Tensión ante el derribo de dos casas en Príncipe Felipe-Arcos Quebrados

De forma inminente, tienen que abandonar sus viviendas en la barriada de Príncipe Felipe-Arcos Quebrados. Un matrimonio y una familia con dos niños que, aseguran, se van a quedar en la calle porque la Consejería de Fomento ha iniciado este martes la demolición de sus casas por ser construcciones ilegales.

Así lo ha contado uno de los afectados, cuya vivienda será derribada en las próximas horas: “El problema que tenemos es que ha venido la Policía por estas casas ilegales que las quieren derribar. En su momento nosotros nos enteramos que se estaban vendiendo casas en Loma Colmenar y para no comprar una de esas, y no meternos en cohecho, nos hemos venido aquí y hemos arreglado las casas. Poco a poco. Ahora vienen a tirárnoslas mientras hay áticos en el Centro que son ilegales y no los tiran, mientras que hay casas que están antes que nosotros y no los tiran. Hoy ha amanecido la Policía con la grúa diciendo que tenemos que salir de las casas ”.

 

El desalojo de los habitantes de las construcciones, y de su pertenencias, ha estado supervisado por un fuerte despliegue policial. El perjudicado ha señalado que tiene dos niños y Servicios Sociales no les da ninguna alternativa. “Nos dicen que busquemos una casa de alquiler, pero nadie quiere alquilar con ellos porque pagan 15 o 20 días después”, ha reprochado. Este martes fue el turno de la primera de las dos casas, pero mañana será el suyo y, ha avanzado, “yo no voy a salir por la cara”.

Fomento ejecuta el derribo de forma subsidiaria, para lo cual cuenta con autorización judicial. Forma parte de la línea de actuación emprendida por el Gobierno de la Ciudad para combatir la obra ilegal.

En concreto, la Ciudad, a instancias del área de Disciplina Urbanística de la Consejería, y una vez seguido y cumplido todo el procedimiento que marca la normativa, ha promovido ambas demoliciones de las casas señaladas como las números 2 y 3 situadas frente al portón 14  de Príncipe Felipe.

Los afectados critican que las autoridades nunca les han impedido construir estas viviendas hasta ahora. “Nosotros no tenemos culpa porque en su momento nadie nos dijo: ‘Para’. Solo: ‘Dame el DNI, la multa, se van y adiós’. ¿Usted cree que todas estas casas han aparecido por amor al arte?”, se preguntó mientras miraba a su alrededor. “Si me hubiesen dicho que aquí no se puede arreglar nada, yo no lo hago, pero a mí me han dejado. Ya llevo cinco años por lo menos aquí”, ha calculado este vecino.

Este padre de familia lamenta que la Ciudad no le de una alternativa distinta al alquiler social, y adelanta que se negará a abandonar el que considera su hogar.

“Yo mañana de aquí no salgo si no me dan una alternativa. O salgo muerto o lo que sea, pero yo no salgo de aquí

Bastantes veces me han pasado ya cosas y bastante tengo para que aquí vengan a engañarme aquí. La Policía no tiene culpa pero mañana todo el que venga será enemigo mío”, ha concluido.

Para la culminación de las actuaciones ha sido imprescindible la colaboración de la Policía Local, Policía Nacional, Parque Móvil, Obimace y los Servicios Sociales.

Este desenlace es otra prueba del empeño que está poniendo en hacer cumplir la normativa en todo lo que concierne al ámbito de la disciplina urbanística la Consejería de Fomento, cuyo titular es Néstor García. Se ha tratado de un procedimiento administrativo complejo y laborioso, en el que se han respetado, como no puede ser de otra manera, todas las garantías que ofrece la legislación, concediendo las correspondientes audiencias a los interesados, resolviendo los recursos y alegaciones que se han presentado y dictando las resoluciones definitivas que han terminado con el derribo de estas dos edificaciones que no son legalizables -están construidas sobre zona verde-.

Para la culminación de estas actuaciones ha sido imprescindible la colaboración de la Policía Local y los Cuerpos de Seguridad del Estado, y la coordinación con otros servicios como el Parque Móvil, además de con Obimace, empresa municipal adscrita a Fomento y los Servicios Sociales, que han desplazado al lugar a los trabajadores sociales para atender a los ocupantes.

La situación de los MENA, a debate este miércoles entre Gobierno y comunidades autónomas

Sanidad reúne este miércoles a representantes de otros cinco ministerios y de las comunidades autónomas en la mesa de coordinación interterritorial sobre menores extranjeros no acompañados (MENA) para abordar la situación de este colectivo y revisar el protocolo de intervención, que data de 2014.

La reunión, de carácter técnico, se convoca con el único punto del día de analizar la situación de los menores extranjeros no acompañados y abordará cuestiones como el procedimiento de ingreso en los centros o la identificación de los menores.

El Gobierno de Ceuta ha anunciado que pedirá que estos niños regresen a su país de origen porque “los menores donde mejor están es en su entorno familiar”. El mensaje que Ceuta trasladará al seno de la reunión es que hay que agotar todas las posibilidades para propiciar el reagrupamiento familiar “y hay que reactivar el convenio con Marruecos de 2012”, aprovechando la relación del Gobierno con las autoridades marroquíes.

En el caso de que esa posibilidad se demorara en el tiempo, lo que se solicitará es la solidaridad del Estado para que se mejore la aportación que la Administración local recibe de las arcas estatales para atender a estos menores.

Por su parte, Save the Children ha reclamado que se priorice la protección de los menores extranjeros no acompañados (MENA) y no el retorno.

El Gobierno niega la clínica de radioterapia porque se precisan «medios muy especializados»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido a una pregunta parlamentaria de Compromís, presentada a instancias de Caballas, sobre la pertinencia de instalar una clínica de radioterapia en Ceuta. La respuesta ha sido negativa porque para realizar este tratamiento «se precisan medios técnicos y humanos muy especializados» y se desaconseja implantar esta instalación «desde un aspecto puramente técnico».

En estos términos se ha referido el Ejecutivo, que no descarta «estudiar detenidamente» la posibilidad de crear finalmente esta clínica o «cualquier otra alternativa que cubra estas necesidades», ya que asegura ser consciente «de las peculiaridades de la atención sanitaria de la ciudad autónoma».

En su escrito, también recuerda que los ceutíes «tienen asegurada la aplicación de tratamientos de radioterapia» en la clínica Radon de Algeciras, «centro sanitario más cercano» en el que se realizan mediante concurso abierto del Ingesa desde hace 11 años.

La Dirección Territorial y la Gerencia de Ceuta también trabajarán «en mejorar la calidad del transporte de los pacientes mediante la posibilidad de trasladarles por vía aérea y sin que tuviesen que hacerse cargo por adelantado del coste del pasaje», ha confirmado el Gobierno en su respuesta parlamentaria fechada a principios de agosto y que se ha conocido este martes.

Caballas: «El PSOE no cambia el argumentario del PP»

El portavoz en la Asamblea de Ceuta de la coalición Caballas, Mohamed Alí, ha sido quien ha dado a conocer esta respuesta del Ejecutivo, que ha calificado de «decepcionante y preocupante». «El PSOE no cambia el argumentario del PP y comparte criterios que nosotros creíamos olvidados y que no deberían condicionar una unidad de radioterapia, tan demandada en la ciudad».

«No compartimos el hecho de que el Gobierno de España diga que los medios técnicos son muy especializados para no implantar esta unidad», ha incidido el portavoz, y ha exigido al Gabinete de Sánchz «que se pronuncie». «En Ceuta dicen una cosa y en Madrid otra».

Para Caballas, la creación de una unidad de radioterapia «es una necesidad imperiosa», y han adelantado que no tolerarán que el Ejecutivo central dé la espalda a la ciudad autónoma en este sentido.

El Banco de España insiste en que no ha ordenado el bloqueo de cuentas a empresarios de Ceuta

El Banco de España ha insistido ante la Delegación del Gobierno no haber cursado alguna “instrucción” sobre el empresariado de Ceuta que ha sufrido el bloqueo de sus cuentas bancarias. Lo niega también el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

La Delegación del Gobierno ha puesto este asunto en conocimiento de la Dirección General de Efectivo y Sucursales del Banco de España así como lo ha trasladado al director de la sucursal en Málaga, con quien mantendrá un encuentro la semana próxima para aclarar lo que está sucediendo.

Son muchas las conversaciones pero nadie da con la tecla. ¿De dónde parten las órdenes si el Banco de España dice no haberlas dado? El hecho es que hay empresarios que sufren ese bloqueo en sus cuentas y que no pueden hacer movimiento alguno.

La CECE ha mostrado su agradecimiento a la Delegación, de cuyos titulares ha conocido las gestiones que han llevado a cabo y seguirán realizando. Así también han valorado las mejoras en el entorno de la frontera y su incidencia en las ventas y el turismo.

Grande-Marlaska paraliza la orden que regula los tatuajes y el aspecto de los guardias civiles

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha paralizado la orden pendiente de aprobación por la cual se procedería a regular el aspecto de los agentes del Instituto Armado, impidiéndoles fumar en todo el servicio o llevar tatuajes visibles.

La noticia llega después de que este mismo martes varias asociaciones de la Guardia Civil como la AUGC, ASEGC, AEGC, UniónGC o APGC hiciesen público un escrito remitido conjuntamente al Director General del cuerpo, Félix Azón, instándole a que retirase este borrador de Orden General pendiente de ser aprobado por el Consejo de la Benemérita.

En el escrito, las entidades insistían en la necesidad de abordar este asunto con diálogo y consenso. «Nos encontramos con que ha sido el propio ministro de Interior quien ha paralizado el borrador atendiendo al requerimiento de los representantes de los guardias civiles», se han congratulado las entidades a través de un comunicado.

«La valoración que desde las diferentes asociaciones hacemos a ésta decisión tiene que ser positiva ya que la postura del titular del Ministerio es la del diálogo y el consenso, algo que los representantes de los guardias civiles llevamos pidiendo en el Consejo de la Guardia Civil en todos los aspectos normativos que en éste órgano representativo se debaten», han trasladado.

Piden que sean las asociaciones las que aborden «con responsabilidad y sentido común» esta norma, «que suscita mucha polémica»

«Insistimos en que entendemos que la administración regule la presencia del personal del Cuerpo por su cercanía y trato con la ciudadanía, pero siempre con el espíritu de adaptar la Guardia Civil a los usos sociales y culturales de la sociedad a la que sirve», han referido las asociaciones, que han emplazado a Félix Azón a permitir que sean ellas las responsables de trasladar este debate «con responsabilidad y sentido común» a la plantilla.

Las asociaciones se han mostrado «satisfechas» con la decisión ministerial y esperan alcanzar un acuerdo «que refleje el sentir mayoritario de los agentes en esta cuestión».

Caballas denuncia que personal del Plan de Empleo haga tareas de Acemsa que están externalizadas

«Que la ciudad no pague ningún servicio no prestado». Es la máxima que ha reiterado el portavoz de Caballas en la Asamblea de Ceuta, Mohamed Alí, durante la tarde de este martes, al conocerse que trabajadores del Plan de Empleo están limpiando los imbornales de la calle cuando este servicio en realidad está externalizado por la empresa de aguas, Acemsa.

Así lo ha expuesto la coalición localista, que se ha referido a esta circunstancia como «una ilegalidad más». «La mala gestión del Gobierno acaba por poner servicios que debiera desarrollar la propia administración con recursos propios o mediante empresas externalizadas», ha criticado. «Esta función, que no está contemplada en los programas de los planes de empleo, además, requiere cierta pericia y especialización», ha incidido.

Para Alí, se trata de una «ilegalidad manifiesta», «no solo por la mala utilización de los planes de empleo, sino por la mala praxis en la gstión de recursos públicos de la Ciudad Autónoma, en concreto de Acemsa».

En un comunicado, Alí y Caballas exigen que se depuren responsabilidades, que los recursos de Acemsa se empleen, que no se paguen aquellos servicios que no se presten y «que en definitiva los planes de empleo se respeten y se cumplan las memorias y los programas previstos».

De embarcación de recreo a pieza desguazada en el Sarchal

Abandonada entre las rocas del Sarchal. Así permanece desde el pasado fin de semana una embarcación de recreo que quiso ser utilizada por seis argelinos del CETI para escaparse a la península. Misión imposible porque está tan deteriorada que no tiene uso para la navegación.

Los inmigrantes no lograron su objetivo. La Guardia Civil tampoco consiguió sacar de entre las rocas del Sarchal este pequeño yate que se cae a pedazos y que está siendo desguazado poco a poco ante la vista de todos. Incluso los niños usan lo que queda de él para jugar, sin reparar en el daño que pueden sufrir.

Los residentes del lugar reclaman que se retire cuanto antes, mientras pasan los días y la embarcación empieza a mostrar síntomas de mayor deterioro constituyendo además un delito medioambiental. En los rastreos efectuados por la Benemérita se ha comprobado que ni tiene matrícula ni puede conocerse cuál es su origen.

Comienza el embetunado de la zona de embolsamiento de Loma Colmenar

La empresa Tragsa ha iniciado las tareas de embetunado de la zona de embolsamiento de Loma Colmenar que hará posible la utilización de esta parcela como área de descanso para unos mil automóviles.

Se cierra así una nueva fase en este proyecto que se ha venido retrasando en el tiempo pero que según ha anunciado la Ciudad estará concluido en unos días y en funcionamiento el próximo lunes.

El último retraso se ha debido a una avería del barco encargado del transporte de mercancías peligrosas y que debía traer a la ciudad el betún que dará por finalizada la fase de alquitranado que se está llevando a cabo ahora.

Finalmente, Obimace y Amgevicesa culminarán este proyecto con la instalación de la señalización vertical y horizontal, así como los accesos de la zona.

Denuncian las “artimañas” de Trace

El Comité de Empresa de Trace denuncian las “artimañas” que la concesionaria de limpieza lleva a cabo a coste de la financiación pública. Juan Gutiérrez, secretario del Comité de Empresa, relata una serie de acciones que Trace lleva a cabo en beneficio de otras empresas como Cantesa o TAHLER.

Describe como, por ejemplo, cada mañana salen cubas de la limpieza de Trace con el agua que usan para limpiar las calles, las cuales se extraen de un manantial, que va directamente a Cantesa, “empresa asociada al mismo propietario”, para poder elaborar el hormigón. Cada día, calculan, que extraen cerca de 40.000 litros para dárselos a esta empresa.

Asimismo, denuncian que el taller propio de la empresa también se usa para arreglar otros vehículos, igualmente de empresas asociadas con Trace, cuando se trata de un espacio público.

De igual manera, recriminan la “explotación” a la que son sometidos y no están dispuestos a permitir esta situación cuatro años más, tiempo que le resta a Trace para conservar la concesión de limpieza.

El Comité de Empresa de Trace anuncia una convocatoria de huelga para el 25 de septiembre

El Comité de Empresa de Trace anuncia una convocatoria de huelga al sentirse usados por la concesionaria de limpieza para “chantajear” a la Ciudad. Según explicó el presidente del comité en rueda de prensa, Francisco Manuel Mur, hoy estaba convocada la Mesa Negociadora para firmar el convenio convenio colectivo de los trabajadores, que Trace se ha negado a firmar.

Mur recuerda que este convenio ya se firmó entre todas las partes el pasado 18 de julio, pero que tenía un error de forma, por lo que fue devuelto por la Delegación de Gobierno para su corrección. Una vez subsanado, se convocó de nuevo para la firma el día de hoy, pero en esta ocasión, Trace, quien ostenta la mayoría en la Mesa Negociadora Colectiva, se ha negado a firmar.

Según detallan desde el Comité de Empresa, la subida salarial establecida en el convenio sólo que está aplicando a las nóminas de los trabajadores de Trace, pero no a los de ACC y TAHLER, incluidos también en este convenio de limpieza. La excusa de la empresa es que la Ciudad no ha cumplido con el convenio de la subida salarial, cifrado en 300.000, ya que la Administración alega que Trace no está cumpliendo con todos los servicios por los que está contratada.

“Lo mal hecho por Trace afecta a todo un colectivo”, lamentan desde el Comité de Empresa. Por ello, están elaborando una convocatoria de huelga que presentarán a la Delegación de Gobierno entre hoy o mañana, por lo que podrían iniciar esta huelga en cuestión de 15 días hábiles, si no se resuelve su situación. “Nuestra juncia herramienta es la huelga. No usan para sacarle dinero a la Ciudad”.