cancelada, perdiendo su derecho a ser atendidos.
En compañía de un abogado que los respaldaba desinteresadamente, acudieron a las oficinas de El Faro para contar la injusticia de la que dicen ser víctimas.
Este padre e hijo huyeron de Perú porque sus vidas estaban en peligro. Esta familia estaba siendo extorsionada por «criminales que viven de cobrar cuotas mensuales y extorsionan a ciudadanos autónomos o todo aquel que sea comerciante o tenga ingresos económicos por encima de la media en su ciudad». Estos, en un intento de salvar sus vidas y encontrar una vida mejor, se marcharon del país.
El derecho de asilo y protección subsidiaria
Acudieron a las oficinas del Tarajal para contar su situación a la Policía. Allí obtuvieron los documentos firmados de la “aceptación de información para el proceso de solicitud de protección internacional”. Todo iba sobre ruedas.
“Junto al documento de aceptación se incluía la información para los solicitantes de protección internacional en España: Derecho de Asilo y Protección Subsidiaria”, cuenta.
Tras este primer paso se pidió digitalmente la cita para iniciar los trámites, tal y como les indicaron. El mismo día que obtuvieron la cita fue cancelada dos horas después. No entendían el motivo, por lo que llamaron para pedir explicaciones sobre lo ocurrido. Esto ocurrió el pasado 17 de marzo.
Viviendo de la caridad
Esta cita estaba datada el 2 de abril para el padre y el 3 para el hijo, pero ambas fueron canceladas. Según cuenta esta familia, desde las oficinas, en una primera instancia, les comunicaron que habían sido canceladas porque sospechaban que estas citas habían sido compradas, un hecho difícil debido a su situación económica.
Los Bolaños viven actualmente de la caridad. “Ahorita nos estamos alimentando en una mezquita que nos está apoyando con los almuerzos y estamos viviendo en una casa abandonada prácticamente. También nos ha apoyado Cáritas y la Cruz Roja”, indican.
“Sin dinero, comida ni dónde dormir, ¿cómo vamos a comprar una cita?”, dicen con preocupación.
Urgencias médicas
La urgencia de conseguir esta protección tiene que ver con una enfermedad urológica que Joan Fabiano Bolaños presenta, habiendo acudido ya tres veces a urgencias sin poder ser derivado al urólogo por no disponer de seguridad social y su seguro privado ya cumplió.
El abogado que los acompañaba entiende que si se realiza esta acusación debería ser comprobada y, en este caso, pueden corroborar que la gestión se hizo desde sus teléfonos móviles.
Además, cuando intentaron insistir para recuperar su cita, según cuentan estos inmigrantes de Perú, les indicaron que esta cita la debían pedir fuera de Ceuta, que desde estas oficinas no gestionaban este proceso a peruanos.
Por otro lado, su situación, al haber entrado al país con un pasaporte y documentación reglamentarias, parecía ser un oponente a iniciar el proceso requerido de asilo.
El motivo: su situación regular
“Nos dijeron por teléfono que al tener una situación regular no podíamos acceder a esta cita, que deberíamos ser irregulares, como los marroquíes. Y yo le dije que si tenía que entrar nadando para poder obtener esa cita”, cuenta Bolaños.
Este padre, preocupado por la situación tanto suya como de su hijo, cuenta que le transmitieron que, según la norma, al estar de forma regular no podían atenderlo. Estos requirieron esa norma, pero no se la facilitaron, les dijeron que fueran a las oficinas.
Estos se mueven a pie, pues no tienen dinero para pagar autobuses u otros transportes, por lo que ir hasta la frontera andando y añadiendo la patología urinaria de su hijo, supone un esfuerzo enorme.
Falta de información en sus peticiones
Asimismo, han denunciado la falta de información ofrecida a los inmigrantes que viajan hasta Ceuta para agilizar los procesos de esta solicitud. “Nos obligan a quedarnos un mes aquí en la ciudad”.
A más pesar, tras su insistencia en conseguir esa esperada cita, les comentaron, según transmiten ellos mismos, que si su situación era gestionada podría ocasionar un efecto llamada para otros inmigrantes, dando a entender que la mejor opción era hacerlo fuera de Ceuta para evitar posibles llegadas de inmigrantes de otros países para agilizar el trámite de sus papeles en nuestra ciudad.
Esta familia siente que está sufriendo xenofobia y que no están pudiendo acceder a sus derechos recogidos en el Tratado de la Comunidad Europea para la Protección de Migrantes, así lo transmitían.
«Hacedlo fuera de Ceuta»
También irrita a estos el argumento de “hacedlo fuera de Ceuta”. “¿Ceuta no es España? ¿Aquí no se pueden llevar a cabo los procesos burocráticos como en el resto de España?”, se preguntan.
“En ninguna norma se recoge que para iniciar este proceso se deba estar en situación irregular y tampoco que Ceuta no sea territorio español y no se pueda hacer aquí”, dicen.
A nivel psicológico y emocional esta situación está creando estragos en este padre e hijo. Viven en un edificio abandonado, sin trabajo, sin comida y a expensas de la caridad.
“La Delegación nos está dando la espalda”, finaliza.
Le acusan de un delito de injurias contra funcionario público -en este caso el director del centro de La Esperanza llamado el de arriba- hechas con publicidad, por el que se enfrenta a una pena de 14 meses de multa con cuota diaria de 15 euros.
En el caso de que su señoría entienda que se produjo un delito de calumnias se enfrenta a 2 años de cárcel. Son las penas que solicita tanto la Fiscalía como la Acusación Particular.
Guerrero solo declara a preguntas de su abogada
Por parte de ambas acusaciones se hubiera querido interrogar al acusado, pero este solo ha respondido a las preguntas formuladas por su abogada, sin dar opción al debate judicial enriquecido que acostumbra a producirse en la fase estelar de todo procedimiento que es un juicio oral.
Un detalle que, en cambio, no se produjo en otra vista judicial seguida por los mismos hechos en noviembre de 2024, pero denunciados por el director del centro de La Esperanza llamado el de abajo, en la que quedó absuelto, aunque dicha sentencia está recurrida.
Qué ocurrió para que se siente en el banquillo
Ese 30 de septiembre de 2022, a las puertas de la Jefatura Superior de Policía, Javier Guerrero efectuó una serie de manifestaciones que tanto Fiscalía como Acusación Particular han considerado injuriosas y dirigidas claramente hacia el director del centro de La Esperanza Julio Rodríguez, aunque no lo citara con nombre y apellidos.
Hoy lo han recalcado, indicando que se pretendió difamar y menoscabar la fama y el prestigio de este, toda vez que aludió al “responsable del centro La Esperanza de arriba”, y el único con ese cargo es Rodríguez.
En esas manifestaciones, Guerrero hablaba de que se estaban produciendo coacciones y extorsiones a menores para que hicieran declaraciones contra su persona, a cambio de traslados a la Península. Así también habló de que trabajadores de los centros de menores recibían ofertas de ascensos laborales. Todo ello para que “afirmasen que yo he realizado alguno de esos infames actos que los indecentes poderes de esta ciudad tratan de atribuirme falsamente”.
“Me he enterado de que estos señores, los responsables de La Esperanza de arriba y de abajo, con amenazas, con malos tratos, con coacciones, con extorsiones, que se me denuncian a mí que yo he hecho, lo que no se debe decir, porque esto, vamos, es brutal, tienen la promesa de que van a ir a la Península… No tengo que decir nombres”, dijo por aquel entonces.
Lo que hubiera querido preguntar la Acusación
Tanto Fiscalía como Acusación Particular han hecho públicas las preguntas que hubieran querido formular a Guerrero, pero que este no ha contestado.
Así, han dejado constancia de su intención de conocer qué tipo de relación tenía con el director del centro de La Esperanza, a quién se refería cuando hablaba de que personas habían coaccionado a menores en contra de él, o quiénes eran para él los responsables de los centros de La Esperanza de arriba y de abajo.
También se le ha preguntado si era conocedor de que todas esas declaraciones sobre supuestas coacciones u ofertas de trabajo para declarar contra él han quedado archivadas en el juzgado al carecer de fundamento.
Quería saber tanto la Fiscalía como la Acusación Particular, si el propio Guerrero siente odio o inquina hacia el responsable del centro de menores por culparle del procedimiento judicial abierto contra su persona por delitos de naturaleza sexual contra menores especialmente vulnerables, cuando ese procedimiento es fruto de una investigación independiente de la Guardia Civil que terminó con su detención y prisión preventiva y no de ninguna indagatoria del área de Menores o sus directivos.
“¿Le ha pedido perdón?”, se le ha preguntado, sin obtener ningún tipo de respuesta. “¿Era consciente de lo que decía?, porque incluso dijo que era muy grave lo que estaba contando”, se le ha preguntado, chocando contra un muro.
“He sufrido un acoso y derribo”, dice Guerrero
El acusado ha querido situar sus manifestaciones en un momento en el que, ha indicado, sufría “un acoso y derribo” por haberse presentado a las elecciones con otra formación política tras desligarse del PP.
“Sabíamos que nos iban a atacar con falsos testimonios”, ha indicado. “Querían denigrarme y me atacaban desde el ámbito personal”, “fue terrible”, ha dicho.
A preguntas de su abogada ha dicho que a él le contaban cosas relacionadas con los menores y lo hacían los propios niños, pero también trabajadores. Ha denunciado que si veían a esos menores con él les castigaban quitándoles, por ejemplo, sus teléfonos móviles para no poder hablar con sus madres.
“El castigo era muy duro, eso era terrible”, ha indicado, indicando que esos menores pasaban hambre y tenían enfermedades de las que no estaban siendo tratados adecuadamente.
Guerrero se ha presentado como un hombre preocupado por todos ellos, habiendo incluso abonado una operación porque un menor se estaba quedando ciego. “Había niños sin ropa ni calzado, muertos de hambre…”, ha dicho.
A preguntas de su abogada ha indicado que si hubiera querido atentar contra el honor de alguien hubiera dicho sus nombres en aquellas declaraciones a las puertas de la Jefatura Superior. “No lo hice”, ha recalcado. Aunque responsable del centro de La Esperanza de arriba solo hay uno, como de abajo.
Regalos como calzoncillos o teléfonos móviles que levantaron la sospecha
El director del centro La Esperanza de arriba, Julio Rodríguez, ha prestado declaración y ha insistido en el daño que le hizo Guerrero con aquellas manifestaciones claramente referidas a su persona, por ser el único responsable de ese recurso de acogida. No había dudas que era él.
Ha recordado que desde el área de Menores se vieron “conductas que no se correspondían” por parte de Guerrero hacia menores, como llevarles a comprar ropa, regalarles calzoncillos o ir a los centros de acogida a horas no normales.
También acudía a hablar con tutores de los centros educativos en donde estaban los niños para que les cambiaran los horarios, es decir, desempeñaba roles nada adecuados.
Desde el área se le indicó en varias reuniones que no podía hacer eso, “y él decía que no volvería a pasar, pero no modificó nada” de esas conductas.
“Me sentí perfectamente aludido”
Por eso se dio conocimiento a la Fiscalía de lo que estaba pasando, exponiendo las cosas y se le prohibió la entrada en los centros. Tras aquello fue la Guardia Civily no el área de Menores quien abrió una investigación que derivó en la detención de Guerrero.
El director del centro ha indicado que se sintió “perfectamente aludido” en las declaraciones que hizo Guerrero porque es el único responsable del centro. Aquello le afectó notablemente porque “pasé de ser alguien anónimo a, de la noche a la mañana, ser alguien público y con mala prensa”.
Con 26 años trabajando con menores y un expediente intachable, se le estaba acusando de algo tan grave como coaccionar a “menores a los que debo proteger”.
Los amigos le dejaron de hablar, sus hijos recibieron críticas duras, aparecieron pintadas contra su persona, comentarios gravísimos en redes sociales, pero la mayor pena fue el “daño irreparable” que hicieron a su propia madre, ya fallecida, a quienes sus amistades le dejaron de hablar porque socialmente se le señaló como el culpable de la detención de Guerrero, cuando a este se le arrestó tras investigaciones de la Benemérita.
Amenazas paralelas
“¿Por qué se me tiene que tachar mi carrera de 26 años?”, se ha preguntado visiblemente emocionado, recalcando además que Guerrero nunca se ha retractado ni le ha pedido disculpas públicas.
Pero no solo esto, hay otro procedimiento que se sigue en el juzgado porque en unas conversaciones se hicieron amenazas contra su persona, orquestándose darle una paliza.
El denunciante ha destacado que ni ha coaccionado a menores prometiendo unos viajes a la Península que además él no podía facilitar, ni ha prometido ascensos a trabajadores que tampoco puede hacer.
Rodríguez considera que toda la inquina y odio de Guerrero contra él ha venido a raíz de comunicar a la Fiscalía que había unas actuaciones nada apropiadas.
Hoy también ha declarado el que fuera responsable del centro de menores de abajo para insistir en esa misma tesis, en que tuvieron que soportar esas calumnias o injurias con publicidad simplemente por hacer su trabajo, proteger a los menores.
Un testigo habla de presiones para denunciar en contra de Guerrero
En la sesión de tarde, se ha comenzado con las testificales de los testigos propuestos por la Defensa.
El primero en hacerlo se ha tratado de LL.L.M., contra el que hay una causa abierta por unos supuestos delitos de amenazas contra la integridad del director de La Esperanza, por lo que no se le ha podido preguntar por nada referido a esa situación.
El testigo explicó que puso una denuncia en la Jefatura Superior, pero que no se le llamó por el juzgado. “Me enteré por los medios de comunicación que se había archivado”.
“Los menores venían a mí”
Ha hablado que estuvo trabajando en Cruz Roja y Samu, señalando que denunció el trato a los menores. “Yo intentaba ayudarles de toda la forma posible. Cuando necesitaban algo, acudían a mí”, haciendo referencia a todos los que llegaron en la crisis de mayo.
“Me contaron que básicamente tenían que denunciar a Guerrero de abusos para poder subir a la Península cuanto antes. Me decían que firmaban cosas que ni entendían”, ha añadido.
El testigo siguió señalando que también eso que contaban los menores, se le hacía llegar por parte de trabajadores. “Cuando fui a denunciarlo, dije los primeros nombres que me salieron, pero eran muchos más”.
“Cuando un menor viene llorando, pidiendo ayuda, intentando sobrevivir, creo que tiene toda la credibilidad del mundo. Mi intención era que la Justicia investigara y saliera la verdad”.
La Fiscalía critica el “no me acuerdo” constante del testigo
A preguntas de la Fiscalía, ha señalado que su relación con Guerrero es “de médico-paciente”. “Lo conozco de hace bastante tiempo y jamás he pertenecido a un partido político”.
“Tarde dos o tres meses en denunciar eso que me decían los menores por miedo a represalias y porque también necesitaba pruebas. Conocemos Ceuta, las personas de Ceuta y sus poderes y no veía enfrentarme a personas de poder”.
El testigo señaló que le había puesto en conocimiento a Guerrero de la denuncia, pero que no estaba preparado para ello. “Creo que el día que decidí ponerla, creo que no se lo comuniqué, pero sí a miembros de su partido que se pusieron en contacto conmigo”.
“Yo les comenté que iba a denunciar, pero no que iba a ir a día de hoy”.
“Ha pasado mucho tiempo y me encontraba mal por relaciones personales”, ha insistido después de que la Fiscalía le preguntara si fue planeado el día de poner la denuncia con la declaración ante los medios de comunicación de Guerrero. Es decir, que mientras el expolítico comparecía ante los medios, él estaba denunciando.
El pago de la Acusación Popular
Sobre si se personó como Acusación Popular contra los directores de La Esperanza, el testigo explicó que todo fue siguiendo las indicaciones de su anterior abogada. “Recuerdo que de los 1.500 euros” que había que poner de fianza “se encargaba ella, aunque en un juicio previo me enteré que lo había pagado la mujer de Guerrero”.
El testigo insistió que todo quedó “en manos de mi abogada” pero fue “un caos”.
A preguntas de la Acusación Particular, el testigo explicó que “no recordaba” que fuera concertado ir a denunciar el día 30 con las declaraciones de Guerrero. “No lo recuerdo si me llamaron para que fuera a denunciarlo”.
“Cuando llegué no había medios de comunicación. Cuando salí sí estaban allí los periodistas y no recuerdo ver a Guerrero. Le di a una del partido la copia de la denuncia, tenía confianza en ella ya que no confiaba en nadie”.
Una declaración negada por un menor
Otra testigo que ha declarado esta tarde, también a propuesta de la Defensa, ha sido Y.M., quien era trabajadora en La Esperanza.
En una comparecencia ante la Policía Nacional, señaló que actuó de “intermediaria” por la queja de un menor porque otros ya se habían ido por denunciar en contra de Guerrero. “Por el hecho de denunciarlo, iba a subir a la Península. Yo se lo comenté a Guerrero”, dijo.
“Le indiqué al menor que eso era un delito, pero él me dijo que le daba igual que se iba a la Península”, ha añadido.
Ese menor después declaró que eso que manifestaba la testigo “era mentira”. “Sí es verdad que me lo dijo, pero no sé por qué después dijo que no”, ha declarado.
Tuvo una relación con el ‘Nene’
La testigo ha admitido que tuvo una relación con el apodado ‘Nene’, y que Guerrero era el médico “de mi suegra”. “Ya cuando lo vi un día en La Esperanza lo reconocí y le recordé que era el médico de mi suegra”.
Sobre si le dijo al partido político Ceuta Avanza o Guerrero que iba a poner la denuncia, la testigo ha manifestado que “nunca se lo dije a nadie”. “El menor me lo contó cuando yo trabajaba en Menores, podría ser noviembre por ahí”.
La testigo ha explicado que no recordaba el tiempo que había pasado desde que se lo dijo el menor y fue a la Jefatura a llamada de la Policía Nacional. “Me dijeron que yo sabía unas cosas y tenía que contarlas. No le dije a la Policía Nacional quién había sido porque nunca he visto nada”.
El director de La Esperanza jamás coaccionó a un menor
La testigo ha admitido que ella nunca ha visto al director de La Esperanza amenazar o coaccionar a un menor. “Nunca he visto eso, ni dar un trato a favor para que se vayan a la Península”.
“Jamás puse las manifestaciones en conocimiento del Área de Menores, solo se lo dije a Guerrero porque me preguntó si yo tenía conocimiento de que lo estaban denunciando”.
El director del Samu y los menores
El tercer testigo en declarar ha sido F.J.O., quien ha señalado que fue director del Samu aquí en nuestra ciudad.
Este testigo ha explicado que le comunicaron que habían visto a Guerrero con menores por diferentes “partes de la ciudad”. Pero “no le di credibilidad alguna. He tenido muy poco contacto con los menores, para esa coordinación tenía un equipo técnico”.
“Los menores siempre se quejaban de la comida, de la ropa… pero también decían que les pegaban. He despedido a personas por pegar a menores”, ha indicado aludiendo a la situación de los menores en los centros.
Contacto con Guerrero
Ha señalado que estas circunstancias se han producido desde que él llegó en 2021, y que todo se ponía en conocimiento del Área de Menores. “Ellos siempre tienen necesidades mínimas, porque muchas veces ellos utilizan calcetines y los tiran. No se da abasto, siempre he intentado que todo eso lo tuvieran cubierto”.
“Cuando hubo una crisis migratoria, tuvimos que acoger 1.040 menores. Ingesa solo atendía urgencias vitales hasta que tuvieran tarjeta sanitaria. Yo hablé con la que era vicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu, y me presentó al señor Guerrero y me dijo que él era el que iba a atender a los menores. Nosotros teníamos enfermeros, pero no médicos”.
Sobre la relación del testigo con Guerrero, ha señalado que ha tratado a su mujer “un par de veces” y ha desayunado con él “hace tres años”. “No tengo que darle gratitud”.
“Yo le di el consejo de que no se viera con niños, pero eso no quiere decir que sea su amigo. Como vi el camino que estaba cogiendo esto, le dije que se alejara con los niños y no les comprara nada”, ha recalcado.
Declaraciones
El testigo ha afirmado que él pensaba que la manifestación de Guerrero ante los medios comunicación, que ha dado pie a hasta dos procedimientos por injurias con publicidad, iba dirigida hacia él y el director de La Esperanza, Julio Rodríguez. “Yo me sentí aludido, pero no me molestó”.
Además, ha afirmado que nadie “le ha parado por la calle” para denunciarle la actitud del director de La Esperanza.
Ha negado que le filtrara nada a Guerrero sobre el contenido de las comparecencias de los menores en el área. “Era imposible, yo no le he filtrado nada”.
La habitación “número 14”
Esta tarde se ha contado con la declaración de un joven que, por aquel entonces, era menor de edad y que ha relatado que estuvo en varios de los centros y que regresó a Marruecos porque le agredieron trabajadores de ‘La Esperanza’ y el director “me quito el móvil”.
“Necesitaba muchas cosas en ese centro, por eso necesitaba ayuda”, señaló que Guerrero le ayudó y que incluso le dijo de ir a denunciar a la Jefatura Superior de la Policía Nacional.
Sobre la existencia de una habitación llamada “número 14” en el centro de La Esperanza “de arriba”, el menor ha explicado que era un habitáculo que utilizaban “de castigo”. “No había nada, ni luz, ni mantas, ni cama, ni nada”.
El menor ha señalado que ahora vive en Logroño, pero que casualmente iba a ir a Marruecos y ha “aprovechado para venir como agradecimiento a Javi (referencia a Guerrero)”. “He hablado con uno de los testigos y le dije que venía”.
Niega que Guerrero le haya pagado el viaje
Además, ha explicado que vino ayer a Ceuta desde Tetuán y que se ha quedado “en casa de un amigo”. Niega que Guerrero y el testigo le hayan pagado algo. “Le tengo que dar las gracias al acusado porque siempre se ha portado bien conmigo y al menos tengo que decir la verdad”.
“Ha ayudado a todos los menores, como a mí que me trató de una enfermedad”.
Sobre los supuestos regalos, el menor señala que se los hacía “a todos”. “Me ha regalado ropa, patines y un móvil. Además, también me traía comida cuando estaba en el puerto”.
Dice que sí se ha sentido coaccionado por el director de ‘La Esperanza’ “de abajo” para denunciar a Guerrero. “Es la primera vez que he declarado”, ha indicado.
Ha reconocido que se montaba en el coche de Guerrero, pero “no recuerdo cuántas veces porque era muy pequeño”, ha resaltado.
“Niego que me hiciera nada, porque soy musulmán”
Otro testigo que era menor en el tiempo en el que se denunciaron los hechos ha relatado que en su primera declaración, en 2023, señaló que tenía un audio de otro menor en el que se le instaba a denunciar a Guerrero si quería ir a la Península.
Ha indicado que el acusado siempre se portaba bien con él y que incluso le pagó una habitación de hostal en el centro.
“Después con pena, cogí una maleta, me fui a Madrid a buscarme la vida”.
El testigo ha manifestado que siempre ha tenido un buen comportamiento y que Guerrero solo le dio “la mano” para ayudarle. “Niego que me hiciera nada. No acepto que este hombre me haya hecho cosas sexuales, porque soy musulmán”.
“Este hombre venía con el coche lleno, y nos daba ropa a todos, chanclas e incluso cepillos de dientes”, ha explicado.
Como el anterior testigo, también ha declarado que le regaló un móvil. “Nunca me he montado en el coche de Guerrero, ni me visitó por la noche cuando me pagó el hostal de la calle Real”. Ese hostal se encontraba a unos metros de la casa del acusado donde estuvo el menor “unos 10 días”.
El testigo no ha negado que tiene “un gran agradecimiento” a Guerrero. “No voy a meter en un marrón a un hombre que me ha ayudado en todo”.
Un menor: “Estoy muy agradecido a Guerrero”
Otro de los menores que ha comparecido en la vista ha venido desplazado desde Madrid y también ha indicado que ha venido a Marruecos a pasar la fiesta con su familia y, de paso, al juicio, al ser avisado por uno de los testigos.
Ha negado que Guerrero le haya pagado para acudir a esta vista para declarar en su favor, señalando que sí le compraba “ropa, móvil o le daba dinero” cuando estaba en Ceuta. “Estoy muy agradecido a Guerrero, pero no me han pagado para mentir”.
Ha señalado que se ha montado “una vez” en el coche de Guerrero porque “nos llevó a jugar al fútbol”.
La delegada del Gobierno; el director general de Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta; el jefe superior de la Jefatura de la Policía Nacional; el superintendente de la Policía Local; el teniente coronel de la Guardia Civil; el secretario general de la Delegación el Gobierno; y el responsable de Seguridad de la Policía Nacional han participado este jueves en un encuentro para abordar las medidas de seguridad de cara a la Semana Santa.
Desde la Delegación del Gobierno en Ceuta han recordado a través de un comunicado de prensa que la próxima celebración de la Semana Santa “conlleva la puesta en marcha de una serie de medidas que la Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma de Ceuta van a poner en marcha”.
La meta que se persigue es poder garantizar la seguridad, la protección y la vigilancia de los espacios públicos “durante unos días en los que se produce una alta concentración de personas” a propósito de las actividades programadas con motivo de la Semana Mayor.
El encuentro de este jueves, que se ha desarrollado sobre las 10:00 horas, ha estado presidido por la delegada del Gobierno, Cristina Pérez.
Dispositivos de seguridad conjuntos
Esta Junta de Seguridad se ha planteado como foro “en el que ambas Administraciones han coordinado de manera conjunta una serie de dispositivos de seguridad y medidas de refuerzo para garantizar el normal desarrollo de estos días festivos”.
Al respecto, han recordado que durante estos días se produce una alta densidad de personas, especialmente en las zonas comerciales y de ocio, calles de mayor tránsito y zonas de entretenimiento en espacios públicos.
“Como ya es habitual en estas fechas, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Policía Local trabajarán de manera coordinada para implementar las medidas de seguridad acordadas tanto las principales zonas comerciales”, han destacado sobre lo que se plantea llevar a cabo de cara a la Semana Santa.
Comienzo de la cuenta atrás
Hace un mes el comenzaba la cuenta atrás para la Semana Santa Ceuta 2025 con la Nómina de Salida. Faltando exactamente cuarenta para el comienzo de la Semana Mayor, el miércoles 5 marzo, miércoles de ceniza, se dio el el pistoletazo de salida a la Cuaresma en un acto celebrado en Ceuta el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea.
En esta jornada estuvieron presentes un gran número de Hermanos Mayores de las diferentes cofradías y hermandades de Ceuta, así como a Juan Jesús Bollit, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías. Asimismo, Francisco Jesús Fernández Alcedo, vicario general de Ceuta; Marcos Llago Navarro, el entonces comandante general de Ceuta; y Juan Vivas, presidente de la Ciudad junto a diferentes miembros de su equipo de Gobierno.
Ese día se procedi´ a la firma de la Nómina de Salida Procesional de la Semana Santa por parte de Juan Vivas, presidente de la Ciudad; Francisco Jesús Fernández, vicario general de Ceuta; y Juan Jesús Bollit, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Ceuta. También se nombró a la pregonera de la Semana Santa Ceuta 2025: Isabel María Gutiérrez Sánchez.
En esta cita también se dio a conocer por parte de Patricia López Rivero, apasionada de la Semana Santa de Ceuta y sus hermandades, tal y como la han definido, el cartel anunciador de la Semana Santa 2025 de Ceuta.
Durante este miércoles 5 de marzo, los actos programados continuaron con el nombramiento de dos cofrades ejemplares, Manuel Ramírez Blanco y Mariano Guillén Pérez. Juan Jesús Bollit, asimismo, tomó la palabra para dar las gracias a todos los que hicieron posible este acto ya tradicional que marca “el inicio de la Semana Santa”.
Ya está en Punta Blancadespués de que la autoridad judicial acordara una medida cautelar de internamiento en centro cerrado a la espera de juicio. Se le acusa de atentado con uso de medio peligroso. Es la sanción inicial que se ha dispuesto para el menor detenido en Ceuta por apedrear a la Policía Nacional.
A los agentes les tiraron de todo desde vasos de cristal hasta piedras e incluso petardos.
Una auténtica algarada orquestada cuando el CNP estaba escoltando el autobús a su paso por el Príncipe.
Grabaciones de lo ocurrido
Esto sucedió la semana pasada. Lo que no sabían quienes apedreaban a la Policía Nacional, ni tampoco el menor detenido, es que les estaban grabando, y esa prueba ha servido para luego avanzar en las identificaciones.
La pasada madrugada este mismo menor volvió a participar en otro apedreamiento más contra funcionarios policiales, a los que arrojaron botellas, piedras y adoquines. Fue ahí donde se le reconoció y detuvo.
La cronología de los hechos
Tal y como ha concretado la Jefatura Superior la secuencia cronológica de los hechos comienza el pasado 27 de marzo, cuando un autobús recibe varios impactos de piedras en la luna delantera, lo que lleva a que tenga que ser escoltado.
En esa escolta se producen los primeros disturbios, ya que a los agentes se les insulta, amenaza y además les arrojan de todo, desde vasos a piedras, pasando también por petardos.
Salvas
La Policía tuvo que hacer uso de salvas disuasorias para que así los agresores dejaran de arrojar objetos de todo tipo, ya que estaban poniendo en riesgo a los agentes, pero también al conductor del autobús, así como a personas que pasaban por la zona y coches particulares que circulaban por el Príncipe.
A los daños causados en el autobús se sumaron otros en vehículos policiales y dos particulares que estaban estacionados en el lugar.
La repetición de los ataques que fue su trampa
La pasada madrugada se repitieron los incidentes, arrojándose de nuevo a la Policía botellas, piedras e incluso adoquines. En esta ocasión los agentes pudieron detener al menor del que no tenían dudas sobre su participación.
Tras ser puesto a disposición judicial se ha acordado como medida cautelar el internamiento en centro cerrado, es decir, en Punta Blanca.
Medidas de internamiento
En las últimas semanas se han acordado varias medidas de internamiento en centro cerrado para menores implicados en delitos que son considerados graves.
Así ocurrió, por ejemplo, con los 7 menores detenidos en el centro La Fuente, en las naves del Tarajal, por delito de malos tratos entre menores vulnerables ingresados en el mismo centro de protección.
Los 7 fueron ingresados esta misma semana, al igual que, ahora, este otro infractor. Es el periodo que mayor número de ingresos se está produciendo en estas instalaciones ubicadas en Calamocarro.
Repetición de sucesos
Los apedreamientos que se están sucediendo en la barriada del Príncipe en los últimos días están derivando en intervenciones de la Policía, que ha puesto de manifiesto en varias notas de prensa la violencia ejercida al haberse arrojado no solo piedras, sino también ladrillos o incluso material de obra desde azoteas.
Este tipo de situaciones ha llevado a que la Policía Nacional anunciara que iba a ejecutar un mayor despliegue por la barriada del Príncipe para evitar que la situación se descontrolara o se produjera alguna incidencia de mayor gravedad.
La propia asociación de vecinos de la barriada del Príncipe ha lamentado lo ocurrido e instado a los residentes de la barriada a no incurrir en un tipo de sucesos que afea después a todo el vecindario.
La plataforma que agrupa a una docena de organizaciones sindicales de la Policía Nacionaly asociaciones de la Guardia Civil, la cual tiene representación en Ceuta, vuelto a criticar al Ministerio del Interior por reflejar por escrito que “considera cumplido” el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018 con más de 800 millones de euros.
En la respuesta, enviada a través de un comunicado a los medios de comunicación, el Gobierno se remite a informes del Consejo de Estado y recuerda que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han experimentado una subida salarial promedio del 38,41%.
“Es decir, un 21,12% por encima del resto de funcionarios pertenecientes a la Administración General del Estado”, detallan desde la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial.
“Demencial y vergonzoso”
La Plataforma, que protestó hace días frente al Congreso de los Diputados por el acuerdo con Junts en materia migratoria, ha reaccionado calificando de “demencial y vergonzoso” que desde Interior se haya contestado a preguntas por escrito del PP señalando que “se considera cumplido el citado acuerdo”.
En concreto, se quejan en su comunicado de que Marlaska diga que Interior recurrió la sentencia de la Audiencia Nacional que, dicen, le obligaba a sentarse a negociar con los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de Guardia Civil las condiciones para el cumplimiento íntegro del acuerdo.
Quedan cláusulas por ejecutarse
Desde las organizaciones policiales se han quejado de que, aunque se haya llevado a cabo la subida salarial, quedan por ejecutarse cláusulas de dicho acuerdo que firmó el ministro del Partido Popular Juan Ignacio Zoido y que se ejecutó a raíz de la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ejecutivo nacional.
Entre las cláusulas figuraba destinar 100 millones de euros adicionales durante tres años para incentivar el reingreso de personal de segunda actividad e impulsar reformas legales que garantizaran en el futuro que no se vuelvan a producir “disfunciones salariales” con respecto a policías autonómicas.
Un ministro que prefiere mentir
“La Plataforma no va a detener su lucha frente a un ministro que acaba de acreditar una vez más que prefiere mentir a cumplir con la palabra dada a los hombres y mujeres que componen la Policía Nacional y la Guardia Civil”, ha advertido esta Plataforma impulsada por SUP, AUGC, SPP o Unión de Oficiales, entre otras organizaciones.
La portavoz de Interior y diputada del PP, Ana Vázquez, también ha censurado a Marlaska por “reírse” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
“¿Dónde está la ley de retribuciones y dónde están los 100 millones de euros de la cláusula tres?”, se ha preguntado en la red social X.
Una circunstancia que consideraban como “un atropello a nuestra Constitución y a la seguridad pública del Estado”.
Movilización a la que asistieron varios representantes de diferentes partidos políticos de la oposición, como Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, o Javier García Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, a los cuales le quisieron agradecer su apoyo desde la plataforma.
Según la organización, “no es aceptable negociar la seguridad de los ciudadanos a cambio de apoyo político, ni jugar con nuestro prestigio y presencia internacional para perpetuarse en el poder. Es imperativo detener esta situación desde la unión más férrea”, detallaban en su tiempo.
También exigieron el reconocimiento como profesión de riesgo, “en condiciones similares a las ya otorgadas a los Mossos d’Esquadra” para garantizar una jubilación “justa y digna que refleje el sacrificio y la entrega de quienes dedicamos nuestra vida a proteger a los demás”.
El Comité de Seguridad y Salud de la empresa municipal ha mostrado “su más firme condena ante los graves incidentes ocurridos recientemente durante la prestación del servicio de transporte urbano en determinadas zonas de nuestra ciudad”.
El último se produjo el viernes, con una agresión al autobús a su paso por el Príncipe Felipe. Antes les precedieron otros ataques en barriadas próximas.
Emboscadas y agresiones
“Hechos como las pedradas, emboscadas y ataques violentos contra vehículos en servicio no solo suponen una amenaza directa a la seguridad e integridad física de los conductores y pasajeros, sino que representan un ataque frontal al derecho fundamental a la movilidad y al servicio público que esta empresa presta diariamente con compromiso y vocación”, expone Amgevicesa en una nota de prensa remitida a los medios.
Desde el comité de seguridad y salud han expresado “su apoyo absoluto a los trabajadores afectados, así como a los usuarios que han vivido situaciones de riesgo”, indican.
Como primera medida inmediata comunican que se ha procedido a remitir con carácter urgente una solicitud formal a la Junta Local de Seguridad, pidiendo el acompañamiento y protección policial del servicio de autobús urbano a su paso por Loma Colmenar, Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe.
“En caso de que se repitan actos de apedreamiento, violencia o situaciones similares que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores o pasajeros, los conductores deberán interrumpir el recorrido habitual y utilizar el itinerario exterior, evitando el acceso a las barriadas afectadas”, han advertido que se hará.
Esta decisión se adoptará en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en función de sus recomendaciones para, así, cumplir con las indicaciones formuladas.
Ante un riesgo grave, la paralización del servicio
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, Amgevicesa indica que, si la situación representa un riesgo grave e inminente para la seguridad del personal, se podrá proceder a la paralización inmediata del servicio en dichas zonas hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad adecuadas.
“Esta medida busca prevenir nuevos incidentes, garantizar la continuidad del servicio en condiciones de seguridad y proteger tanto a nuestros empleados como a los ciudadanos que utilizan el transporte público”, concretan en un comunicado.
La empresa reitera su “compromiso con la seguridad, la legalidad y la prestación de un servicio digno y protegido en todos los rincones de la ciudad”.
Las consecuencias temidas
A los daños que puedan ocasionarse en los vehículos de transporte público se suman los que pueden producir entre los propios usuarios o en otros coches, toda vez que el conductor puede perder el rumbo al verse sorprendido por un lanzamiento de piedras.
Y esos serían daños materiales y humanos, pero también se deben tener en cuenta los económicos, ya que la Ciudad ha ejecutado partidas e inversiones para la adquisición de autobuses híbridos con ánimo de mejorar la flota actual y se topa con estas circunstancias.
De momento Amgevicesa va a adoptar estas medidas a modo de protección ante la situación que se está dando en Ceuta y la repulsa que todo ello ha causado entre los propios conductores con las consabidas críticas de los sindicatos.
La Federación de UGT-SP de Ceuta ha mostrado su “más enérgica condena” ante la agresión de índole sexual sufrida la semana pasada por una auxiliar de clasificación y Reparto (A.C.R.) del Servicio Postal mientras cumplía con sus obligaciones laborales en la barriada del Polígono.
Del suceso ya se hizo eco El Faro de Ceuta, como también de la condena impuesta por trato degradante de contenido sexual hacia la trabajadora mientras desarrollaba su labor de notificaciones postales.
Acto de violencia machista “intolerable”
La UGT-SP de Ceuta manifiesta su solidaridad total con la víctima de esta agresión en este “acto de violencia machista absolutamente intolerable”, tal y como recoge en un comunicado remitido a los medios de comunicación para valorar los hechos ocurridos y a su vez mostrar su solidaridad con la afectada por los mismos.
“No podemos permitir que ninguna persona, en el desempeño de su trabajo, se vea expuesta a situaciones de semejante barbarie”, recalca el sindicato.
“Nadie debe sentirse inseguro en el trabajo”
La agresión a una trabajadora que se encontraba realizando su labor “de manera seria y profesional”, denuncia el sindicato, “resalta la vulnerabilidad a la que se enfrentan algunas trabajadoras en su día a día”.
“Nadie debe sentirse inseguro mientras cumple con sus responsabilidades. Este hecho no solo afecta gravemente a la víctima, sino que también tiene un impacto negativo en la seguridad y el bienestar de todas las trabajadoras de Ceuta, que realizan su labor con profesionalidad y dedicación”, expone la formación sindical en una nota.
Un entorno seguro
Desde UGT se exige un entorno seguro para quienes realizan su trabajo fuera de los centros laborales, en especial, para aquellas personas que como las A.C.R. del Servicio Postal “están expuestas a situaciones de riesgo”.
“Ningún trabajador debería tener que temer por su integridad física y/o emocional mientras desempeña sus funciones”, denuncia.
“Exigimos que se articulen las medidas necesarias para evitar que vuelvan a producirse estos hechos, así como el apoyo psicológico para la trabajadora víctima de la agresión, garantizando su salud emocional y su pronta recuperación”, zanja.
Qué es lo que pasó
Desde UGT-SP de Ceuta “reiteramos nuestro compromiso firme con la defensa de los derechos laborales y la seguridad de las personas trabajadoras. Este tipo de situación no debe ocurrir bajo ningún concepto”.
Lo que ocurrió, tal y como expuso este periódico, se produjo cuando la mujer víctima de los hechos estaba realizando una notificación postal dirigida a un domicilio del Polígono. El varón que le abrió la puerta incurrió en todo tipo de comentarios vejatorios de índole sexual, generando una situación muy incómoda en la afectada.
Lo primero que hizo la mujer fue trasladar lo sucedido a unos agentes de la Policía Local que la calmaron y protegieron, activándose el protocolo ante una situación de este calado. La mujer fue atendida en centro sanitario dado el estado en el que se encontraba, después se dio parte a la Policía Nacional abriéndose un procedimiento judicial.
La condena
Denunciados los hechos, se celebró juicio rápido dictándose condena por estos hechos al existir un reconocimiento de la acción delictiva.
En concreto, el autor fue condenado por un delito leve contra la integridad moral por trato degradante de contenido sexual. Delito que el implicado reconoció, aceptando una pena de 2 meses de multa con cuota diaria de 6 euros.
A ello se añade una orden de alejamiento respecto de la trabajadora, con la que no podrá tener contacto alguno.
La sentencia es firme, contra la misma no cabe recurso por cuanto se aplicó la figura jurídica de la conformidad al existir el reconocimiento de los hechos por parte del varón denunciado.
La Policía Nacional ha detenido a un menor de edad por apabullar a los agentes en el barrio del Príncipe cuando realizaban escolta a un autobús a su paso por este punto de Ceuta.
La detención ha tenido lugar esta madrugada, ya que los agentes habían grabado cómo se lanzaba objetos de todo tipo hacia ellos y esta misma noche lo reconocieron al participar en otros hechos similares.
Así lo ha explicado la Jefatura Superior en una nota de prensa remitida a los medios, quedando el menor investigado por atentado y delito de daños.
Solo 24 horas después se producía otro altercado similar, esta vez en la barriada del Príncipe Felipe, cuando arrojaron piedras contra la luna trasera de un autobús que quedó destrozada.
Escolta policial
El autobús recibió varios impactos de piedras y la Policía Nacional lo tuvo que escoltar para protegerlo, facilitando así su salida de la zona.
En esa protección los agentes también fueron apabullados, recibiendo el impacto de vasos de cristal, piedras y demás objetos, además de recibir insultos y amenazas. Incluso les lanzaron petardos.
Esos daños podían recibirlos los propios policías, pero también el autobús o vecinos que pasaban por la zona. Los resultados fueron varios vehículos policiales dañados además de las mismas consecuencias en coches particulares que estaban en la zona.
Cómo los descubrieron
Para poder identificar al menor implicado ha sido clave que la Policía grabó esos disturbios, y que además esta misma madrugada se ha repetido otro suceso similar, en el que se ha arrojado todo tipo de botellas, piedras y adoquines a los agentes.
Este menor estaba también participando, se le identificó y se le pudo detener al momento.
Otros altercados en la barriada
En los últimos días ha habido varios altercados en el barrio del Príncipe en los que se ha arremetido contra la Policía arrojando a sus agentes de todo: adoquines, piedras… Por estos hechos recientemente los agentes del CNP resultaron lesionados lo que llevó a la Jefatura Superior a tener que anunciar un dispositivo especial en este punto de la ciudad.
Y no es el primer caso que ocurre, pero tampoco el primero que recibe una protesta enérgica por parte de la propia asociación de vecinos, que denuncia a quienes amparan este tipo de sucesos.
Es la propia asociación la que no quiere que la barriada quede identificada de esta manera negativa para que, de esta forma, se puede vivir en paz y tranquilidad.
El barrio reclama calma
La asociación de vecinos ha pedido que estos sucesos no sirvan para criminalizar al barrio, sobre todo porque son protagonizados por unos pocos y no son el reflejo de lo que es la barriada del Príncipe.
Los que allí viven piden calma y que la población no actúe ni contra la Policía ni contra esa necesidad de vivir en paz en el barrio.
La Jefatura Superior organiza dispositivos de control en este punto de Ceuta para evitar que haya más algaradas o protestas que puedan llevar a situaciones adversas que nadie desea en un barrio en el que además ya se había recuperado la tranquilidad.
En este caso en concreto el menor será puesto a disposición de la autoridad judicial para que responda por los delitos con los que ha sido relacionado.
