El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha mostrado una postura favorable al nuevo mando único establecido por el Gobierno de España para gestionar la crisis migratoria y de seguridad que atraviesa Ceuta.
Vivas ha atendido a los medios tras la reunión celebrada en el Palacio de la Asamblea con varios ministros del Gobierno de España, entre ellos Ángel Víctor Torres, encargado de asumir la coordinación del dispositivo, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Un comité como oportunidad
En el encuentro también han participado telemáticamente otros miembros del Gobierno de España que forman parte del comité constituido para abordar la situación.
Para Vivas, la creación de este órgano supone una oportunidad para coordinar esfuerzos y establecer responsabilidades específicas entre las distintas administraciones.
Vivas pide que el retorno a Marruecos sea la prioridad
El presidente de Ceuta ha insistido en que el objetivo fundamental debe ser que la ciudad recupere la normalidad que vivía antes del 30 de julio.
“La estrategia tiene que pivotar sobre un eje fundamental. Y ese eje fundamental es el retorno a Marruecos de los que llegaron a Ceuta y todavía están aquí”, ha declarado Vivas.
El presidente ha valorado positivamente las informaciones trasladadas durante la reunión por los ministros del Interior y Exteriores, aunque ha reclamado conocer con mayor precisión cuáles serán los procedimientos que se aplicarán, qué medios se pondrán a disposición y cuál será el “horizonte temporal”.
Establecer compromisos es fundamental
El presidente ha pedido prudencia a la hora de valorar el funcionamiento del mando único, ya que acaba de arrancar, lamentablemente, pues el presidente de la Ciudad pidió esta gestión desde el principio de la crisis.
No obstante, ha defendido que establecer compromisos para cada departamento ministerial, facilitar la coordinación y realizar un seguimiento constituye “un instrumento que puede ser muy útil y eficaz”.
Alojar a quienes permanecen en la calle
Entre las cuestiones abordadas se encuentra también la necesidad de proporcionar alojamiento a las personas que continúan en la calle.
Vivas considera que esta medida es necesaria tanto desde el punto de vista humanitario como para facilitar los procedimientos administrativos.
Facilitar el triaje
Una vez alojadas, según ha explicado, será más sencillo “realizar las labores de identificación, filiación y triaje”, procedimientos que deben llevarse a cabo de manera individualizada.
Además, ha reclamado y valorado positivamente lo tratado en la reunión sobre un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tanto para mejorar la seguridad ciudadana como para reforzar la frontera y evitar que pueda repetirse un episodio similar al ocurrido el 30 de julio.
En cuanto a la frontera ha recalcado como imprescindible “una puesta en marcha con carácter de urgencia de algunas obras de infraestructura que vengan a fortalecer esa seguridad”.
El presidente reclama compensaciones por los daños
Vivas también ha puesto sobre la mesa el impacto económico y social que está teniendo la crisis.
Ha señalado que el incremento de población está generando importantes gastos adicionales para la Ciudad, desde servicios de limpieza hasta refuerzos de la Policía Local o contratación de vigilancia privada.
Materia de menores
En materia de menores, ha insistido igualmente en que la situación debe recibir un tratamiento excepcional. Según ha indicado, actualmente hay alrededor de 1.400 menores acogidos, aunque existe incertidumbre sobre cuántos permanecen en la calle.
“Es imposible que una ciudad con 84.000 habitantes, con el presupuesto que tiene, pueda hacerse cargo de esto. No estamos renunciando a las competencias en materia de menores pero creemos que es una situación excepcional y debe darse una solución excepcional”, ha trasladado.
Vivas ha reclamado que el Estado asuma la gestión de esta situación extraordinaria.
Recursos temporales y diálogo con los vecinos
Respecto a los posibles espacios que podrían habilitarse para alojar a las personas que permanecen en la calle, el presidente ha evitado concretarlos ya que deben tratarse de forma relajada entre los miembros del comité de este mando único.
"El menor perjuicio al vecindario"
Ha defendido que cualquier decisión debe adoptarse “de manera muy tranquila” y procurando causar “el menor perjuicio posible al vecindario”.
Además, ha asegurado que la Ciudad continuará en contacto con las asociaciones de vecinos y no se tomarán decisiones si haber contado antes con su opinión y que estos recursos tendrán carácter temporal y provisional.
Un llamamiento a mantener la unidad y rechazar la violencia
Vivas ha cerrado su comparecencia con un mensaje dirigido a la ciudadanía. Aunque ha reconocido que la sociedad ceutí atraviesa una situación límite, se ha mostrado convencido de que la ciudad podrá superar la crisis.
Ha agradecido las movilizaciones y la presión ejercida por la ciudadanía para reclamar soluciones, pero ha realizado un llamamiento a evitar la violencia.
"La sociedad hace bien manifestándose"
“La sociedad ceutí está legitimada, es más, me parece que hace bien manifestándose, pero eso se puede hacer sin necesidad de usar la violencia, nunca”, ha señalado.
“La violencia nada más que puede traer malas consecuencias”, ha advertido.
Para finalizar ha valorado el trabajo del gremio de los periodistas y ha puesto en valor la importancia de mantener viva la información que afecta a Ceuta para no dejar que las instituciones que deben dar solución a esta crisis rebajen su compromiso, dejando a los ceutíes en el olvido.
Vivas considera que la constitución del mando único ha sido posible gracias a la insistencia de la sociedad ceutí y ha pedido mantener esa presión desde la unidad hasta que la ciudad consiga la deseada normalidad.
Vamos a ver Sr. Vivas, analice junto a su gabinete jurídico (si es que lo tiene y si sirve para algo) el RD 681/2026, porque el ejecutivo central en su elaboración cometió un error grave. Antes de nada le recuerdo al art. 9.3 de la Constitución Española, que establece "La Constitucion Española garantiza el principio de legalidad.. y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". Es gravísimo, por tanto, la toma de medidas por los poderes públicos de forma ARBITRARIA, sin respetar el ordenamiento jurídico. Bien, si analiza usted bien el RD establece en su PREAMBULO como fundamento jurídico para su aprobación "de forma inmediata, es necesaria la adopción de medidas que garanticen de manera permanente el normal funcionamiento de los servicios públicos, evitando que ALCANCEN una situación de colapso". Es decir, están reconociendo que los servicios públicos YA ESTAN actualmente gravenemente alterados, y eso expresamente lo que garantiza el Estado de Excepción, en el art. 13.1 de la LO 4/81 (alteración grave de los servicios públicos) y NO el art. 23.2 de la Ley 36/2015 (coordinación reforzada para garantizar el uso óptimo de los recursos disponibles). Pónganse a trabajar.