El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley que mejora las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico y obliga a contar con un seguro de responsabilidad civil a los vehículos agrícolas e industriales, así como a los de movilidad personal, como patinetes eléctricos, un método de transporte cada vez más usado en Ceuta.
El texto transpone una directiva europea y modifica la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y la ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, según ha explicado el Ministerio de Economía en un comunicado.
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el proyecto de ley se remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
La norma mejora la cobertura, indemnizaciones y seguridad de las víctimas de accidentes causados por vehículos a motor al establecer una definición «más clara y amplia» de los vehículos que deben disponer del seguro obligatorio de responsabilidad civil; mejora el sistema de valoración de las indemnizaciones por daños personales; da mayor seguridad a las víctimas de accidentes en caso de insolvencia por parte de las entidades aseguradoras y mejora el control que hacen las autoridades de la existencia de seguro.
Seguro de responsabilidad civil
La transposición de la directiva amplía la definición de vehículos a motor, lo que conlleva la extensión del seguro obligatorio a vehículos agrícolas o industriales, que hasta ahora estaban exentos, y da seis meses a los propietarios de estos vehículos, desde la publicación de la ley, para contratar un seguro.
Además, en el anteproyecto se introduce el concepto de vehículo personal ligero, que son los vehículos a motor que pueden alcanzar una velocidad entre 6 y 25 km/h si su peso es inferior a 25 kilos o una velocidad entre 6 y 14 km/h si pesan más.
Estos vehículos, entre los que se encuentran, por ejemplo los patinetes eléctricos, deberán disponer de un seguro obligatorio de responsabilidad civil, con el argumento de que hay que compatibilizar el impulso al transporte urbano sostenible con la protección a las víctimas de accidentes causados por estos nuevos vehículos.
Con el fin de establecer las características y alcance de esta modificación, la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración dispondrá de 6 meses desde la publicación de la Ley para emitir una propuesta de desarrollo reglamentario del seguro obligatorio para estos vehículos personales ligeros.
Asimismo, el Gobierno deberá poner en marcha un registro público de vehículos personales ligeros antes del 2 de enero de 2026.
Mejora de las indemnizaciones
La norma introduce también mejoras en las indemnizaciones a las víctimas, ya que busca agilizar el procedimiento de valoración de las mismas, evitando en lo posible la vía judicial al permitir acudir a cualquier alternativa extrajudicial de resolución de conflictos; facilita informes médicos y atestados policiales de manera gratuita, y establece plazos más reducidos de valoración médica y emisión de informes, entre otras medidas.
Por lo que respecta a los importes de las coberturas, se actualizarán conforme al IPC, el Índice de Precios al Consumo.
Con el objetivo también de dar mayor seguridad a las víctimas de accidentes de tráfico, se amplían los supuestos de indemnización cubiertos por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, que asumirá los de accidentes en caso de insolvencia por parte de las entidades aseguradoras.
Finalmente, se modifica la Ley 20/2015 de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras que permitirá incrementar y mejorar las facultades de control del supervisor para garantizar la idoneidad de las personas que dirigen la aseguradora; y la introducción de planes preventivos de recuperación como herramienta de anticipación y de gestión de crisis de las aseguradoras.
