En la Asamblea de Ceuta está ocurriendo de todo. El desfile de diputados no adscritos tuvo sus comienzos, pero nadie se atreve a ponerle un punto y final. De momento son 4. A sus espaldas, dos formaciones rotas a base de golpes, PSOE y Vox.
Pero sin duda, el caso que nunca antes se había dado en nuestra ciudad es el de un diputado preso preventivo que no entrega su acta, Mohamed Ali Duas.
Es la lectura de una especie de secuestro de un documento que avala una representación que no puede utilizar porque está entre rejas, pero que impide que su formación, MDyC, tenga tres representantes efectivos en la Asamblea.
Suspendido en funciones, el encorsetado Reglamento de la Asamblea frena que pierda esa condición de diputado salvo que exista una condena firme. Ha habido casos de diputados sobre los que pesaba una acusación de la Fiscalía, pero nunca una situación así, la de un preso preventivo que sigue siendo concejal de la Asamblea de Ceuta.
“No sé de qué se me acusa”
“No sé de qué se me acusa, soy el sustento de mi familia y me veo de un día para otro… prácticamente a perderlo todo”. Esas fueron las palabras que pronunció Duas ante la magistrada del Juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, después de que se le leyeran sus derechos a finales del pasado enero.
Sentado frente a su señoría, la representante del Ministerio Fiscal y su abogado, con dos agentes de la Policía Nacional detrás, vestido de negro y sin esposas, se muestra sorprendido por lo que pueda haber en su contra.
La Operación Hades, cuyo secreto de sumario se levantó hace semanas y cuyo contenido fue adelantado por El Faro en varias entregas publicadas desde el pasado 17 de mayo, lo sitúa plenamente en el grueso de la investigación abierta sobre la presunta operatividad de dos entramados delictivos dedicados al tráfico de drogas que tenían en común el disponer de un servicio de seguridad que aportaban guardias civiles.
Esos funcionarios miraban hacia otro lado cuando embarcaban camiones cargados de hachís.
Agentes encubiertos, un pago y una conversación
Asuntos Internos movilizó a agentes encubiertos y gracias a esa investigación se implica al diputado de la Asamblea que continúa manteniendo su acta.
La Guardia Civil sitúa a Duas el 8 de diciembre de 2024 en una cita en la que están presentes otros dos familiares directos detenidos junto a él. En esa cita, en la que hay un agente encubierto, se habla de “la compra de guardias civiles”, y de que hay que pagar 10.000 euros a unos agentes. 5.000 los pondría el diputado y también funcionario de prisiones y los otros cinco mil, su hermano.
A juicio de la Guardia Civil, Duas fue el “encargado” de realizar uno de los pagos que posibilitó después el transporte de 1.397 kilos de hachís interceptados en Málaga.
“Indicios racionales de criminalidad”
Eso es lo que dicen los investigadores, también que hay “indicios racionales de criminalidad” que vincularían al diputado “en la operativa de tráfico de drogas de ese 29 de enero de 2025”, donde “desempeña un papel fundamental para lograr el propósito de la organización que integra, participando en encuentros y sufragando costes económicos derivados de la operativa de drogas”.
Su hermano, también detenido en esta causa, le posiciona como quien se encargará de hacer el pago por la realización del transporte una vez que esas casi dos toneladas de droga estén a resguardo en una nave de Málaga.
Para la Guardia Civil, “las acciones y actos llevados a cabo por Duas responden a los patrones habituales de las figuras delictivas investigadas”, considerando su relación “con delitos contra la salud pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. Es consciente de la actividad delictiva, tanto que aporta dinero”.
Un Reglamento encorsetado
A pesar del contenido de la investigación y de lo que figura en el sumario, la Asamblea acata el Reglamento, porque no puede hacer otra cosa. Y el mismo recoge que, sin sentencia firme no se puede retirar el acta, existiendo solo la posibilidad de una renuncia expresa por parte del diputado a su condición de representante.
El acta de Duas es personal e intransferible. No existe órgano capaz de influir en su retirada, a pesar de que su condición de diputado no le convierte en aforado.
El artículo 8 alude en concreto a esa pérdida de condición de diputado y a los requisitos que deben darse.
“Se indica que así será cuando concurra alguna de las siguientes causas: una sentencia judicial firme que anule su elección o proclamación, una sentencia judicial firme condenatoria que lo comporte o su ejecución implique la imposibilidad de ejercer las funciones inherentes a su conducción, si la extensión de aquella superase el período que falte para concluir el mandato o por fallecimiento o incapacidad, declarada esta última por los órganos competentes”.
