El tráfico de viagra indio que llega al juzgado y espera sentencia

La Defensa denuncia que no se ha demostrado la composición real del medicamento intervenido, mientras que Fiscalía pide prisión para el único acusado

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha dejado visto para sentencia un juicio por un presunto delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de medicamentos.

En el banquillo se ha sentado el acusado J.C.M., a quien se le atribuye la tenencia y transporte de una importante cantidad de fármacos destinados, supuestamente, al mercado ilegal.

Durante la vista oral, el acusado optó por no declarar, ni ante el Ministerio Fiscal ni ante su propio abogado, renunciando así a ofrecer una versión de los hechos o cualquier tipo de explicación personal.

Esta decisión la ha lamentado el Ministerio Fiscal a la hora de valorar su responsabilidad en los hechos, ya que no existe versión alternativa por parte de la defensa.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil ofrecieron su testimonio sobre la intervención, que tuvo lugar sobre las 08:30 horas del 16 de octubre de 2024, mientras el acusado se encontraba en su vehículo particular, marca Renault, modelo Megane, color beige, intentando embarcar en el ferry con destino a Algeciras.

Intervención policial y hallazgo del fármaco

Los agentes procedieron a inspeccionar el vehículo y hallaron un total de 79 cajas de Kamagra, medicamento que contiene el principio activo Sildenafilo, conocido como la viagra, con una dosis total de 55.300 miligramos. Cada caja contenía siete sobres orales de 100 mg, destinados presuntamente a su comercialización ilegal en el mercado negro, según la versión policial.

Se sostiene que el acusado actuaba con un claro ánimo de lucro, y que los medicamentos estaban destinados a la venta sin control médico. Según la legislación vigente, la comercialización de este tipo de productos requiere prescripción facultativa, ya que pueden suponer un riesgo grave para la salud pública si son utilizados sin supervisión.

El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una condena de tres años de prisión, además de una multa económica de doce meses, con una cuota diaria de 20 euros, debido a la gravedad de los hechos y al riesgo que supone la distribución no controlada de un medicamento de estas características.

Estrategia de la defensa y falta de pruebas

Por el contrario, la defensa ha solicitado la absolución del acusado, alegando que no se ha presentado ninguna prueba pericial que demuestre que los productos incautados hayan sido analizados por las autoridades sanitarias. A su juicio, no se puede condenar a una persona únicamente en base al prospecto del medicamento.

El abogado defensor cuestionó que no exista un informe técnico que certifique la composición real de los sobres intervenidos. En palabras de la defensa, “no podemos abrir expedientes sanitarios sin análisis”, y la causa se basa exclusivamente en una presunción, sin la debida confirmación científica.

Además, la defensa ha recordado que ningún laboratorio ha verificado que los sobres realmente contengan Sildenafilo o alguna sustancia prohibida. La ausencia de pruebas materiales o periciales deja un margen de duda que, de acuerdo con el principio in dubio pro reo, debería favorecer al acusado.

Conclusión pendiente de sentencia

El juicio ha quedado visto para sentencia, y será ahora el juez quien determine si existen suficientes elementos de prueba para dictar una condena por tráfico de medicamentos o si, por el contrario, debe absolver al acusado ante la falta de análisis científicos concluyentes.

El caso pone de relieve la importancia de las pruebas periciales en delitos contra la salud pública, especialmente cuando se trata de medicamentos cuya peligrosidad debe ser comprobada. De momento, la decisión final queda en manos del tribunal, que tendrá que valorar los testimonios y la ausencia de peritaje técnico en este proceso.

El juicio que se celebró en el Juzgado de lo Penal número 2 de nuestra ciudad quedó visto para sentencia.

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