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Vox pregunta al Gobierno qué medidas de protección prevé para funcionarios de la AGE

La diputada por Ceuta, Teresa López, se interesa por la instalación de mamparas y la limitación de citas

Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigida al Gobierno de Pedro Sánchez para que aclare cuestiones sobre por qué no se ha procedido a hacer una prueba diagnóstica PCR a los empleados dependientes de la Administración General del Estado o si estos tienen garantizada la dotación de guantes y mascarilla.

La diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, es una de los dos diputados del Grupo Vox en el Congreso que firman esta pregunta solicitando respuesta por escrito del Ejecutivo. El partido alude a la ‘Instrucción de la Secretaría General de la Función Pública sobre medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al Covid-19 de cara a la reincorporación presencial del personal’ y señala cómo el sindicato CSIF ya ha advertido que “no prevé garantías sanitarias suficientes”.

“En el documento no se garantiza la implementación de las medidas preventivas puesto que será cada uno de los departamentos y sus organismos dependientes, dentro de su ámbito organizativo, los que deben adoptar o actualizar su medidas y actuaciones preventivas”, critica Vox. Por ello, pregunta “cuál es el motivo por el que el Gobierno no ha establecido, antes de llevar a cabo la vuelta al trabajo de los empleados públicos y en esta instrucción, la realización de la prueba diagnóstica PCR para garantizar que no se produzcan contagios y preservar la salud de la ciudadanía que acude a las oficinas de la AGE”.

Además, el partido cuestiona por qué en la citada instrucción “no se plasman qué tipos de medidas preventivas y de seguridad va a poner el Gobierno en los puestos de atención al público” y pregunta si está garantizada “la dotación de guantes y mascarilla, tanto para el trabajador como para el público”. Por último, Vox quiere saber si el Ejecutivo tiene entre sus planes “la instalación de mamparas, la limitación de consultas a las acordadas con cita previa y la obligación de proporcionar guantes, mascarillas e hidrogel al público a la entrada de los organismos, así como de los Equipos de Protección Individual al personal que les atiende para evitar el riesgo de contagio en ambos sentidos”.

Todo ello en un contexto en el que España se encamina hacia un proceso de desescalada del confinamiento decretado el pasado 14 de marzo para frenar el Covid-19 que, “ante todo, plantea numerosas dudas. Este es el caso de la vuelta al trabajo de los funcionarios del Estado, sobre todo de aquellos que están en puestos de atención al público”, argumenta la formación.

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