Tensión entre las asociaciones de militares a pocos días de su concentración en Madrid

La asociación ’45 sin despidos’ se marcha de la plataforma que convoca la protesta por permitir a grupos de ultraderecha acercarse a la convocatoria


Varias asociaciones se concentrarán el sábado que viene en las puertas del Ministerio de Defensa, en Madrid, para reivindicar mejoras en los derechos laborales de los militares y que se implementen medidas que ayuden a que los soldados profesionales se puedan reincorporar a la vida civil y al mercado laboral con 45 años, al dejar el servicio activo. Pero la protesta llega con una polémica ajena a sus fines: una de las asociaciones convocantes, ’45 sin despidos’, se ha desvinculado de la plataforma que se creó para organizar dicha concentración.

En un comunicado, dicha plataforma, ‘Unidad en Acción’, lamenta que ’45 sin despidos’ haya decidido abandonar este frente común «por discrepancias en los criterios convenidos por la mayoría de las asociaciones respecto a la realización de la concentración». Las asociaciones que continúan en el bloque, AUME, ATME, AMTM y UMT, ha recordado que los espacios que sirvan para representar «a miles de compañeros» han de estar sometidos «a normas de equidad y democracia».

El comunicado de ‘Unidad en Acción’ pretende trasladar un mensaje «de unidad y reivindicación conjunta» frente a la protesta señalada para el sábado que viene, el 12 de mayo. «Todos los compañeros militares que nos quieran acompañar, haciendo suya la reivindicación, tendrán un espacio de libertad para ser partícipes».

El texto llega después de que un grupo de radicales de ultraderecha de Madrid, Hogar Social, tomase la palabra en un acto público organizado por ’45 sin despidos’ la semana pasada en la capital. ‘Unidad en Acción’ incide en su comunicado en su rechazo a organizaciones «xenófobos y racistas», que intentan este acercamiento a estos colectivos profesionales. «No han sido invitadas a la concentración del 12 de mayo y los servicios de organización de la concentración estarán vigilantes para evitar cualquier cercanía con dichas organizaciones».

En declaraciones a un medio digital, un dirigente de ’45 sin despidos’ incidía en que este grupo radical tomó la palabra en su acto porque se le dio la palabra «como a todos». Las manifestaciones por parte de los portavoces de Hogar Social crearon «alarma y confusión entre los miembros de las asociaciones y entre los posibles participantes de la próxima concentración», lamenta este comunicado, que llega después de la salida de esta entidad.

AUME y ATME, dos de las asociaciones que forman parte de este bloque unitario, llevan meses reuniendo propuestas y medias para paliar la difícil situación que atraviesan los militares españoles que pasan a reserva o dejan el servicio activo cuando alcanzan los 45 años de edad. El radical paso de la vida militar a la civil arroja un acceso al mercado laboral repleto de complicaciones sin ayudas por parte del Ejecutivo, ayudas y asesoramiento que demandan precisamente estos colectivos.

La Protectora pide ayuda urgente a los ceutíes ante la subvención que no llega

Necesitan pienso, detergente, suero fisiológico, insecticida, gasas esterilizadas, medicamentos y otros enseres


«Mientras continuemos sin recibir cantidad alguna correspondiente al convenio de colaboración firmado semanas atrás, esta asociación solicita la ayuda de socios y amantes de los animales para atender las necesidades más urgentes». Es lo que plantea la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Ceuta.

A través de un comunicado, la entidad ha hecho una petición de auxilio urgente dada la escasez de recursos y la necesidad de habituar sus dependencias con el mantenimiento higiénico-sanitario requerido, algo que ya detalló este periódico.

Por ello, piden a los ceutíes la donación de pienso para cachorros de gatos, productos de limpieza, detergentes, empapaderas, suero fisiológico, gasas esterilizadas, guantes higiénicos, terramicina crema oftalmológica, azitromicina antibiótico, blastoestimulina, insecticida, etc.

La Protectora ha recordado que firmaron un convenio con la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad «con la intención de mantener en las mejores condiciones de bienestar y sanidad animal tanto las instalaciones como los animales allí alojados».

En el documento del acuerdo se recogía además «las condiciones» que ambas entidades han de cumplir, «pero que difícilmente puede llevarse a cabo por esta asociación si no recibe cantidad económica alguna a cargo del convenio de colaboración rubricado».

«Es importante recordar que esta asociación surge del impulso de un grupo de personas amantes de los animales, que dedican todos sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de cuantos animales llegan a las puertas de sus instalaciones procedentes de los hogares ceutíes, de nuestras calles y de la propia Perrera Municipal, propiedad de la Ciudad», ha incidido la asociación.

La Protectora cuenta para esta misión con medios y recursos económicos propios: los que aportan sus asociados a través de las cuotas mensuales, de las aportaciones directas y de las donaciones. «Cantidades insuficientes para atender las necesidades generadas por un número cada vez mayor de animales vivos (perros y gatos) que necesitan ser atendidos día a día».

La plataforma de profesores interinos apoya la concentración por la escuela pública del martes

Será el martes 8 a las 19.30 en la Plaza de los Reyes


Tras el llamamiento público que ha realizado la Plataforma de la Escuela Pública, y después de haber contactado con representantes de dicha plataforma para saber de primera mano sus reivindicaciones concretas, la Asociación “Plataforma de Interinos Docentes de Ceuta” (PIDOCE) apoya la concentración convocada por la “Plataforma por la Escuela Pública” para el próximo martes a las 19,30 en la Plaza de los Reyes.

«Entendemos que las reivindicaciones de la citada Plataforma van en la línea de la construcción de una escuela de calidad, sin embargo desde la asociación “Plataforma de interinos docentes de Ceuta” (PIDOCE) creemos que una escuela de calidad real y efectiva no puede darse sin poner en valor la experiencia docente y sin garantizar la estabilidad de los mismos. Es por ello que se hace necesario poner de manifiesto nuestro papel en el marco de una escuela pública de calidad», ha detallado la entidad en un comunicado.

«Alrededor del 80 por ciento de las aulas de Ceuta cuentan con una ratio por encima de los que marca la legislación vigente, situación que se podría reparar con el incremento de nuevos centros educativos. Además, el profesorado para atender desdobles, refuerzos, y determinados programas educativos sigue siendo insuficiente», ha criticado, al tiempo que ha puesto de manifiesto que la ciudad sigue a la cabeza «en las listas de fracaso escolar, tal y como recoge el informe PISA y el resto de estudios y estadísticas».

«La sobrecarga, inestabilidad e incertidumbre que sufre el colectivo de docentes poco favorece a erradicar las citadas deficiencias», ha recordado la plataforma. «En este sentido incidimos en que desde la PIDOCE creemos firmemente que la estabilidad de los docentes y la puesta en valor de su experiencia laboral es una clave fundamental para el fortalecimiento de la comunidad educativa y para la construcción de una escuela pública de calidad real y efectiva».

El enredo argelino atrapado en Gibraltar

Sin solución, medio año después, para los seis inmigrantes que huyeron del CETI y terminaron en la Roca. Solo tres han sido identificados y continúan en la prisión local


La prisión de Windmill Hill, en Gibraltar, acoge en sus celdas, desde el pasado noviembre a los seis argelinos que una madrugada, hartos de esperar en el CETI de Ceuta una salida imposible, decidieron partir desde Benítez rumbo a la península. Se hicieron con una embarcación y terminaron entregados a un rumbo equivocado, entrando en aguas británicas y siendo rescatados, exhaustos, por los agentes gibraltareños.

Hoy, seis meses después, siguen en la misma cárcel después de haber sido presentados varias veces ante el tribunal y toparse con un particular enredo de identificaciones imposibles que les obliga a permanecer en la Roca. La normativa gibraltareña es muy estricta con la inmigración y cada decisión que se toma tiene que estar sostenida en informes y documentos oficiales.

No cabe, por ejemplo, deportar al grupo sin que se sepa realmente de qué personas se trata. Esta semana, el grupo de inmigrantes fue presentado, de nuevo, ante la Corte de Magistrados, sin que se haya adoptado una solución para todos ellos hasta nueva vista, prevista para la semana próxima.

El diario Gibraltar Chronicle llevaba ayer a portada esta historia, llamativa en el Peñón y que está obteniendo un seguimiento exhaustivo. Si atentos están los periodistas de ese medio, más aún una joven, Aida Khatib, argelina residente en Francia y novia de uno de los detenidos, que ha asistido a todas las sesiones y ofrecido lo que tiene como aval para que suelten a su pareja. Todo ello sin éxito. Recoge en su artículo la periodista Gabriella Peralta cómo esta mujer ha esperado saber el destino agotando todas las posibilidades de esperanza.

¿Cómo es que siguen presos quienes llevan más de medio año privados de libertad, prácticamente la condena que irían a recibir por entrada ilegal? El problema radica en dos claves: la documentación y el país que tiene que colaborar en facilitar todos los trámites para saber, verificar y detallar quiénes son, con nombres y apellidos reales, estos seis inmigrantes argelinos.
Un grupo que motivó concentraciones de compatriotas tanto a las puertas del CETI como frente a la Jefatura Superior. Aquellos ya no están en Ceuta: o bien se fugaron debajo de camiones o en embarcaciones.

Después de medio año entre rejas solo se ha podido identificar a tres de los argelinos, puntualizándose que uno de ellos estaba “bajo control” de Argelia y otro levantaba sospechas, con antecedentes criminales y cinco alias. Son los únicos resultados obtenidos vía contactos con oficiales argelinos a través de la embajada en Londres. Según el rotativo gibraltareño, en abril fue cuando se les comunicaron esas identificaciones.

La Defensa de los argelinos reclama que sean puestos en libertad, que regresen a su país después de verificarse que sus familias en Argelia son conocedoras de esta situación.

Qué sucederá con los seis argelinos de Windmill Hill se conocerá este mismo mes, a no ser que nuevas sorpresas conviertan esto en un culebrón.

Huidas constantes desde el centro del Jaral


Para el colectivo argelino salir de Ceuta por la vía reglamentaria se convierte casi en un imposible. Las salidas organizadas desde el CETI prácticamente no les incluyen, siguiendo criterios puramente policiales.

Desde la Policía se advierte de la necesidad de un mayor control sobre este colectivo, primero para saber realmente su identidad y, segundo, para discriminar los que en el fondo son marroquíes que se hacen pasar por oriundos de Argelia. También hay un trasfondo que no se cuenta y es el que encuadra en las llamadas ‘cuestiones de seguridad’.

Esto hace que buscan escapadas por otras vías como hicieron los protagonistas de esta historia.

Ciudadanos excluye a Torrado de su acuerdo de Gobierno con el PP

La formación naranja considera que, a pesar del procedimiento judicial abierto contra el presidente del puerto, esto no está «dentro de los supuestos» que incluye su compromiso


Aunque Ciudadanos pactó con el Partido Popular «la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial», la organización naranja considera que la imputación del presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta no está dentro de estos «supuestos».

«Examinada y valorada la información de la que disponemos en relación con el mencionado procedimiento judicial, consideramos que no estaría dentro de los supuestos a los que se refiere el compromiso referido», ha detallado el partido en un comunicado remitido a los medios.

En el mismo, Cs asegura respetar «como siempre» la presunción de inocencia «de cualquier imputado». «Es el propio encausado, o en todo caso quien le propuso para el cargo, quien debe valorar el hecho incuestionable de que uno de los altos cargos de la ciudad tenga que responder judicialmente de una acusación por prevaricación y malversación de dinero público en el ejercicio de sus funciones».

Al mismo tiempo, Ciudadanos entiende que es «obligación» del presidente de la Autoridad Portuaria, del presidente de la Ciudad y del PP «dar explicaciones inmediatas a los ceutíes tanto de los hechos como de la situación judicial que se ha planteado».

Ingresa en prisión el detenido por su presunta relación con los 43 kilos de hachís hallados en Benzú

Su entorno niega los hechos o que tenga que ver con este servicio, hecho por Guardia Civil


El hombre que fue detenido en la madrugada del pasado viernes, por su presunta relación con el hallazgo de 43 kilos de hachís en Benzú, ingresó ayer en prisión por orden de la autoridad judicial, por un presunto delito contra la salud pública. Su entorno familiar defiende su inocencia y dice que todas las acusaciones en su contra son falsas.

Fuentes consultadas por este periódico indican que la Guardia Civil estaba persiguiendo como sospechoso a un hombre enfundado en traje de neopreno, que iba a sacar los dos fardos de hachís en una moto de agua. El detenido, en cambio, no portaba esa vestimenta y tan solo es un residente del lugar, sin tener relación con el pilotaje de motos de agua.

No obstante la Guardia Civil lo detuvo porque consideró que tiene que ver con este hecho, deciciéndose por parte de la autoridad judicial su ingreso preventivo en prisión a la espera de juicio en el que puedan exponerse las dos versiones sobre esta intervención.

La moto de agua queda bajo control del Instituto Armado y fue retirada del lugar por agentes de los GEAS.

Las subvenciones inflacionistas

Los estudios realizados demuestran que las líneas con subvenciones en las tarifas para residentes como las que Fomento prevé elevar tienen precios un 40% más elevados


Pese a que, más o menos larvado, el debate sobre la idoneidad de mantener en forma de subvenciones a porcentaje las políticas públicas para favorecer la movilidad de los residentes en territorios extrapeninsulares se abrió hace tiempo, el Gobierno central dará otro paso adelante en esa línea este verano si nada se tuerce en la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado con la ampliación al 75% de la cobertura de las tarifas vigentes.

Las otras alternativas que se han barajado a lo largo del tiempo (por ejemplo, que la parte bonificada de los billetes sea una cantidad fija) no han llegado a nada o siguen pendientes de recibir los parabienes de la Comisión Nacional de la Competencia y el Ministerio de Fomento (la posibilidad de imponer a las navieras una rotación barata al día como Obligación de Servicio Público).

La extensión de la bonificación del 50% al 75% rebajará a la mitad cuando entre en vigor de un día para otro lo que el pasajero residente paga efectivamente de su bolsillo por ir a la Península. En el caso del transporte marítimo, el más masivo, el precio directo caerá de unos quince euros por trayecto a 7,5.

La duda estriba en cuánto tiempo tardarán en encarecerse las tarifas. Profesores de los departamentos de Análisis Económico Aplicado y de Asuntos Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad Europea de Canarias llevan tiempo analizando cómo influyen los subsidios públicos sobre los precios que los transportes que se subvencionan.

Sus resultados han sido concluyentes: “El descuento provoca que la demanda de los residentes sea menos elástica al precio e implica un estímulo a la demanda”, han apreciado en el caso de las conexiones aéreas con Canarias, en el que han detectado que ello puede ser incluso contraproducente para atraer turismo.

Desde su punto de vista es necesario “analizar si otros mecanismos son más efectivos en el objetivo propuesto, como por ejemplo subvencionar la ruta sin discriminar entre residentes y no residentes”.

Juan Luis Jiménez, Jorge Valido y Naykel Morán, de las dos universidades mencionadas, han constatado tras comparar los precios en cuarenta líneas marítimas de toda Europa que los precios por kilómetro “son alrededor de un 40% más altos en las subsidiadas”, con lo que la ayuda pública pierde parte de su efectividad para favorecer a la ciudadanía a la que se pretende llegar. “De hecho, la política de descuentos puede no ser efectiva para reducir los costos de la insularidad y de los viajes desde y hacia el continente para residentes un problema serio para una de las principales justificaciones de esa política: promover la movilidad a nivel nacional”.

“Los resultados en general no son muy halagüeños para la eficiencia en el uso de los fondos públicos”, ha explicado Jiménez en declaraciones a este periódico al ser preguntado sobre los efectos que podría tener la ampliación de la bonificación prevista y la necesidad de imponer restricciones al encarecimiento de las tarifas.

Los políticos no saben cómo controlar, ni si se podría, un incremento de precios


En el ámbito político, más allá de una genérica referencia a combatir el “fraude” con las subvenciones tanto por parte de la ciudadanía como de las navieras (en esa doble dirección interpretan las fuentes consultadas el último párrafo de la enmienda introducida en los Presupuestos en el Senado), no está ni mucho menos claro cómo se podría contrarrestar un crecimiento de los precios más o menos inmediato.

“Los resultados sugieren que los descuentos a residentes conllevan un aumento de los precios (sin descuento) de manera que hay un subsidio cruzado entre pasajeros residentes y no residentes, siendo las empresas las principales beneficiadas”, alertan los analistas, que son partidarios de explorar más la vía de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) para conseguir los objetivos deseados.

Los descuentos a residentes se aplican en Francia, Italia, Escocia, España o Portugal. Cabe señalar que en algunos casos están dentro de la imposición de OSP (caso de Francia o Italia) y en otros son independientes de la OSP (caso de España, Escocia o Portugal).

Diez galgos: diez vidas rescatadas

La Protectora de Animales recogió a estos canes tras un aviso de abandono. Tranquilos, nobles y cariñosos, el objetivo ahora es encontrarles un hogar


La Protectora de Animales ha ampliado su ya de por sí gran familia. El viaje a Francia no sólo sirvió para trasladar a 83 animales que allí encontrarán una familia adoptante, sino también para salvar la vida a diez galgos, cuyos propietarios tenían intención de abandonar a su suerte.

El anuncio de uno de los galgueros llegó hasta la Protectora de Animales, a través de una voluntaria que contactó con Javier Blanco, vocal de la directiva. “Nos dijeron que había diez galgos que necesitaban acogida porque su propietario los iba a entregar y esta persona no se podía hacer cargo”.

Es el final de la temporada de caza y los galgos hubieran terminado sus días vagabundeando por montes o atropellados en alguna carretera de la Península. “Ahora en las protectoras y asociaciones están saturados por los numerosos abandonos de estos perros, además de podencos y bodegueros”, apunta Blanco.

La Protectora ceutí no pudo mirar hacia otro lado y tras decidir rescatarlos, se acordó que en el camino de regreso de Francia recogerían a los diez animales, cuatro en Jerez y seis en Conil.

Para ellos comienza una nueva etapa y un reto: encontrar una familia que les haga un hueco en su corazón. Aunque de carácter sociable, noble y cariñoso, pero también muy tímido, para alguno de ellos el cambio no está siendo nada fácil. Es el caso de Eiza, una hembra que, desde que llegó a la ciudad, mostró una actitud asustadiza, pero no por ello menos noble que el resto de sus compañeros.

Otro de los casos más dramáticos con los que se ha encontrado la Protectora en esta recogida es el de Dante, un joven galgo ciego que ha emocionado a todos los que han tenido la oportunidad de conocer su historia. Y es que Dante cuenta con un lazarillo que lo acompaña a todas horas para guiarle en su oscuridad: su propio padre, otro de los animales abandonados que se ha convertido en los ojos de su hijo.

Tanto Eiza como Dante viven ahora en dos casas de acogida a la espera de encontrar un hogar definitivo. Aunque saben que no es tarea sencilla, los responsables de la Protectora desearían una adopción conjunta de Dante y su padre. “Es algo difícil, pero sería una pena separarlos porque siempre han estado juntos y están muy unidos”.

A pesar de lo que muchos pueden creer, y aunque son animales que disfrutan del ejercicio físico, no requieren de demasiada actividad. “Están acostumbrados a la caza y si se llevan al campo les encanta correr, pero en una casa son muy tranquilos y sociables y no dan nada de guerra“, subraya Blanco.

Tranquilos, caseros y sociables. Así son estos galgos cuyas edades comprenden entre los dos y los 6 años. Troya, Ónix, India, Asia, Dandi, Siena, Gala, Eiza, Dante y Cairo: diez vidas rescatadas que esconden en sus nobles miradas el deseo de una nueva familia.

20.000 euros ocultos en el cuarto de baño: los detalles de la operación contra el narcotráfico Blue Whale

Blue Whale (ballena azul) se salda con la desarticulación de una red de narcotráfico asentada en Cádiz integrada por 14 personas. Hay intervenidas lanchas, armas y geolocalizadores, entre otros


La han bautizado como Blue Whale. La ballena azul. Quizá haya una recóndita explicación para justificar el nombre de este operativo, o puede nacer de los gustos de los investigadores que han conseguido, con este golpe, desmantelar una organización criminal asentada en la costa de Cádiz y cuyo presunto cabecilla es de Ceuta, tal y como avanzaba este periódico esta misma semana.

Los ‘culpables’ de que 14 personas hayan terminado arrestadas en el transcurso de tres fases de acción han sido el GRECO de la Policía Nacional (Unidad de Cádiz), la Guardia Civil y la AEAT.

Entre unos y otros han dado, además, con la aprehensión de embarcaciones semirrígidas, las famosas narcolanchas, además de con la prueba del delito: la droga, en concreto 3.700 kilos recuperados de dos alijos distintos, en un pesquero y en un yate de recreo.

El operativo tuvo que adelantarse precisamente porque el presunto cabecilla, ceutí, marchó de viaje a la península rompiendo los esquemas de los investigadores. Estaba siendo vigilado por agentes de la UDYCO de Ceuta, controlado, como se dice en el argot policial, desde la pasada Semana Santa.

Mientras las investigaciones iban avanzando, se había encomendado a los agentes en Ceuta que controlaran los movimientos del que consideraban supuesto líder de esta organización que tiene ramificaciones en Huelva, Málaga y nuestra propia ciudad.

Su marcha llevó a acelerar su detención en Málaga y el registro de su vivienda en Ceuta. Allí, en un respirador de aire situado en el cuarto de baño, los agentes encontraron 20.000 euros repartidos en billetes de 500.

El presunto cabecilla estaba siendo investigado en Ceuta, pero un viaje suyo a la península precipitó su detención


El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, respiraba hondo ayer dando la máxima difusión a este operativo pero también a otros desarrollados en distintos puntos de Andalucía. Todos ellos relacionados con la presión que el narcotráfico está ejerciendo en la zona, con mayor penetración de cocaína y de hachís, así como con un recrudecimiento en la violencia de las organizaciones, algo que se materializa en mayor número de atentados contra las fuerzas de seguridad así como el robo de embarcaciones, amenazas y demás.

La Blue Whale deja al descubierto una organización encargada de mover hachís en aguas del Estrecho, las que se han convertido en foco de interés para los investigadores pero que también salpican directamente a nuestra ciudad.

Curiosamente, varios de los operativos desarrollados en los últimos meses por unidades policiales de la península han contado con apoyo de agentes de Ceuta, ya que varios de los implicados tienen que ver con nuestra ciudad, situada en ese particular vértice de un triángulo de delincuencia y de movimiento de mucho dinero: el que canaliza la droga que parte de Marruecos, agenciada por contactos ceutíes y se introduce en toda la costa del sur peninsular.

En esta operación se ha procedido a la aprehensión de tres narcoembarcaciones provistas de motores de gran potencia, una de recreo tipo yate, un pesquero arrastrero, nueve vehículos, dos armas de fuego, dispositivos de geolocalización para la detección de balizas y más de cien mil euros en efectivo.

Las pesquisas comenzaron en 2016, cuando la policía detectó movimientos de narcolanchas en Marbella


La Dirección General de la Policía Nacional ha informado de que en esta operación conjunta tuvo su origen en noviembre de 2016, “cuando los agentes detectaron los movimientos de una embarcación semirrígida que estaba siendo usada para el cambio de tripulaciones y la entrega de provisiones en el puerto deportivo de la Bajadilla de Marbella.

Las investigaciones realizadas sobre las personas identificadas en torno a la embarcación permitieron avanzar en la estructura de un grupo dedicado presuntamente al narcotráfico y asentado en el Campo de Gibraltar”, explica en una nota oficial.

Asimismo se supo que operaban mediante embarcaciones semirrígidas en las aguas del Estrecho de Gibraltar, teniendo ramificaciones en Manilva (Málaga), Huelva y Ceuta.

Así comenzaron las distintas fases de acción. La primera: en febrero cuando se detectó una embarcación que zarpó de El Terrón (Huelva) rumbo a la costa marroquí. Tras su abordaje, los agentes localizaron cincuenta fardos de arpillera que contenían unos 1.500 kilos de hachís y detuvieron a los dos tripulantes.

En marzo se llevó a cabo la segunda fase, al registrarse cómo una de las embarcaciones utilizadas por la organización salía a navegar y tomaba tierra en la costa marroquí. Una vez de regreso a España fue abordada frente a las costas de Cádiz y Huelva localizando setenta y seis fardos y arrestando a cuatro individuos.

Con los dos alijos comenzó la tercera fase, la de explotación y arresto de los demás miembros: las 8 personas de las que se hizo eco este periódico, encargados de contactar con proveedores en Marruecos, organizadores en tierra y los pilotos en el mar.

En datos

  1. 126 fardos de hachís. Es lo que se ha incautado con un peso de 3.700 kilos de esta droga, preparada para su posterior distribución.
  2. Lanchas. Se consiguió localizar tres de las bautizadas como narcolanchas porque por sus características se usan para pasar mercancía.
  3. Dispositivos de control. A los detenidos se les encontró un dispositivo múltiple de radiofrecuencia y transmisiones.
  4. Para detectar balizas. Entre el material aprehendido se localizó un maletín con dispositivos para detectar balizas de geolocalización.
  5. Las armas. Como complemento de todo lo intervenido, destacan además las dos armas de fuego y dos ballestas halladas en los registros.
  6. Cooperación. Ha sido determinante, cada una en su ámbito, para terminar con este saldo de detenciones y decomisos.

El contrato con Trace expirará en diez meses si es de servicios y no de gestión

El Gobierno ha encargado a los Jurídicos que aclaren si, en realidad, no puede pasar de seis años


El Gobierno de la Ciudad ha encargado a los Servicios Jurídicos de la Administración sumar al análisis económico y técnico que originalmente debían componer la auditoría sobre la limpieza pública viaria una tercera parte, un estudio sobre si el contrato rubricado en 2013 con Trace lo es de “servicios” o “de concesión de servicios”.

De lo que concluya el dictamen de los técnicos dependerá el futuro de la concesión, adjudicada por un plazo inicial de 10 años que “podrá prorrogarse de forma expresa y por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización hasta un total de 10 prórrogas de un año cada una”.

La denominación del contrato firmado (‘De gestión del servicio público de limpieza viaria y de recogida de residuos domésticos’) es acorde con esa duración, pues para esta modalidad se establecen unos plazos máximos, según su objeto, de cincuenta, veinticinco o diez años.

Sin embargo, la adjudicataria lleva meses convencida, según las fuentes consultadas por este periódico, de que el contrato, por su contenido y redacción, lo es en realidad de servicios, con lo que su vigencia no puede extenderse más allá de seis años prórrogas incluidas, con lo que quedaría liquidado el próximo mes de febrero si los Servicios Jurídicos de la Asamblea coinciden con quienes interpretan que la naturaleza del mismo no se deriva de su nombre sino de sus cláusulas, que en este caso no dan margen a la concesionaria para la organización de la prestación sino que le exigen una forma de ejecutar el trabajo hasta el mínimo detalle como, por ejemplo, cuántos barridos hay que hacer en cada barriada.

Supuestamente el híbrido de Pliegos que elaboró la Ciudad, con una mezcla de características de los contratos de servicios y de los de gestión, fue el fruto de la voluntad del Ejecutivo por alargar plazos para la amortización de la gran inversión a realizar en maquinaria y para blindar los puestos de trabajo adscritos a la limpieza pública.

Asumir que, en realidad, el contrato es de servicios y que, por lo tanto, no puede ir más allá de febrero, abriría una puerta (“la única viable”, estiman algunas fuentes) para el ansiado divorcio amistoso, sin pleitos ni indemnizaciones, entre la Ciudad y Trace.+

No es de gestión sin asumir “riesgo de la explotación”


Según la respuesta de los órganos del Ministerio de Hacienda a las preguntas sobre la diferencia entre contratos de servicios y de gestión de servicios de otras entidades locales, “el contrato en cuya virtud se encomienda a un particular la gestión de servicios asumidos como de su competencia” por una administración pública no puede ser calificado como concesión de servicios, como lo está el de limpieza de Ceuta, “si el concesionario no asume el riesgo de la explotación, es decir cuando su retribución se establece de un modo cierto, variable e independientemente del grado de utilización del servicio por los usuarios”.

Hasta ahora, sin posibilidad de ruptura de mutuo acuerdo


El Gobierno de la Ciudad y Trace llevan meses explorando distintas opciones para romper el contrato firmado en 2013 haciéndose “el menor daño posible”, como han llegado a explicar el portavoz del Ejecutivo y el consejero de Medio Ambiente, pero hasta la fecha no ha sido posible encontrar una fórmula técnica viable para cerrar un divorcio de mutuo acuerdo, entre otras cosas porque la Administración viene detrayendo parte del importe de las certificaciones de la concesionaria desde el verano pasado por disconformidad con los trabajos realizados.

En octubre, Trace advirtió al Gobierno que “la gestión del servicio es en modalidad de concesión y por un precio cierto” y que por lo tanto, a su juicio, la Administración “no puede detraer importe alguno del precio pactado salvo en los supuestos específicamente indicados y siguiendo los procedimientos adecuados”.

A las malas, ambas partes estimaron a finales del año pasado en el entorno de cinco millones de euros lo que podrían exigir a la otra. La Ciudad a Trace, por servicios no prestados. La empresa a la Administración, por las ‘pérdidas’ sufridas con el servicio, entre otras cosas con la subida salarial del 1% 2017.

Sea como fuere, el nuevo Convenio se ha firmado con un solo año de vigencia y expirará el próximo 31 de diciembre.