75 internos del Centro Penitenciario de Ceuta participan en un taller de risoterapia

75 internos del Centro Penitenciario de Ceuta, muchos de ellos participantes en el programa Reincorpora de ”la Caixa”, han realizado un taller de Risoterapia ofrecido por una técnica de Fundación Cruz Blanca, Julia Aguilar, y un animador sociocultural voluntario, David Torres.

La iniciativa ha permitido a los internos realizar una actividad grupal que tenía el objetivo de convertir los problemas en risa. Asimismo, el taller les ha permitido conocerse mejor entre ellos y de una manera divertida. Los internos han realizado diversas actividades para desinhibirse y convertir sus sentimientos negativos en risas con ejercicios divertidos como el de la interpretación de algunos personajes, dinámicas grupales basadas en juegos populares, hablar usando una sola vocal, imitando ciertos acento… además de enseñarles, al final de la sesión, hacer ejercicios de relajación ante situaciones que puedan provocar ira, miedo o tristeza.

Este taller, gestionado por Fundación Cruz Blanca, se ha llevado a cabo como parte del itinerario de inserción sociolaboral que impulsa Reincorpora de ”la Caixa” en colaboración con el Ministerio del Interior a través de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

Apoyo integral

El programa Reincorpora da la oportunidad de construir un futuro diferente a personas privadas de libertad. El programa de ”la Caixa” ofrece itinerarios personalizados adaptados a sus necesidades de preparación técnica y personal que combinan formación, acciones de servicio a la comunidad e integración laboral, con el objetivo de que la persona amplíe sus competencias, refuerce valores y mejore habilidades personales y profesionales que le ayuden en su camino hacia la plena inclusión.

En todo este proceso es clave la figura del técnico Reincorpora que diseña y pacta con la persona un itinerario a medida de sus necesidades. El técnico de la entidad acompaña y hace un seguimiento de toda la evolución de la persona durante el itinerario, abordando el proceso de cambio desde una perspectiva integral.

A prisión el patrón de una embarcación que quiso pasar a siete inmigrantes

El patrón de una embarcación recreativa, que fue detenido en la noche del pasado martes en Ceuta cuando intentaba trasladar a la Península a siete inmigrantes marroquíes, ingresó ayer en prisión por orden de la autoridad judicial. Es el segundo que lo hace en 24 horas por el mismo delito: traficar con personas. Se trata de un vecino de Ceuta que permanecerá en preventiva a la espera de juicio y así será después de que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil lo sorprendiera en una recreativa con siete varones marroquíes a bordo, a los que pretendía introducir en las costas peninsulares de manera clandestina. Fue arrestado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del que deberá responder en sede judicial.
La embarcación usada para el traslado de los sin papeles quedó intervenida en el puerto deportivo como prueba del delito. Todos los inmigrantes se encontraban en buen estado de salud y tras su reconocimiento por parte del ERIE de Cruz Roja se procedió a su traslado a la Policía Nacional para su posterior devolución a Marruecos.

La embarcación usada para el traslado de los sin papeles quedó intervenida en el puerto deportivo

En las últimas semanas la Guardia Civil ha procedido a la detención de varias personas, españolas o marroquíes, sorprendidas en plena comisión del delito, intentando sacar de Ceuta en dirección a la Península a inmigrantes marroquíes.
La presión por vía marítima ha aumentado notablemente y se refleja en el decomiso no solo de embarcaciones recreativas o incluso semirrígidas, sino también motos de agua o kayak. Los que han sido arrestados tras ser sorprendidos en plena travesía deben responder ante el máximo órgano judicial en la ciudad, la Audiencia, que se encargará de juzgar todo el rosario de casos que deben pasar en los próximos meses y que son coincidentes en su esencia.

Sin visitas familiares y sin llamadas telefónicas: Marruecos castiga a presos rifeños por «actos de rebeldía»

El Gobierno de Marruecos, a través de la Dirección General de la Administración Penitenciaria (DGAP), anunció este lunes una serie de restricciones a los derechos de los presos del movimiento rifeño Hirak en castigo por los «actos de rebeldía y desobediencia» y «agresiones» a los funcionarios de prisiones.

Las medidas incluyen una dispersión de los presos por varias cárceles distintas y el envío de varios de ellos a celdas de aislamiento, más la anulación de visitas familiares y comunicaciones telefónicas por un periodo de 45 días, todo ello «en aplicación de la ley», según un comunicado.

La DGAP no aclara si se trata solo de la cárcel de Ras al Maa de Fez, donde está el líder principal del Hirak, Naser Zafzafi, o también estarán afectados los demás presos rifeños distribuidos en otras cárceles como las de Tánger y Nador, entre otras.

El pasado viernes, la misma dirección penitenciaria aseguró que Zafzafi y otros compañeros suyos en la prisión de Ras al Maa en Fez se negaron a obedecer las órdenes de regreso a sus celdas «y violentaron a varios» funcionarios, quienes por su parte denunciaron a los presos tras someterse a exámenes médicos.

Ese mismo día, el director de la prisión de Ras al Maa fue destituido y tres funcionarios suspendidos como consecuencia de la filtración de un discurso grabado por Zafzafi que el día anterior había circulado por las redes sociales.

Los presos del Hirak rifeño se han convertido en una fuente de problemas para la Dirección General de la Administración Penitenciaria por sus frecuentes huelgas de hambre y diversas acciones de protesta por sus condiciones de detención.

Actualmente quedan 55 rifeños presos por los llamados oficialmente «acontecimientos de Alhucemas», en referencia a las protestas callejeras desatadas en la región del Rif durante varios meses entre 2016 y 2017 por la marginación histórica de la región.

“Sois unos abusones, ya os cogeré en la calle”: condenado un preso por resistencia

La titular del Juzgado de lo Penal número 1 condenó en la mañana de ayer al llamado H.L.B. a una pena de 6 meses con abono de una cuota diaria de 5 euros (900 euros) tras reconocer su responsabilidad en un delito de resistencia. La negociación entre Defensa y Ministerio Público posibilitó alcanzar un acuerdo modificándose la calificación inicial que consideraba los hechos de atentado, por el que se pedía 1 año de prisión.
El caso al que hace referencia este acuerdo se produjo en el mes de junio de 2019, estando el acusado preso en la cárcel de Mendizábal. Tras una discusión entre el interno y funcionarios, este no atendió sus indicaciones y con claro desprecio al principio de autoridad empleó gran agresividad contra los mismos, haciendo uso de frases como “sois unos maltratadores, abusones, a mí no me conocéis, ya os cogeré en la calle”, llegando a forcejear con dos de ellos.
Motivo de este suceso, ocurrido en el módulo 7, se abrió un expediente y se comunicó al juzgado, iniciándose este procedimiento para sancionar el comportamiento del preso. En la mañana de ayer, H.L.B. -que se encuentra en prisión por otra causa- fue conducido ante la magistrada titular del Penal 1 reconociendo los hechos y aceptando por tanto la pena impuesta, por lo que se dictó sentencia in voce.
No fue necesario contar con la testifical de los funcionarios de prisiones que se vieron afectados por esta situación, ya que el acusado aceptó la pena acordada y reconoció haber incurrido en este delito.
Condenas de este tipo ponen de manifiesto la situación en la que se encuentran los funcionarios de prisiones y cómo desarrollan su labor, toda vez que se enfrentan a situaciones despreciativas de su labor e incluso a amenazas de gravedad contra su integridad física, algo que es considerado atentado.

Inquietud entre los presos del módulo 7 por miedo al coronavirus

La inquietud de los presos del módulo 7 de la que este periódico se hizo eco el pasado 20 de marzo sigue en aumento. Varios internos de este sector de la cárcel se han puesto en contacto con El Faro para denunciar que uno de sus compañeros está en un delicado estado de salud y temen que pueda ser un posible caso de coronavirus.

Los propios internos se han puesto en contacto con este periódico porque tienen miedo ante la situación que se da con su compañero de módulo. El nerviosismo viene de la falta de información. “Nadie nos dice nada”, expresan. Afirman que este interno “tiene tos y fiebre y está enfermo”.

La familia de este preso, quien supuestamente está recibiendo cuidados este lunes en la enfermería del centro penitenciario, informa que su allegado lleva unos diez días con “mareos, vómitos, fiebre” y producto de un desvanecimiento, presenta un golpe en la cabeza. “Ayer le llevaron a enfermería dos o tres veces”.

Critican que debido a la falta de información que están recibiendo por parte del personal de Mendizábal, han llegado a llamar a Madrid para conocer el estado de este preso enfermo. “Nos han dicho que mi hermano está mal”, señalan. Y añaden que los presos con los que comparte módulo están llamando a sus familiares también por la preocupación que genera este caso en el resto de celdas.

“Llevamos sin hablar con él desde que comenzó el estado de alarma. Solo pedimos que si tiene una enfermedad tan grave que lo saquen de ahí”, añade la familia. Además, indican que quien atiende a los enfermos no es un médico, si no «un ayudante del ATS», aseguran.

Más allá de este caso, otros familiares de distintos presos de este mismo módulo muestra su preocupación porque afirman que llaman a la cárcel y no reciben «ninguna contestación coherente». Estos familiares reclaman que «se les haga las pruebas del coronavirus a los presos». Y denuncian el pasotismo del personal de la cárcel. «El jefe de servicio no ha querido salir a explicarnos nada».

“No hay ningún contagiado entre los presos”

Desde dentro de la prisión, fuentes oficiales contradicen esta versión de internos y familia. “No hay ningún interno contagiado ni con síntomas de padecer la enfermedad”.

También señalan que se ha reforzado la plantilla de sanitarios con la contratación de un “segundo médico” con el objeto de “prestar una mejor atención sanitaria a los internos, así como medidas de protección (máscaras, guantes, desinfectantes), con el objeto de minimizar en lo posible el riesgo de contagio”.

Añaden que sobre el positivo confirmado de una funcionaria de la cárcel, se estuvo vigilando a los internos que pudieron tener contacto con ella, “transcurridos más de diez días siguen sin tener signos de la enfermedad. En resumen, entre la población reclusa a día de hoy, no hay ningún afectado”.

Por otra parte, hacen mención a otro contagiado por coronavirus. En este caso, un afectado que es personal laboral que desempeñaba actividades de mantenimiento. “Se ha decretado la cuarentena correspondiente a las personas que hayan podido tener contacto con él”.

Y es que la situación que se da en el módulo 7 a causa de la psicosis que está generando el coronavirus llevó a que CSIF Prisiones denunciase que los internos se plantaron a la hora del reparto de la comida.

El sindicato denunció que “en un estado de máxima excitación y nerviosismo por parte de los internos, los funcionarios de servicio en ese departamento, y otros que acudieron a la llamada del jefe de Servicios, se vieron obligados a una rápida actuación con objeto de restaurar el orden, objetivo conseguido tras unos minutos de riesgo evidente para los funcionarios intervinientes”.

Un interno de la prisión agrede a un funcionario en el turno de recuento

El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado una grave agresión a un funcionario de prisiones en la tarde de este domingo, que ha tenido que recibir atención médica en una clínica de Ceuta. La agresión, según explica el sindicato, se ha producido cuando el funcionario se encontraba realizando el recuento diario correspondiente a las 14:00 horas en la cárcel de Mendizábal y fue alcanzado de forma sorpresiva con un puñetazo asestado por el interno, sin mediar palabra y justificación alguna. El interno se encontraba en régimen de vida restringido y en el módulo de ingresos, bajo el artículo 75 del reglamento penitenciario.

En el momento del suceso, se encontraba un solo funcionario “a cargo de los internos más peligrosos del centro, ubicados en el módulo de ingresos”, explica el sindicato, haciendo hincapié en que “a día hoy aún está sin abrir el módulo cerrado, más adecuado a este perfil de interno, por falta de personal suficiente” como ha denunciado en numerosas ocasiones ACAIP-UGT. Además el “no reconocimiento de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias como agentes de autoridad hace que este tipo de agresiones se repitan con una rutina totalmente indeseable, con más de 400 agresiones producidas en el año 2019 en los centros dependientes de la Secretaría General de IIPP”, han detallado. Desde este sindicato desean un pronto restablecimiento al compañero agredido y “la toma de decisiones de forma definitiva a nuestros gestores para acabar con esta lacra”.

El afectado ha tenido que ser atendido en la Clínica Septem de las lesiones sufridas en el rostro por la agresión. Aclara el sindicato que el interno “ya se encontraba con aplicación del artículo 75, por multirreincidencia de expedientes disciplinarios, con un régimen de vida restrictivo, pero en el módulo de ingresos, al estar sin inaugurar el módulo cerrado de aislamiento, que es el dispuesto para este tipo de internos”.

Ya se ha puesto en conocimiento de la inspección penitenciaria y se remitirá al juzgado de guardia para la apertura de las correspondientes diligencias por la agresión física al trabajador.

CSIF denuncia la falta de personal

El sindicato CSIF denuncia que estos hechos se siguen produciendo lamentablemente en II.PP con más de 400 agresiones durante el año 2019, por la acuciante falta de personal y en el caso concreto del C.P. de Fuerte Mendizábal «ante la falta de una RPT en condiciones que reconozca la categoría 1.1 del mismo y permita abrir más departamentos, lo que posibilitaría uno de régimen cerrado para albergar a este tipo de internos y una mejor clasificación interior».

Al mismo tiempo desde CSIF reiteran la petición del reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad , algo que sin duda disminuiría de forma considerable las agresiones.

Un ladrón con amplio historial de robos, condenado por hurto en un bar

La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta condenó ayer al llamado A.G.E. a dos años de cárcel que deberá cumplir por un delito de hurto que viene a sumarse al rosario de acciones similares a los que ha sido condenado con anterioridad desde, al menos, el año 2016. El acusado, que fue conducido por la Policía Nacional, reconoció los hechos aceptando la pena por conformidad entre Fiscalía y Defensa, por una acción cometida en febrero de 2019 en un bar ubicado en la calle Padilla. En la condena de dos años se aplicó una agravante de reincidencia en el delito. Y es que al ya condenado le consta una condena del Juzgado de lo Penal 2 de un año de prisión por hurto en 2016; otra por el mismo delito cometido en 2017 también de un año de prisión y otra del juzgado de instrucción número 3, de 2019. Esa multirreincidencia fue tenida en cuenta a la hora de dictar condena sin derecho a suspensión alguna. La que ahora suma a ‘su expediente delictivo’ se refiere a unos hechos cometidos el 11 de febrero del pasado año cuando aprovechó un descuido del camarero para introducirse en el interior de la barra del bar y manipular la caja registradora haciéndole palanca para llevarse 350 euros.
El condenado en cuestión actuaba ‘al descuido’ con sus víctimas llevando a cabo hurtos en los que aprovechaba la rebaja en el control de las pertenencias por parte de propietarios o empleados de locales. Eso le posibilitó la comisión de distintas acciones delictivas siempre en el mismo sentido por las que ya ha sido descubierto y detenido en varias ocasiones habiendo la posterior respuesta en sede judicial como ayer, de nuevo, sucedió. A.G.E. está en prisión cumpliendo otra condena también relacionada con un robo con fuerza, a la que ahora sumará esta.

Cuatro años de prisión tras ser detenido con 62 kilos de hachís

Cuatro años de prisión. Esa es la condena dictada por la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta en el caso seguido contra el marroquí A.S. por un delito de tráfico de drogas. El acusado negó en vista oral celebrada este lunes su relación con los 62 kilos de hachís que fueron encontrados en la furgoneta que conducía y con la que regresaba a Almería, en donde reside. Dijo que la droga se la habían colado en un taller de Marruecos. No obstante su tesis exculpatoria no ha sido admitida por la juzgadora, que ha dictado sentencia condenatoria de 4 años de prisión, que era la petición que elevó a definitiva el Ministerio Fiscal.

Sin pruebas de apoyo

Los 62 kilos de hachís fueron encontrados en su vehículo, del que tenía absoluto control en todo momento. Esa prueba llevó al Ministerio Público a mantener una acusación en su contra, sin que haya habido otro tipo de pruebas que hayan podido avalar su teoría de que fue una mera cabeza de turco, utilizado para el pase de hachís. Sobre todo porque, como valoró la Fiscalía, nadie se habría arriesgado a colocar tanta cantidad de droga en un vehículo de una persona con la que no tenían vinculación alguna ya que podría perderla y por tanto tener problemas con los auténticos dueños de la mercancía objeto de tráfico.
El acusado, que lleva preso desde febrero, indicó que una persona relacionada con un taller de Marruecos le había escondido la mercancía en un doble fondo de su furgoneta. Los guardias civiles que la localizaron cuando pretendía embarcar hacia la Península narraron que no vieron comportamiento alguno extraño en el detenido que les hiciera pensar que nada tenía que ver con los hechos.
La Defensa mantuvo que otra persona que se encuentra en busca y captura es la que realmente tenía vinculación con esta droga, tal y como llegó a confesar en la prisión. Una tesis que no compartía el Ministerio Fiscal, quien más bien sostuvo la existencia de una intencionalidad en esa confesión.

Condenado tras transferir 5.306 euros de una cuenta sin saberlo su titular

La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta condenó al llamado M.S.L. por un delito de blanqueo de capitales en su modalidad de imprudencia grave a una pena de prisión de 6 meses. El acusado reconoció los hechos, aplicándose la figura jurídica de la conformidad. Al carecer de antecedentes la pena quedó suspendida durante un periodo de dos años, llevando además pareja una multa de 5.306 euros a sustituir por tres días de privación de libertad.
Los hechos a los que hace referencia esta sentencia se remontan a diciembre de 2018, cuando el acusado realizó una transferencia bancaria por importe de 5.306 euros desde la cuenta particular de una mujer a la suya, bajo el concepto de ‘compra’. Esa transferencia se hizo sin conocimiento de la perjudicada, accediendo a sus datos bancarios sin su consentimiento. El propio banco resarció del dinero sustraído a la perjudicada. La sentencia, firme, fue alcanzada tras una negociación entre Ministerio Fiscal y Defensa, sumándose a otras penas dictadas por los mismos hechos ya que fueron varias las estafas que perpetraron distintas personas contra la misma perjudicada, denunciándose todas ellas en la Jefatura Superior de la Policía Nacional.
El pasado mes de agosto fue condenado otro implicado en una estafa de algo más de 4.000 euros que también se saldó con sentencia condenatoria.

Absuelto de un robo con violencia al retractarse la víctima

Un joven acusado de un robo con violencia, cometido en agosto de 2018 en Huerta Téllez, quedó absuelto después de que la víctima de los hechos y denunciante se retractara de su denuncia ante la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1. El acusado negó que, en compañía de un menor, hiciera uso de una navaja para amedrentar a la víctima y robarle. La víctima, que lo identificó en sede judicial, declaró que en ese momento consumía drogas y “tenía muchos líos” por lo que no recordaba ni lo que pasó ni lo que denunció. Señaló la fotografía de una persona -el acusado- porque se parecía al autor del atraco que sufrió sin mayor corroboración.
Ante la falta de pruebas que pudieran enervar la presunción de inocencia, la magistrada dictó sentencia in voce absolutoria.

Absuelto tras ser acusado de meter droga en la cárcel oculta en unas zapatillas

La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha absuelto a un joven al que se le acusaba de un delito contra la salud pública tras la entrada de droga dentro de un paquete en la cárcel, en aplicación del principio in dubio pro reo. Así, Z.M. se sentó en el banquillo después de que el 12 de agosto de 2019 funcionarios de la prisión detectaran hachís dentro de un paquete que transportaba el acusado, a quien se le había pedido el favor de hacérselo llegar a un preso del módulo 7. En su declaración en la sesión de juicio oral, manifestó que no sabía que había droga dentro ya que únicamente se le había dicho que la caja contenía unas zapatillas deportivas. Lo que desconocía es que en el interior de las suelas había cannabis, en total 57,5 gramos, con un valor de 96 euros y un THC del 20,93%.

En la sentencia a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro de Ceuta, la magistrada concluye que no ha podido probarse que el acusado actuara sabiendo que las zapatillas ocultaban esa droga. Estando en tercer grado, tan solo hizo el favor de trasladar el paquete que preparó un vecino sin conocer que en el fondo se le estaba utilizando para colar esa droga.

El hachís fue detectado al pasar el paquete por el escáner y notar que las suelas de las zapatillas estaban forradas de droga. “Surge una duda razonable sobre si el acusado sabía que las zapatillas contenían droga, máxime cuando no se ha acreditado si conocía o no al destinatario del paquete, ni la motivación para entregarle la droga interceptada, pese a encontrarse en tercer grado penitenciario”.
La sentencia absolutoria se sustenta en la falta de pruebas que pudieran concluir la implicación del acusado en este delito, existiendo serias dudas de que conociera realmente lo que había dentro del paquete cuya introducción en la cárcel fue abortada por el canal de control del que dispone la penitenciaría ceutí.