MDyC pide «poner la quinta marcha» en la actuación integral en Benzú

Por votación unánime se realizará una actuación integral en Benzú. Una propuesta presentada por Fatima Hamed, portavoz del Grupo MDyC, quien se ha referido este martes una vez más a las carencias que afectan a los vecinos de esta barriada en Ceuta.

Hamed, manifestando su especial cariño por Benzú, siendo una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, se ha referido a los reclamos de un grupo de personas que sienten desatendidas y no tienen las mismas infraestructuras en comparación con otras zonas de Ceuta.

Ha hecho especial énfasis en los niños de La Cabililla, quienes juegan en un rincón y “turnándose un columpio”. Adicionalmente, ha agregado a la lista de necesidades la falta de una pisa deportivas y, en general, de dotaciones básicas.

“Pretendemos se dé cobertura la falta de asfaltado, mobiliario, luminaria, equipamiento urbano”. Pero la líder de MDyC también ha pedido soluciones a los apagones y a las interrupciones de las comunicaciones telefónicas, que hacen que la barriada termine quedando aislada.

En pocas palabras, ha pedido que “nos pongamos a trabajar”, con el objetivo de ofrecer una barriada con las mejores de las instalaciones.

En su intervención, Juan Gutiérrez, portavoz del Grupo Socialista, también se ha unido a la exigencia de un plan integral para Benzú, poniendo como ejemplo las muchas carencias en las barriadas de la periferia, con problemas de servicios básicos, faltas de aceras, zonas verdes, alumbrado, y condiciones mínimas “que vienen reclamando durante años sin que nadie atienda sus demandas”.

Según Gutiérrez, Benzú podría ser una de las joyas para enseñar a los turistas, pero para ello necesita actuar, recordando que anteriormente “se ha debatido sin que se vean los frutos”.

Por parte de Vox, Juan Sergio Redondo le ha dado la razón a Hamed sobre una propuesta necesaria que ha rememdorado “se ha traído en otras ocasiones”. Ha señalado que urge  intervenir por problema estructural como las aguas fecales, además de acometer un adecentamiento urbano.

“Está claro que la barriada tiene un gran potencial, pero está abandonada”, ha dicho Redondo, no sin antes exigir intervenciones productivas y que beneficien.

El consejero de Fomento del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha respondido haciendo alusión a las reuniones periódicas con los representantes de la barriadas de la ciudad para establecer un diagnóstico de necesidades.

Específicamente ha dado cuenta de que a fecha de hoy en Benzú se ha ejecutado atención en servicios con el empleo de medios propios, se ha acometido un  adecentamiento, además de reparaciones y pintura. No obstante, ha reconocido que son necesarias actuaciones medias y mayores, señalando que si bien desde Servicios Urbanos están trabajando en ello, pisarán más al acelerador. Ha recordado que en algunos casos, la Administración local requiere de las autorizaciones de Costas y Carreteras “que suele tardar en la contestación”.

En su última intervención, Hamed ha agradecido los votos a favor y aunque ha dado a la razón a Gutiérrez en cuanto a ser un tema que ya se ha tratado, ha recalcado que “lo novedoso es que se haga”.

Ha pedido a la Ciudad que “acelere y ponga la quinta marcha porque llegan tarde”, argumentando que los vecinos no entienden y no tiene que entender “la dificultades burocráticas entre administraciones”.

Finalmente Ramírez ha dicho que se procurará un una mejor coordinación para que estas actuaciones se puedan acometer lo más rápido posible.

PP y Vox se niegan a estudiar la creación de una eléctrica municipal

El Pleno ha rechazado este martes una propuesta de Ceuta Ya! para que la Ciudad, siguiendo el ejemplo de Barcelona o Cádiz, estudie la creación de una empresa municipal de producción y comercialización de energía eléctrica.

A tal efecto planteaba constituir un grupo de trabajo que, en menos de seis meses, determinase la viabilidad de una iniciativa que también han respaldado PSOE y MDyC y a la que se han opuesto PP y Vox por “antieconómica” y “comunista”, respectivamente.

Mohamed Mustafa ha considerado que la idea “debería al menos ser analizada con seriedad” y no ser despachada con “un intento de ridiculización y la posterior apropiación de la propuesta, como ya ha sucedido con la gestión directa de los autobuses urbanos y ocurrirá con la limpieza pública viaria”.

Para Ceuta Ya! poner en marcha esa sociedad pública podría servir para atajar la deficiente calidad del suministro que ha achacado a la generadora y la comercializadora principal en la ciudad. Además, la formación ha criticado que la administración se limite a incoar expedientes informativos que nunca concluyen con sanción.

El consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, ha opinado que “no tiene sentido” tirar por esa senda “teniendo en cuenta la inversión que haría falta y cuando estamos reclamando la instalación de una interconexión eléctrica submarina con Andalucía”.

“Es antieconómico”, ha advertido el también portavoz del Ejecutivo local, que ha subrayado que el sistema es “falible”, pero que “cualquier expediente que se abre no tiene intervención política en su tramitación”. En el caso de los últimos apagones la Ciudad va a pedir ayuda a Red Eléctrica de España (REE) para intentar aclarar si hubo responsabilidad punible de Endesa o la distribuidora.

“Los apagones que en otras ciudades son anecdóticos aquí parecen una costumbre y eso es inadmisible”, ha coincidido con el localista el portavoz del PSOE, Juan Gutiérrez.

El líder de Vox, Juan Sergio Redondo, ha situado la propuesta en “el comunismo fracasado que solo encarecería el producto y tendrá un coste para las arcas públicas”, aunque ha reconocido que “hay que solucionar el problema de los apagones” y que ello depende de la instalación efectiva del cable submarino que enlace la ciudad con el sistema peninsular.

Mustafa ha concedido que el cable será “un hito” para Ceuta, pero se ha preguntado “para cuándo estará… ¿2030? ¿2040? ¿Y mientras? No hay una dicotomía entre nuestra propuesta y su entrada en funcionamiento”. “Aquí no estaríamos municipalizando nada, sino interviniendo en un mercado liberalizado”, ha distinguido antes de denunciar la falta de inversiones de las empresas privadas del sector en la ciudad para “mejorar el servicio”, algo sobre lo que Ramírez ha asegurado que tiene la lupa puesta el Gobierno de Vivas.

La Ciudad se compromete a pedir una solución para la sanidad ceutí

La propuesta presentada por Fatima Hamed, portavoz del Grupo MDyC, relativa a realizar las gestiones pertinentes para resolver la problemática que existe en Ceuta debido a la precaria situación y gestión de la Sanidad, ha recibido el visto bueno en la sesión resolutiva del Pleno de este martes.

Hamed se ha referido a una situación que “afecta a las cuatro culturas” al referirse a las dificultades para acceder a servicios especializados, entre otras situaciones. Ha replicado la denuncia que se ha hecho en numerosas ocasiones sobre la decena de especialistas que han dejado sus funciones por contratos precarios o porque no existe un plan a largo plazo para afrontar la pérdida de facultativos, además de bajo poder adquisitivo en la ciudad, entre otros argumentos.

Hamed ha recordado los ocho meses que han transcurrido sin que se haya puesto fin a un conflicto sanitario tanto en Ceuta como en Melilla, calificado como “el más duradero de España” y se ha dirigido a Juan Gutiérrez, como portavoz del Grupo Socialista, en su calidad de interlocutor con el Gobierno de la Nación.

La líder del MDyC ha lamentado que la situación en Ceuta, lejos de mejorar “está empeorando”, haciendo alusión a la fuga de médicos y a la ineficacia a la hora de cubrir las vacantes. Ha hablado de las más de 12 mil consultas canceladas, a las que se suman unas 400 intervenciones quirúrgicas.

“No podemos permanecer de brazos cruzados si vemos que no se está haciendo nada”, ha recalcado Hamed, dejando claro que lo mínimo que se puede hacer es exigir al Ingesa poner fin a la huelga, porque “ocho meses son insoportables”. Es por ello que su llamamiento ha sido a instar a realizar las gestiones pertinentes.

“El área sanitaria es compleja. Con esta frase, Juan Gutiérrez ha comenzado su intervención para luego asegurar que desde 2018 han presenciado una “transformación ceutí” en esta materia. Se ha paseado por datos del Ingesa sobre la inauguración del centro del salud del Tarajal con una inversión de 6 millones de euros, una nueva Sala Hemodinámica con una inversión de 700 mil euros, entre otros.

“No puedo obviar la cacareada huelga con tintes políticos”. Ha dicho Gutiérrez asegurando que no ha habido “seguimiento alguno”, señalando uno por cada mil de la plantilla. Asimismo, ha asegurando que en tres meses ninguna intervención o consulta han sido suspendidas. Aunque ha reconocido que “todo en la vida es mejorable, no podemos hablar de colapso”.

En su intervención, Juan Sergio Redondo, en nombre de Vox, ha reconocido que la “sanidad de Ceuta es penosa”, indicando que ante la “política desastrosa” en esta materia” urge buscar fórmulas una solución.

Ante los argumentos de Gutiérrez, el portavoz del Grupo Vox ha señalado que de nada sirven las inauguraciones o puestas en marcha de servicios si “no se dota de personal”. Ha denunciado que los médicos no quieren venir a Ceuta y que “la administración central no se hace nada”.

De parte del Grupo Político de Ceuta Ya!, Julia Ferreras le ha pedido a Gutiérrez ser más riguroso en los datos, asegurando que las consultas continuaban siendo objeto de suspensiones. Ha manifestado el voto a favor “por coherencia” a pesar de estar convencidos de que no se hará nada al respecto.

Ferreras ha rememorado además que hace un año Ceuta Ya! propuso un plan de reforzamiento del sistema público de salud, un proyecto sanitario en condiciones para Ceuta.

Por su parte, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina ha recalcado que en su reciente intervención ante el Consejo Interterritorial, ha manifestado su enorme preocupación por la situación, por la necesidad de reforzar los recursos humanos, los equipos de tecnología, además de mejorar la cartera de los servicios .

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales ha asegurado que se convertirá en la voz de todos los pacientes ante la administración central.

En su último derecho de palabra, Hamed le ha pedido a Gutiérrez quedarse con datos como las 12 mil consultas canceladas y trasladar las reivindicaciones “por el bien de todos los ceutíes”.

Benzina se ha comprometido a instar al Gobierno de la nación a que “nos den una solución”.

Luz verde al convenio para trasladar menores solos a Andalucía

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este martes con los votos a favor de PP, PSOE, MDyC y Ceuta Ya! la firma de un convenio de colaboración entre la Ciudad y la Junta de Andalucía para el traslado “a la mayor brevedad posible” a la comunidad vecina de los 36 menores extranjeros no acompañados que el año pasado se pactó derivar en 2023 a la península tras la declaración de una contingencia migratoria por parte de la Ciudad Autónoma. Solo Vox se ha opuesto.

Ese acuerdo, que “vela por el interés superior” de los niños, será el instrumento de materialización práctica del Plan de Respuesta ante Contingencias Migratorias que se contempla en el acuerdo alcanzado en julio del año pasado por la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia.

El consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, ha defendido la propuesta, que prevé el traslado de menores “en situación de desamparo, sin familiares que puedan asumir su guarda, ni arraigo de ningún tipo y que se hallen en acogimiento en Centros de Protección o en alguno de los dispositivos de emergencia habilitados temporalmente como consecuencia de haberse sobrepasado las previsiones de acogimiento en Centros de Acogida, habiendo igualmente desbordado los recursos con los que darle una completa atención”.

El pacto permitirá “la derivación e integración de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados” de forma “ágil y que sea estable en el tiempo” mientras continúe desarrollándose la crisis migratoria. Actualmente el Servicio de Protección a la Infancia de Ceuta tiene acogidos en sus distintos recursos de forma directa o indirecta a un total de casi 170 menores foráneos solos, casi 40 por encima del máximo establecido por la Sectorial (132), un 50% más de la capacidad idónea del sistema (88).

El Gobierno de Ceuta se encargará de seleccionar entre los que se encuentran bajo su protección “a quienes por sus características y necesidades presenten una mayor idoneidad para su traslado a Andalucía”. Los menores tendrán derecho a ser oídos. Si rechazan su derivación a Andalucía se les nombrará un Defensor Judicial para “asegurar que la decisión definitiva que se adopte en relación a esta cuestión asegura y respeta todos sus intereses legítimos”.

La Junta procederá a la declaración legal de desamparo y constitución de la tutela legal de los niños y adolescentes que lleguen a Andalucía.

El portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo, se ha opuesto “rotundamente” a la firma del convenio porque “solo provoca un efecto llamada y no creemos que sea la solución”. “El Gobierno de España no cumple con su deber de exigir a Marruecos la repatriación de sus menores”, ha lamentado antes de acusar al PSOE de buscar “inundar el país de inmigrantes”.

Su homólogo de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha justificado su voto a favor de una medida que permite dar “continuidad” al proyecto de vida de esos niños y que “supone dar cumplimiento a la legislación nacional e internacional”. “Es de lo que se trata”, ha coincidido Gaitán con el diputado autonomista.

La Asamblea se desmarca del «centralismo» de Vox

Vox ha fracasado este martes en el Pleno en su intento de instar desde la Asamblea de Ceuta al Gobierno central a implantar una prueba única de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en todo el territorio español con el objetivo de “garantizar la igualdad de los alumnos españoles con independencia del lugar en el que se realice». Sus diputados han sido los únicos que han votado a favor.

La consejera de Educación, Pilar Orozco, ha apelado a la “lealtad a nuestro sistema autonómico” para desmarcarse de la iniciativa de los de Redondo, que consideran “un despropósito” que existan “17 EBAU diferentes”, algo que desde su punto de vista tiene como consecuencia directa “la disparidad en los resultados del examen dependiendo de la región».

“Tienen ustedes una visión muy centralista”, ha lamentado la diputada del PP, que ha recordado que su partido lleva semanas pidiendo una Conferencia Sectorial de Educación para tratar, entre otros, ese tema. “Defendemos una EBAU común, no única, siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y las universidades”, ha resumido su posición.

La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, ha lamentado el empeño de los “conservadores y neoliberales” en implantar una EBAU común para toda España, algo “innecesario” a su juicio teniendo en cuenta que existe una normativa estatal para su elaboración en cada autonomía y que “no hay ningún estudio que acredite que hay diferencias de dificultad sustanciales”.

“El acceso a Estudios Superiores depende sobre todo de condicionantes socioeconómicos”, ha advertido la localista.

Teresa López, que ha defendido la propuesta, ha lamentado en su réplica a la “ultraizquierda” y al PP que los de Vivas se dejen “chantajear” por el PSOE y no defiendan “unos ideales, sino sus intereses”. “No solo están defraudando a sus votantes, sino también a su conciencia”, ha advertido. Orozco ha tildado de “exceso” la iniciativa de los extremistas.

Las víctimas del terrorismo, en la exención de tasas para convocatorias de empleo público

La interpelación presentada Teresa López, portavoz del Grupo Vox, relativa a la exención del pago de las tasas en las convocatorias de empleo público de la administración local a las víctimas del terrorismo ha recibido el visto bueno de la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani.

López ha comenzado su exposición refiriéndose a una medida que insiste está reproducida por ordenamientos jurídicos de muchas comunidades autónomas, pero que “no encuentra proyección en la Ciudad Autónoma de Ceuta”, argumentando no haberse tomado en cuenta en los últimos procesos selectivos.

Ante esta situación ha preguntado a la Gobierno de la Ciudad las razones por las que no habías sido tomada en cuenta desde las legislaturas pasadas y si se haría efectivo ahora.

La respuesta de Chandiramani ha sido breve, reconociendo que efectivamente la exención del pago de las tasas en las convocatorias de empleo público de la administración local a las víctimas del terrorismo no se encuentra en la ordenanza pertinente, pero “procederemos a hacerlo en breve tiempo”.

En su segundo turno de intervención, López ha recordado que en varias ocasiones, la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo sostuvo reuniones con el presidente Juan Vivas y con Mabel Deu en sus funciones como vicepresidenta del Ejecutivo local, asegurando que estos encuentros terminaron con el compromiso de palabra de cumplir con la mayor parte de lo que se había planteado, incluyendo este punto.

Usando frases como “partidos que quieren destruir la nación” y que estaban “vendiendo la unidad de España”, al hacer referencia a los pactos para la investidura de Pedro Sánchez, la portavoz del Grupo Vox ha lanzado la siguiente acusación: “Están pisoteando a las víctimas del terrorismo”.

Finalmente, Chandiramani ha recalcado el “indiscutible compromiso del PP con las víctimas de terrorismo, que nadie venga a darnos lecciones”.

Asimismo, ha señalado que en el tiempo de Vox en la Asamblea de Ceuta, era la primera interpelación de la que ella estaba al tanto sobre el asunto. Sin embargo, ha dejado claro que “lo pondremos en macha”, además de indicar la actualización de las bonificaciones.

La ampliación del convenio MEC-Ciudad permitirá contratar enfermeras escolares

El Gobierno de Ceuta confía en que el actual convenio entre el Ministerio de Educación y Ciudad pueda ver ampliada su dotación económica para así poder incluir la figura de la enfermera escolar.

De esta manera se resolverá una problemática que ha provocado críticas entre varios sectores por lo que supone no disponer de estas figuras sanitarias en unos lugares en donde puede haber muchos riesgos.

Así lo ha indicado la consejera de Sanidad, Nabila Benzina, en respuesta a una interpelación de Vox sobre la necesidad de recuperar a esos profesionales en los centros escolares.

Juan Sergio Redondo ha calificado de “extrema” la necesidad de inclusión de la figura de la enfermera en los colegios, lamentando la “falta de sensibilidad” del Gobierno con este asunto ya que se debería solucionar de manera inmediata y no esperar a un aumento de la dotación del convenio.

La ausencia de enfermeras escolares ha movilizado a padres pero también a varias entidades por lo que la formación que encabeza Juan Sergio Redondo ha mostrado su sorpresa tras la erradicación de estas enfermeras con cargo al plan de empleo que hubiera sido una vía mucho más fácil y rápida aunque supusiera un parcheo.

Un convenio con merma de inversión estatal

“Este servicio es urgente y se podría estar ofreciendo desde ya. Creo que al colectivo de padres le queda claro cómo se toma el Gobierno esta cuestión tan seria que afecta a sus hijos. Seguirán con sus demandas y nosotros seguiremos vigilantes para que esta cuestión se resuelva a la mayor brevedad. Dinero hay, es una cuestión de voluntad política. La cuestión inmediata la puede resolver mañana mismo el Gobierno de la Ciudad”, ha denunciado Redondo en la sesión plenaria celebrada este lunes.

Benzina ha recalcado que en cuanto se cuente con ese incremento presupuestario se contratará a estos profesionales. El convenio cuenta hoy en día con más del 70% de financiación de la Ciudad, habiendo vista mermada la inversión del Estado desde que se puso en marcha. “Esto denota el compromiso que tiene el Gobierno”, ha recalcado la consejera.

El nuevo centro de menores en la vieja prisión estará en verano de 2025

El Gobierno de Ceuta quiere empezar la obra en la antigua prisión de Los Rosales a mitad del año 2024 para que el que será nuevo centro de menores esté finalizado en verano de 2025.

Así lo ha avanzado el popular Alberto Gaitán, responsable de Gobernación, en respuesta a una interpelación formulada en la sesión plenaria celebrada este lunes por Vox.

En la narración de los hitos de construcción del nuevo centro, el popular ha indicado que fue a finales de 2021 cuando se publicó la resolución para un centro de alojamiento destinado a menores con cargo a fondos europeos.

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Se formalizó el encargo de redacción de proyecto básico a Tragsatec el 21 de diciembre de 2022, contando con 200.000 euros de presupuesto y un plazo para la redacción de 9 meses. El anteproyecto debía entregarse en 2 meses, 3 meses eran los previstos para el proyecto de demolición y 4 para el de ejecución.

 

A día de hoy se ha entregado en octubre el anteproyecto y se han hecho ya ensayos geotécnicos en la zona. Que se hayan producido retrasos en la redacción del proyecto básico es debido al grado de protección parcial del edificio y los usos recogidos en el PGOU lo que ha obligado la adaptación técnica a este nuevo plan.

La finalización y entrega del proyecto está previsto a finales de enero de 2024 y el inicio de las obras será a mitad del año próximo contando con un presupuesto de 6,8 millones para que el punto y final sea en 2025.

El político ha negado que el lugar sea un foco de inseguridad como ha insistido que lo es el diputado Patxi Ruiz “como experto de seguridad”. Indica Gaitán que no constan especiales intervenciones de las fuerzas de seguridad o de bomberos.

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Del contenido de la interpelación se ha derivado a una consigna política sobre los menores extranjeros no acompañados.

“Los MENA donde mejor están es con sus familias y con su país, que es quien tiene que tutelarlos. Esto parece un secuestro de menores. Si mi hijo se queda en Marruecos ese país no tiene derecho a quedarse con un menor de España”, ha argumentado Ruiz, al término de la interpelación.

Gaitán le ha acusado de “criminalizar” a los menores con esas apreciaciones.

Los técnicos abogan por constituir una empresa municipal de limpieza pública

El Gobierno de Ceuta prevé trasladar esta semana a los integrantes del grupo que el Pleno acordó constituir a finales de septiembre para “analizar la forma de gestión más sostenible y eficiente” de la limpieza pública viaria y la recogida de residuos las conclusiones a las que han llegado los técnicos encargados de la elaboración de una memoria que cifra entre 0,5 y 2,4 millones de euros el ahorro que, mejorando la prestación, lograría la administración con su municipalización.
Descontado el IPSI de la ecuación, las estimaciones realizadas apuntan que mantener externalizado el servicio no podría salir por menos de 26,5 millones de euros al año, mientras que su gestión directa una vez eliminado el beneficio industrial que se lleva Trace (más de 110.000 euros al mes, un 6% del total) y ajustados los gastos generales saldría por alrededor de 24.
Una incógnita por resolver es si la plantilla de la actual prestataria, integrada por algo más de 530 personas según el último censo electoral sindical, podría o no seguir beneficiándose de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, unos 1,9 millones de euros al año.
Si no fuera así el ahorro neto para la Ciudad de la gestión directa oscilaría “entre 300.000 y 500.000 euros al año”, según las fuentes consultadas por este periódico.
Los técnicos se inclinan por constituir una nueva sociedad municipal dedicada en exclusiva a la limpieza viaria y la recogida de residuos porque, de entrada, la sucesión facilitaría mantener las bonificaciones, como no recurrir a Acemsa, que tiene la gestión del agua como objeto social básico, sector vetado expresamente.

Se desplazarán a Málaga para conocer la experiencia de la ciudad andaluza

Representantes de la Ciudad prevén desplazarse esta semana hasta Málaga para conocer la experiencia de la ciudad andaluza, que en 2020 recuperó el modelo público de gestión por el que se han inclinado claramente en la Asamblea Vox, MDyC y Ceuta Ya!, así como el PSOE hasta los últimos años.
El cambio de postura del PP no viene determinado solo por el ahorro que puede conseguir la Ciudad mejorando el servicio, sino también por las dificultades que, en términos de viabilidad presupuestaria, supondría en un ejercicio como 2024, para el que se ha previsto un desembolso en limpieza de 22 millones, liberar “seis o siete adicionales”.
La municipalización del servicio lo será, en realidad, de la gestión de su personal, ya que el Ejecutivo local ya tenía decidido construir entre 2024 y 2025 una base de titularidad municipal para el mismo en el puerto y adquirir en propiedad la maquinaria.
Los estudios realizados apuntan que la subrogación (la legislación la prescribe para todos aquellos con una antigüedad con la empresa saliente superior a 6 meses) será también más sencilla con la constitución de una nueva sociedad pública que asuma directamente el muy beneficioso Convenio actual del sector, que este año se ha anotado otro incremento del 8%.
La idea de la Ciudad es mantener “todos” los derechos laborales y salariales de los trabajadores, que pasarían a tener sus actualizaciones garantizadas como el resto de empleados públicos en línea con lo previsto cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
La gestión directa también simplificaría el recurso a personal de otros ámbitos dentro de la administración para acometer trabajos extraordinarios o actuaciones de refuerzo, algo que ha sido fuente constante de conflictividad con el Comité de Empresa de Trace durante la última década.
En principio la Ciudad baraja la posibilidad de incorporar a al menos una parte, aproximadamente un tercio, de los trabajadores de las Brigadas Verdes, Tragsa y Obimace (alrededor de un 35%) a esa nueva empresa municipal.
La hoja de ruta del Gobierno de Vivas pasa por intentar llevar a Pleno el próximo mes de diciembre, como en 2022 se hizo con los autobuses urbanos, la decisión sobre la asunción de la gestión directa del servicio, así como la creación de la sociedad.
Si lo consigue las semanas y meses siguientes deberían dedicarse a los correspondientes trámites administrativos, burocráticos y logísticos (la base provisional del puerto con casetas prefabricadas todavía está muy en mantillas) para materializar la municipalización durante la primera mitad de 2024.
Entretanto se baraja firmar prórrogas forzosas sobre Trace de la prestación de un servicio esencial como es el de la limpieza “mes a mes”.

Gutiérrez, entre su trabajo y el escaño de diputado

La municipalización de la limpieza pública viaria podría tener consecuencias directas sobre el mapa político de la Asamblea, ya que el líder de la oposición, Juan Gutiérrez, se vería abocado a elegir entre su trabajo como encargado general (que le reporta 50.474 euros netos al año) o el escaño de diputado (que le deja 20.548 en ingresos). Ya le pasó a Carracao. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece, como la de Bases de Régimen Local, que es incompatible ser concejal y “personal en activo del respectivo Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él”. El Reglamento de la Asamblea ya no contempla que se pueda, como antes, “optar entre percibir la cuantía de las indemnizaciones por asistencia a Pleno y Comisiones de las que formen parte que señale el Pleno o la cuantía que vinieran percibiendo por el desempeño de su puesto de trabajo. El PSOE, como UGT, han evitado decantarse durante los últimos meses en relación con su posición sobre la asunción por parte de la Ciudad del servicio que hasta ha venido prestando Trace desde 2013. Los socialistas, cuyo voto no sería clave en este caso con todo el resto de la Cámara regional a favor, han apelado a que deben ser los trabajadores los que se pronuncien antes.

Las claves

Ahorro

Menos gasto y viabilidad presupuestaria. Los técnicos estiman que, descontando el IPSI, el presupuesto de ejecución material del servicio de limpieza con el formato actual de gestión indirecta tendría un coste mínimo anual de 26,5 millones al año. La gestión directa (ya asumida para infraestructura y maquinaria) rondará los 24 con mejoras. El ahorro oscilará entre 2,4 millones al año si se mantienen las bonificaciones a la Seguridad Social y de 300.000 a 500.000 euros si no es posible.

Derechos

Mismo Convenio Colectivo. Tal y como prometió el presidente de la Ciudad a la plantilla, sus derechos laborales y salariales no se tocarán. La nueva empresa pública asumiría su Convenio actual, que ha mejorado muy por encima del de los empleados públicos durante los últimos años. Una licitación podría, además, creen en el Gobierno, ponerlo en riesgo.

Servicio

Más eficiencia y flexibilidad. La administración pretende coordinar mejor todos los servicios que actualmente tiene dedicados a limpieza y tareas conexas. Mientras que con una adjudicataria externa se augura conflictividad como la de la última década, con la gestión directa a la nueva empresa iría parte del personal de las Brigadas Verdes, Tragsa y Obimace para intentar mejorar de manera inmediata la prestación.

 

Hacienda refinanciará deuda de la Ciudad para pagar menos intereses

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este miércoles sin apenas debate con los votos a favor de PP, PSOE y MDyC, la abstención de Ceuta Ya! y el no de Vox que la Consejería de Hacienda ponga en marcha una operación de refinanciación de parte de la deuda viva de la Ciudad, que se eleva a unos 170 millones de euros.

El objetivo es cancelar varios créditos por importe de 45 millones referenciados a interés variable, cada vez más alto, y suscribir un único préstamo por idéntica cantidad a plazo fijo. Los que se darían de baja son dos con Caixabank con 6,75 millones de euros por devolver y otros tantos con Cajamar por 38,2 millones.

En 2024 la administración local prevé dedicar casi 7,5 millones de euros al pago de intereses y pretende aminorar esos desembolsos. Además, ganará dos años de oxígeno gracias a la carencia habitual.

La Ciudad cuenta con 14 créditos vivos con entre 487.000 y 30,6 millones pendientes de amortizar y unas condiciones que oscilan entre el Euríbor más 0,25 puntos y más 1,29.

Los técnicos del departamento que dirige Kissy Chandiramani consideran que “la única forma de reducir costes financieros relacionados con los préstamos en vigor consistiría en cambiar los tipos variables a tipos fijos”.

Teniendo en cuenta el Euríbor fijado por el Banco Central Europeo en el 3,962% y el tipo de licitación del 4,08 se estima un ahorro por el cambio de tipo variable a fijo que puede ser superior cuando los licitadores ajusten sus ofertas.

“Siguiendo los parámetros de prudencia financiera”, han informado los técnicos, “el nuevo préstamo de 45,08 millones se podrá financiar a un máximo de licitación de 4,08 puntos fijos que salen de sumar 3,33 más un 0,75 extra por no cumplir con el período medio de pago”. En ese escenario la Ciudad ya pagaría 331.000 euros menos.

Sin embargo, “si las entidades financieras ofertaran tipo fijos parecidos a los ofrecidos al día de hoy a particulares, que estaría en torno al 3,5%, el ahorro sería considerable”, concretamente de 592.562 euros.