El clan de los franceses que quiso controlar el narcotráfico en Ceuta

Los conocidos como el clan de los franceses, detenidos en Ceuta en el marco de la Operación Doha, habían constituido a ojos de la Udyco un grupo criminal caracterizado por repartirse las tareas asociadas al tráfico de drogas de manera jerárquica.

Su finalidad no era otra que sacar grandes cantidades de hachís de Ceuta a la Península, principalmente a la Costa del Sol, usando para ello vehículos perfectamente preparados con dobles fondos.

Esa Operación Doha terminó con 6 de los componentes del clan en prisión, pero la investigación deja muchas más ramificaciones en el camino del narcotráfico.

Los agentes han recopilado indicios suficientes como para considerar que se está ante un entramado delincuencial que se dedicaba a preparar dobles fondos de manera especializada, tanto es así que los vehículos podían sortear con éxito cualquier inspección mecánica sin ser detectados.

Además, contaban con la “aquiescencia de agentes destinados en el control de vehículos que se dirigen a la península, haciendo dejación de sus funciones para garantizar el éxito de las organizaciones criminales en la comisión de dichos ilícitos”, recogen en la investigación.

En los seguimientos practicados fueron detectadas reuniones con el agente de la Guardia Civil detenido en el operativo conjunto entre CNP y Benemérita, bautizado como ‘ATAM-Macetero’. A ese componente del Instituto Armado, preso preventivo desde febrero, se le atribuye la relación con varias organizaciones criminales. En una de las conversaciones llegó a manifestar que sospechaba que le iban a detener lo que llevó a ‘los franceses’ a considerarlo ya como un colaborador ‘quemado’.

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Las acciones de la organización y la connivencia de agentes

Este clan, el mismo que se puso nervioso y fue detenido in fraganti intentando mover más de 700 kilos guardados en un almacén garaje cercano al polígono del Tarajal mientras la Guardia Civil custodiaba el narcotúnel, preparaba dobles fondos para esconder la droga, pero también falseaba o cambiaba las matrículas de esos vehículos, realizaba labores de vigilancia a la Policía, disponía de pilotos que les trabajaban de ‘mulas’ o empleaban incluso documentación falsa.

La connivencia de agentes comprados, tal y como se recoge en la investigación, permitía que la droga pudiera pasar sin problemas el embarque entre Ceuta y Algeciras.

La investigación de la Udyco que dio pie a la Operación Doha, en la que se intervinieron kilos y kilos de hachís muchos de ellos envueltos en cajas que simulaban marcas famosas de chocolate, atribuye al clan de los franceses la organización, dirección y ejecución de varios pases de hachís fechados en 2024.

Uno de más de 200 kilos que fueron hallados en un coche localizado en Algeciras, otro de casi 40 kilos escondidos en ruedas de un turismo modelo Citröen que cruzó el embarque de Ceuta y un tercero con casi 230 kilos de la misma droga escondida en un vehículo adaptado con dobles fondos, un coche habilitado con un fin único: servir de patera de la droga.

A todo ello se añaden los 712 kilos de hachís que fueron hallados en las naves del Tarajal el 19 de febrero, junto a material para el envasado de la droga y bolsas al vacío.

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Los roles de los detenidos, quiénes eran los líderes

La Udyco señala a dos de los detenidos como líderes de la organización criminal de los franceses. Ellos son los que dirigen y organizan la actividad, celebran reuniones en las que se fijan tareas y se decide cómo, cuándo y dónde efectuar los pases de droga, así como los puntos que funcionarán a modo de guardería, es decir, escondites de la sustancia estupefaciente.

Los demás detenidos desempeñarían roles intermedios en cuanto a reuniones sobre dónde llevar a cabo las labores de abastecimiento de la droga, así como los contactos con los proveedores.

El clan disponía de conductores de vehículos para el transporte de la droga, personas encargadas de realizar contravigilancia a los coches que van cargados de hachís para garantizar el movimiento seguro de los alijos y adoptar medidas de seguridad en los controles policiales.

Los franceses llevaban a buen puerto las introducciones de hachís porque contaban con cooperadores necesarios, y es ahí donde quedan cabos sueltos que atar tras la constatación, en base a intervenciones telefónicas, de la clara connivencia de miembros de fuerzas de seguridad.

Para investigarles se ha echado mano de dispositivos de geolocalización, grabaciones de sonido ambiente, escuchas e inspecciones oculares para avanzar en unos seguimientos que han sido complicados, más aún cuando a los investigadores se les conoce y sus vehículos, a pesar de estar camuflados, se les marca con rapidez.

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Una organización criminal, hechos graves y hasta 18 años de cárcel

Para la Policía, los detenidos integran una organización criminal clara. La autoridad judicial adoptó para todos ellos medidas privativas de libertad precisamente por el riesgo de fuga existente no solo ante la gravedad de los hechos investigados, sino también atendiendo a las características de Ceuta.

Los detenidos pueden enfrentarse a penas que alcancen los 18 años de prisión para los considerados líderes de la organización, pero además cumplen con un perfil, en su mayoría, de falta de arraigo laboral y social, que podría provocar su huida a Marruecos.

El mismo 19 de febrero, cuando se les detuvo, varios de ellos habían intentado escapar. Hubo un detalle que nunca contó la Policía, pero uno de esos arrestados quiso huir mientras estaba siendo atendido en el hospital.

Hay “suficientes indicios de criminalidad” como para justificar que continúen en prisión preventiva, consideró la autoridad judicial. Cualquier otra medida podría derivar en su escapada o en la intención de destruir o alterar pruebas, además de incurrir en una reiteración delictiva.

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Comunicación cifrada para no ser descubiertos

En los contactos que mantenían hacían empleo de aplicaciones de comunicación cifradas de extremo a extremo, sabedores de las técnicas habituales de investigación policial, más si cabe al contar con miembros de las fuerzas de seguridad que cooperan con ellos.

En conversaciones recogidas por la Policía se han captado mensajes clarísimos como que tienen pagada la aduana o reclaman apoyos en el servicio de inspecciones fiscales y aduaneras no solo en Ceuta sino también en Algeciras.

Muchas comunicaciones no pudieron ser intervenidas, lo que les da “un halo de impunidad total para cometer acciones criminales graves”, valoran los agentes.

La Operación Doha no marcha ajena a otros golpes antidroga recientes como la ‘ATAM-Macetero’ o la Operación Hades, ya que las fuerzas de seguridad han detectado la existencia de varias organizaciones criminales asentadas en Ceuta dedicadas al traslado de hachís, llegando a tener puntos comunes entre todas ellas.

Piden a la Policía que investigue un caso de maltrato animal

Ha notificado el caso a la Policía Local y Nacional. Según le trasladan, ya se han iniciado los trámites para esclarecer lo que se presenta como un caso de maltrato animal en Ceuta.

Un caso que se hace público para exponer que estas no son las condiciones en las que se debe tener un animal y que se tiene que denunciar y actuar ante situaciones de este tipo.

El protagonista es un can que permanece atado con una cadena de hierro en una parcela. La ciudadana que dio parte a las fuerzas de seguridad lo ha visto en las mismas condiciones durante varios días seguidos, sin comida ni agua y en una caseta repleta de excrementos ya que el can permanece atado y tiene poco margen de movimiento.

Llamada al 112

Tras presenciar este caso, en el entorno del Serrallo, dio parte al 112 -teléfono único de emergencias-, que activó el protocolo derivando el caso a la Policía. Una patrulla se personó en el lugar, en este caso de la Policía Local. En otra jornada quien se personó fue la Nacional.

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Los posteriores días en los que esta ciudadana ha pasado por la zona ha presenciado que el perro se encuentra en las mismas condiciones, impropias cuando existe una normativa de cuidado y atención a los animales que contempla duras sanciones.

Asunto en conocimiento de la Policía

En todas las veces que ha presenciado esta situación lo ha puesto en conocimiento de las fuerzas de seguridad que le han comunicado que se ha abierto un procedimiento al respecto, pero que sigue sus trámites.

El animal está atado con una cadena en un lugar al que no se puede acceder al haberse dispuesto una puerta para no acercarse al animal.

Las imágenes han sido cedidas para evidenciar el estado del perro.

Mujeres desprotegidas al acudir al juzgado: esto sucede en Ceuta

Se ha denunciado en varias ocasiones. Y ahora, en una semana repleta de actos con motivo del Día de la Mujer esta situación causa incluso más daño. Sigue sin hacerse nada en el entorno de los juzgados de Ceuta. Allí las víctimas están desprotegidas.

Y todo porque no se aplican unas medidas básicas que eviten el contacto, las miradas, las intimidaciones que familiares de denunciados por casos de violencia de género puedan provocar al estar en los mismos soportales del Palacio de Justicia cerca de la víctima.

No tienen por qué producirse agresiones, aunque las ha habido. Una mirada amenazante causa incluso más daño sobre una víctima que entra en los juzgados tras haber denunciado un caso de violencia de género.

Tiene que pasar sí o sí por la puerta, y a pesar de las denuncias publicadas en medios de comunicación y las quejas internas cursadas en el juzgado, hoy por hoy se sigue incurriendo en esa misma presión al permitir que familiares de los denunciados estén prácticamente en el acceso al juzgado.

Con ellos se tiene que topar la víctima que ya de por sí acude emocionalmente rota a declarar ante la jueza.

Situaciones incómodas y peligrosas

Son situaciones incómodas, extremos que deben ser soportados por mujeres a las que se les intimida con una sola mirada, a las que se les coarta de alguna manera su libertad a la hora de trasladar casos de coacciones, amenazas, agresiones…

A pesar de la presencia de seguridad y Guardia Civil en el propio juzgado, no hay una orden que impida que esas familias estén ahí, en la misma puerta, lo que genera tensión y provoca desestabilización en la mujer.

Solo en algunas ocasiones se ha evitado acercamiento de familias, ocurrió hace unos días cuando fueron puestos a disposición judicial los detenidos en la Operación Doha. Solo ahí, además de blindarse el juzgado con Policía, se impidió el acercamiento de familias a la misma puerta.

Hay precedentes gravísimos como el sucedido hace unos meses cuando una menor que denunció una agresión sexual llegó a cruzarse con el detenido dentro del juzgado y con familiares del denunciado en la misma puerta.

Todo esto se sabe, pero nada se hace. En una semana de actos en los que la mujer y la defensa de sus derechos y libertades se sitúan en el foco, la carga crítica de estas situaciones es aún mayor.

Operación Pitaya: cae banda vinculada a la Mocro Mafia que traficaba cocaína

En el parking de un centro comercial de Marbella cuando se hacía el traspaso de 759 paquetes de cocaína a una furgoneta. Así fueron detenidos los cinco integrantes de una organización criminal internacional con vínculos con la Mocro Mafia, una red criminal de origen marroquí.

Han sido agentes de la Policía Nacional los que se han encargado de desarticular la banda con la intervención de 873 kilos cocaína, decretando la autoridad judicial el ingreso inmediato en prisión de todos ellos.

Esto tras unas pesquisas que se iniciaron en agosto de 2024, en el marco del Plan Meridional, fruto de la cooperación policial internacional en la lucha contra el narcotráfico, de acuerdo con lo señalado por la Oficina de Comunicación de la Policía Nacional.

Los agentes trabajaron en colaboración con la Oficina de la agencia norteamericana Drug Enforcement Administration (DEA), centrando su investigación en una organización criminal presuntamente dedicada al transporte de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador hasta España.

Parte del modus operandi incluía el envío de contenedores marítimos a través del Puerto de Algeciras “como vía de entrada del estupefaciente, lo que les permitía reducir costes y aumentar al máximo los beneficios económicos”.

Fue gracias al intercambio de información, que los agentes pudieron acreditar la llegada de un contenedor marítimo al Puerto de Algeciras, procedente de Ecuador, “contaminado con la sustancia estupefaciente”.

La Policía Nacional explica que se logró identificar a los responsables de la recepción en España, “comprobando que se trataba de una importante organización criminal con vínculos con la Mocro Mafia”.

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Tras el avance de las pesquisas los efectivos pudieron constatar que “los receptores del alijo hacían de la costa malagueña el punto de encuentro de sus reuniones” lo que llevó al desplazamiento desde diversos países de Europa hasta Málaga “para acordar los detalles de la operación con la que iban a introducir la partida de cocaína en nuestro país”.

Acto seguido, la Policía logró detectar “cómo los receptores del cargamento de cocaína tomaban rumbo hacia Marbella a bordo de una furgoneta, en la que transportaban la droga, a lo un vehículo de alta gama que hacía las funciones de lanzadera”.

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Los agentes detuvieron a cinco individuos en el parking de un centro comercial de Marbella cuando éstos realizaban el traspaso del estupefaciente. “Tras ser puestos a disposición judicial, se decretó el inmediato ingreso en prisión de todos ellos. Asimismo, localizaron e intervinieron 759 paquetes de cocaína de gran pureza en el interior de la furgoneta, arrojando un peso de 873 kilogramos”, añaden en la nota de prensa.

Adicionalmente, se informa que “además de la aprehensión de estupefaciente, fruto de esta operación se han intervenido 5.690 euros en efectivo, 12 teléfonos móviles (algunos de ellos encriptados), y tres vehículos de alta gama”.

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Como parte de la operación se han emitido tres órdenes internacionales de detención contra parte de los miembros de la organización, que se encuentran en paradero desconocido. “Entre ellos está uno de los líderes de la organización, encargado de la logística operativa de la misma”.

Agentes de la Policía Nacional con la colaboración y apoyo de EUROPOL, han llevado a cabo esta operación contando con instrumentos de financiación de la Unión Europea.

Militares a la calle: ATME convoca manifestación por el estado del Ejército

«Tras años de agravios y abandono, los militares se movilizarán el 26 de abril en Madrid para demandar salarios justos, reconocimiento profesional y una actualización urgente de sus derechos. La protesta, liderada por la asociación ATME, busca presionar al gobierno en un momento clave, aprovechando el aumento del gasto en defensa a nivel europeo», han anunciado este viernes desde la Asociación de Tropa y Marinería Española, también con representación en Ceuta.

A través de una nota de prensa, ATME recuerda que «a principios de febrero hicimos un llamamiento a los militares y a las asociaciones profesionales para organizar una movilización, ya que la situación de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas había llegado a un punto crítico, consecuencia de años de agravios y abandono en materia retributiva y profesional».

Añaden que «lamentamos profundamente que, hasta la fecha, el resto de las asociaciones profesionales representadas en el COPERFAS no hayan decidido sumarse a esta iniciativa».

En el texto también señalan que «consideramos que este es un momento decisivo para lograr mejoras significativas, especialmente en un contexto en el que Europa, debido a la situación internacional, demanda un incremento en los recursos destinados a Defensa. Es fundamental recordar que la Defensa no se limita al armamento y al material, sino que incluye también las retribuciones y las condiciones laborales de quienes operan dicho equipamiento y garantizan la seguridad de España».

Sobre la convocatoria, explican que «esta será nuestra séptima movilización, una prueba de que nuestra lucha trasciende ideologías políticas. Hemos alzado la voz bajo gobiernos de distinto signo, y lo seguiremos haciendo hasta lograr la justicia que nos merecemos».

Lo más urgente

En lo que respecta a las demandas más urgentes, indican que son las siguientes:

  • Unos salarios justos: Somos los servidores públicos peor pagados. Exigimos retribuciones dignas y acordes a nuestra responsabilidad.
  • La compensación económica por las horas extraordinarias trabajadas: Servicios, maniobras y ejercicios que exceden nuestra jornada laboral deben ser justamente remunerados.
  • La actualización de las Dietas, congeladas desde 2005: Aunque afectan a todos los funcionarios los militares somos quienes más los sufrimos, teniendo incluso que costear gastos de nuestro propio bolsillo cuando somos comisionados.
  • Una carrera profesional de futuro que aglutine las dos leyes actuales: Basta de temporalidad. Necesitamos un modelo que valore la especialización y el mérito.
  • Una actualización de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes: Casos como el despliegue en Valencia y misiones internacionales como la última de Letonia, evidencian la necesidad urgente de una ley que nos proteja y que no intente escabullir el bulto a través del silencio. Exigimos transparencia del Ministerio de defensa.
  • La reforma del COPERFAS, con la modificación de su método de trabajo, elección de sus miembros mediante sufragio universal entre todos los militares y permitiendo que las asociaciones accedan a los acuartelamientos para informar sobre los derechos estos.
  • El reconocimiento de la profesión militar como de riesgo: Es hora de que se reconozca la peligrosidad de nuestra labor.
  • Unas condiciones dignas para nuestros veteranos, militares de carrera y reservistas de especial disponibilidad, evitando la pérdida de retribuciones al finalizar su vida activa y extendiendo la asignación de disponibilidad hasta la edad jubilación y no los 65 años como marca la ley.

¿Por qué la movilización?

«El Gobierno ha anunciado una partida de 400 millones de euros para una subida lineal de 200 euros por militar. Sin embargo, esta medida es claramente insuficiente. Desde ATME estimamos que se necesitan, al menos, 1.500 millones de euros anuales para una actualización salarial justa que contemple un incremento en el complemento de empleo y los complementos específicos», comentan desde ATME.

«Creemos firmemente que este es el momento de actuar. Europa está movilizando miles de millones para la Defensa, y España se ha comprometido a aumentar su aportación a la OTAN y a la seguridad europea. Durante años, se nos ha negado una retribución justa bajo el pretexto del impacto presupuestario. No podemos permitir que esta oportunidad histórica pase de largo sin lograr un aumento definitivo», agregan.

De acuerdo con lo que señalan «han transcurrido 20 años desde que el ministro Bono realizó una subida salarial significativa. No podemos permitirnos esperar otros 20 años más».

«Además, no debemos olvidar las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien al inicio de su mandato reconoció que habíamos perdido la oportunidad de mejorar nuestros salarios al no unirnos a las mejoras concedidas a la Guardia Civil y la Policía Nacional. Esta vez, no podemos perder el tren», afirman.

Para finalizar, ATME explica que «por todo ello, hacemos un llamamiento a todos los militares, partidos políticos, asociaciones profesionales y ciudadanos que apoyan a sus Fuerzas Armadas a unirse a nosotros el 26 de abril, a las 12:00, ante al Ministerio de Defensa en Madrid».

«Exijamos juntos mejoras urgentes y dignas para los militares y sus familias», recalca la asociación.

Condenados tres jóvenes tras un brutal robo cerca del Tarajal

El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta condenó a 3 jóvenes por un salvaje robo a un marroquí cerca de la frontera del Tarajal.

Los acusados reconocieron los hechos y aceptaron la pena de 2 años de prisión, así como el pago de manera solidaria de 400 euros como responsabilidad civil. Dos de los acusados, M.H. y B.M., no entrarán en prisión quedándole suspendida la pena por un periodo de 3 años.

Sin embargo, I.M., sí tendrá que cumplir la pena de prisión de manera íntegra ya que cuenta con diferentes antecedentes penales computables, algunos de la misma índole.

Los hechos a los que se hizo referencia en esta conformidad ocurrieron en noviembre del año pasado. La víctima, un marroquí de 37 años, coincidió en el control documental de la frontera del Tarajal con estos tres acusados a los que no conocía de nada.

Tras entablar conversación con ellos, le ayudaron a entenderse con un policía nacional de la frontera en el momento de acreditar los medios económicos que son preceptivos de acuerdo a la Ley de Extranjería y los requisitos para poder acceder a Ceuta.

En el fondo los implicados le estaban tendiendo una trampa simulando una cortesía ejerciendo de traductores ocasionales. Así fueron testigos de cómo quien iba a ser su víctima acreditaba ante la Policía la cantidad económica en metálico que llevaba.

“Dame todo o te mato”

Una vez cruzaron la frontera, los ya condenados se ofrecieron a acompañarle accediendo incluso a llevarlo en su coche.

Cerca del puente de la frontera fue donde se consumó el atraco: uno lo cogió del cuello fuertemente con el brazo izquierdo para inmovilizarle, poniéndole un cuchillo en el rostro mientras le advertía: “Dame todo o te mato”.

Bloqueado e inmovilizado, otro le sujetó de su mano derecha y le sustrajo de un fuerte tirón un reloj, un teléfono, dinero y una tarjeta bancaria.

La víctima les suplicó que no le quitaran todos los efectos y que le dejaran algo de dinero, ya que se quedaba desamparado para volver a Marruecos.

Lejos de atender su solicitud, los tres acusados se volvieron aún más violentos, arrojando numerosas piedras contra el dicente, por lo que tuvo que abandonar el lugar dirección regreso a frontera mientras los atracadores huían hacia el Príncipe Felipe.

Ceuta, por encima de la tasa nacional de agresiones a colegiados médicos

Las agresiones a profesionales de la Medicina alcanzaron en 2024 el máximo histórico de 847, lo que se tradujo en una cada diez horas, siendo en su mayor parte amenazas y coacciones ejercidas por pacientes con cita a doctoras en la Atención Primaria, ámbito en el que estos episodios suben hasta suponer casi la mitad del total. En el caso de Ceuta, las cifras se situaron por encima de la media nacional, incluso siendo las más altas.

La información corresponde a los datos obtenidos por el Observatorio Contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) que destaca que durante sus 15 años de andadura, ha contabilizado 8.108 agresiones, siendo esto el equivalente a todos los colegiados en Zaragoza o Asturias.

El informe con estas últimas cifras se presentó el pasado lunes en el marco del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se celebra cada 12 de marzo.

Una de las observaciones hechas es que las agresiones que se denuncian son pocas, señalado por ejemplo que en 2024, solo el 43,5% de las ocurrencias terminó en denuncia.

«Posiblemente por que piensan que la denuncia no va a servir para nada»: Esta es la observación que hace el presidente de la OMC, Tomás Cobo, insistiendo, sin embargo, en la necesidad de hacerlo “para lograr más condenas y frenar a los agresores reincidentes”.

Asimismo, Cobo ha apelado a iniciar cambios legislativos que contemplen no solo el lado punitivo, también un «cambio cultural» para recuperar «la educación básica que se ha perdido».

«Es realmente triste que hayamos explicado tan mal que cuando empezamos a los 18 años, nuestra vocación era ayudar a los demás. Parece que vivimos en una sociedad en la que el diálogo se ha deteriorado, el insulto reemplaza al argumento y el respeto se ha ido desplazando por la crispación constante», ha lamentado.

Las agresiones crecieron un 10%

El informe presentado por José María Rodríguez, secretario general de la OMC, indica que en el transcurso de 2024, las agresiones crecieron un 10% al pasar de las 769 a 847, lo que se traduce en cuatro más que en 2022, el año que hasta ahora permanecía como récord.

Otro dato significativo es que desde que empezaron a comunicarse, las agresiones se han disparado un 81%.

En lo que respecta a la tasa nacional de agresiones por cada 1.000 colegiados fue de 2,71; por encima se sitúan Ceuta, que presenta la cifra más alta (18,62), seguida de Extremadura (5,8); Melilla (5,65); Canarias (5,08) y Cataluña (5).

En el otro extremo, País Vasco (0,31), Navarra (0,62), Galicia (1,03) y Aragón (1,28).

Los centros de salud aglutinaron el 47,7% (cuatro puntos más) de los casos, aunque en sus urgencias descendieron levemente al 8,2%; mientras, en los hospitales bajaron hasta el 17,9 %, y en las urgencias de estos centros se dieron el 9,5%.

Aunque la inmensa mayoría (83%) se perpetraron en la sanidad pública, en la privada aumentaron cinco puntos hasta el 17%. El 95,1% se produjeron en horario y entorno laboral.

El 62,4% fueron dirigidas contra una mujer, lo que consolida el perfil femenino de la última década, ya que anteriormente la mayoría iban dirigidas contra hombres.

Por edades, el grupo mayoritario fue el de colegiados entre los 36 y 45 años (29,9%), por delante del de 46 a 65 (25,1%).

¿Cuál es el perfil del agresor?

En el informe presentado el pasado lunes, también se ofrece información sobre el perfil del agresor que, según la investigación que dio pie al documento, “sigue siendo el de un paciente con cita programada (46,5%), seguido de los no programados (32%), acompañantes (19,8%) y desplazados (1,7%). Algo más de la mitad tienen entre 40 y 60 años y un tercio menos de 40”.

Las causas asistenciales suponen 8 de cada 10 agresiones, y el detonante principal vuelve a ser la discrepancia con la atención médica recibida, que desciende ligeramente al 50,9%. También son motivo las diferencias personales (17,3%), los informes no acordes a las pretensiones y asuntos relacionados con la incapacidad temporal, (ambos con un 11,6%), y el no recetar lo que quiere el paciente (8,6%).

Igualmente, hay causas estructurales no relacionadas con atención médica o cuestiones asistenciales, que siguen aumentando; la mayoritaria es el tiempo en ser atendido (65,9%), seguida de un mal funcionamiento del sistema (34,1%).

Otro dato de interés aportado por el informe es que “el 48% de las agresiones fueron amenazas y coacciones, mayoritariamente a mujeres (65%). Mientras, el 11 % acabaron en lesiones físicas, de las que las mujeres fueron nuevamente las principales víctimas (71% frente al 29 % de los hombres).

En el caso opuesto, el acoso, que subió un punto (del 1% al 2%), se invirtió respecto a 2023 y lo sufrieron mayoritariamente hombres (65 %). El 14% de todas las agresiones acabó en baja laboral.

La Carrera Solidaria RUTA 091: 6 kilómetros por la Asociación TDAH Ceuta

La Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta recuerda que las inscripciones para la II Edición de la Carrera Solidaria RUTA 091 permanecen abiertas para todo aquel que quiera contribuir con la causa.

“Desde la Jefatura Superior de Ceuta, animamos a la participación en el evento, con el fin último de recaudar el máximo importe posible en beneficio de la Asociación TDAH Ceuta y de dar visibilidad a su causa”, han indicado a través de un comunicado.

La cita es el próximo sábado 22 de marzo, con salida a las 10:30 horas desde las Murallas Reales para un recorrido circular de 6 kilómetros.

Para los interesados, las inscripciones están abiertas y se pueden realizar a través de la página web www.ruta091.es

Algunos detalles de la carrera

Al momento de su presentación, a principios del pasado febrero, se dieron a conocer algunos detalles de la carrera, comenzando con que serán dos categorías infantil y adultos. La de adultos será de seis kilómetros y en la de los pequeños la distancia será según la edad.

También se especificó que la jornada transcurriría por el centro de la ciudad y los lugares más emblemáticos como calle Real, Revellín y el Parque Marítimo.

Sobre los precios, son 12 euros para los adultos y de 10 para los infantiles.

En esa oportunidad, el jefe de la Policía Nacional, Francisco López Gordo, tomó la palabra para explicar que “teníamos esta intención de traer esta carrera a Ceuta no sólo por el Bicentenario sino dejarla como una prueba más dentro de las actividades deportivas a nivel local ya que son un elemento aglutinador y de presencia de toda la sociedad y de todos los estamentos”.

La primera edición de la RUTA 091 se celebró en Ceuta el 17 de febrero de 2024. Con motivo del Bicentenario de la Policía Nacional, la ciudad autónoma abrió sus puertas a esta carrera solidaria con un recorrido urbano dos modalidades: adulto e infantil.

Policías y guardias civiles piden la dimisión de Marlaska por las cesiones a Cataluña

Este martes, asociaciones que representan a la Policía Nacional y la Guardia Civil han expresado su firme rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, que implica la cesión de competencias en inmigración a la región. Según estas organizaciones, este acuerdo constituye una «vulneración flagrante de la Constitución» y un «ataque frontal al Estado de derecho», lo que ha llevado a exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El pacto entre el PSOE y Junts otorga a los Mossos d’Esquadra la gestión de la seguridad en puertos y aeropuertos, además de la responsabilidad en las fronteras, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil. También se cede a la Generalitat la gestión integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la autoridad sobre las devoluciones de inmigrantes, lo que ha generado una fuerte oposición entre las fuerzas de seguridad del Estado.

Rechazo unánime de los sindicatos policiales

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha mostrado su rechazo rotundo ante lo que considera un «bochornoso acuerdo» y ha demandado la dimisión de Marlaska, acusándolo de ser cómplice en lo que califican como un «ataque al Estado de derecho». Además, denuncian que este acuerdo representa un «desmantelamiento» de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña, lo que agrava la situación en una región que ha estado marcada por tensiones políticas en los últimos años.

Por su parte, la asociación Jucil, que agrupa a la mayoría de la Guardia Civil, considera que la cesión de competencias es parte de una estrategia orquestada para reducir la presencia de este cuerpo en Cataluña. Jucil ha criticado la falta de transparencia del Ministerio del Interior y la Generalitat sobre este tema y ha subrayado la importancia de mantener las competencias del Estado en áreas clave como el resguardo fiscal.

Impacto en la seguridad nacional y en la cohesión de las fuerzas de seguridad

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha calificado de «escandalosa e ilegal» la transferencia de competencias y ha advertido que la seguridad de los ciudadanos no puede ser objeto de «intercambios políticos». Además, el SUP ha señalado que esta medida es incongruente desde el punto de vista jurídico y presenta un riesgo significativo para la seguridad nacional y la integración de España en el espacio europeo.

Por otro lado, la Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado que el acuerdo supone un «golpe mortal» a los cometidos de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña, y ha demandado la dimisión de Marlaska por ceder ante lo que consideran un «chantaje competencial» por parte de los independentistas catalanes. La Unión Federal de Policía (UFP) ha señalado que esta cesión representa un «atropello legal, funcional y operativo sin precedentes», criticando la decisión del Ejecutivo de ceder a las demandas de sus socios independentistas.

Reacciones y futuras acciones legales

La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha calificado la cesión de competencias como un «mercadeo político» que choca con el marco legal vigente. En este sentido, la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc) ha lamentado que se trate de un paso más en el «desmantelamiento» del Estado en Cataluña y ha advertido que recurrirán a los tribunales para defender sus competencias.

Finalmente, la Asociación PRO Guardia Civil (Aprogc) ha expresado su preocupación por la posible cesión del control de las fronteras españolas a la Generalitat, ya que consideran que la protección de las fronteras es una cuestión crucial tanto para la seguridad nacional como para la lucha contra el crimen organizado.

Ante este panorama, las asociaciones de las fuerzas de seguridad han insistido en que el acuerdo debe ser revisado y se debe garantizar que la gestión de la seguridad quede en manos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Un adolescente detenido con hachís oculto en chocolatinas Kit Kat

200 gramos de hachís envueltos en papel de chocolatinas de la casa Kit Kat. Así pretendía embarcar un menor de edad nacido en Ceuta en el ferry para cruzar a Algeciras. La Policía Nacional le descubrió y quedó detenido por delito contra la salud pública.

Otro caso más y nueva demostración del aumento de menores que son utilizados para el pase de drogas o que, motu proprio, dan ese paso buscando la manera de cruzar con hachís que llevan adosado al cuerpo.

Varias recientes intervenciones del CNP demuestran ese repunte, también en el caso de la Guardia Civil.

En este suceso en concreto, el menor fue detenido sobre las 17:25 horas en la estación marítima, cuando se dirigía a pasar el control documental de la Policía Nacional.

Tal y como cuenta la Jefatura Superior, los agentes que allí prestan servicio lo reconocieron por haber embarcado en otras ocasiones solo, sin presencia de ningún adulto.

Un joven que había embarcado varias veces y solo

Le preguntaron por el motivo de su viaje y si sus padres eran conocedores del mismo, mostrando el menor gran nerviosismo.

“Por ello, los policías actuantes decidieron acompañar al menor a una dependencia anexa para llevar a cabo un cacheo superficial, dado el aumento significativo de personas, incluidos menores, que son portadores de sustancia estupefaciente”, explica la Jefatura.

Como resultado del cacheo superficial, el agente descubrió que el joven portaba cuatro piezas de forma rectangular, con envoltorios similares al de chocolatinas, con un peso total de 200 gramos de hachís. En concreto llevaba el envoltorio de unas piezas de Kit Kat.

Hay que destacar que se está produciendo ese auge de adolescentes que pasan droga, pero más aún, de adultos que usan a sus propios hijos para hacerlo. La propia Policía, conocedora de lo que está pasando, extrema sus controles ante perfiles que puedan ser susceptibles de ese tipo de tránsito.